Por Javier Rodriguez Roque
 Asunción,
2 ago (PL) A pocos días de la asunción del nuevo gobierno paraguayo las
denuncias contra el ejecutivo saliente y la proliferación de los
conflictos sociales son una constante en el panorama nacional.
Las acusaciones públicas de miembros del equipo de transición
designado por el presidente electo, Horacio Cartes, especialmente sobre
las arcas del Estado que deja vacías la administración actual,
contrastan con la euforia del todavía actual mandatario.
Federico Franco, quien asumió el poder tras el golpe de Estado
parlamentario de junio del 2012, planteó la víspera que dejará al
Ejecutivo entrante la respetable suma de mil 700 millones de dólares
para iniciar su trabajo.
Además de las imputaciones en sentido
contrario hechas por Germán Rojas, principal asesor económico de Cartes y
del propio Jefe de Estado electo, la situación económica y de
efervescencia social en la nación parece desmentir tal afirmación.
Todo el sector de obras públicas contratado a empresas privadas está
paralizado por una deuda cercana a los 100 millones de dólares y los
adeudos en la rama de la salud a los proveedores se estiman en igual
cantidad.
Médicos y trabajadores de hospitales y otros centros
de salud llevaron su protesta a las calles esta misma semana por atrasos
en el pago de salarios y debieron reducir los niveles de atención por
falta de medicinas e insumos, además de cobrar a los pacientes.
Beneficiarios de programas sociales del gobierno anterior, entre ellos
el Tekoporá, que subsidia a jefas de familia de escasos recursos a
cambio de la obligatoriedad de velar por la asistencia de sus hijos a la
escuela, tienen siete meses de atraso en los pagos.
Denuncias
de organizaciones sociales y de los afectados sobre la desaparición de
donaciones millonarias internacionales, hechas precisamente para
garantizar esos pagos, señalan la falta de información sobre el destino
que tuvieron esos fondos.
La entrega de alimentos y semillas a
campesinos e indígenas afectados en sus sembradíos por la sequía o
inundaciones, otro programa social bandera, brilla por su ausencia por
falta de recursos y provocó en los últimos días protestas de calle y
cortes de vías.
El país sigue aún estremecido por las
movilizaciones y huelgas de decenas de miles de docentes que reclaman
por atrasos salariales, bajas jubilaciones, maestros trabajando sin
cobrar ni un centavo y falta de respeto a los escalafones, pero la
respuesta es que no hay dinero.
Los miles de trabajadores del
sector eléctrico también tomaron las calles ante el peligro inminente de
la aprobación definitiva de un proyecto de ley que abrirá las puertas a
la privatización de la generación y comercialización de la energía.
Es muy grave lo que se registrará en el país de entrar en vigencia una
ley de ese tipo, apuntaron, pues desatará los despidos de personal y
encarecerá el costo de la electricidad a la población.
Pero,
además, señalaron que los magnates privados podrían comercializar el
excedente energético de las grandes hidroeléctricas binacionales vendido
actualmente a Brasil y Argentina, arrebatando esos ingresos actuales
del Estado.
Otro peligro similar, el de los preacuerdos firmados
por el gobierno de Franco con la multinacional Río Tinto Alcán para la
instalación de una planta de producción de aluminio, es el primer paso
para acceder a las condicionantes planteadas por dicha empresa.
Río Tinto pretende recibir, como agradecimiento a la inversión que
promete, el suministro gigante de electricidad subsidiada por el Estado,
ojos cerrados a contaminaciones ambientales y facilidades aduanales, a
cambio de contratar apenas mil 400 paraguayos.
Ello ha desatado
un verdadero movimiento nacional de repudio a tal acuerdo impulsado
públicamente por Franco y por su ministro de Industrias, Diego Zavala, a
quien opositores señalan que estuvo anteriormente como asesor de de la
mencionada transnacional.
El acercamiento inminente al cambio de
gobierno deja abierta en la sociedad la herida de la falta de
esclarecimiento real del sangriento desalojo campesino ocurrido en
Curuguaty, en el 2012, con saldo de 11 labriegos y seis agentes muertos.
Numerosas protestas se realizan en las calles actualmente en reclamo de
justicia para el grupo de campesinos presos sin juicio hace más de un
año, como únicos imputados del lamentable suceso a pesar, incluso, de
los reclamos de organismos internacionales.
El apretado resumen
del legado del actual gobierno muestra, evidentemente, una pesada carga
que queda sobre los hombros del país, pero también la heredará el nuevo
ocupante del Palacio de López.
rc/jrr |
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