Plataforma Distrito Cero

viernes, 7 de diciembre de 2018

Inicia la era alfarista

El acto de toma de protesta de Enrique Alfaro Ramírez como gobernador de Jalisco estuvo marcado por tres grandes líneas discursivas: el anuncio de una nueva Constitución para el Estado; el desmarque de distintas políticas que seguirá el presidente, Andrés Manuel López Obrador; y las principales acciones que emprenderá en su mandato local.
El nuevo mandatario estuvo acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación de López Obrador; así como de 16 gobernadores del país, los de Querétaro, Zacatecas, Campeche, Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Michoacán, Yucatán, Hidalgo y Colima.
Alfaro además anunció una nueva Constitución al hablar de lo que viene llamando la “refundación” de Jalisco, que según implica “hacer que la vida presente y sus tendencias de futuro se asienten firmemente en los pilares del Estado de Derecho, del Estado Social de Derecho, del régimen democrático representativo y participativo, de una economía de mercado innovadora y socialmente responsable, y de una sociedad solidaria e igualitaria”.
Dijo que esa será una ruta que tendrán que explorar juntos en los próximos años.

Alfaro anunció una nueva Constitución local; se desmarcó de las políticas que seguirá el presidente, Andrés Manuel López Obrador; y mencionó sus principales acciones

En su discurso desde el Congreso estatal se refirió constantemente al presidente Andrés Manuel López Obrador con expresiones en ocasiones conciliadoras, pero otras de clara confrontación.
Se desmarcó de él en cuatro ámbitos específicos.
Primero dijo que la reforma educativa continuará en Jalisco: “queremos refundar al gobierno y quiero dejar muy claro que para tener una auténtica Reforma Educativa y corregir lo que está mal, pero sin retroceder ni cancelar los avances logrados, aquí en Jalisco no vamos a acabar con la evaluación de los maestros”.
Segundo, la inseguridad no se atenderá por la vía de la Guardia Nacional: “nos negamos a aceptar que militarizar al país sea el camino correcto. Estoy seguro de que se puede encontrar el camino para construir un marco legal que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública sin que esto signifique sepultar las responsabilidades de la policía civil”.
Tercero, no habrá amnistía a delincuentes: “en Jalisco no habrá ni acuerdo ni tregua con los delincuentes. No habrá ni perdón ni olvido porque la delincuencia ha lastimado profundamente a nuestra sociedad”.
Cuarto, no al régimen centralista: “reafirmo nuestra disposición para coordinarnos con el Gobierno de la República y con las Fuerzas Armadas, en un marco de respeto a los principios básicos del pacto federal”, y prometió un gobierno “que respete a la Federación, pero que no se arrodille ante ella”.
Por último, delineó las prioridades de su mandato con cuatro ejes: la agenda social, la salud y la educación en el centro; el crecimiento y desarrollo económico; el desarrollo territorial y la seguridad y el Estado de Derecho.
4 ejes tendrán las prioridades de su gobierno
Alfaro Ramírez tuvo palabras directas para López Obrador: “Desde Jalisco le decimos al presidente de México que cuenta con nosotros para impulsar la transformación nacional; podemos tener diferencias en algunos temas, algunas incluso de fondo, pero eso no significa que seamos enemigos, por el contrario, queremos ser sus aliados en la compleja tarea de desmantelar al viejo sistema político para traer justicia a la nación. Ofrecemos respeto y diálogo siempre, pero pedimos lo mismo para nuestro estado y para su gobierno”.

“Se honra la palabra”

Desde las primeras horas del jueves, el primer cuadro de la Ciudad de Guadalajara se encontró bajo el resguardo de decenas de policías estatales, municipales y militares. La alta presencia de elementos en el operativo de seguridad contrastaba con el puñado de personas que escuchaban el primer discurso de Alfaro Ramírez al interior del Congreso.
Mientras el recinto Legislativo rompía en aplausos ante las promesas alfaristas, en la calle la gente escuchaba las palabras del nuevo mandatario sin inmutarse. Llevaban horas bajo el sol del mediodía en la Plaza de la Liberación donde escasea la sombra.
Había personas con pancartas de apoyo y otros con lonas de los municipios de donde provenían. También entre la gente se destacaron los contrastes: muchos de los asistentes eran hombres y mujeres en sus trajes de oficina.
Al pronunciar su discurso, el líder naranja expresó la importancia de transformar la tragedia nacional en esperanza para la sociedad que lo esperaba afuera del Congreso. Pero en la calle los aplausos y los gritos no sonaron durante esa arenga, sino hasta que Alfaro Ramírez salió a dirigirles unas palabras. Un escenario muy distinto al de la fiesta que se vivió el 1 de diciembre en el Zócalo capitalino.
16 gobernadores lo acompañaron en su toma de protesta
En un tercio de la plaza se aglutinaron los apoyos. Personas que al llegar su nuevo gobernador se lanzaron para saludarlo y tomarse algunas fotos. “Sé que cuento con ustedes”, les dijo en un breve mensaje a quienes lo apoyaron durante las campañas.
Aunque corto, el discurso del mandatario en la calle estuvo cargado de emotividad y agradecimiento por recordar lo difícil que ha sido llegar hasta la gubernatura. Recordó que en 2012 había visitado la misma plaza para decirles a sus votantes que no se rendiría.
“Este es el día en que terminamos una lucha muy larga, en la que nunca me dejaron solo, y eso lo voy a agradecer toda mi vida. Aquí en esta plaza le dijimos a nuestro movimiento que no nos íbamos a rendir, acuérdense de lo que sentimos, de la frustración, de la tristeza, nos había faltado muy poco”, señaló.
Les dijo a sus simpatizantes que apenas comienza una larga travesía en el Gobierno:

“Logramos un propósito, tener la responsabilidad de encabezar al Gobierno del Estado libre y soberano de Jalisco. Aquí inicia apenas el camino, ahora viene lo más importante, demostrar que no vamos a dejar tirados nuestros compromisos, que en este movimiento se honra la palabra”
- Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco

Juzgado concede amparo a Lozoya y ordena a Fepade definir si delito imputado a exdirector de Pemex prescribió

El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió un amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y ordenó a la Fiscalía especializada en delitos electorales (Fepade) que defina si el delito que se le imputa, por presunto financiamiento de la empresa Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, ya prescribió, y que también se le comunique si aún hay diligencias por practicar.
En su resolución, el Juzgado estableció que la Fepade incurrió en violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica, por lo que le pidió que emita un nuevo acuerdo en el que “subsane vicios formales”, se defina cuáles son los cargos en su contra y se detalle el tema de la prescripción.
“Al resolver el amparo 702/2018, la juzgadora federal instruyó que en un plazo de 30 días hábiles, la FEPADE determine si existen o no diligencias por practicar y, en caso positivo, las desahogue de inmediato”, indicó una nota informativa del Consejo de la Judicatura.
En un comunicado, la Fiscalía Especializada informó que acatará la resolución emitida por el Juzgado Octavo de Distrito.
“La FEPADE es respetuosa de los ordenamientos judiciales, se agilizarán las diligencias ordenadas para el desarrollo de la investigación. Asimismo, reitera el compromiso con la transparencia, la actuación en el marco de la legalidad y el respeto al debido proceso”, indicó.
La Fepade, estableció el juzgado sobre su resolución, “no expresó las razones, circunstancias particulares o argumentos del porqué consideraba que no operaba la figura de la prescripción”, y no estableció los delitos imputados.
“La juzgadora federal calificó fundados los conceptos de violación reclamados por el quejoso, consistentes en que al no haberse determinado la carpeta de investigación en un plazo razonable, le generó inseguridad e incertidumbre jurídica, colocándolo en un estado de indefensión al no tener conocimiento de su situación jurídica”, detalló el Consejo de la Judicatura en su comunicado.
La autoridad responsable, insistió el juzgado, “ha agotado todas las diligencias conducentes para la investigación y ha pasado un tiempo razonable, encontrándose en aptitud de determinar la carpeta de investigación como en derecho proceda”.
Lo anterior, señaló, “a fin de que se deje de generar inseguridad jurídica, dado que el quejoso tiene conocimiento de los hechos denunciados en su contra desde el año 2017, lo que lo coloca en incertidumbre”.

Hacienda denuncia ante PGR a empresas que presuntamente lavan dinero para el CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, en ejercicio de sus facultades legales, presentó a la PGR la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con reportes del diario Reforma, la red de lavado que se investiga involucra una cadena de empresas presuntamente manejadas por familiares del líder del Cártel de Jalisco, Nemesio Oseguera “El Mencho”, actualmente prófugo.
Información pública del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que de las 253 empresas que presuntamente lavan dinero para los cárteles del narcotráfico en México, 33 pertenecen al CJNG.

