Información para proteger nuestros derechos

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OPINIÓN de Guillermo Córdoba Santos.- Europa protegerá a las empresas frente a las filtraciones nocivas de la prensa. El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva sobre la protección de conocimiento no revelado e información comercial contra su adquisición, uso y revelación ilegal. La directiva fue aprobada con 503 votos a favor y 131 en contra, lo que refleja la amplia diferencia entre los partidarios de aprobar la ley y los partidarios en contra de ella. Según varias organizaciones civiles esta directiva podría actuar como arma para demandar a periodistas o a cualquier persona que revele información secreta, bajo la excusa de proteger a las empresas del espionaje industrial.

En respuesta a esto, organizaciones civiles como ATTAC, Corporate Europe Observatory o Transparency Internacional France realizaron un llamamiento a los eurodiputados para frenar un plan que consideraban una amenaza para la libertad de expresión y el control democrático del sector privado. En un comunicado, explican que “Crea excesivos derechos al secreto de las empresas: es una amenaza directa para el trabajo de los periodistas y sus fuentes, los denunciantes, la libertad de expresión de los empleados y los derechos de acceso a la información de interés público”.

La directiva se dirige también contra los posibles informantes. Destaca el ejemplo

LuxLeaks, un caso que se produjo en 2014 en Luxemburgo cuando un grupo de periodistas de investigación sacó a la luz la colaboración entre este país y unas 300 multinacionales para que estas pudieran eludir el pago de impuestos en los países en los que operan. Otro ejemplo es el de Francia, donde la campaña contra la directiva sobre secretos industriales es más fuerte, ya que podemos encontrar algún precedente. A principios del año pasado, la presión de los periodistas y organizaciones civiles logró que el Gobierno retirase el plan de castigar la publicación de secretos industriales, conseguidos sin autorización de la empresa afectada, con multas de hasta tres años de cárcel.

Esta ley es una amenaza para la libertad de expresión y relación con el TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión), y va en línea

con los requerimientos del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Guillermo Córdoba Santos
Periodista