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Estafa Maestra: ASF interpone 7 denuncias contra Sedatu y Sedesol por presunto desvío de 1,900 mdp
Las nuevas irregularidades detectadas por la Auditoría tanto en Sedesol –durante 2014– como Sedatu –en 2015 y 2016– ocurrieron durante las administraciones de Rosario Robles en ambos casos y suman mil 901 millones de pesos.
Durante la Segunda entrega de informes individuales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el auditor superior, David Colmenares Páramo, detalló que estas siete denuncias penales se suman a otras 23 interpuestas también por este esquema de presunto desvío en contra de Sedesol y otras universidades.
En total, hasta octubre de 2018, se han presentado 30 denuncias penales relacionadas con contrataciones celebradas por diversas dependencias y entidades, con universidades públicas y sistemas de radio y televisión de Quintana Roo, Sonora e Hidalgo, por un monto aproximado de 5 mil millones de pesos.
El esquema de desvío consiste en que una dependencia hace convenios con universidades o sistemas de radio para hacer supuestos servicios, éstos a su vez subcontratan a empresas que resultan ser fantasma y, por tanto, el dinero desaparece. Esto ocurre por el uso de la excepción al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permite hacer convenios entre entes públicos sin necesidad de hacer licitaciones.
La Sedatu fue denunciada este mes junto con las Universidades Politécnicas de Chiapas, Quintana Roo y Francisco I. Madero. También el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo por los convenios hechos entre 2015 y 2016.
En tanto, la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo fueron denunciados por los convenios realizados en 2014, para servicios como diseñar la “estrategia, creatividad, producción y la difusión en medios; el planteamiento conceptual base para diseño y edición de materiales en audio, en video y gráfico y la edición de piezas de comunicación para la Cruzada contra el Hambre”, la principal estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para el combate a la pobreza.
Los servicios supuestamente convenidos por la Sedatu con las universidades están la difusión y aplicación “de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial”, o “para el servicio tecnológico para el sistema para el control de la estrategia de inclusión nacional de la Sedatu, en cumplimiento de sus fines institucionales”.
La ASF informó que también en octubre inició seis Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, contra la Sedesol para que ésta regrese al erario un monto total 734 millones de pesos, sobre los cuales no pudo acreditar su uso.
“Es importante mencionar que, como parte de estos procedimientos, se han citado a comparecer a servidores públicos de las dependencias y entidades contratantes, funcionarios de las universidades, de las televisoras públicas, así como a los proveedores que, en su caso, fueron subcontratados”, señaló la ASF en su informe.
Con base en la información de la ASF, los presuntos desvíos en Sedesol y Sedatu, realizados entre 2014 y 2016, – y documentados en la investigación La Estafa Maestra – ocurrieron cuando Rosario Robles fue titular de ambas dependencias. Primero de la Sedesol, y luego de la Sedatu.
Tanto Robles como las dependencias de gobierno, han rechazado que cometieran irregularidades en los convenios con universidades públicas y medios estatales.
Sin embargo la misma ASF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han documentado el sistema de desvíos y comprobado la participación de al menos 19 empresas boletinadas como fantasma, que fueron subcontratadas por 825 millones de pesos para darle supuestos servicios de comunicación social a Sedesol y Sedatu, aunque en realidad se trata de departamentos abandonados, lotes baldíos, o tienditas de reparación de teléfono en colonias populares.
Como parte de esta segunda entrega de la cuenta pública 2017, la ASF emitió 3 mil 488 acciones a partir de las cuales determinó recuperaciones probables por daño al erario de 11 mil 710 millones de pesos.
“Se presentaron 1,594 recomendaciones al gasto, 18 solicitudes de aclaración, 14 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 642 pliegos de observaciones, y 1,220 promociones de sanciones contra funcionarios públicos”, resaltó la ASF en el informe.
Desde 2001 a 2016, la ASF ha recuperado recursos públicos por 126 mil 631 millones de pesos.
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