El Departamento del Tesoro ubica a seis personas, como las responsables de manejar los negocios del CJNG, quienes a su vez están vinculados directamente con Nemesio Oseguira y Abigael Gonzáñez, “El Cuini”, líder de un grupo criminal socio del Cártel de Jalisco.
De las 33 empresas boletinadas por el Tesoro norteamericano, solo en un caso se ha registrado el aseguramiento de la sociedad, llamada “Hotelito Desconocido”.
El resto de las empresas no cuentan con solicitudes de aseguramiento por parte de la PGR, como ha ocurrido con otras empresas vinculadas con actividades de lavado de dinero para diferentes grupos del narcotráfico.

Tras anunciar la presentación de la denuncia ante PGR, la SHCP expresó que “la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación”.
Con información de Reforma (suscripción necesaria).

Segundo periodista es asesinado, vocero de AMLO dice que no habrá impunidad

Diego García, del semanario "Morelos de Ecatepec", es el segundo periodista asesinado en los primeros días del gobierno de López Obrador y el décimo en este año.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico/Notimex/EFE).- El segundo periodista del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue fue asesinado la noche del martes en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
Se trata del periodista Diego García Corona de 35 años y que laboraba en el semanario "Morelos de Ecatepec". De acuerdo con reportes de la prensa local, el comunicador fue interceptado por un comando cuando circulaba a bordo de su automóvil en la colonia Jardines de Ecatepec.
A menos de una semana de que López Obrador tomó protesta, dos periodistas han sido asesinados. El 1 de diciembre, cuando se concretó el cambio de poder, Jesús Alejandro Márquez Jiménez , director de Orión Informativo, fue hallado con tres impactos de bala en Tepic, Nayarit.
El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, condenó el asesinato de Diego García y aseguró que ya se trabaja en un plan de prevención, protección, acceso a la justicia y reparación del daño a periodistas.
La delegación de la Unión Europea en México, junto con las embajadas de los Estados miembros y las de Noruega y Suiza lamentaron el asesinato del periodista Jesús Alejandro Márquez y exigieron al gobierno de México que se emprendan acciones para que no haya "zonas de silencio".
La muerte del comunicador, aseguraron, "demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México".
La delegación y las embajadas expresaron su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas en México sobre asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos.
Entre 2012 y 2018, años en los que transcurrió el recién finalizado sexenio de Enrique Peña Nieto, 47 comunicadores fueron asesinados, y la impunidad de estos crímenes se sitúa en el 99,2 %, de acuerdo con la organización Artículo 19.

Por ello, instaron a las autoridades del país a que hagan "uso de todos los medios a su alcance" para garantizar la protección de las personas que ejercen tareas periodísticas en el país, y que en el caso concreto de Márquez se lleve a cabo una investigación transparente para identificar a los culpables.
Las instituciones abogaron porque en el país no haya "zonas de silencio", en las que ningún periodista se atreva reportear sobre actividades delictivas.

Congreso de Veracruz aprueba reforma para tener la facultad de remover al fiscal estatal

En medio de las acusaciones por la liberación reciente de funcionarios duartistas, el Congreso de Veracruz aprobó este jueves una reforma con la que se otorga al legislativo de la entidad la facultad de remover al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler.
El pleno discutió el dictamen resultado de la iniciativa que presentó el diputado de Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, el pasado 29 de noviembre.
Se registraron 39 votos a favor, 26 de ellos de parte de Morena, y 11 en contra, de diputados del PAN, aunque dos legisladoras de ese partido sí respaldaron la iniciativa: Nora Jessica Lagunes Jáuregui y María Graciela Hernández Iñiguez.
El PRI dio tres votos a favor, Movimiento Ciudadano y PRD también tres, y uno el Partido Verde.
La diputada María Josefina Gamboa Torales, de acuerdo con un comunicado del Congreso local, acusó que la reforma “tiene una clara intención política y es remover al actual Fiscal General”, Jorge Winckler.
Leer: Exfuncionarios de Duarte salen de prisión; fiscal que los persiguió enfrenta posible juicio político
En los últimos días, y gracias a la obtención de amparos, cuatro exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, procesados por presunto desvío de recursos y desaparición forzada de personas, han salido de la cárcel. Entre ellos el exjefe de la policía de Duarte, Arturo Bermúdez.
El actual mandatario estatal, el morenista Cuitláhuac García, acusó que la actuación de Winckler al armar el caso contra los duartistas ha sido “aberrante”.
García incluso dijo que el gobernador anterior, el panista Miguel Ángel Yunes, con el que Winckler llegó a la Fiscalía, pactó con los duartistas para que pudieran salir de la cárcel.
“Lo advertimos, fue un fiasco y show mediático la ‘recuperación de bienes’, ‘denuncias’ e ‘investigaciones’ contra Duarte y sus ex funcionarios, el gobierno anterior pactó con ellos la negociación de propiedades a cambio de su libertad y bajar las penas. Empieza a salir la verdad”, publicó García en Twitter.
Winckler, por otro lado, señaló que con el cambio de gobierno en Veracruz hubo un cambio de criterios en las instancias judiciales, lo que ha permitido el cambio de las medidas cautelares, y que funcionarios duartistas puedan enfrentar sus procesos en libertad, aunque no hayan sido absueltos.
“A partir del 1 de diciembre, se han abierto las puertas del penal de Pacho Viejo a los duartistas, con el argumento de que los probables responsables de desaparición forzada y del saqueo en Veracruz tienen derecho a seguir sus juicios en libertad”, dijo el fiscal, de acuerdo con Notimex.
“No voy a renunciar a la Fiscalía de Veracruz. Es un tema personal del gobernador Cuitláhuac García, veo que tiene una animadversión. Le hago un llamado para que se acerque a las víctimas”, mencionó Winckler al periodista Ciro Gómez Leyva, en su noticiero de Radio Fórmula.
Con la reforma aprobada, detalló el diario Reforma, Winckler -que había sido designado inicialmente para cumplir un periodo de nueve años en el cargo- podrá ser removido con los votos de las dos terceras partes del Congreso estatal.
En el comunicado donde se informó sobre la reforma al artículo 33 de la Constitución local, también se menciona que el presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, instruyó remitir el dictamen “a los 212 Ayuntamientos de la entidad para su análisis y a fin que en el término legal informen a esta Soberanía, mediante Acta de Cabildo, el sentido de su voto”.

Alertan por llegada a la oficina de la SEP de Luis Maldonado, operador de Moreno Valle

PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones sociales y magisteriales pidieron a Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública, no ratificar el nombramiento de Luis Maldonado Venegas como jefe de la oficina de esa dependencia, al ubicarlo como uno de los principales artífices de la represión social que ejerció el gobierno de Rafael Moreno Valle en esta entidad.
En rueda de prensa, organizaciones como Proyecto Nacional Ciudadano, el Consejo Democrático Magisterial Poblano, Esfera Poblana y académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla señalaron que Maldonado Venegas no responde al perfil humanista que pregona el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Morena no puede cometer estos errores”, expresaron, “no podemos permitir que a la cuarta transformación, lleguen este tipo de personajes”.
Recordaron que en el sexenio morenovallista, en el que se desempeñó como secretario de Educación Pública y luego como general de gobierno, Maldonado Venegas fue un operador de primera línea de la represión contra los maestros y de casos como el de Chalchihuapan, donde murió el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Incluso, recordaron que la frase “piedras de gran calibre” que fue “célebre” en el sexenio morenovallista, fue precisamente expresada por Maldonado Venegas cuando quiso responsabilizar a los pobladores por el asesinato del niño, aunque después se esclareció que fueron los policías los que lanzaron cartuchos de gas contra los pobladores.
Alberto Guerrero Gutiérrez, exsecretario del Sindicato del Colegio de Bachilleres, dijo que el nombramiento de Maldonado Venegas ofende la dignidad de los poblanos por los antecedentes que dejó ese personaje en esta entidad.
“Hacemos un respetuoso, pero sí enérgico llamado al secretario federal de Educación, Esteban Moctezuma, a que no haga ese nombramiento que ofende a los poblanos, que lastima la dignidad de los poblanos, que lastima nuestra lucha democrática.
“No lo consideramos solamente un infiltrado, lo consideramos la presencia efectiva de Moreno Valle en la Secretaría de Educación Pública federal”, agregó al recordar que además esta dependencia federal mudará sus oficinas centrales en esta entidad.
Aseguró que a su paso por la SEP de Puebla, más que dedicarse a elevar el nivel educativo de la entidad, Maldonado Venegas se dedicó a cooptar partidos políticos y afiliar, por la vía de la fuerza, a trabajadores de la educación en los partidos Nueva Alianza y al PRD, como parte del proyecto político de Moreno Valle.
Denunció que fue el exfuncionario morenovallista quien ordenó el ingreso de la policía estatal a los planteles del Colegio de Bachilleres para desarticular el sindicato de maestros de ese nivel educativo a inicios de la administración de Moreno Valle.
“Jamás tuvo respeto con los representantes sindicales del magisterio, nunca los recibió, siempre se dedicó a humillarlos, posteriormente lo nombran Secretario General de Gobierno y su resultado es la muerte del niño Tehuatlie Tamayo, resultado del no respeto, de ningún formato para poder avanzar en negociaciones políticas”, explicó.
Miguel Guerra, del Consejo Democrático Magisterial Poblano, recordó que Maldonado Venegas trató a los maestros críticos como delincuentes.
Guerra y otros 40 directores de escuela fueron cesados a inicios del sexenio morenovallista por oponerse a la aplicación de la prueba Enlace a la que consideraban antipedagógica.
En la rueda de prensa, el maestro recordó que para su cese, el entonces secretario de Educación Pública de Puebla envió a su escuela patrullas y Ministerio Público, así como alrededor de 20 funcionarios de la dependencia.
“Nos trató a los maestros como si fuéramos delincuentes, esto puede ser anecdótico, pero sirve para denunciar la forma de operar de un testaferro de la derecha que no tiene ningún respeto por los maestros, por los niños y las escuelas”, expresó Guerra.
También, refirió que en el tiempo en el que Maldonado Venegas estuvo al frente de la Secretaría General de Gobierno fueron los años en los que más presos y perseguidos políticos hubo en Puebla, al grado que estuvieron en prisión más de 350 entre luchadores sociales, estudiantes y ciudadanos comunes, sólo por el hecho de participar en manifestaciones.
Igual, los representantes de organizaciones acusaron que Maldonado Venegas fue quien estuvo detrás de la elaboración de la llamada “Ley Bala” y de su instrumentación para reprimir grupos de manifestantes.
Ninel Castillo, de la organización ambientalista Esfera, refirió que Maldonado no puede ser considerado como un funcionario menor de la administración de Moreno Valle, sino fue el operador de lo “peor” del sexenio.
“No fue sólo Chalchihuapan, fueron los mototaxistas, los defraudados, muchos que vivieron las consecuencias de la Ley Bala en múltiples movilizaciones”, expresó, “no puede estar un morenovallista mayor, como Maldonado Venegas en un puesto en donde se va a discutir la educación de la cuarta transformación”.
Los representantes de las organizaciones anunciaron que acudirán al Congreso local, al de la Unión y a instancias federales para tratar de que se revierta el nombramiento que anunció el titular de la SEP.

