Informe: 'DEA oculta espionaje usado para investigar a estadounidenses'
HuffPost Voces
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Por Gabriel Lerner
Publicado: 05/08/2013 16:33 EDT | Actualizado: 05/08/2013 16:33 EDT
Primero, fue la revelación de que el Departamento de Justicia utilizaba las ramas de inteligencia para espiar las conversaciones de al menos 100 periodistas de la Associated Press.
Después, por obra de Edward Snowden, se supo que la gigantesca Agencia Nacional de Seguridad o NSA, espiaba, recolectaba la información telefónica y datos sobre los correos electrónicos de todos los estadounidenses y de muchas personas alrededor del mundo.
El gobierno y sus portavoces dijeron que se trataba de parte de la lucha contra el terrorismo.
Ahora, dicen John Shiffman y Kristina Cooke (de la agencia Reuters) en el Huffington Post, nos enteramos que una unidad semisecreta de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) utiliza información obtenida a partir de tareas de espionaje, escuchas telefónicas, informantes y una enorme base de datos de los registros de teléfono e internet para “ayudarles a lanzar investigaciones criminales” – no de seguridad nacional - “contra estadounidenses”. Ello incluye información suministrada por la NSA.
La organización, dicen los autores, indica a los agentes ocultar la fuente de la información, no solamente de los ojos de los abogados defensores, sino también algunas veces de fiscales y jueces.
Para ello, entrenan a agentes federales a “recrear” el sendero de la investigación, a fin de que parezca que la información vino de otro origen, lo que, agrega la nota, podría violar el derecho constitucional de los acusados a un juicio justo, ya que ignoran la fuente auténtica de la evidencia en su contra y sus abogados no pueden investigar si es falsa.
“Una cosa es crear reglas especiales para la seguridad nacional”, dijo la profesora de leyes y exjueza federal Nancy Gertner. “La otra es en el crimen común. Parecería que están inventando investigaciones”.
“Recuerda que el uso del SOD no puede ser revelado o discutido en ninguna actividad investigativa”, agregando, dice la nota, que “los agentes deben omitir la participación de SOD en informes, declaraciones, conversaciones con fiscales o en tribunales”, en donde se debe “recrear la información así provista utilizando técnicas normales de investigación”.Sin embargo, aunque la agencia se negó a comentar públicamente, dos funcionarios de la DEA defendieron la práctica, diciendo que es no solamente legal sino también de uso diario.
Agregaron que el proceso es secreto solamente para proteger las fuentes y los métodos de investigación, y que la “construcción paralela” de evidencias es una técnica que tiene décadas.
A pesar de ello, abogados de defensa consultados por los autores insistieron en que si bien la técnica en sí puede ser legal “para establecer una causa probable de un arresto”, utilizarla en tribunales para ocultar una investigación podría violar reglas judiciales al ocultar fuentes de la evidencia de los defensores”.
Y el vicepresidente de la sección de justicia criminal en la Barra de Abogados de Estados Unidos James Felman dijo que “es indignante, y me parece indefendible”. Otros agregaron que es abiertamente inconstitucional.
La información de SOD, cuyo presupuesto anual, extraoficialmente sería de 125,000 millones de dólares, proviene de la coordinación de investigaciones internacionales, así como de información obtenida por la intercepción de comunicaciones llevada a cabo por la NSA, informantes que deben ser protegidos, agencias de la ley extranjeras, y “la información de una base de datos gigantesca conocida como DICE”, que tendría mil millones de piezas de información, especialmente registros telefónicos y de la internet, y que se conservan por hasta un año.
La cantidad de agentes a nivel federal, estatal y local con acceso a DICE se cuenta en las decenas de miles. En SOD, por otra parte, trabajan “centenares”.
A todo esto, según el New York Times, la NSA es blanco del clamor de otras agencias de seguridad que demandan usar la información que posee y que no reciben muchas veces por temor a violar la privacidad legal de los ciudadanos estadounidenses.