A temblar, la “alta burocracia”
16. diciembre, 2012
Miguel Badillo *
Como ocurre cada sexenio, la llamada “alta burocracia” será
renovada en su totalidad. Sobre todo ahora porque el cambio de gobierno
implica la alternancia con un partido distinto en el poder. De tal
manera que los panistas no sólo quedarán desempleados, sino que por
primera vez serán sometidos a una verdadera rendición de cuentas ante
órganos de control y justicia manejados por priístas.
Despachos de abogados ya se frotan las manos por los jugosos
contratos que cobrarán a exburócratas que serán llevados a juicio por
sus pésimas administraciones y el consabido delito de peculado (desvío
de recursos públicos). Despachos de contadores y administradores también
son buscados para ordenar cuentas públicas mal hechas y corregir
números que exhiben a servidores públicos en desgracia.
A esa “alta burocracia” del gobierno federal le llegó la hora de
rendir cuentas y de separarse del cargo para permitir que el equipo
priísta de Enrique Peña Nieto asuma la responsabilidad. Los cambios de
funcionarios iniciaron desde el 1 de diciembre, con la llegada del nuevo
mandatario, pero son tantos los nombramientos en la burocracia que
éstos continuarán aún entre enero y junio del próximo año. Por lo
pronto, miles de empleados federales también quedarán desempleados.
De acuerdo con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, las causas de separación del servicio
público sólo pueden ocurrir por renuncia, defunción, sentencia que
implique privación de la libertad, incumplimiento de las obligaciones
que la ley le asigna, por hacerse acreedor a sanciones establecidas en
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos que impliquen separación del servicio o reincidencia, por no
aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda
evaluación de desempeño y, finalmente, cuando el resultado de su
evaluación de desempeño sea deficiente, por lo que no contempla la
separación por cambios administrativos. Hasta aquí estarían amparados
los trabajadores contratados por el servicio profesional de carrera.
Esto aplica para directores generales, generales adjuntos, de área,
subdirectores, jefes de departamento y enlaces; pero no para quienes
están fuera del servicio profesional de carrera, los de la “alta
burocracia”, como son los jefes de unidad, subsecretarios, secretarios y
personal de gabinete de apoyo y de libre designación.
Sin embargo, como parte de las reformas estructurales propuestas
por Enrique Peña Nieto, hace varias semanas el Senado de la República
aprobó en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos una
reforma que modifica dicho servicio profesional de carrera, mediante la
cual el actual gobierno podrá despedir a poco más de 4 mil funcionarios
que ocupan cargos de director general y director adjunto.
De acuerdo con esta ley, se garantiza la estabilidad y permanencia
de los servidores públicos en sus puestos y, en caso de ser despedidos
injustificadamente, tendrían que ser indemnizados en términos de ley,
así como los aspirantes al servicio público federal deberán concursar
las plazas vacantes para ingresar a la administración pública federal,
para lo cual deben cubrir los perfiles y participar en los concursos,
tal y como lo estipula la ley.
Si los priístas pretenden solicitar renuncias “voluntarias”,
deberán cubrir la indemnización respectiva, con sus consecuentes
demandas, lo que ocasionaría, por un lado, el congelamiento de plazas en
proceso de demanda y, por el otro, una gran erogación de recursos por
concepto de liquidaciones, lo cual seguramente no se ha contemplado en
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
En tanto no se modifique o elimine la Ley del Servicio Profesional
de Carrera, su continuidad es permanente y el nuevo gobierno habría
“recuperado” sólo 4 mil plazas de mandos medios, lo que implica una
combinación de empleados militantes del Partido Acción Nacional, de la
administración anterior, y los del “nuevo” Partido Revolucionario
Institucional. Esto pronostica una guerra interna por el control de la
información.
A pesar de estos inconvenientes, la “alta burocracia” espera no ver
afectada la operación del nuevo gobierno federal; aunque seguramente
esta transición será diferente y, por primera vez, se probará si
funciona o no la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
¿Cómo funciona el Servicio Profesional de Carrera? Las plazas
vacantes en el gobierno federal se convocan públicamente (se registran
en promedio 300 aspirantes por plaza) y su evaluación consiste en
aprobar entre cuatro o seis exámenes; una revisión del currículum vitae
y los méritos académicos y profesionales; después, un comité de
selección realiza las entrevistas con los interesados en pertenecer a la
burocracia y se determina al ganador de dicha plaza. Al resultar
seleccionado, recibe un nombramiento de servidor público de carrera y,
teóricamente, nunca más perderá la plaza, salvo las excepciones
explicadas.
*Periodista
Fuente: Contralínea 315 / diciembre 2012
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