PRI avala ratificación de mandos... por ahora
Política •
14 Diciembre 2012 - 12:04am — Israel Navarro y Fernando Damián
Silvano Aureoles, coordinador del PRD en San Lázaro, dijo que por
“cortesía” apoyaron la minuta, pero reconoció que a los priistas les
asiste la razón.
Ciudad de México • El pleno de la Cámara
de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal con las modificaciones hechas por el Senado en el artículo 27.
Sin embargo, el coordinador de los legisladores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, anticipó que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que el Ejecutivo federal sea el único facultado en nombrar al Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El dictamen, que fue turnado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue aprobado con 423 votos a favor, 38 en contra y cuatro abstenciones. Con ello se avaló la restructuración gubernamental propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre.
El lunes pasado, el Senado modificó el artículo 27 del proyecto a fin de que en su pleno se ratifique al comisionado nacional de Seguridad y al secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre los puntos que se aprobaron en San Lázaro destacan las comparecencias semestrales del secretario de Gobernación ante comisiones para que informe de la política anticrimen y de los temas de seguridad nacional.
También elimina a la Secretaría de la Función Pública y distribuye sus facultades en distintas dependencias. Esta decisión entrará en vigor en cuanto quede establecido el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción.
En entrevista, Beltrones anunció que una vez que sea promulgada esta ley por el Ejecutivo presentarán una acción de inconstitucionalidad para devolverle sus atribuciones al Presidente.
“Lo que nos interesa es que ya el presidente Enrique Peña Nieto tenga una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que siga, como hasta ahora, exitosamente dando resultados a México.
“Pero en el caso de estos dos párrafos del artículo 27, iremos a una acción de inconstitucionalidad, que permita que la Suprema Corte de Justicia resuelva, en definitiva, el diferendo con quienes dispusieron que la ley le diera estas facultades al Legislativo para compartirlas con el Ejecutivo”, anticipó.
Aseguró que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados cuenta con “la suficiente fuerza y legalidad” para interponer el recurso legal, ya que para presentarla se necesita una tercera parte de los 500 legisladores.
“No se trata de una controversia, porque no hay un conflicto entre dos poderes; lo que hay es un razonamiento de inconstitucionalidad por parte de lo que se está haciendo en la ley”, explicó.
El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, refirió que el artículo 105 de la Constitución avala su acción de inconstitucionalidad debido a que el Senado está “usurpando” las funciones del Ejecutivo.
La decisión del PRI fue respaldada por las fracciones del PRD y el PAN en San Lázaro, al asegurar que les asiste la razón y confiando en que la ganarán.
El coordinador perredista, Silvano, Aureoles indicó que su voto a favor del dictamen fue a favor como “cortesía parlamentaria” y reconoció que “no pasa nada” si el Poder Legislativo ratifica los mandos del Ejecutivo.
“Sin desconocer que tienen razón los del PRI y que lo más probable es que esa acción de inconstitucionalidad la ganen en la Corte, digo para no autoengañarnos”, señaló.
En tanto, el vicoordinador del PAN, Ricardo Anaya, aseveró que respetarán la posición del PRI confiando en que la Corte resolverá si las modificaciones del Senado violan o no la Constitución.
Claves
Apoyo a la reforma
-El miércoles, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, afi rmó que el Ejecutivo respaldaría la Ley Orgánica que aprobó el Senado.
-"Hoy vemos una reforma que ha hecho el Senado, nos atenemos a ella, la respaldamos", aseveró Osorio luego de comer con los líderes de PRI, PAN y PRD del Senado.
-Al respecto, en entrevista con MILENIO Televisión, el coordinador de asuntos jurídicos del PRI, Raúl Cervantes Andrade, rechazó la posibilidad de la acción.
-Opinó que "el único que puede presentar la controversia constitucional es el Ejecutivo federal y no se tiene esa intención o del Senado o de la Cámara".
Lo que determina la Constitución
El artículo 105 de la Constitución corresponde a los asuntos que podrá resolver la Suprema Corte, la fracción segunda determina el procedimiento para llevar a cabo la acción de inconstitucionalidad:
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión(..)".
