Los responsables “intelectuales” del caso Tlatlaya, habrían sido civiles: informe de la Cámara de Diputados
Por: Redacción Revolución /
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(19 de enero, 2015).- Continúan las contradicciones. El informe preliminar de la comisión de la Cámara de Diputados, encargada
de analizar el caso Tlatlaya, advierte sobre la existencia de una línea
de investigación que señala como autores “intelectuales” a un grupo de
civiles, que no pertenecen al Ejército.
Según
relata el informe, a pesar de que la ejecución fue realizada por
integrantes del Ejército Mexicano, ésta habría sido ordenada por
miembros del crimen organizado que, incluso, podrían pertenecer a mandos medios del gobierno del Estado de México (EdoMex).
Un informe impreciso…
Sin
precisar los motivos de esta línea de investigación, se señala que
existe la posibilidad de que los militares implicados no hayan ordenado
directamente la ejecución. El informe entregado a la Junta de
Coordinación Política de la Cámara baja, revela
que no se encuentra con información suficiente sobre la cadena de mando
entre el comandante de la XXII Zona Militar de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y el sargento que estuvo a cargo del
operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad
de los superiores militares.
Del
mismo modo, establece que tampoco se han encontrado elementos que
expliquen cómo se diseñó, operó y autorizó una intervención militar con
sólo ocho elementos, cuando el reglamento solicita 12 militares por
patrullaje. No
obstante, el informe refiere que hay consenso en cuanto que hubo uso
ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza, por parte de los
efectivos militares contra los 22 civiles; asimismo, estas acciones
puede definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de los Derechos
Humanos y homicidio calificado en el ámbito penal.
Presencia de tortura, crimen de Estado
En
tanto que la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de
EdoMex y la Sedena, aceptaron las recomendaciones de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), significa que el Estado acepta
actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen, por
parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
(PGJEM).
Los
diputados expresaron que si aún no hay una conclusión definitiva, se
debe esencialmente a que se alteró la escena de los hechos. Por otro
lado, recalcaron que los civiles presentes en el lugar de la ejecución,
son considerados víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos;
por lo cual, los familiares pueden proceder legalmente para exigir
reparación integral de los daños.
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