Detienen otra vez a "El Chelelo", presunto líder del Cártel del Golfo

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, presunto líder del Cártel del Golfo en Nuevo León y Tamaulipas, fue detenido en esta capital por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), presuntamente por una infracción de tránsito.
De acuerdo con medios locales, el capo fue capturado en el fraccionamiento Montecristo, cuando pretendió identificarse con documentación apócrifa ante los oficiales que lo retuvieron por quebrantar las leyes de vialidad.
Esta sería la tercera vez que El Chelelo es detenido. La primera en 2007, en la capital del país, y fue liberado después de cumplir una condena de ocho años de prisión. En 2016 fue recapturado en Tamaulipas. En aquella ocasión se le imputaron nexos con Los Zetas.
Tras su arresto, Medina Rojas fue trasladado las instalaciones de la Décima Región Militar.
Hasta esta noche las autoridades yucatecas no habían confirmado ni desmentido oficialmente la información.

Ratifican por unanimidad a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Senado de la República aprobó por 104 votos a favor y ninguno en contra el nombramiento de Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, responsable de conducir la política exterior mexicana, proteger los derechos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y promover el comercio, turismo y la cultura del país.
El exjefe de Gobierno capitalino de 2006 a 2012 tomó protesta esta esta misma tarde al cargo y recibió felicitaciones de todas las bancadas del Senado, en una de las más sorprendentes muestras de apoyo a quien hasta hace unos seis años tuvo que salir del país tras la persecución del gobierno de Miguel Ángel Mancera, su excolaborador.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, felicita a Marcelo Ebrard. Foto: Octavio Gómez

Es la primera vez que un secretario de Relaciones Exteriores toma protesta como canciller en el Senado de la República, ya que es resultado de la última reforma política.
La premura para ratificar su cargo se debió a que el viernes 7 de diciembre, Marcelo Ebrard tendrá que asistir a la reunión internacional sobre migración que se llevará a cabo en Marruecos, informó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este jueves la solicitud para ratificar el nombramiento de Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública. Este nombramiento se turnó a la Comisión de Gobernación, pero Morena rechazó que pasara también a la Comisión Anticorrupción, como propusieron el PRI y el PAN.

El Senado aprueba ocho delitos con prisión preventiva, incluido el feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 91 votos a favor, el Senado aprobó modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa.
Se incluyeron ocho delitos, como abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
La ampliación del catálogo también contempla aquellos delitos en materia de armas de fuego y explosivo de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y también el robo a casa habitación y el feminicidio.
A petición del pleno, se incorporaron los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la Seguridad de la Nación y el libre desarrollo de la personalidad o de la salud.
Fue modificado el segundo transitorio para que, en un lapso de 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión realice las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos correspondientes.
También se agregó un tercero transitorio para que los delitos en materia de corrupción, como enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de las funciones públicas, entren en vigor a partir del nombramiento del próximo titular de la Fiscalía General de la República.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima afirmó que la inclusión de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa responde a una “mayoritaria demanda social” frente a la sensación generalizada de injusticia e inseguridad.
“No es una acción automática, ilimitada y fuera de las reglas del proceso penal”, sentenció Cruz Álvarez Lima. La duración de la prisión preventiva no excederá los dos años, y si en ese plazo no se dicta sentencia, el inculpado será puesto en libertad.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Ana Lilia Rivera justificó la introducción de estos nuevos delitos en el artículo 19 constitucional, debido al grave daño que ocasionan a la sociedad, así como por el incremento significativo de la impunidad para castigarlos.
A petición de la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Martha Lucía Micher, de Morena, se incorporó el delito de feminicidio en la reforma para ampliar el catálogo de aquellos que sean objeto de prisión preventiva oficiosa.
Senadores de Morena, PT, PRI, PRD y PAN apoyaron la reforma, frente a las críticas y cuestionamientos de Movimiento Ciudadano y del senador independiente Emilio Álvarez Icaza, que consideró “regresivas” las modificaciones.
A nombre de Morena, la senadora Lucía Trasviña consideró como un “gran paso” introducir estos delitos para lograr que la supremacía constitucional prevalezca y sea el criterio para la toma de decisiones de los jueces.
A su vez, la panista María Guadalupe Murguía reconoció que la prisión preventiva es un tema polémico en materia de respeto a los derechos humanos, pero afirmó que no se puede desconocer la grave situación de inseguridad en el país. Propuso que esta reforma sea transitoria y después de cinco años se evalúe para determinar su continuidad.
Por la bancada del PRI, Sylvana Beltrones indicó que la evidencia demostró que otras medidas de carácter cautelar han sido ineficaces, por lo que esta reforma es la respuesta que el Congreso da a las exigencias de millones de mexicanos que hoy se encuentran en indefensión.
Tras una extensa e intensa discusión, la reforma constitucional quedó aprobada en lo particular por 88 votos a favor y 16 en contra.

¿Quiere castigar a un Estado? Sólo diga que es “terrorista”

Las nuevas sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán, Rusia y Siria se agregan a las ya adoptadas antes contra esos mismos países. Este conjunto constituye ahora el embargo más duro de la historia. Esas sanciones están organizadas de manera totalmente ilegal a la luz de la Carta de las Naciones Unidos. En realidad son armas de guerra concebidas para matar.

Cuando viajó a Moscú, el 8 de noviembre, el embajador estadounidense James Jeffrey tenía como misión explicar la preocupación de Estados Unidos ante la expansión de la influencia iraní en el mundo árabe (Arabia Saudita, Bahréin, Irak, Líbano, Siria y Yemen). En adelante, Washington prefiere plantear esta cuestión en términos geoestratégicos en vez de religiosos (antes aludía a la oposición entre chitas y sunnitas), precisamente ahora que Teherán organiza su defensa nacional alrededor de los puestos avanzados chiitas árabes.
Moscú concibió entonces la idea de negociar por Teherán una flexibilización de las sanciones unilaterales estadounidenses a cambio de una retirada militar iraní del escenario sirio. El presidente ruso Vladimir Putin confirmó su propuesta, no sólo a su homólogo estadounidense, sino también al primer ministro israelí, en ocasión de la estancia de los tres en París, durante la conmemoración del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre.
El presidente de la Federación Rusa trató de convencer a sus interlocutores occidentales de que era preferible que Rusia se quedara sola en Siria, en vez de tener allí un tándem irano-ruso. Pero no podía afirmar que Irán tiene suficiente autoridad sobre el Hezbollah libanés –como afirman Washington y Tel Aviv– como para ordenar a esa formación de la resistencia libanesa retirarse también de Siria.
Por toda respuesta, Washington anunció, 9 días después, el onceno tren de sanciones unilaterales que adopta contra Rusia desde agosto de este año. Estas nuevas sanciones vinieron acompañadas de un discurso ridículo donde se afirma que Rusia e Irán organizaron en conjunto un tráfico para mantener en el poder al presidente sirio Bashar al-Assad y hacer posible el control persa sobre el mundo árabe.
Esa retórica, que todos creían definitivamente abandonada, presenta a 3 países –la Federación Rusa, la República Árabe Siria y la República Islámica de Irán– como máquinas al servicio de 3 personas –Vladimir Putin, Bashar al-Assad y Alí Khamenei-, unidos los tres por un mismo odio contra sus pueblos respectivos. Se ignora olímpicamente el masivo apoyo popular que esos tres líderes tienen en sus países, precisamente en momentos en que Estados Unidos se ve cada vez más profundamente dividido como país.

