jueves, 21 de marzo de 2013

Slim y Vargas pelean acceso a TV abierta en San Lázaro

Slim y Vargas pelean acceso a TV abierta en San Lázaro

Guerra entre partidos, legisladores y empresas por las intenciones de cambiar el proyecto para garantizar programación libre en TV de paga
Las intenciones de modificar el proyecto de la ley de telecomunicaciones en su aspecto toral de garantizar la programación libre en la televisión de paga desataron una guerra entre partidos, legisladores y empresas, al grado de convertirse en la primera gran prueba para el Pacto por México.

 

La izquierda y dos televisoras -MVS y Dish- denunciaron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se apresta a presentar este jueves dos reservas para favorecer a los dos principales consorcios -Televisa y TV Azteca-, en perjuicio de la televisión por cable.

MVS es propiedad de Joaquín Vargas, quien fundó Dish y posteriormente se asoció con el dueño de Teléfonos de México (Telmex) Carlos Slim. De esa manera ha formado un frente contra los consorcios de Emilio Azcárraga (Televisa) y Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca).

Como intermediario entre ambos frentes ha aparecido el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en ese marco inició el martes la entrega de iPads a los 500 diputados, justo en víspera de llevar la iniciativa a debate al pleno de ese cuerpo legislativo.

Según su dicho, la moción sería llevada a tribuna por el priista Héctor Gutiérrez de la Garza, presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, para quitar a la televisión abierta la obligatoriedad dar su señal -práctica conocida como must offer- a las firmas de paga.

La segunda reserva eximiría a las televisoras de cable a subir esos programas -el llamado must carry-, con excepción de las televisiones satelitales. Como en éstas sólo se inscriben Sky y Dish, los problemas serían para la última por estar ligada a Teléfonos de México (Telmex) y al magnate Carlos Slim.

Este panorama, opinaron especialistas en diversos foros, repercutirá en la inversión y en la radiodifusión en general porque sin la garantía de llegar a todos los suscriptores de cable, las dos nuevas cadenas a crear resultarían poco atractivas.

A las acusaciones anteriores la Cámara Nacional de Telecomunicaciones Cable (Canitec) respondió con un manifiesto donde acusó abiertamente a MVS y Dish de utilizar sus espacios informativos “para confundir a la opinión pública y pretender obtener ventajas  indebidas en el marco del proceso legislativo que está en curso”.

Canitec ratifica su respaldo al proyecto en sus términos iniciales y enjuició:

El proyecto, actualmente en la Cámara de Diputados, “conlleva un avance al establecer las figuras de must carry y must offer gratuitos para todos los sistemas de televisión restringida, en el país, con excepción de los declarados dominantes”.

El mar de declaraciones se llenó con las aclaraciones del propio Gutiérrez de la Garza, quien negó que su partido, el PRI, vaya a abrir espacios para que las compañías de las telecomunicaciones incumplan con la normatividad de la reforma y menos que ello se deba a injerencia de Televisa y TV Azteca.

“Eso el PRI no lo va a avalar. Es infundado señalar que hay presiones. Es total y absolutamente falso”, dijo textualmente el presidente de la Comisión de Comunicaciones.

También puso pecho a las acusaciones de varios legisladores de izquierda, entre ellos la de Purificación Carpinteyro, de estar al servicio de la compañía de Emilio Azcárraga porque sería el gran beneficiario de sus dos reservas a la ley.

“No trabajo para ninguna empresa. El PRI ha puesto a debate que no haya distorsiones que beneficien a cualquier agente dominante. No buscamos que tal o cual empresa sea beneficiada, sino que el dominante no abuse y evada el cumplimiento de la ley mediante un tercero”.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Barbosa, deseó que este cruce de opiniones y acusaciones no trascienda al Pacto por México y se den espacios rupturistas.

Pidió debatir de frente a la sociedad y atender la intención original de la reforma: acabar con los monopolios en el sector de las telecomunicaciones.

“No vemos que esta ley deba afectar a algún destinatario. Queremos que los propósitos de esta ley se preserven, que el trabajo legislativo que están llevando en la Cámara no desnaturalice la propuesta”, dijo Barbosa.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario