Diputados y senadores responsables de entregar los derechos humanos a las fuerzas militares:
Por: Antonio Aranda /
(09
de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 21 de abril, la
Cámara de Diputados aprobó reformas al Código de Justicia Militar y un
nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, que crea la Fiscalía
General de Justicia Militar y la figura de jueces de control, que podrán
ordenar el cateo a domicilios particulares, oficinas del gobierno
federal e incluso a las dos cámaras del Congreso: el Senado y San
Lázaro, aunque la Constitución define que los recintos legislativos son
inviolables.
Según
la nueva legislación, la figura del cateo se extiende al Poder
Judicial, así como a los organismos constitucionales autónomos, esto es,
a las sedes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del
Instituto Nacional Electoral (INE), del Banco de México, el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), entre otros.
El
código prevé también la intervención de llamadas telefónicas de
militares y particulares y deja fuera la responsabilidad de las fuerzas
armadas cuando existan víctimas de violaciones a derechos humanos.
La
primera instancia en expresar su desconcierto ante estos cambios
legislativos que engrandecen a las fuerzas militares fue la oficina del
Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
El
27 de abril, dirigió a los coordinadores parlamentarios del Senado y a
los presidentes de las comisiones dictaminadoras, un documento en el
cual advirtió que el proyecto de decreto tenía aspectos sustantivos que
debían revisarse para evitar mayores violaciones a los derechos humanos,
sin embargo los legisladores ignoraron el llamado a recapacitar.
En
este sentido, diversos defensores de derechos humanos, expertos
juristas y especialistas en telecomunicaciones, coincidieron en señalar
que las nuevas medidas se encaminan a convalidar las violaciones a los
derechos humanos por medio de la creación de un fuero de excepción que
beneficia al Ejército.
CNDH se guarda de emitir opinión alguna
El
artículo 105 de la Constitución Política Mexicana faculta a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a impulsar una acción de
inconstitucionalidad por la posible contradicción entre esta norma
castrense y la Carta Magna, contando con 30 días naturales a partir de
la publicación de esta norma; sin embargo, a 18 días de haberse
anunciado los cambios, ni la CNDH ni el Instituto Federal Electoral
(IFT) han emitido ninguna opinión al respecto.
Aunque Revolución TRESPUNTOCERO buscó
la posición oficial de la CNDH y el IFT ante los cambios jurídicos que
podrían afectarlos, las oficinas de comunicación social de ambas
dependencias pretextaron falta de tiempo para responder a nuestra
solicitud de información.
Revolución TRESPUNTOCERO dialogó
con Carlos Ríos Espinosa, experto en justicia procesal penal y ex
integrante de la Comisión Nacional de Víctimas. En su opinión, los
cambios al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de
Procedimientos Penales crean un código completo que permitirá a los
castrenses “tener un sistema penal paralelo, autónomo, no subordinado a
la justicia civil, que ciertamente fortalece el fuero militar que tanto
ha sido criticado por órganos internacionales y nacionales de defensa de
derechos humanos”.
Para
el jurista, es casi increíble que se hayan validado aspectos como el no
reconocer como víctimas a aquellos ciudadanos que hayan sufrido
violaciones a sus derechos humanos; que los menores de 12 años serán
exhortados para que se conduzcan con verdad, al tener calidad de testigo
en procesos penales militares; impedir materialmente la cobertura
periodística de los juicios orales de las fuerzas armadas, entre otros.
“El
Estado de excepción se crea por esta tendencia de involucrar a los
militares en tareas de seguridad pública e investigación del delito,
este incluye la posible intromisión del Ejército en las instalaciones de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que a mi consideración, no
sólo viola su autonomía; sino que pone en riego el trabajo libre de la
institución”, destacó Ríos Espinosa.
El silencio de la CNDH contribuye a la militarización
En
tanto, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos fue más duró al criticar el
silencio en el que ha caído la CNDH después de que se difundieron los
cambios al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de
Procedimientos Penales.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO explicó:
“yo no las llamo reformas, para mí son ‘el fuero de guerra’, es un
avance dentro de las formas legales de violaciones a los derechos
humanos; esto confirma que no podemos creer en la independencia de la
CNDH, desde su creación ha servido para fines políticos y garantizar la
impunidad en México. La CNDH en estos momentos es parte de los
instrumentos para perpetuar la impunidad en México”.
Mata
Montiel considera que el silencio de la CNDH contribuye a la
militarización de la vida política del país y a que la sociedad civil
pierda espacios de manifestación y organización ante el robo de las
garantías constitucionales.
“Los
diputados y senadores no deberían haber votado estos dictámenes, ahora
ellos son responsables de entregar los derechos humanos a las fuerzas
militares y restar autonomía a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos”, afirmó.
En
el mismo tono de reclamo a la CNDH, Elsa Arista coordinadora de la Red
Universitaria de Monitores de Derechos Humanos afirmó a Revolución TRESPUNTOCERO que
ante las situaciones como la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa o el caso Tlatlaya, el Estado mexicano lo que está haciendo
es protegerse con reformas que buscan justificar sus acciones para
evadir su responsabilidad.
“La
realidad es que el movimiento por la defensa de los derechos humanos lo
hace la sociedad civil, no se me hace raro que actué así la CNDH, como
una libre comparsa del Estado, la comisión tendría que estar velando
porque no se violenten nuestros derechos, pero si no se pronuncia en
contra de esta violación a su autonomía generará más desconfianza entre
los ciudadanos”, explicó Elsa Arista.
IFT, también supeditado a un solo poder: el Ejército
Otra
dependencia “autónoma” que bajo las reformas al Código de Justicia
Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales podrá ser
cateada si los jueces militares así lo ordenan, es el Instituto Federal
Telecomunicaciones (IFT).
Por
mandato de ley, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano
encargado del desarrollo eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones en México por lo que regula, promueve y supervisa el
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; también
garantiza el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos
esenciales para las tecnologías de la información y comunicación,
incluidos la banda ancha e Internet.
Con
el fin de abundar en los alcances que tendrá la posible intromisión de
los militares en esta dependencia, Michel Hernández Tafoya, abogado
especialista en tecnologías de la información y consejero de la
organización no gubernamental Observatel -dedicada al análisis de la
evolución del sector de las telecomunicaciones en México- expresó en
entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO,
que su principal preocupación es que este nuevo código desconoce la
naturaleza jurídica de las instituciones autónomas y las supedita a un
solo poder: el Ejército.
“Desde
el punto de vista jurídico lo veo totalmente injustificado porque para
eso hay mecanismos de colaboración, lo primordial deberían ser las
estrategias de coordinación no veo como el IFT pueda rehusarse a
facilitar información a otro poder para que cumpla con sus funciones ya
sean militares o del fuero común; sin embargo, el hecho de imponer estas
medidas nos habla de una falta de conocimiento preocupante sobre este
tipo de órganos”, detalló Hernández Tafoya.
El
especialista agregó que la implicación de una invasión legal a un
órgano como el IFT podría derivar en que las autoridades militares
soliciten información directamente a las empresas de telecomunicaciones
sin reconocer la participación del IFT como cabeza del sector.
“La
geolocalización en tiempo real, el origen-destino de la comunicación
entre usuarios de estas redes, tus números de contacto, tus mensajes,
todo estaría bajo escrutinio de los militares, a nadie le gustaría que
ellos supieran con quién hablas para qué hablas, de qué platicas, desde
dónde lo haces. Este nuevo código relaja los candados que protegen la
privacidad y permitirá que los ciudadanos no sepan que se tiene acceso a
su información”, concluyó el experto.
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