No vamos a detenernos en la absurda afirmación que pretende hacernos creer que Rusia contribuye a la conquista del mundo árabe por los persas.
Según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, quien anunció las nuevas sanciones unilaterales estadounidenses el 20 de noviembre, esas medidas son sólo la parte económica de la guerra ya iniciada, pero castigan las atrocidades de esos tres regímenes.
No es casual que esas sanciones lleguen precisamente en este momento. Está comenzando el invierno y esas sanciones apuntan al aprovisionamiento del pueblo sirio en petróleo refinado, necesario para la producción de electricidad y para calentar las casas.
Está de más recordar aquí que los tres países objeto de esas nuevas sanciones niegan haber cometido las atrocidades que se les atribuyen, mientras que Estados Unidos proclama actualmente la continuación de la guerra que inició en Afganistán, en Libia y en Siria.
Las nuevas sanciones estadounidenses no cuentan con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que fueron adoptadas única y exclusivamente por decisión de Estados Unidos. No son sanciones legales a la luz del derecho internacional, porque –para hacerlas realmente letales– Washington está tratando de obligar a otros Estados a asociarse a ellas, lo cual constituye una amenaza contra los países que son objeto de esas sanciones y, por ende, una violación de la Carta de las Naciones Unidas.
Está de más precisar aquí que Estados Unidos tiene el derecho soberano de negarse a comerciar con quién le parezca. Pero no tiene derecho a ejercer presión sobre terceros países para perjudicar a las naciones que no le agradan.
El Pentágono afirmaba en el pasado que maltratando a una nación podía lograrse que el pueblo derrocara a sus gobernantes. Ese argumento sirvió de justificación teórica tanto al bombardeo que devastó la ciudad alemana de Dresde –durante la Segunda Guerra Mundial– como al interminable bloqueo económico contra Cuba, durante la guerra fría. Sin embargo, en 75 años nunca, absolutamente nunca se ha logrado justificar esa teoría con hechos. Actualmente, el Pentágono ve la adopción de sanciones contra una nación exactamente como un arma. Los embargos están concebidos, a sabiendas, para matar civiles.
El conjunto de disposiciones instauradas contra Irán, Rusia y Siria constituye el más importante sistema de asedio de toda la Historia [1]. Es evidente que no son medidas económicas, sino una acción militar aplicada en el ámbito económico. Con el tiempo, esas sanciones dividirán de nuevo el mundo en dos partes, como en la época de la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS.
El secretario del Tesoro Mnuchin insistió mucho en el hecho que estas sanciones apuntan ante todo a interrumpir la venta de hidrocarburos, o sea a privar a esos países –en principio exportadores de petróleo– de su principal fuente de financiamiento.
Veamos el mecanismo que describió Steven Mnuchin: “Siria no puede refinar su petróleo desde que sus refinerías fueron destruidas por el Emirato Islámico (Daesh) y por los bombardeos de la coalición internacional (encabezada por Estados Unidos y creada supuestamente para luchar contra Daesh).
“Hace 4 años que Irán aprovisiona Siria con petróleo refinado, violando así las sanciones unilaterales estadounidenses adoptadas anteriormente. Ese petróleo llega a Siria a través de compañías occidentales que trabajan para la empresa pública rusa Promsyrioimport. Esta última es remunerada por la compañía privada siria Global Vision Group, que a su vez cuenta con apoyo financiero de la empresa iraní Tabir Kish Medical and Pharmaceutical.
“Finalmente, Global Vision Group entrega parte de los fondos que recibe de Irán al Hezbollah libanés y al Hamas”.

Todo lo anterior es puro cuento:
La coalición internacional tiene como objetivo (al menos oficialmente) luchar contra Daesh. Sin embargo, numerosos testimonios recogidos durante los 4 últimos años, denuncian que la coalición internacional bombardeaba a los yihadistas de Daesh sólo cuando salían de la región que el Pentágono les había asignado (conforme al mapa publicado por la periodista Robin Wright). Pero les lanzaba alijos de armas en paracaídas para que pudieran conservar el control de la región a ellos asignada. En definitiva, los yihadistas y la coalición internacional proestadounidense (encabezada por Estados Unidos) se dedicaron juntos a destruir las refinerías sirias.
¿Para qué implicar al gobierno ruso en el transporte de un petróleo proveniente de las refinerías iraníes hacia los puertos sirios?
¿Por qué tendría Irán que pasar por Siria para enviar dinero al Hezbollah libanés y al Hamas?
¿Por qué facilitaría Siria la entrega de fondos iraníes al Hamas, organización palestina cuyos dirigentes son miembros de la Hermandad Musulmana y que además le está haciendo la guerra?
El secretario del Tesoro Steven Mnuchin ni siquiera se toma el trabajo de explicar mucho. Para él todo es muy simple: Siria es criminal, Rusia es su cómplice, mientras que Irán, el Hezbollah y el Hamas son todos “terroristas”. Eso es lo importante. La palabra terrorista pone fin a toda discusión o reflexión.
Hay un proverbio francés que sentencia: Quien quiere matar a su perro, dice que tiene rabia. Así que no podemos esperar que haya lógica en la respuesta del secretario del Tesoro de Estados Unidos a la propuesta de mediación del presidente Putin.
Estados Unidos está retirando poco a poco sus tropas de los conflictos en los que estaban implicadas. Y las sustituyen con mercenarios reclutados localmente (los yihadistas) y con la adopción de sanciones económicas, la versión moderna del asedio medieval.
Nota
[1] En la Edad Media, la cristiandad admitía las guerras entre los ejércitos de los soberanos católicos pero condenaba la realización deliberada de acciones militares contra los civiles. En el siglo XIII, la iglesia católica condenó todos los asedios cuando estos afectaban también a la población. La Santa Sede sigue observando esta ética hasta nuestros días. Por ejemplo, el papa Juan Pablo II se opuso a Estados Unidos cuando ese país adoptó sanciones económicas contra Irak, en tiempos de Saddam Hussein. Pero hoy en día, el papa Francisco se mantiene silencioso sobre esa cuestión.
Thierry Meyssan/Red Voltaire

jueves, 6 de diciembre de 2018

Noticias de hoy dic 06 (33)

Noticias de hoy
dic 06 (33)

Justicia para Ayotzinapa

Instaurar la justicia en el país será un proceso complejo que requiere de la voluntad política y social, conjugar las acciones a favor del esclarecimiento de lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, requerirá romper con las estructuras de corrupción que han obstruido los procesos de investigación en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa y de las tres personas asesinadas en esos mismos hechos, sanar las heridas nacionales es un requisito para poder hablar de una nueva etapa en la sociedad mexicana.
La firma del Decreto para la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa es un paso necesario de reconocer, la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que todas las instituciones relacionadas se pongan a disposición de la verdad, es una muestra de esa voluntad política necesaria, tendremos todos en la sociedad que vigilar los procesos que se instauren, las medidas que se tomen y sobre todo que realmente los actos que se efectúen estén dirigidos al esclarecimiento de lo sucedido, el Crimen de Estado debe ser juzgado y los culpables deben pagar por su participación en las desapariciones forzadas y en la criminalización que han padecido los estudiantes normalistas y sus familiares, es necesario dar fin a la violencia sistémica que desde los años sesenta se aplica e impone sobre los movimientos sociales, los activistas y demás ciudadanos conscientes que levantan la voz para exigir mejores condiciones de vida, establecer la justicia en Ayotzinapa sería un gran paso para frenar la guerra sucia que hasta hoy a ejercido el poder en México.
La investigación tendrá que retomar el rumbo, deshacer las trampas puestas por quienes estuvieron antes a cargo, pues mucha información fue ocultada, manipulada, eliminada o falseada, para que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, pudiera dar a conocer su “verdad histórica”, misma que se derrumbo a los pocos minutos de que fuera anunciada, el cinismo acostumbrado del poder ha generado la desconfianza con que la sociedad observa los resultados ofrecidos hasta la fecha, pero sobre todo, generó el incremento del dolor con que los familiares ven esos procesos de investigación sobre sus hijos, pues los estudiantes de Ayotzinapa han sido negados de muchas maneras por el poder. Si hay voluntad real de escalecer los hechos se manifestará en la forma en que se vayan realizando los peritajes y averiguaciones, la manera en que se informe a la sociedad sobre los avances y el trato que reciban los familiares, aún hay mucho escepticismo a pesar de la firma del decreto y es normal por lo instituido de la corrupción en los sistemas de justicia y por la constante impunidad que ha gobernado durante años en el país.
La sociedad debe jugar su papel exigiendo transparencia y veracidad, haciendo del tema un diálogo entre las partes, las manifestaciones de repudio al crimen y a sus perpetradores continuaran hasta que la justicia se establezca, la solidaridad con los familiares de los desaparecidos es una constante muestra de humanidad, México en su conjunto fue cimbrado en lo más profundo por el crimen de Estado, resarcir ese daño transitará por el cumplimiento de las demandas sociales, hacer de la justicia un hecho palpable y no sólo un derecho alienado de la vida cotidiana.
La justicia no vendrá del cielo ni por bondad, los reclamos sociales han logrado que se firmara el Decreto para la Verdad de Ayotzinapa, el hecho de que miles y miles de mexicanos se expresaran y el apoyo recibido desde diferentes puntos del mundo, pusieron el tema como prioritario en la agenda política del nuevo gobierno, esas mismas voces multiplicadas encarnarán el interés y la permanente demanda humana de que al fin se pueda hablar de justicia en México. La verdad no es un acto que baje desde la pirámide vertical del poder, es la expresión de la voluntad social organizada de manera horizontal para dar luz a esta noche espesa y sombría que ha significado la desaparición de los estudiantes normalistas.
Ayotzinapa es dolor, desesperanza, rabia, desconfianza y muestra de la violencia de Estado, con la firma del Decreto por la Verdad puede lograrse cambiar esos significados, estableciendo la esperanza en que la verdad aflore y la justicia se establezca, pero para ello, sigue siendo necesaria la participación consciente de los oprimidos reclamando el respeto a sus derechos, el fin de la violencia sistémica y un nuevo orden social más equitativo y justo.
¡JUSTICIA PARA AYOTZINAPA!
Cristóbal León Campos es integrante del Colectivo Disyuntivas
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La esperanza nunca muere

