Por Enrique Torres
 Santiago
de Chile, (PL) A casi 40 años del golpe de Estado contra el
presidente Salvador Allende, salen a la luz nuevas evidencias de una de
las causas criminales por la que el juez chileno Juan Guzmán logró
procesar a Augusto Pinochet, pero el dictador evadió la justicia.
Las nuevas evidencias consisten en rieles hallados en las costas de la
comuna de Caldera, en la norteña Región de Atacama, que fueron
utilizados como anclas para lanzar al mar los cadáveres de prisioneros,
víctimas de la llamada operación Caravana de la Muerte.
Los
hierros oxidados fueron encontrados luego de que un exmilitar que
participó en tétrica comitiva, antes de morir, diera a conocer
informaciones que permitieron ubicar los fierros.
La identidad
del exmilitar no fue revelada, sin embargo trascendió que las partes
halladas en las costas de Caldera, casi 900 kilómetros al norte de
Santiago de Chile, se encuentran en manos de criminalistas de la Policía
de Investigaciones.
En declaraciones a Prensa Latina, la
presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
(AFEP), Alicia Lira, lamentó que la información solo se conociera
gracias a que el exmilitar antes de morir accedió a revelar detalles.
De acuerdo con Lira, ello demuestra que quienes integraron las
instituciones armadas y otras guardan informaciones que pueden conducir a
muchos de los familiares de las víctimas a conocer el paradero de sus
seres queridos masacrados durante la dictadura Pinochet (1973-1990).
Luego del hallazgo de los rieles, la AFEP envió una carta al jefe del
Ejército chileno, Juan Manuel Fuente-Alba, en la cual denuncia que las
instituciones armadas tienen información sobre el destino de miles de
chilenos y chilenas cuyos cuerpos aún son buscados por sus familiares.
"Es nuestro deber indicarle que esta acción de no entregar la
información pertinente es considerada por las organizaciones de
familiares y por muchos chilenos y chilenas un acto de cobardía y de
bajeza moral", indicó la agrupación.
La AFEP, en nombre de la
humanidad y de valores universales como la verdad y la justicia, exigió a
las Fuerzas Armadas que rompa el pacto de silencio mantenido durante 40
años.
"Demasiado tiempo ha pasado ya ocultando la verdad y
manteniendo un trato absolutamente deshumanizado con los familiares de
las víctimas. Hemos leído sus declaraciones solicitando un trato
humanitario con los pocos victimarios que han sido condenados para la
justicia chilena por crímenes de lesa humanidad y cuyas penas son
irrisorias frente a los crímenes cometidos", señala la carta a
Fuente-Alba.
La misiva hace referencia declaraciones del jefe
del Ejército al diario El Mercurio en julio último, en las cuales
manifestó estar apenado por los exmilitares que guardan prisión por
violaciones de los derechos humanos.
"Efectivamente nos
entristece ver que todavía esas personas permanecen ancladas a una
situación de hace 40 años", exclamó el militar, quien alegó que varios
de los reos tienen avanzada edad o situaciones médicas complejas.
Ante esas declaraciones también reaccionó la AFEP, que de inmediato
recordó no hubo razón humanitaria cuando se asesinó jóvenes y niños,
como Claudia Valenzuela, a quien ultimaron junto a sus padres, teniendo
seis años.
En una reciente entrevista con Prensa Latina, el juez
Guzmán recordó que si bien logró abrir cuatro expedientes contra
Pinochet, solo pudo procesarlo en tres ocasiones, y una de ellas fue
precisamente por la operación Caravana de la Muerte.
Bajo ese
nombre, un comando de oficiales del Ejército, al mando del general
Sergio Arellano, recorrió el país durante un mes en 1973 con la
encomienda de Pinochet de agilizar y revisar los procesos de los
detenidos tras la asonada golpista del 11 de septiembre de ese año.
Guzmán recordó que, a causa de esa operación, en la que fueron ejecutadas 75 personas, logró procesar dos veces a Pinochet.
Cuando lo entrevistó en medio del proceso y le mostró un documento con
su firma y anotaciones de su puño y letra en los que ordenaba la misión a
la caravana, el general le dijo que ese no era un documento oficial y
no servía para nada.
A pesar de todas las evidencias
presentadas, Pinochet logró evadir la justicia, ya que la Corte Suprema
estimó que tenía las facultades mentales disminuidas para enfrentar un
proceso judicial.
"De los cinco jueces en la Corte, solo uno
mantuvo mi criterio, de que Pinochet estaba en condiciones de ser
juzgado, pues no tenía demencia alguna", enfatizó Guzmán, quien tuvo en
sus manos los peritajes de siquiatras que dictaminaron que el dictador
estaba apto mentalmente para subir al banquillo de los acusados.
Incluso en las conversaciones sostenidas directamente con Pinochet
corroboró que estaba en su sano juicio, con criterios, capaz de
discernir entre culpable e inocente, y de mentir para ocultar su
responsabilidad en las barbaries de la dictadura.
Los cadáveres
de la Caravana de la Muerte fueron inhumados ilegalmente en otra
cruzada, la Operación retiro de Televisores, también ordenada por
Pinochet para que los restos fueran dispersados y en muchos casos
lanzados al mar, a fin de ocultarlos.
El informe Retting,
realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 1991, solo
contabilizó ejecuciones y desapariciones. En total, reconoció dos mil
279 muertes en manos de las fuerzas castrenses durante la dictadura.
En tanto, la Comisión Valech, denominada así en honor al exobispo de
Santiago, Sergio Valech, amplió las pesquisa sobre la represión y en
2004 presentó su reporte, el cual enumeró más de 30 mil víctimas, de
ellas más de 28 mil por detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y
desapariciones.
Empero, el segundo informe de esa comisión,
entregado en agosto de 2011 al presidente Sebastián Piñera, reconoce más
de 40 mil víctimas, a pesar de que unas 22 mil denuncias de
organizaciones de derechos humanos fueron rechazadas por el equipo
investigador.
ml/et |
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