El fin de la criminalización de la protesta social en Colombia es uno de los mayores retos en la nueva situación de transición hacia el post conflicto tras la firma de los acuerdos de paz en la Habana. Decenas de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales permanecen encarcelados bajo acusaciones poco fundamentadas por delitos políticos, algunos a la espera de juicio desde hace varios años.
Miguel Sangüesa
01/09/16 · 12:10 Miembros de DHOC trabajando en el departamento de Meta (Colombia).
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Esmer Montilla, el presidente de la fundación DHOC (Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el centro y oriente de Colombia), lleva décadas trabajando muy duramente por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el centro y el oriente de Colombia.
Un bigote entrecano y un hablar pausado, unas maneras suaves y una complexión delgada muestran serenidad y tranquilidad, sí, pero pueden dar también una falsa sensación de fragilidad. Nada más lejos de la realidad. Se encuentra en la prisión de Villavicencio, la capital del departamento de Meta, a la espera de juicio, junto a otros tres compañeros de la organización, desde que fueron detenidos en julio del año 2015.
Atendiendo a la información publicada en su momento por la fiscalía, parece que hubieran capturado a una banda de peligrosos terroristas. Según ellos, Montilla, Samuel Rojas, Ingrid Pinilla y Ramiro Atheortua fueron acusados de formar parte de la guerrilla de las FARC y secuestrar a varios policías.
Sin embargo, eso no parece corresponderse con su buena imagen como defensores de derechos humanos, ni con el reconocimiento de la comunidad que ha conseguido DHOC en una de las zonas del país más castigadas por la violencia. ¿Cómo pueden explicarse dos versiones tan distintas?
Al indagar en las acusaciones, y al hablar con los abogados de la fundación encargados de la defensa de sus compañeros, Alejandra Pérez y Camilo Fagua, se empieza a vislumbrar lo que hay detrás de las detenciones.
La imputación por rebelión –cargo genérico utilizado en Colombia para enjuiciar a toda persona sospechosa de colaborar con grupos armados al margen de la ley– se basa exclusivamente en "informaciones de guerrilleros desmovilizados" que acusan a los cuatro de mantener reuniones con comandantes de las FARC, aunque no han sido capaces de dar detalles del lugar ni de la fecha.
Estos testimonios son habituales para sustentar inculpaciones de este tipo, y suelen ser realizados de forma anónima. Además, los supuestos desmovilizados reciben una cuantiosa suma de dinero a cambio. De esta forma, nunca podrían suponer una prueba viable para un tribunal español, por ejemplo.
La otra imputación, el secuestro, está relacionada con la propia actividad de DHOC. Entre otras actividades –como la formación o la denuncia–, la asociación realiza acciones humanitarias consistentes en evitar episodios de violencia o ataques directos a los derechos humanos.
Así, en medio de una importante movilización campesina que tuvo lugar en toda Colombia durante el verano de 2013, una parte de los manifestantes retuvo a varios agentes de policía que participaban en los duros enfrentamientos en los que muchos campesinos resultaron heridos o incluso muertos.
Esmer Montilla, como presidente de la fundación, evitó con su mediación que la comunidad infringiese cualquier tipo de daño a los agentes, y pactó su entrega a las autoridades correspondientes con el auspicio de varias entidades, Cruz Roja Internacional entre ellas. Casi dos años después, de manera un tanto forzada a decir de los abogados, la fiscalía decidió actuar contra ellos como supuestos responsables de la retención.
Los cargos bajo los que se encuentran, rebelión y secuestro, tienen dos explicaciones muy distintas pero un denominador común, que Alejandra Pérez no duda en calificar de "estrategia de criminalización de la protesta social".
A través del señalamiento de sus líderes, se está "desincentivando mediante el miedo a las represalias cualquier expresión transformadora dentro de un estado sin capacidad institucional ni voluntad política para generar alternativas".
Así se generan los llamados "falsos positivos judiciales", consistentes en la acusación y encarcelamiento de personas que lideran los procesos de cambio pacíficos en Colombia. Éste no es ni mucho menos un error o un caso aislado. En la propia fundación DHOC, la defensora Amanda Vásquez lleva más de dos años cumpliendo una pena de prisión domiciliaria bajo acusaciones similares.
Amanda Vasquez cumple una pena de prisión domiciliaria desde hace dos años por ejercer su trabajo como defensora de derechos humanos.
La coalición por el trato digno y la libertad de las presas y presos políticos Larga vida a las mariposas ha realizado campañas por estos y otros casos emblemáticos, como el profesor de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán o el sindicalista Huber Ballesteros, pero estiman que puede haber decenas de defensores de derechos humanos judicializados entre los más de 9.000 presos por delitos políticos que hay en el país.
La defensa del caso confía en que, como ha pasado muchas otras veces en casos similares, una vez celebrado el juicio los cuatro salgan en libertad por la debilidad de las pruebas esgrimidas.
Incluso en el caso de que les condenaran, la firma definitiva de los acuerdos de la Habana muy probablemente supondrá su salida, al contemplarse en ellos la "amnistía más amplia posible para todas aquellas personas condenadas por delitos políticos y conexos" (caso del de rebelión).
Pero hasta entonces la actividad de la organización se está viendo notablemente resentida, tanto por los costes económicos como por la ausencia de varias de las figuras más reconocidas y queridas por la comunidad.
El trabajo día a día y puerta a puerta ha convertido a DHOC en un referente social en una amplia zona de Colombia; por ello, para la abogada, sólo les queda un camino, "seguir. Por la necesidad de un nuevo pacto político y social, y la inclusión de las voces ocultas en todos los relatos que se han contado hasta ahora. La historia que hay que contar hoy de la de estos líderes y lideresas, hoy en la cárcel, mañana en la libertad. Como defensores, vamos a seguir".
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