México, país rico en recursos naturales y de cultura antiquísima, del cual el General Porfirio Díaz dijo: “¡Pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, tiene un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien a partir de su posesión debe profundizar la democracia para que haya elecciones realmente libres, que permitan escoger funcionarios que representen al pueblo y no, como hasta ahora, a los oligarcas; renovar la sociedad mejicana, actualizando su sistema educativo de manera que las personas mejor dotadas desarrollen al máximo sus facultades intelectuales; combatir la pobreza que agobia al 38% de los mejicanos, priorizando la solidaridad humana basada en principios universales; combatir la corrupción, lo que requiere de una revolución espiritual que permita recuperar la ética en la política, tarea nada fácil, pues en México la corrupción se ha institucionalizado en todos los recovecos del poder público y privado; recuperar para el Estado el sector estratégico, especialmente de las áreas energéticas, de manera que se incremente la generación de empleo; erradicar la violencia iniciando un proceso de reconciliación nacional, pues desde que en gobiernos anteriores se inició la ofensiva militarizada contra el narcotráfico, en México se asesina a un mejicano cada 25 minutos y hay cerca de 40.000 desaparecidos; apoyar a los pueblos indígenas para que mejoren sus condiciones económicas y sociales, respetando el medio ambiente; afianzar a los sectores productivos, especialmente los rurales, que fueron abandonados luego firmar onerosos tratados internacionales; reabrir el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, formando una Comisión de la Verdad que conozca y analice los informes emitidos por distintas organizaciones de derechos humanos, para castigar a los responsables de este crimen, independientemente del poder que tengan; iniciar en lo internacional una política en la que México, por respetar la soberanía de toda nación del mundo, reafirme que justiprecia la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados.
La tarea es titánica, pero López Obrador es la persona que conoce a “la mafia que se adueñó de México” y sabe cómo combatirla. Comprende que lo sucedido en su país ha servido para “recomponer el viejo régimen y continuar con la misma corrupción”, que es el “gatopardismo, una maniobra en que, en apariencia, todo cambia para que todo siga igual.” Se pregunta qué se debe hacer con la mafia, y responde: “nuestra concepción de que el principal problema de México es, precisamente, el predominio de un puñado de personas que detentan el poder y son los responsables de la actual tragedia nacional. Y, como es obvio, si estamos empeñados en establecer la democracia y transformar al país, es mejor que desde ahora se sepa qué haríamos con los oligarcas al triunfo de nuestra causa.”
Para él, la oligarquía, la mafia del poder, echó abajo “lo poco que se había construido para establecer la democracia en México... El tiempo y la realidad han demostrado que el fraude causó un daño inmenso: lastimó los sentimientos de millones de mexicanos, socavó a las instituciones, envileció por entero a la llamada sociedad política... Es necesario cambiar la forma de hacer política. Este noble oficio se ha pervertido por completo. Hoy la política es sinónimo de engaño, arreglos cupulares y corrupción. Los legisladores, líderes y funcionarios públicos están alejados de los sentimientos del pueblo; sigue prevaleciendo la idea de que la política es cosa de los políticos y no asunto de todos” y propone una “transformación que no sólo debe tener como propósito alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el bienestar, sino, y sobre todo, cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad; añadiendo valores como el de la tolerancia, el respeto a la diversidad y la protección al medio ambiente. Está en marcha, pues, la revolución de las conciencias para construir la nueva República. La tarea es sublime, nada en el terreno de lo público puede ser más importante que lograr el renacimiento de México. Ninguna otra actividad produce más satisfacción que la de luchar en bien de otros. Es un timbre de orgullo vivir con arrojo y además tener la dicha de hacer historia.”
Sabe que se ha “entregando los bienes del pueblo y de la nación a particulares, nacionales y extranjeros”, que hoy como nunca “casi todas las instituciones bancarias pertenecen a extranjeros, no otorgan créditos para fomentar el desarrollo del país, invierten en valores gubernamentales, cobran las tasas de interés más altas del mundo, obtienen ganancias fabulosas y son fuente fundamental de traslado de recursos a sus matrices en España, Estados Unidos e Inglaterra”, sabe que la corrupción está tan oficializada en la cúpula del poder, “que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública resolvió mantener en secreto por 12 años -hasta 2019- los nombres de las empresas que en 2005 resultaron beneficiadas por el Servicio de Administración Tributaria con la devolución multimillonaria de impuestos.” No habla de memoria sino porque “durante el tiempo que fui Jefe de Gobierno de la ciudad de México (2000-2005), conocí a casi todos los integrantes de esta élite.”
Está consciente de que la pobreza de México se da porque “los tecnócratas han actuado como fundamentalistas. No sólo acataron la ortodoxia de los organismos financieros internacionales, sino que convirtieron en ideología sus recomendaciones”, y así como el pez por su boca muere, todavía recuerda “que Pedro Aspe, secretario de Hacienda en el gobierno de Salinas, se ufanaba diciendo que no tenía importancia el fomento de las actividades productivas del sector agropecuario porque en un mundo globalizado era más económico comprar en el extranjero lo que consumimos”, por lo que, “el conjunto de políticas neoliberales aplicadas al campo ha originado un grave rezago productivo del sector agropecuario en relación con el crecimiento de la población.” De ahí que se haga “indispensable eliminar la actual política económica que ni en términos cuantitativos ha dado resultado. México es uno de los países del mundo que menos ha crecido en los últimos años.”
Sabe que “a partir de la adopción de la política neoliberal, se vinculó estrechamente al sector energético con los intereses externos. En este período se alejó más la posibilidad de integrarlo y utilizarlo como palanca de desarrollo nacional, y todos los gobiernos neoliberales han mantenido la idea y el propósito de privatizar tanto la industria eléctrica como la industria petrolera.” Por lo que no aceptará “ninguna ocupación a nuestro territorio. México debe seguir siendo un país libre, independiente y soberano. No queremos convertirnos en colonia” y recuerda lo que una vez dijo el General Lázaro Cárdenas del Río: “Gobierno o individuo que entrega los recursos nacionales a empresas extranjeras traiciona a la Patria”, pese a lo cual “en estos tiempos, desgraciadamente, puede más la corrupción que el patriotismo.” Recuerda que “uno de los negocios más jugosos en beneficio de funcionarios y contratistas ha sido la compra de gas a empresas extranjeras. Por esta razón, a los tecnócratas nunca les ha importado realmente ni extraer el gas ni evitar que se desperdicie. México es el país petrolero que más gas quema a la atmósfera.”
Sobre la educación también está claro, sabe que “a pesar del esfuerzo de alumnos y maestros, es notable el rezago. Las escuelas están abandonadas, con techos en malas condiciones, faltan pizarrones, mesa-bancos, hay aulas construidas con materiales precarios. Y lo más lamentable es que muchos niños caminen hasta dos horas para asistir a la escuela y casi todos lleguen sin desayunar. En México, sólo el 20% de los jóvenes tienen acceso a la educación superior. La UNESCO ha establecido como parámetro de referencia para este nivel, entre 40 y 50 por ciento.”
Comprende que en materia de salud lo común es el abandono, que “hay municipios sin médico y aunque en las cabeceras haya clínicas de primer nivel, los médicos sólo trabajan de lunes a viernes y en todas partes se carece de medicamentos.”
Sobre la pobreza, López Obrador conoce que incluso los que trabajan “tienen salarios que no les alcanza ni siquiera para lo más indispensable... perciben ingresos que no les permiten adquirir una canasta alimentaria recomendable, considerando aspectos nutritivos, culturales y económicos.”
López Obrador, por entenderlos con profundidad, es la persona idónea para comandar la solución de un inmenso complejo de problemas. Si lo apoya un pueblo organizado, es factible que en México se inicie un proceso revolucionario, que será ejemplar para nuestra América y el resto del mundo.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Transformación y transformismo

