jueves, 11 de mayo de 2017

Los muertos negros del Estado


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Los muertos negros del Estado

 

 

Jorge Ragna

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Samba Martine pasó 38 días en el CIE de Aluche identificada como 3106. Visitó los servicios médicos en diez ocasiones, sólo una con traductor. Entonces, la empresa encargada de la salud en el CIE era Servicios Médicos Especializados, SL (Sermedes). “Tenía sida y durante 20 días le habían estado dando pomadas y pastillas para la depresión”, recuerda Juan Diego Botto, quien subió a las tablas la historia de la congoleña. El Informe de Cruz Roja, firmado por la coordinadora de su programa para inmigrantes y refugiados de la Comunidad de Madrid, narra que cuando la policía llegó, la mediadora de la ONG pidió unas zapatillas para Samba. Una de las agentes “le espetó que por qué no iba descalza, que daba igual… y luego se negó a ayudarla a bajar las escaleras alegando que no era su función”. Fue trasladada en un coche patrulla en lugar de una ambulancia y falleció a las pocas horas en el Hospital Doce de Octubre.
Las muertes bajo custodia son siempre responsabilidad del Estado. Entre los servicios propios del Ministerio del Interior están las actuaciones de todos sus cuerpos de Seguridad y los funcionarios de prisiones. Bajo la custodia de éstos se encuentran las personas privadas de libertad. Al asumir la vigilancia de estas personas, el Estado asume también la garantía de su seguridad.
Un día después de la muerte de Samba, un joven “sin papeles” ingresó en el CIE de Zona Franca de Barcelona. El 5 de enero de 2012 sintió fuertes dolores en el pecho, pero no se le atendió porque no había médico en el centro. Durante un tiempo, la policía le identificó con el nombre de Ibrahim Cissé. Afirmaron que había muerto a las pocas horas en un centro sanitario adonde había sido trasladado en ambulancia. Era mentira. Hoy sabemos que se llamaba Idrissa Diallo y que el levantamiento del cadáver se efectuó en el mismo CIE. El juez no comunicó el fallecimiento a la familia y se efectuó un entierro de beneficencia. Ninguna autoridad supo dar después noticia del paradero del cuerpo. Fue encontrado el pasado 5 de enero, cinco años exactos después de su muerte, en un nicho anónimo en el cementerio de Montjuic.
Osamuyi Akpitaye falleció cuando era deportado en un avión de Iberia a su país junto a otros dos compatriotas, los tres atados en sus asientos. Según expuso el fiscal, “sin que existiera protocolo u orden alguna”, aplacaron al nigeriano, que se oponía “tenazmente” a su deportación, colocándole cinta adhesiva alrededor de la cabeza y tapándole la boca. Esto impidió “sobremanera” la respiración del nigeriano. Una parada cardiorrespiratoria secundaria y asfixia por sofocación desembocaron en la muerte. Tres meses después, la Dirección General de la Policía determinó el Protocolo policial que establece las “normas de actuación en las repatriaciones y en el traslado de detenidos por vía aérea o marítima”: “El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, salvo prescripción facultativa cuando fuera necesaria por razones de seguridad del vuelo”.
El Hadj Ndiaye, padre de siete hijos, fue interceptado por dos policías de paisano en la calle Marcelo Zelaieta de Pamplona mientras conducía una moto prestada. “¿Por qué debería identificarme?”, protestó. Acabó inmovilizado en el suelo por cinco agentes durante 15 minutos. Según la versión policial, una vez en el coche, se mostró menos agresivo. Los testigos, sin embargo, aseguran que, tras cesar sus gritos de dolor, lo levantaron del suelo “a pulso, sin problema, y lo metieron en el coche inconsciente, parecía muerto”. La policía insinuó, sin pruebas, que Ndiaye estaba bajo el efecto de opiáceos y cannabis.
Veinte días antes de la muerte de Ndiaye, en Murcia aparecía el cuerpo sin vida de Amadou Wade. Tenía permiso de residencia de larga duración en el país, pero escapó de la policía hacia su coche durante la intervención contra el top manta el 24 de agosto. No se supo más de él. El viernes 2 de septiembre un familiar presentó una denuncia por su desaparición en la Comisaría de Policía de Murcia. El 30 de septiembre, la policía le pidió pruebas de ADN a su hermano Mamadou, y el 4 de octubre le informaron del hallazgo del cadáver, mes y medio tras la redada, justo en las inmediaciones donde se encontraba el vehículo que utilizaba para ir vender. La familia ha podido repatriar el cuerpo a Senegal, aunque el caso y el contenido de la autopsia siguen bajo secreto de sumario.
Un año antes, Mor Sylla se precipitaba desde un balcón cuando los Mossos d’Esquadra irrumpían en su domicilio en Salou. Sus compañeros de piso, todos sin papeles, declararon que ningún agente tocó a Sylla y atribuyeron todo el material incautado al fallecido. Su hermano Ibrahima sigue convencido de que Mor nunca se hubiera tirado al vacío y apunta a “una caída por una mala actuación de los Mossos”. “Asumimos que si no hubiese habido la acción policial esa persona estaría viva”, asumió el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Las muertes bajo custodia son siempre responsabilidad del Estado
La responsabilidad patrimonial del Ministerio del Interior consiste en el reconocimiento del pago de una serie de indemnizaciones por los daños o lesiones producidos por el funcionamiento normal o anormal de los servicios propios del ministerio.
“Comprobados los hechos, y debidamente acreditados los daños producidos –prosigue el protocolo del Ministerio del Interior– el Departamento, previa solicitud del interesado, paga la reclamación que se le formula”.





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