China adopta una polémica ley de ciberseguridad fuertemente criticada en el extranjero
Agencias
China adoptó una
controvertida ley de ciberseguridad el lunes para combatir las a su
juicio crecientes amenazas como el hacking y el terrorismo, si bien la
ley ha suscitado inquietud entre empresas extranjeras y grupos de
defensa de los derechos humanos.
La ley, aprobada por un Parlamento chino en un trámite que puede considerarse una formalidad y que entrará en vigor en junio de 2017, es una "necesidad objetiva" de China como gran potencia en internet, de acuerdo con un responsable de la Cámara.
Los críticos fuera del país argumentan que la ley amenaza con dejar a las empresas tecnológicas extrajeras fuera de varios sectores considerados "críticos", y que incluye requisitos polémicos para la revisiones de seguridad y el almacenamiento de datos localizados en China.
Los grupos defensores de derechos también defienden que la ley aumentará las restricciones al acceso a internet en China, que ya presenta uno de los mecanismos de censura virtual más sofisticados del mundo, conocido en el extranjero como el Gran Cortafuegos.
Yang Heqing, un responsable del comité permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, dijo que internet ya estaba profundamente vinculado a la seguridad nacional y al desarrollo del país.
"China es una potencia virtual y, como uno de los países que afronta mayores riesgos de seguridad cibernética, necesita urgentemente establecer y perfeccionar sistemas legales de seguridad en red", declaró Yang a los periodistas al final de una reunión legislativa bimensual.
Más de 40 grupos empresariales globales solicitaron en agosto al Premier chino, Li Keqianq, que China modificase alguna de las secciones más controvertidas de la ley. Los responsables chinos han dicho que no afectará a los intereses empresariales extranjeros.
"Vaga, ambiciosa"
El presidente de la Cámara Estadounidense de Comercio en China, James Zimmerman, tildó las provisiones más polémicas de "vagas, ambiciosas y sujetas a una amplia interpretación por parte de las autoridades reguladoras".
El grupo de derechos humanos estadounidense Human Rights Watch dijo que ciertos elementos de la ley, como la criminalización del uso de internet para "dañar la unidad nacional", supondrían una mayor restricción de las libertades digitales.
"A pesar de la preocupación internacional generalizada tanto de compañías como de defensores de derechos durante más de un año, las autoridades chinas han seguido adelante con esta restrictiva ley sin llevar a cabo cambios significativos", dijo en un comunicado por correo electrónico la directora para China de HRW, Sophie Richardson.
La adopción de esta ley llega en un contexto de severas medidas del presidente chino, Xi Jinping, sobre la sociedad civil, incluyendo abogados y medios de comunicación, con las que según sus críticos pretende anular la disidencia.
"El gobierno chino ha reconocido que el ciberespacio impacta inmediata y profundamente en muchos de los aspectos de la seguridad nacional, si no todos", dijo Rogier Creemers, un investigador en legislación y gobernanza china de la Universidad de Leiden, en Países Bajos.
"Es un espacio nacional, un espacio para la intervención militar, para la acción económica relevante, para las actividades criminales y para el espionaje", añadió.
La ley, aprobada por un Parlamento chino en un trámite que puede considerarse una formalidad y que entrará en vigor en junio de 2017, es una "necesidad objetiva" de China como gran potencia en internet, de acuerdo con un responsable de la Cámara.
Los críticos fuera del país argumentan que la ley amenaza con dejar a las empresas tecnológicas extrajeras fuera de varios sectores considerados "críticos", y que incluye requisitos polémicos para la revisiones de seguridad y el almacenamiento de datos localizados en China.
Los grupos defensores de derechos también defienden que la ley aumentará las restricciones al acceso a internet en China, que ya presenta uno de los mecanismos de censura virtual más sofisticados del mundo, conocido en el extranjero como el Gran Cortafuegos.
Yang Heqing, un responsable del comité permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, dijo que internet ya estaba profundamente vinculado a la seguridad nacional y al desarrollo del país.
"China es una potencia virtual y, como uno de los países que afronta mayores riesgos de seguridad cibernética, necesita urgentemente establecer y perfeccionar sistemas legales de seguridad en red", declaró Yang a los periodistas al final de una reunión legislativa bimensual.
Más de 40 grupos empresariales globales solicitaron en agosto al Premier chino, Li Keqianq, que China modificase alguna de las secciones más controvertidas de la ley. Los responsables chinos han dicho que no afectará a los intereses empresariales extranjeros.
"Vaga, ambiciosa"
El presidente de la Cámara Estadounidense de Comercio en China, James Zimmerman, tildó las provisiones más polémicas de "vagas, ambiciosas y sujetas a una amplia interpretación por parte de las autoridades reguladoras".
El grupo de derechos humanos estadounidense Human Rights Watch dijo que ciertos elementos de la ley, como la criminalización del uso de internet para "dañar la unidad nacional", supondrían una mayor restricción de las libertades digitales.
"A pesar de la preocupación internacional generalizada tanto de compañías como de defensores de derechos durante más de un año, las autoridades chinas han seguido adelante con esta restrictiva ley sin llevar a cabo cambios significativos", dijo en un comunicado por correo electrónico la directora para China de HRW, Sophie Richardson.
La adopción de esta ley llega en un contexto de severas medidas del presidente chino, Xi Jinping, sobre la sociedad civil, incluyendo abogados y medios de comunicación, con las que según sus críticos pretende anular la disidencia.
"El gobierno chino ha reconocido que el ciberespacio impacta inmediata y profundamente en muchos de los aspectos de la seguridad nacional, si no todos", dijo Rogier Creemers, un investigador en legislación y gobernanza china de la Universidad de Leiden, en Países Bajos.
"Es un espacio nacional, un espacio para la intervención militar, para la acción económica relevante, para las actividades criminales y para el espionaje", añadió.
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