Andrés Manuel López Obrador inicia su gobierno con la confianza popular pero en un clima político regional dominado por el auge de nuevas derechas. Con una coalición de gobierno diversa y contradictoria, se propone realizar la «cuarta transformación» de México. Su discurso, que agita a las masas y tiene carácter plebeyo, anuncia políticas que podrían desandar el camino del neoliberalismo. Sin embargo, sus propuestas son menos ambiciosas de lo que podría parecer. La coyuntura global no es económicamente favorable y las expectativas son muchas, quizás demasiadas.
La «cuarta transformación» anunciada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inicia su curso ahora que, a cinco meses de su contundente victoria electoral, el líder tabasqueño se colocó la banda presidencial en una secuencia ceremonial minuciosamente orquestada para reflejar la historicidad del momento: el discurso programático con acentos moralizadores y antineoliberales en el recinto parlamentario, el ritual indígena de purificación y la entrega del bastón de mando y, como culminación, la arenga a la multitud reunida en el Zócalo capitalino, donde enlistó solemnemente, uno por uno, sus 100 compromisos de gobierno.
Como quedó de manifiesto en la jornada de asunción, AMLO encarna e instala deliberadamente un cambio de clima político en un país hundido en una crisis societal generada por tres décadas de ininterrumpidas políticas neoliberales y agravada por la sangrienta descomposición de los últimos 12 años de desborde de la violencia criminal y política. En este contexto, el liderazgo de AMLO genera esperanzas, expectativas e inclusive cierta mística del cambio en fracciones importantes de las clases subalternas. Alcanzó 30 millones de votos no solo porque se movió pragmáticamente hacia el centro y por las debilidades de sus adversarios políticos (el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática), sino también porque consiguió una representación por identificación nacional-popular y no por distinción o delegación tecnocrática, como era propio de la democracia neoliberal. En efecto, el pueblo «raso», la «gente», se reconoce y confía en AMLO porque es honesto y austero, porque habla un lenguaje llano y coloquial, porque desprecia los oropeles del poder. Justamente por ello y por sus orígenes plebeyos es despreciado por la oligarquía clasista y racista. A este pueblo se le dedica una serie de gestos de gran simbolismo e impacto político, como por ejemplo la conversión de la residencia presidencial de Los Pinos en museo, la venta del avión presidencial, la renuncia a la protección del Estado Mayor y la disminución de salarios y prebendas presidenciales y de los altos funcionarios públicos. Pero pesan en esta dirección también muchas promesas enumeradas en la Plaza de la Constitución que giran en torno de algunos ejes fundamentales: la cruzada contra la corrupción, el fin del neoliberalismo, el rescate de la soberanía energética y alimentaria, la extensión de becas y subsidios, el aumento de los bajos salarios y las oportunidades educativas y laborales, el respeto por la naturaleza.
«Primero los pobres, por el bien de todos», reza el lema que acompaña a AMLO desde 2006. Sobre esa consigna insistió en ambos discursos de toma de posesión. En ambos sentidos, entre los pobres y todos, los límites de la «cuarta transformación» están marcados por el perímetro de la tradición desarrollista, el restablecimiento del papel interventor y redistributivo del Estado en un esquema en el cual no dejan de ser fundamentales la iniciativa privada y la inversión extranjera. A estos guardianes de la dinámica capitalista se les garantizó expresamente que el cambio se realizaría en plena continuidad y asegurando ganancias crecientes, como quedó inscrito y sancionado en la letra chica del programa y en la composición de la alianza y del gobierno, así como en las declaraciones del nuevo presidente y de sus principales ministros y colaboradores.
Más que en otros experimentos progresistas latinoamericanos, en el caso mexicano son evidentes las obstáculos para el pasaje a una etapa posneoliberal ya que, al margen de las intenciones, pesa el carácter tardío, en una coyuntura que, como lo admitió el mismo AMLO, no es económicamente favorable ya que «el país está en quiebra». A ello se suma un contexto político regional en el que tanto al Norte como al Sur soplan vientos de derecha. El proceso es tardío también en la medida en que la llegada al gobierno no corresponde a un ciclo de movilización antineoliberal como en el primer quinquenio de 2000, sino a un mero repudio generalizado hacia las elites partidarias gobernantes, al cual solo eventual y puntualmente corresponden dinámicas de protesta y de organización social. En este contexto, y no solo por cálculo electoral, se entiende que la composición del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y, más aún, la coalición que sostuvo la candidatura de AMLO y que hoy conforma su gobierno, tengan un carácter de corte moderado y sustancialmente conservador. En Morena, lo nacional-popular y lo plebeyo quedaron vaciados de sus contenidos izquierdistas en los planos programático, ideológico y, en particular, organizacional, ya que se trata de un partido que tiende a regirse por una lógica vertical acorde con una cultura caudillista-presidencialista y se estructura como aparato electoral, conforme a los tiempos y las razones de su surgimiento alrededor de la candidatura de AMLO en 2012 y su inmediato y casi exclusivo vuelco hacia la ocupación de espacios en las instituciones públicas. Al mismo tiempo, en la conformación del equipo de gobierno, se impusieron el pragmatismo y la moderación al repartir cuotas entre aliados, grupos políticos o personalidades que representan o simplemente ofrecen garantías a sectores empresariales y otros poderes fácticos.
Aun en estas circunstancias, se podría argumentar que, como ocurrió en otras latitudes, es relativa y aparentemente fácil tener un mejor desempeño que los anteriores gobiernos «oligárquicos-neoliberales-corruptos», sobre cuyas miserias AMLO insistió, haciendo un implícito guiño a su trayectoria política personal desde finales de la década de 1980. Al mismo tiempo, la retórica rimbombante sobre el alcance histórico de la «cuarta transformación» y las promesas tanto generales como particulares que incluye colocan las expectativas en un nivel tan exorbitante que difícilmente se podrá contener en el marco de un ejercicio simplemente comparativo. Botón de muestra de un desborde de la esperanza son las 27.500 peticiones recibidas en la Casa de Campaña de AMLO en los meses posteriores a la elección. Al margen de las peticiones particulares, más que en contra del neoliberalismo, el voto de confianza a AMLO se fincó en la esperanza de que atienda los problemas socialmente transversales de la corrupción y de la inseguridad, identificados con los gobiernos anteriores y los partidos que los encabezaron. En ambos rubros, las medidas anunciadas son de compromiso y sus alcances, inciertos. La lucha contra la corrupción no será retroactiva y, por lo tanto, se basa en la simple amenaza de futuras sanciones legales. Por su parte, el combate contra el crimen organizado está supeditado a que surta un rápido efecto la prevención, es decir la política social, mientras que en términos represivos se mantendrá un esquema similar al actual, con su ineficacia relativa, en tanto se creará una Guardia Nacional militarizada que sustituirá al Ejército y la Marina en la tarea. A estos se agregan otros temas delicados que se han ido instalando en estos cinco meses de transición y marcan la agenda inmediata: el del aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y las consultas correspondientes, la iniciativa de limitar los cobros excesivos de los bancos, la derogación de la reforma educativa, la democratización sindical, etc.
No está dicho, por lo demás, que aquellas fracciones de las clases dominantes que están dando el beneficio de la duda a AMLO no se lo retiren rápidamente y que las otras fracciones, así como las oposiciones priístas, panistas y perredistas y los intereses legales e ilegales que representan, se queden por mucho tiempo de brazos cruzados.
Por ello, AMLO aprovecha el momento favorable para impulsar su apuesta hegemónica, de creación de consenso interclasista, tanto en relación con sus aliados como con sus adversarios. Esto bien puede expresarse en un equilibrio entre transformación y transformismo, un equilibrio que evoca otras experiencias históricas y la antigua tradición de la cultura política priísta, que no dejó de expandirse y reproducirse en las oposiciones de izquierda y de derecha que la rodearon. En efecto, cada una de las tres transformaciones históricas a las cuales hace alusión AMLO como antecedentes de la que pretende impulsar –independencia, reforma y revolución– tuvo su dosis de transformismo, es decir de reacomodo conservador, fincado en particular, como lo señalaba Antonio Gramsci, en el drenaje de los grupos dirigentes de las clases subalternas, en su inserción en el aparato estatal como paso previo a su absorción en el campo de la conservación, en calidad de operadores de las reformas necesarias y estrictamente suficientes para garantizar la continuidad sustancial de las relaciones de dominación y de explotación. En México, las reformas –incluidas las que derivaron de una revolución social– pasaron por el tamiz de formas ambiguas y contradictorias de reajuste político que han sido caracterizadas como bonapartistas, populistas o de revolución pasiva. Esto tanto en las primeras tres décadas del siglo XX como en los años 60 y 70, cuando el empuje desde abajo y la modificación de la correlación de fuerzas se hicieron sentir de forma mucho más nítida que en la actual coyuntura. En este sentido, al margen de la cuestión de la tensión entre autoritarismo y democracia –que merece un tratamiento específico y no deja de ser una cuestión que tensa el discurso y la práctica del obradorismo–, no se puede dejar de advertir y señalar una línea programática de fondo: es, evidentemente, el reformismo desarrollista nacional-popular que une al Partido Nacional Revolucionario (PNR) de la década de 1930, a la izquierda del PRI que se extendió entre finales de la década de 1950 hasta los años 70, al PRD de la década de 1990 y al Morena de nuestros días.
En conclusión, en medio de recurrencias y ambiciones históricas, la dinámica del naciente gobierno encabezado por AMLO parece instalarse en el equilibrio precario entre tendencias progresivas y regresivas, entre transformación y transformismo.
Fuente: http://nuso.org/articulo/transformacion-y-transformismo/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

