El dilema de tener o no tener ONG antirracistas en Cuba

Por Ivet González

Personas afrodescendientes y no entonan juntas el himno nacional durante un acto organizado por la Cofradía de la Negritud a favor de la eliminación de la discriminación racial, en la capital de Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

LA HABANA, (IPS) - En debates, tertulias y artículos científicos, los activistas por la no discriminación racial en Cuba lamentan que ninguno de los proyectos para barrer con esa situación cuente con estatus de organización no gubernamental (ONG).
Pero, al mismo tiempo,  solo dos de estas iniciativas ciudadanas aseguraron a IPS que en algún momento remitieron sus proyectos al Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, que otorga la personalidad jurídica necesaria para el pleno ejercicio.
La Cofradía de la Negritud (Coneg), que desde 1998 trabaja para concienciar sobre el agravamiento de la desigualdad racial en Cuba y promover el empoderamiento de la población negra, remitió hace alrededor de ocho años la solicitud de inscripción a la cartera de justicia, indicó Norberto Mesa, su primer cófrade.

“Es un derecho y una pertinencia tener una asociación de afrodescendientes, si existen otras que agrupan árabes, chinos y españoles. Y no porque existan otras, sino porque no tenemos ninguna donde sentirnos representados desde el propio legado ancestral”: Deyni Terry.

“Entonces la funcionaria a cargo nos explicó que no procedía porque nuestros propósitos no estaban contemplados en la ley (de Asociaciones, vigente desde 1985). Incluso nos aconsejó que esperáramos por la aprobación de una nueva legislación”, abundó Mesa.
El coordinador de la Coneg contó que se asesoró luego con juristas, quienes le explicaron que su actividad estaba amparada en la Constitución aunque careciera de los beneficios del registro legal.
La Coneg organiza debates, conmemora públicamente hechos y personalidades afrocubanas olvidadas y emite el boletín electrónico Desde La Ceiba. Aun así, la ONG considera que la ausencia de personalidad jurídica le resta legitimidad ante las instituciones.
“Nunca obtuvimos respuestas a las cartas abiertas que dirigimos a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Central de Trabajadores de Cuba y las direcciones de varios órganos de prensa”, apuntó a título de ejemplo el cófrade Tato Quiñones.
Este país insular caribeño tiene 11,2 millones de habitantes, de los cuales 64 por ciento son personas blancas, 26 por ciento mestizas y nueve por ciento negras, según datos del censo de 2012.
Por su lado, “el Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) presentó a finales de diciembre de 2015 su solicitud ante el registro y en febrero de 2016 recibió la respuesta de que podía continuar con los trámites de solicitud”, dijo Juan Antonio Madrazo, coordinador del grupo humanitario y civilista surgido en 2008.
El CIR, que busca avanzar hacia la equidad racial desde un enfoque integrador, se vincula al opositor Partido Arco Progresista, considerado de tendencia moderada.
Ese partido forma parte de la disidencia interna al gobierno socialista, que es tolerada pero ilegal porque la Constitución, vigente desde 1976 y reformada en 1992, solo reconoce al gobernante Partido Comunista de Cuba.
Las autoridades solo reconocen como sociedad civil a las organizaciones registradas, mientras los especialistas difieren sobre su conformación en Cuba.
Las definiciones más inclusivas incorporan a los grupos opositores, la asociaciones fraternales, culturales, deportivas y sociales de masas; iglesias y congregaciones religiosas; organizaciones de desarrollo; centros de investigación y publicaciones académicas; movimientos comunitarios; cooperativas y los nuevos actores económicos.

Participantes en la última edición de la tertulia Reyita, un encuentro trimestral de la red feminista Afrocubanas, realizado en julio en la Casa Memorial Salvador Allende, en La Habana, en Cuba. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

Madrazo opinó que “es necesaria” una ONG legal “pues contra la discriminación racial no existen políticas públicas”. También lamenta que las instituciones estatales y gubernamentales “no reconocen la categoría afrodescendiente como identidad política”.
A su juicio, ello obedece a que se considera que “eso contribuye a fragmentar la unidad del pueblo”.
IPS entrevistó a 11 activistas por los derechos de la población afrodescendiente, quienes señalaron que los proyectos por la no discriminación racial que están activos son iniciativas independientes, blogs, redes regionales presentes en Cuba y otras vinculadas a instituciones estatales u ONG registradas para cumplir otros objetivos.
En ese caso, se encuentra la Comisión José Antonio Aponte, que desde 2010 facilita la participación social para solucionar problemas relacionados con la ideología del racismo, dentro de la Unión de Escritores y Artistas.
También la Articulación Regional Afrodescendiente para las Américas y el Caribe (Araac), a la que acompaña el Ministerio de Cultura.
La investigadora Gisela Arandia, de Araac, consideró que en muchos de esos vínculos “no hay una situación fluida” y “existe determinado ruido” porque sus misiones difieren.
“Si queremos trabajar lo legal y cuestiones que no son puramente culturales en algún espacio, entramos en conflicto con el ministerio que nos acompaña”, ejemplificó.
La mayoría de las personas entrevistadas calificó de “derecho” y “urgencia” legalizar sus proyectos, mientras otras manifestaron otras prioridades.
“El problema racial en Cuba no es privativo de la población negra y mestiza, sino del pueblo en general independientemente del color de la piel. Todos y todas, de alguna manera, resultan víctimas del racismo”, propuso la escritora Daysi Rubiera, una de las fundadoras en 2010 del colectivo feminista Afrocubanas.

A su juicio, urge “un real debate a todos los niveles y sectores que permita la aceptación pública de la existencia de la discriminación racial y se pueda, sin contradecir el discurso oficial, poner en vigor alguna resolución que condene su práctica”.
La revolución cubana, en el poder desde 1959 y proclamada socialista en 1961, eliminó la segregación racial y proscribió el racismo en la legislación.
Con el paso del tiempo y el advenimiento de una profunda crisis económica en 1991, el sector intelectual y artístico pasó a alertar de la persistencia y hasta crecimiento de la discriminación racial en la sociedad.
La abogada Deyni Terry, presidenta de la Alianza Unidad Racial, un proyecto sociojurídico que desde 2011 defiende a víctimas de discriminación, opinó que “más que una organización debe haber un movimiento (antirracista) identificado por el Estado para estas funciones” y que se involucren otras instituciones ya establecidas.
En lo que sí coinciden todos los entrevistados es en la necesidad de crear una asociación que reúna a afrodescendientes en Cuba, como funcionan para naturales de otros países y sus sucesores.
“Es un derecho y una pertinencia tener una asociación de afrodescendientes, si existen otras que agrupan árabes, chinos y españoles. Y no porque existan otras, sino porque no tenemos ninguna donde sentirnos representados desde el propio legado ancestral”, argumentó Terry.
La abogada calificó de “excluyentes” las organizaciones legales relacionadas con la cultura africana. “La Asociación Cultural Yoruba de Cuba limita su gremio a practicantes de las religiones afrocubanas y la Asociación Caribeña de Cuba exige demostrar que tienes familiares en Haití, Jamaica, Islas Vírgenes, entre otras”, detalló.
“Les recomendamos a las personas que se asesoren sobre la ley y hagan el procedimiento para poderles responder si es posible o no crear su proyecto”, pidió Miriam García, jefa de la Dirección de Asociaciones de ministerio.
“Hacerlo de una forma ilegal, va en contra de las normas jurídicas del país y es una indisciplina social”, aclaró, sobre la importancia de formar parte del registro, que actualmente incluye más de 2.000 asociaciones y 600 instituciones religiosas.
Editado por Estrella Gutiérrez