martes, 28 de octubre de 2014

Batida anticorrupción en España: detienen a 51 políticos y empresarios

Batida anticorrupción en España: detienen a 51 políticos y empresarios

Francisco Granados, Marcos Martínez, José María Fraile y José Carlos Boza. Foto: Europa Press
Francisco Granados, Marcos Martínez, José María Fraile y José Carlos Boza.
Foto: Europa Press
MADRID (apro).- Una amplia operación de la Guardia Civil contra la corrupción logró la detención de 51 políticos y empresarios españoles, entre ellos el exsecretario general del Partido Popular (PP) madrileño, Francisco Granados, quien fungió como número dos de Esperanza Aguirre la expresidenta de la comunidad de Madrid.
La operación que encabezó el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, también consiguió la detención de seis alcaldes y el presidente de la diputación de León, Marcos Martínez.
La acción de la Guardia Civil se extendió con cateos en ayuntamientos, residencias y empresas en Madrid, Murcia, León y Valencia.
Esta trama de corrupción municipal y regional contra la que se dirigió la llamada Operación Pública, estaba “infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías”, informó la fiscalía anticorrupción en una nota de prensa.
La trama adjudicó obras por 250 millones de euros en los dos últimos años. La fiscalía considera que este grupo participó en la trama para su lucro personal.
Los 51 detenidos fueron imputados por el juez Velasco, que ordenó 259 registros, 30 embargos preventivos y 400 requerimientos a entidades bancarias y compañías de seguro.
La operación investiga a los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca como eje sobre los que descansaba la red corrupta.
Marjaliza era cercano a Granados, el hombre fuerte de Esperanza Aguirre al frente de la comunidad de Madrid.
El juez Velasco investiga un posible “chivatazo” de un guardia civil alertando a Granados de la operación, lo que podría constituir un delito de revelación de secretos.
Marcos Martínez, también alcalde de Cuadros (León), fue detenido y esposado en la sede de la diputación de León, que presidía hace unos meses cuando suplió el cargo de Isabel Carrasco, la antecesora que fue asesinada con arma de fuego.
El origen de la operación se encuentra en la comisión rogatoria que envió a fines de 2013 la Fiscalía suiza informando a la fiscalía Anticorrupción española que existía una investigación abierta por blanqueo de capitales contra Granados y Marjaliza, de quienes bloqueó sus cuentas y pidió interrogar.

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