AMLO el equilibrista

En sus tres días iniciales como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), condensó con numerosas acciones contradictorias la duplicidad de la personalidad política que lo caracteriza. En las alocuciones de las ceremonias de iniciación de su gobierno del 1° de diciembre al anunciar la creación de una Guardia Nacional dependiente del ejército con el objetivo de garantizar la seguridad interna, se refirió a las críticas para “disipar las dudas que estas medidas tienen un carácter autoritario” y no escatimó elogios a las Fuerzas Armadas, “a los generales y almirantes del ejército y la marina quienes no forman parte de la oligarquía”, “leales y patriotas nacionalistas, ajenos a hegemonías extranjeras”. Y dos días después, en el Palacio Nacional, al presentarle a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa la comisión de la verdad que investigara a fondo su paradero al ya ser evidente la total carencia de veracidad de la supuesta incineración de los cadáveres sostenida por la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto, se comprometió solemnemente ante ellos de que no habrá impunidad, que todas las instituciones gubernamentales deberán colaborar con la tal comisión para que no quede impune ese crimen, ni vuelvan a repetirse jamás tales atrocidades.
¿Cómo será posible llegar a fondo en el caso de los 43 de Ayotzinapa sin investigar la participación y complicidad de los militares de la zona militar localizada en Iguala? ¿Los altos mandos militares, responsables de crímenes de Estado como la masacre de Tlatelolco y de tantas atrocidades represivas más, casta intocable y privilegiada no es una integrante fundamental de la oligarquía gobernante? Estamos aquí ante una distorsión completa de la realidad y una contradicción flagrante.
AMLO presidente. Esta frase rescata breve pero contundentemente la situación política del país. Una situación en la que se anudan procesos políticos y sociales diversos que, precisamente en estos días del inicio de su gobierno se han expresado con meridiana claridad. Masas populares que lo arropan como no se había visto en décadas que sucedía con los presidentes del PRI y el PAN. Más de 160 mil personas se reunieron en el mitin del Zócalo para oír el discurso después de su toma de posesión en la Cámara de Diputados. Allí reiteró sus promesas: aumento de las pensiones, creación de 100 universidades, obras públicas grandiosas, recuperación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, un sistema de salud como el de los países nórdicos, amnistía a presos políticos víctimas de abusos caciquiles, austeridad gubernamental, no más endeudamiento público y, por supuesto, la investigación a fondo de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Insistió en que “recibo un país en quiebra como resultado del desastre que fue el modelo neoliberal”. Se sinceró ante sus multitudinarias bases de apoyo prometiéndoles “la definitiva separación del poder político y del poder económico”. Finalmente insistió que “no me dejen solo; sin ustedes valgo casi nada” Pero allí también escenificó un acto teatral grotesco con un grupo impostor de indígenas que le cedieron un falaz ”bastón de mando”.
Estamos claramente ante una situación nueva. Y es precisamente la posición de AMLO la que con mayor fuerza proyecta esa situación dual, transitoria, hasta cierto punto equívoca, producto del terremoto electoral del 1° de julio pasado. Nada de lo que está sucediendo en estos días se explica sin los 32 millones de votos que recibió AMLO y su partido Morena. Un verdadero tsunami electoral, a su vez expresión de una muy peculiar rebelión cívica popular que impidió el fraude electoral y que nadie previó antes de ese día. Ni el mismo AMLO, para no hablar de sus opositores e incluso muchos observadores independientes.
Los resultados están frente a nosotros: el sistema tradicional de los partidos burgueses mexicanos (PRI, PAN, PRD principalmente) destruido; surgimiento de un poderoso caudillo con una organización propia; nuevos agentes del poder (los 32 delegados estatales y los 266 regionales de la Administración Pública Federal); nuevo patrón ideológico que no subordina al estado al mercado; amplio apoyo popular del nuevo gobierno.
AMLO se encuentra así sometido a dos fuerzas fundamentales que sintéticamente consideradas son: la fuerza de las estructuras estatales burguesas y el impulso masivo popular todavía mal conformado pero claramente existente, que busca solución a los profundos problemas que mantienen a las masas trabajadoras y explotadas en las duras y precarias condiciones actuales. El choque de estos dos procesos, el sistémico y el popular ha tenido profundas consecuencias que no se superaran rápida y fácilmente. AMLO, como lo demostró durante los meses en que fue presidente-electo, estará siempre buscando el equilibrio entre ambas presiones. Su gobierno hará lo mismo, sin atentar jamás contra los cimientos mismos del sistema socioeconómico imperante del cual es parte integrante en última instancia.
Será el sexenio que se inicia el escenario de los efectos de ese choque, cuya sola resolución favorable para las fuerzas populares es la puesta en práctica de un programa que supere el actual sistema capitalista imperante. Para que ello sea posible es necesaria la convocatoria a la movilización de las masas de trabajadores y sus aliados para mantener en jaque a las fuerzas burguesas derrotadas y avanzar en el seno de las contradicciones actuales lo más posible en la resolución de las reformas y metas que hoy se delinean claramente ante nosotros.
Para ello las fuerzas socialistas y populares deberemos actuar en forma coordinada y responsable. Impulsar lo más posible el empuje masivo que ya ha despertado, profundizándolo, orientándolo, en un constante ejercicio revolucionario de crítica y autocrítica, permaneciendo siempre como fuerzas independientes y democráticas, sin sectarismos, ni ultimatismos, siempre actuando en favor del movimiento en su conjunto.
Manuel Aguilar Mora es militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

¿Cultura política o “cultura del dinero”?

Muchos entre los autoproclamados periodistas progresistas y analistas en el mundo hacen hincapié en la riqueza de los candidatos, en los millones de dólares necesarios para ser elegidos, en los ingresos adicionales del candidato y congresista elegido provenientes de los grupos de presión (“lobbies”), en la corrupción y en la feroz rivalidad bipartidista. Sin embargo, casi todo el mundo lo sabe, incluso en Estados Unidos. En este último caso, por ejemplo, durante las elecciones presidenciales, la concurrencia de los electores habilitados apenas alcanzó entre el 50 % y el 52 %. Aun teniendo en cuenta el número récord de votantes durante las elecciones de mitad de mandato de 2018, la abstención es aproximadamente del 50 % de los votantes habilitados para hacerlo. ¿Por qué sería perjudicial fomentar la noción de que los candidatos estén nadando en millones de dólares, envueltos en corrupción y en el descrédito de las disputas intestinas del partido, para la gente que se preocupa por ello?

“Los millones de dólares necesarios para ser elegidos: casi todo el mundo lo sabe”.
Time, 13 de agosto del 2012. Fotos: Cortesía del autor

Haciendo énfasis en estos aspectos, las principales características del sistema político estadounidense (tan importantes que constituyen una parte fundamental de su cultura política) están encubiertas. Por cultura política me refiero al pensamiento, la perspectiva y las actividades, en este caso, del sistema político, tal como es aplicado y propagado por las élites gobernantes.
¿Cuáles características de la cultura política estadounidense deberían conocerse?
1. En cuanto al dinero, mientras más sutil es la publicidad a través de los medios de comunicación, esta es mucho más importante. Por ejemplo, la reciente campaña electoral de mitad de mandato y los resultados son presentados por la élite de los medios en el Norte, y en muchos casos son reproducidos en el Sur, como una batalla del bien contra el mal, representado por Trump. Sin embargo, ¿cómo surge el “trumpismo”? Hasta marzo de 2016, los medios de comunicación corporativos (especialmente la CNN en inglés), bajo el pretexto de realizar reportajes, entrevistas y paneles interminables donde se presentan panelistas pro-Trump, ya había ofrecido al “ilustre viejo partido republicano” (GOP) de Trump, una venta estratégica de 2 000 millones de dólares en medios gratuitos. Esto significaba más “anuncios” gratuitos que todos los demás candidatos del Partido Demócrata y del GOP combinados. Al final de la campaña para las elecciones generales presidenciales de 2016, los medios corporativos habían proporcionado un total de 5 000 millones de dólares en visibilidad gratuita a Trump. En ese momento era imposible mirar CNN en inglés sin escuchar el nombre de “Trump”. Por tanto, este medio elitista creó a Trump, y en ese proceso aumentó el número de anuncios empresariales destinados a CNN en inglés, así como las tarifas de dichos anuncios.
2. El sistema bipartidista y el “menor de dos males” están arraigados en la conciencia de muchos estadounidenses y de muchos en Occidente y en el Sur, como, por ejemplo, en América Latina, inundada con esta característica de la cultura política estadounidense. Todos los medios corporativos estadounidenses están unidos en la actual cacofonía diaria para presentar un ala del sistema bipartidista como la “izquierda” (el Partido Demócrata) y la otra como la “derecha” (el Partido Republicano). No son pocos los periodistas y analistas que sucumben ante esto.

