Terrorismo financiero y degradación del trabajo

Terrorismo financiero y degradación del trabajo



Por Enrique Martín Criado, miembro de ABP


Actualmente, a nadie se le escapa que sus condiciones de vida y de trabajo se ven afectadas por acciones y estrategias que pueden ocurrir a muchos kilómetros de donde vive. Y si alguien lo había olvidado, la crisis actual se lo ha recordado con crueldad: los ajustes de plantilla, EREs, despidos, deslocalizaciones de empresas, subcontrataciones, el chantaje continuo de las empresas a los trabajadores para imponer condiciones de trabajo y salarios se justifican por la “competencia internacional”, necesidades de los “mercados”, los “altos costes comparativos”, y un largo etcétera de razones que remiten siempre a realidades muy alejadas. Es común resumir todos estos procesos con una etiqueta: “globalización”. La apertura de las fronteras obligaría a competir con las empresas de todo el mundo: el trabajador español tendría que hacer frente a los bajos salarios e infames condiciones laborales que imperan en China, India o Bangladesh resignándose -¿hasta aceptar el riesgo de ser aplastado por el edificio donde trabaja?- a una degradación continua de su vida y trabajo.

Recientemente los sociólogos Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández han coordinado un libro (La financiarización de las relaciones salariales. Una perspectiva internacional. Ed. La Catarata, 2012) que ofrece un excelente análisis de esta realidad centrándose en un fenómeno hasta ahora poco difundido entre el público general: la “financiarización”. ¿En qué consiste la financiarización? Básicamente en el dominio de las empresas financieras sobre el resto de la actividad económica.

La financiarización es un proceso que se ha desarrollado en las últimas décadas, posibilitado por transformaciones –neoliberales- en las normas jurídicas nacionales e internacionales que han eliminado muchas trabas a la transacción internacional de capitales y a todo tipo de nuevas instituciones financieras –como los fondos de inversión-, que progresivamente han pasado a controlar toda la actividad económica, al tiempo que se han beneficiado de una opacidad en sus operaciones que los poderes públicos no han controlado.

Antes, los bancos eran las principales instituciones financieras y su principal actividad consistía en captar dinero y prestarlo: su beneficio se realizaba mediante la diferencia entre la tasa de intereses que daban por el dinero depositado y la que exigían por el prestado. También tenían participaciones en empresas, pero solían permanecer al margen de las decisiones que se tomaban en éstas: intervenían comprando y vendiendo acciones según los beneficios que esperaban. Progresivamente se producen varias transformaciones.



En primer lugar, la banca comienza a diversificar su ámbito de actuación, creando nuevos productos financieros cada vez más opacos e interviniendo directamente en la gestión de las empresas –ya sea por la compra de participaciones mayoritarias o porque las empresas tienen grandes deudas con los bancos-. La actividad de las empresas empieza a estar cada vez más supeditada a su rentabilidad inmediata: ya no se trata simplemente de conseguir un beneficio a largo plazo produciendo mercancías, sino de obtener más beneficio por el capital invertido del que se obtendría invirtiendo en otros productos financieros. Una empresa “deficitaria” ya no es aquella que sufre pérdidas: es aquella que da menos beneficios de los que se podrían obtener llevándose el capital a otra parte.

En segundo lugar, se expanden nuevos actores económicos que concentran una enorme cantidad de capital: fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de inversión… Estos, por la gran cantidad de capital que manejan, pueden alterar el curso de las divisas, las cotizaciones en bolsa, las “primas de riesgo”…. Su objetivo es ofrecerles a sus inversores la máxima rentabilidad posible, comprando y vendiendo todo tipo de productos: participaciones en empresas, mercados de futuros de materias primas, hipotecas… Aquí llega a su máximo la lógica de obtener rentabilidad a corto plazo: estos fondos comienzan a comprar empresas y a exprimirles el máximo de beneficios posibles, aunque sea destruyéndolas.

Por último, y ligado a todo lo anterior, se expanden nuevos sistemas de retribución de las cúpulas de ejecutivos. Estos cobrarán cada vez más –y más y más…- en función de los resultados inmediatos de la empresa: opciones sobre acciones, primas en función de los beneficios… Estas retribuciones suponen una apropiación creciente de los recursos de la empresa por las cúpulas ejecutivas, cuyas retribuciones se pueden contar –sin sonrojo- en millones de euros. Pero también un énfasis en la rentabilidad inmediata, aún a expensas de la supervivencia de la propia empresa: las cúpulas ejecutivas pueden estar descapitalizando la empresa –esto es, sustrayéndole las inversiones en maquinaria, tecnología, mantenimiento, etc. que aseguran su pervivencia a largo plazo-, o haciendo todo tipo de inversiones arriesgadas que ponen en peligro la supervivencia de la empresa: si “aciertan”, cobran primas millonarias, si no, la empresa se hunde y el ejecutivo cobra su prima por retirarse… El lema imperante de este “capitalismo de casino” en la gestión es: cara, yo gano; cruz, tú pierdes.