Estipula que las resoluciones de la Corte solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos de sus integrantes.
Agrega que la declaración de invalidez de las resoluciones a que se refi eren la fracción II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
Sin embargo, el coordinador de los legisladores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, anticipó que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que el Ejecutivo federal sea el único facultado en nombrar al Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El dictamen, que fue turnado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, fue aprobado con 423 votos a favor, 38 en contra y cuatro abstenciones. Con ello se avaló la restructuración gubernamental propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre.
El lunes pasado, el Senado modificó el artículo 27 del proyecto a fin de que en su pleno se ratifique al comisionado nacional de Seguridad y al secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre los puntos que se aprobaron en San Lázaro destacan las comparecencias semestrales del secretario de Gobernación ante comisiones para que informe de la política anticrimen y de los temas de seguridad nacional.
También elimina a la Secretaría de la Función Pública y distribuye sus facultades en distintas dependencias. Esta decisión entrará en vigor en cuanto quede establecido el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción.
En entrevista, Beltrones anunció que una vez que sea promulgada esta ley por el Ejecutivo presentarán una acción de inconstitucionalidad para devolverle sus atribuciones al Presidente.
“Lo que nos interesa es que ya el presidente Enrique Peña Nieto tenga una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que siga, como hasta ahora, exitosamente dando resultados a México.
“Pero en el caso de estos dos párrafos del artículo 27, iremos a una acción de inconstitucionalidad, que permita que la Suprema Corte de Justicia resuelva, en definitiva, el diferendo con quienes dispusieron que la ley le diera estas facultades al Legislativo para compartirlas con el Ejecutivo”, anticipó.
Aseguró que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados cuenta con “la suficiente fuerza y legalidad” para interponer el recurso legal, ya que para presentarla se necesita una tercera parte de los 500 legisladores.
“No se trata de una controversia, porque no hay un conflicto entre dos poderes; lo que hay es un razonamiento de inconstitucionalidad por parte de lo que se está haciendo en la ley”, explicó.
El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, refirió que el artículo 105 de la Constitución avala su acción de inconstitucionalidad debido a que el Senado está “usurpando” las funciones del Ejecutivo.
La decisión del PRI fue respaldada por las fracciones del PRD y el PAN en San Lázaro, al asegurar que les asiste la razón y confiando en que la ganarán.
El coordinador perredista, Silvano, Aureoles indicó que su voto a favor del dictamen fue a favor como “cortesía parlamentaria” y reconoció que “no pasa nada” si el Poder Legislativo ratifica los mandos del Ejecutivo.
“Sin desconocer que tienen razón los del PRI y que lo más probable es que esa acción de inconstitucionalidad la ganen en la Corte, digo para no autoengañarnos”, señaló.
En tanto, el vicoordinador del PAN, Ricardo Anaya, aseveró que respetarán la posición del PRI confiando en que la Corte resolverá si las modificaciones del Senado violan o no la Constitución.
Claves
Apoyo a la reforma
-El miércoles, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, afi rmó que el Ejecutivo respaldaría la Ley Orgánica que aprobó el Senado.
-"Hoy vemos una reforma que ha hecho el Senado, nos atenemos a ella, la respaldamos", aseveró Osorio luego de comer con los líderes de PRI, PAN y PRD del Senado.
-Al respecto, en entrevista con MILENIO Televisión, el coordinador de asuntos jurídicos del PRI, Raúl Cervantes Andrade, rechazó la posibilidad de la acción.
-Opinó que "el único que puede presentar la controversia constitucional es el Ejecutivo federal y no se tiene esa intención o del Senado o de la Cámara".
Lo que determina la Constitución
El artículo 105 de la Constitución corresponde a los asuntos que podrá resolver la Suprema Corte, la fracción segunda determina el procedimiento para llevar a cabo la acción de inconstitucionalidad:
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión(..)".
Estipula que las resoluciones de la Corte solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos de sus integrantes.
Agrega que la declaración de invalidez de las resoluciones a que se refi eren la fracción II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.
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