“(…)
en México el periodista es el eslabón más frágil dentro del complejo
entramado de relaciones de poder y generación de información. Las
vulnerabilidades de los periodistas se exacerban en el nivel local, es
decir, en los estados y municipios del país. Si bien existen factores de
riesgo que le son comunes a los periodistas en todo el territorio,
existen condiciones particulares en cada contexto local que determinan
el tipo y nivel de riesgo según sea el estado”, se lee en la página 81
del Atlas de la seguridad y la defensa de México 2016, publicación
editada por Sergio Aguayo Quezada y Raúl Benítez Manaut.
En el mapeo que el documento realiza del ejercicio de la prensa en
nuestro país Quintana Roo queda excluido de situaciones violentas como
las que encuentran su expresión más extrema en Veracruz, con asesinatos y
agresiones de todo tipo, pero a la fecha del análisis, perteneciente a
la última parte del sexenio de Roberto Borge Angulo, se encuentra un
control extralegal que nos mantenía lejos de un ideal de libertad del
ejercicio y del derecho a la información.
“Por una parte se examinan estados considerados graves como Sinaloa y Veracruz, en donde se identificaron agresiones sistemáticas contra periodistas y medios de comunicación. Mientras que en Sinaloa el poder criminal prácticamente mantiene la gobernabilidad de la parte norte del estado junto con el poder político formal, en Veracruz el gobierno del estado mantuvo los resortes de control sobre las actividades criminales del territorio durante los últimos dos periodos de gobierno (de 2004 a 2016). Por otra parte, los estados de Morelos y Quintana Roo no presentan niveles elevados de agresiones, pero el control y la cooptación sobre la prensa son igualmente sistemáticos, ejerciendo las autoridades gran presión sobre los medios. En Morelos se practican mecanismos de censura y presión política desde el gobierno del estado, al mismo tiempo que se violentan los derechos de los periodistas de forma recurrente por parte de los cuerpos de seguridad pública. En Quintana Roo se identifican procesos de cooptación y amenaza sobre aquellos periodistas que documentan la relación entre intereses turístico-empresariales con el poder político estatal, sobre todo cuando se afecta al medio ambiente con el afán de construir desarrollos turísticos”.
Creemos que no fue vana ni demagógica, pues, la oferta de Carlos Joaquín González de terminar con la cooptación y el control vigentes, sino una necesidad política mayor en el estado y para el Estado. Por eso es que por lo menos en una cierta encrucijada puso al gobernador el fiscal general de Quintana Roo al explotar de manera desproporcionadamente airada y amenazante ante publicaciones que lo cuestionaban, lo cual en un momento dado pudiera entenderse como una reacción normal de alguien enojado pero sin duda resulta totalmente impropia de un alto funcionario.
Miguel Ángel Pech Cen, desencajado y notoriamente furibundo, advirtió pública y expresamente a medios y periodistas que sólo refrescaron añejas acusaciones que podría actuar “legalmente” en su contra. Desde luego que los medios y los compañeros, en vez de agachar las orejas ante el regaño, con toda razón criticaron aquí, allá y acullá al responsable de la procuración de justicia en la entidad, quien de haber simplemente guardado silencio habría sido olvidado sin mayor eco por su desplante.
En vez de eso el abogado, que a la menor provocación y sin mediar pregunta presume sus magros logros académicos –“hola, soy el maestro Pech, gurú de la carrera de Derecho de La Salle Cancún; mucho gusto”–, emprendió una campañita soterrada muy al estilo de la que practicaban, se dice que bajo los auspicios de la Secretaría de Gobierno de Francisco López Mena, los manejadores de “trols” y “bots” luego de las elecciones y a principios del actual gobierno. Parece que alguien ya lo metió a una ducha de agua fría, como entonces.
Lo de Pech Cen –esperamos– debe haber sido un desagradable déjà vu y no un regreso a las tinieblas.
“Por una parte se examinan estados considerados graves como Sinaloa y Veracruz, en donde se identificaron agresiones sistemáticas contra periodistas y medios de comunicación. Mientras que en Sinaloa el poder criminal prácticamente mantiene la gobernabilidad de la parte norte del estado junto con el poder político formal, en Veracruz el gobierno del estado mantuvo los resortes de control sobre las actividades criminales del territorio durante los últimos dos periodos de gobierno (de 2004 a 2016). Por otra parte, los estados de Morelos y Quintana Roo no presentan niveles elevados de agresiones, pero el control y la cooptación sobre la prensa son igualmente sistemáticos, ejerciendo las autoridades gran presión sobre los medios. En Morelos se practican mecanismos de censura y presión política desde el gobierno del estado, al mismo tiempo que se violentan los derechos de los periodistas de forma recurrente por parte de los cuerpos de seguridad pública. En Quintana Roo se identifican procesos de cooptación y amenaza sobre aquellos periodistas que documentan la relación entre intereses turístico-empresariales con el poder político estatal, sobre todo cuando se afecta al medio ambiente con el afán de construir desarrollos turísticos”.
Creemos que no fue vana ni demagógica, pues, la oferta de Carlos Joaquín González de terminar con la cooptación y el control vigentes, sino una necesidad política mayor en el estado y para el Estado. Por eso es que por lo menos en una cierta encrucijada puso al gobernador el fiscal general de Quintana Roo al explotar de manera desproporcionadamente airada y amenazante ante publicaciones que lo cuestionaban, lo cual en un momento dado pudiera entenderse como una reacción normal de alguien enojado pero sin duda resulta totalmente impropia de un alto funcionario.
Miguel Ángel Pech Cen, desencajado y notoriamente furibundo, advirtió pública y expresamente a medios y periodistas que sólo refrescaron añejas acusaciones que podría actuar “legalmente” en su contra. Desde luego que los medios y los compañeros, en vez de agachar las orejas ante el regaño, con toda razón criticaron aquí, allá y acullá al responsable de la procuración de justicia en la entidad, quien de haber simplemente guardado silencio habría sido olvidado sin mayor eco por su desplante.
En vez de eso el abogado, que a la menor provocación y sin mediar pregunta presume sus magros logros académicos –“hola, soy el maestro Pech, gurú de la carrera de Derecho de La Salle Cancún; mucho gusto”–, emprendió una campañita soterrada muy al estilo de la que practicaban, se dice que bajo los auspicios de la Secretaría de Gobierno de Francisco López Mena, los manejadores de “trols” y “bots” luego de las elecciones y a principios del actual gobierno. Parece que alguien ya lo metió a una ducha de agua fría, como entonces.
Lo de Pech Cen –esperamos– debe haber sido un desagradable déjà vu y no un regreso a las tinieblas.
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