La consecuencia inmediata de estas transformaciones es el predominio del corto plazo en la gestión de las empresas: se trata de obtener una rentabilidad inmediata, de que la empresa asegure buenos dividendos ahora. Ello se hace recortando gastos –en instalaciones, maquinaria y fuerza de trabajo- para asegurar beneficios inmediatos, aunque el futuro de la empresa peligre. Todo se mide comparando la rentabilidad de la empresa con el posible beneficio que se obtendría invirtiendo en otra parte –divisas, materias primas, productos financieros, otras empresas…-. Las cúpulas gestoras tienen como punto de mira, no la viabilidad de la empresa, sino el atractivo que presenta en la bolsa o en los mercados financieros. La consecuencia directa de ello es que, aunque los beneficios crezcan, la inversión en bienes de capital –esto es, la inversión que asegura que la empresa siga produciendo de forma competitiva- se estanca o disminuye: ya no importa seguir produciendo bienes o servicios, importa extraer beneficio inmediato, aunque ello suponga dejar de producir y arrojar miles de personas al desempleo.

Un actor especialmente agresivo de esta financiarización han sido las sociedades de inversión o hedge funds. Estas son sociedades que captan una enorme cantidad de capital que invierten en cualquier sector, actividad y país donde se piense que se va a obtener el máximo rendimiento inmediato. Estas sociedades de inversión crecientemente han pasado a comprar participaciones mayoritarias de empresas con el fin de exprimirles el máximo de beneficios inmediatos, muchas veces en formas de intereses –la sociedad de inversión se hace con el control de una empresa, luego le presta dinero a tasas abusivas y comienza a sangrarle todos los recursos; este reparto de dinero además aparece en la contabilidad de la empresa como gasto deducible, no como dividendo gravable-. Sin ningún interés en la supervivencia de la empresa, estas sociedades de inversión trocean las empresas que compran para revender aquellas partes de las que pueden obtener buenas plusvalías, “adelgazan” –esto es, proceden a despidos masivos- aquellas que son menos rentables y cierran –nuevamente destruyendo miles de puestos de trabajo- aquellas que no les aseguren altos beneficios inmediatos.

El resultado de este frenético movimiento de inversiones es el contrario al que, se supone, justifica la libre empresa: la creación de nueva riqueza. Las sociedades de inversión vampirizan las empresas en que invierten, destruyen las formas existentes de producción de mercancías y servicios y aniquilan miles de puestos de trabajo. Además, proceden a todo tipo de trucos –mediante las transacciones entre unas y otras empresas del grupo, como publicamos aquí en el caso de la empresa UPS a partir de un informe elaborado por uno de los autores del libro, Eduardo Gutiérrez- para eludir al fisco –privando a los Estados de recursos- o para proceder a ajustes de plantilla falseando la rentabilidad de la empresa.

Las empresas y grupos financieros, en su afán de rentabilidad inmediata, buscan así recortar los costes laborales por todos los medios posibles. Subcontratan todo el trabajo posible –para eludir derechos laborales-, deslocalizan –cierran la empresa donde los costes laborales sean más caros para abrir sucursales en países más baratos, con menos derechos laborales- y proceden a todo tipo de fusiones entre empresas que se dediquen a la misma actividad para, una vez más, despedir personal, además de para obtener posiciones monopolísticas que les permitan además exprimir el bolsillo de los consumidores.

El conjunto de estas prácticas ha permitido a un reducido grupo de empresas obtener beneficios espectaculares a costa de una destrucción masiva de empleo y de derechos laborales. Así, se calcula que estas prácticas han destruido en la UE 4.600.000 puestos de trabajo entre 2002 y 2012. Pero también han destruido las condiciones de vida y trabajo de millones de trabajadores: precarizando, intensificando ritmos, quitándoles derechos –bajo la amenaza de cierre, subcontratación o deslocalización-…. La financiarización es un gigantesco proceso de destrucción de empleos, expropiación de rentas del trabajo, precarización y deterioro de las condiciones laborales y el suelo formidable sobre el que se multiplican todo tipo de abusos –patronales, fiscales, legales…-. Por ello conocerla es imperativo para luchar contra estos abusos.

ALONSO, Luis Enrique y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos J. (eds.), 2012, La financiarización de las relaciones salariales. Una perspectiva internacional. La Catarata. Madrid.


Para más información sobre el libro ver:

http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/805

http://www.fuhem.es/ecosocial/noticias.aspx?v=9258&n=0