“Al final de la campaña para las elecciones generales presidenciales de 2016, los medios corporativos
habían proporcionado un total de 5 000 millones de dólares en visibilidad gratuita a Trump”

3. El fetichismo electoral es un distintivo de la cultura política estadounidense oficial. Estamos abrumados por una “campaña electoral permanente”, impuesta por medios virtuales internacionales. Tan solo para dar el ejemplo más reciente de las elecciones de mitad de mandato, es de dominio público que la campaña política de verano y de otoño de 2018, y las campañas de la televisión durante la noche y los días siguientes a los resultados —todo ello combinado y acumulado—, son consideradas tan solo como un ejercicio de precalentamiento y como un primer paso hacia las elecciones presidenciales de 2020. El principal efecto secundario de esto no significa tan solo estar abrumados y aburridos. El resultado de este fetiche es que las acciones cotidianas progresistas anti statu quo (no el auto-proclamado “progresismo” democrático) impulsadas por la gente en las calles, lugares de trabajo e instituciones educativas, son sustancialmente debilitadas o virtualmente asfixiadas. Si no es así, los medios corporativos cooptan muy hábilmente muchas de estas actividades populares en forma de propaganda electoral. Esto es facilitado en algunos casos cuando estas acciones —consciente o inconscientemente— están diseñadas para el consumo electoral.
4. Como resultado directo de tal situación, se desprende la cuarta característica de la cultura política estadounidense: la cooptación. El poderoso papel de los medios de comunicación, cultivar la ingenuidad y a la vez lucrar con ella, es un veneno que nunca debe subestimarse. Hay muchos ejemplos de cómo los movimientos revolucionarios o progresistas en Estados Unidos son cooptados en el callejón sin salida del sistema bipartidista. Sin embargo, tomemos uno de los casos más recientes. Tras la masacre en la escuela secundaria de Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, los estudiantes inspiraron heroicamente a la mayoría de los estadounidenses, muchos de los cuales se unieron masivamente en las calles, y en manifestaciones y en huelgas en las escuelas, para exigir acciones en materia del “control de armas”. Sin embargo, aun cuando era real en la base, el movimiento estudiantil multifacético fue cooptado simultáneamente desde la acción de masas hacia la política electoral por el Partido Demócrata, en las elecciones de mitad de mandato.
Adicionalmente, la cuestión de las masacres es mucho más profunda que el “sentido común de las leyes que regulan las armas de fuego”. La masacre de Thousand Oaks, California, el 8 de noviembre de 2018, no es la primera ejecutada por un exmiembro de las fuerzas armadas. Esto indica una vez más que, desde la Segunda Guerra Mundial, las masacres domésticas están vinculadas a la agresión estadounidense y a las masacres en todo el mundo. Los tiradores masivos de EE.UU. son desproporcionadamente veteranos de la guerra: 35%. Estados Unidos es, de lejos, la sociedad más violenta del mundo, en la que esta cultura de la violencia doméstica e internacional influye y contribuye a la cultura política general. De esta manera, el movimiento por el “control de armas”, como cualquier otra actividad legítima de masas, no puede atarse al fetichismo electoral y menos aún a uno de los dos partidos dominantes. Sin embargo, mientras escribo estas líneas, los estudiantes de Parkdale se están organizando para ejecutar acciones de masa tras el tiroteo en Thousand Oaks, California. No obstante, ¿serán estas valientes y persistentes acciones populares capaces de impedir ser devoradas por el vórtice de las elecciones presidenciales de 2020? ¿Será este creciente movimiento capaz de resistir a las ilusiones de la Cámara de Representantes en el Congreso controlado ahora por los Demócratas, y evitar ser contagiado por la gloria política, la carrera y la popularidad personal de cada miembro del Congreso con miras al 2020, lo que constituye siempre su principal interés? ¿Llevará esto a que la iniciativa del movimiento sea cooptada por el fetichismo electoral?
5. Este problema de la cooptación, presentado en el ejemplo del movimiento contra la violencia armada, también nos lleva a la cuestión fundamental de la violencia racista en contra de indígenas y afroestadounidenses. Esta característica de la cultura política reaccionaria se remonta a la fundación de las Trece Colonias, en los siglos XVII y XVIII. De hecho, la historia y los acontecimientos actuales indican que en Estados Unidos, el Estado constituye un vestigio de la esclavitud y el genocidio contra los indígenas estadounidenses. Esta apreciación realista del Estado debe —o debería— permear la evaluación de la cultura política impuesta por las élites estadounidenses. Esto es mucho más complejo que el tratamiento superficial dado por los medios corporativos y algunos medios progresistas a temas como la financiación, la corrupción y la guerra salvaje interpartidista del sistema electoral, lo que resulta muy evidente en la medida en que esta se normaliza: casi todo se puede escribir o decir para ocultar que en Estados Unidos el Estado constituye un vestigio de la esclavitud y el genocidio.
6. Los afroestadounidenses han sido siempre —y lo siguen siendo actualmente— la vanguardia de la oposición revolucionaria frente al statu quo de la cultura política, como el necesario e inevitable resultado de su condición histórica, impregnada de ideologías marxistas y otras revolucionarias. Examinar el proceso electoral estadounidense, como el de mitad de mandato, sin ocuparse de esta contradicción histórica como piedra angular de la cultura política dominante —y donde cualquier ciclo electoral posiciona a indígenas y afroestadounidenses—, equivale a analizar un proceso político como, por ejemplo, en América Latina, negándose a tomar en cuenta los efectos del colonialismo europeo y del imperialismo estadounidense, sus aliados occidentales y sus serviles oligarquías locales de la región.
7. ¿Cuál es entonces la situación actual de los indígenas y afroestadounidenses en cuanto a su vocación histórica, que aún está por realizarse? Los afroestadounidenses son la vanguardia de la oposición a la cultura política dominante. Sin embargo, esto nunca se sabe cuando se lee y se escucha la mayor parte de la élite periodística y a los analistas, incluso aquellos que se proclaman “progresistas”.
No obstante, la realidad reconocida por la misma contraofensiva negra de los periodistas y activistas, su propio movimiento, es debilitado y limitado por la capacidad del Partido Demócrata de cooptar a una pequeña fracción de afroestadounidenses en sus filas, como lo hace con otros movimientos de masa progresistas. De este modo, parte esencial de la cultura política de los círculos dominantes es que el Partido Demócrata, lejos de estar inclinado a la izquierda o al menos ser más progresista que el Partido Republicano moderno, como lo ha pretendido, es en realidad el cementerio del avance de una verdadera izquierda alternativa. ¿Están algunos lectores confundidos? No es sorprendente.
Por una parte, las fuerzas revolucionarias de izquierda en Estados Unidos están muy familiarizadas con este fenómeno: ellas padecen enormemente y de forma trágica el rol de excavadoras de la tumba del Partido Demócrata, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, en otros lugares como en Europa, América Latina y el Caribe, gran parte de la prensa, incluyendo algunos medios de la izquierda progresista, dan una imagen opuesta del Partido Demócrata: un vehículo de cambio, de progreso y un caldo de cultivo para una “alternativa de izquierdas”. No obstante, esta óptica provoca burlas por parte de la izquierda revolucionaria estadounidense. Este es uno de los dilemas que este artículo se esfuerza por afrontar como un primer paso.
No valorar este hecho —ya sea por limitación intencional o ingenua— significa encubrir un aspecto esencial de la cultura política.
En conclusión, basta con afirmar por el momento que los escritores afroestadounidenses y no afroestadounidenses, y los activistas, forman parte de esta lucha, de este movimiento de oposición amplio y creciente frente a la cultura política del statu quo. Compuesto por decenas de miles de periodistas, escritores, analistas, activistas sociales, políticos, y los medios sociales, esta formidable cultura política de izquierda −e incluso revolucionaria– merece ser conocida por analistas y periodistas fuera de Estados Unidos, y así en América Latina y el Caribe, a través de sus escritos, sus audiencias y el público en general.
Nota: En noviembre 2016, en una entrevista exclusiva a Punto Final (Chile), abordé aspectos de este tema de la cultura política estadounidense, pero desde otra perspectiva.
Fuente: http://www.lajiribilla.cu/articulo/elecciones-en-estados-unidos-cultura-politica-o-cultura-del-dinero
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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viernes, 7 de diciembre de 2018

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