martes, 18 de julio de 2017

Turquía encarcela a la directora regional de Amnistía Internacional


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Turquía encarcela a la directora regional de Amnistía Internacional |

 

 

 

 Internacional

Andrés Mourenza

Un tribunal turco ha enviado a prisión a seis de los diez activistas de derechos humanos detenidos el pasado 5 de julio en la isla de Büyükada (Estambul) cuando participaban en un seminario. Entre los encarcelados se encuentra la directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser, así como dos instructores expertos en seguridad digital de nacionalidad sueca y alemana. Los otros cuatro detenidos quedaron en libertad con cargos y se les impuso la prohibición de salir del país y la obligatoriedad de presentarse tres veces por semana en comisaría.
La comparecencia ante el juez, después de que los llamados “diez de Estambul” permaneciesen 12 días en detención policial, se prolongó durante la tarde de ayer y la decisión fue tomada a primeras horas de la mañana de este martes. Todos han sido acusados de “colaboración con banda armada terrorista”, pero las actas de la Fiscalía revelan que las pruebas contra ellos son circunstanciales y muy vagas. Por ejemplo, a la directora de Amnistía Internacional (AI) se le imputa ese delito porque en su posesión se encontró material sobre la huelga de hambre de dos profesores purgados a los que posteriormente se ha detenido como presuntos miembros de la organización armada de extrema izquierda DHKP-C (la acusación contra ambos es también débil). Igualmente se imputa a Eser estar relacionada con el PKK porque dos individuos que trabajaron en AI en el pasado se encuentran en la órbita de este grupo armado kurdo y, finalmente, se le achaca colaborar con la “banda terrorista” FETÖ (como el Gobierno denomina a la cofradía de Fetulá Gülen, a la que acusa del golpe de Estado del año pasado) por haber criticado el estado de los derechos humanos en Turquía y porque el presidente de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, está detenido y acusado de colaborar con dicho grupo por haber instalado en su móvil la aplicación de chat cifrado ByLock, ampliamente utilizada por los miembros de la comunidad gülenista.
En su mayoría, los cargos contra los activistas se basan en que conocían a alguien que ha sido detenido bajo la acusación de pertenencia a una organización terrorista, pero entre las justificaciones más estrambóticas está el argumento presentado por la Fiscalía contra Ilknur Üstün, de la Coalición de Mujeres: haber pedido dinero a una embajada para financiar un proyecto a favor de la igualdad de género. “Los fiscales turcos han tenido 12 días para establecer lo obvio: que estos diez activistas son inocentes. La decisión de proceder (con su imputación) muestran que en Turquía ya no rigen ni la verdad ni la justicia”, denunció el secretario general de Amnistía, Salil Shetty: “Esta investigación no tiene legitimidad, es una caza de brujas por motivos políticos que muestra el aterrador futuro que espera a los derechos en Turquía”.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ya culpó la semana pasada a los detenidos de connivencia con los golpistas: “Se habían reunido con la intención de continuar el [golpe del] 15 de julio. Fueron detenidos siguiendo información de inteligencia que recibimos”. Sin embargo, según ha trascendido, lo que motivó que la policía interviniera en el seminario de los activistas fue un chivatazo de un ciudadano turco al que le pareció sospechoso dicho encuentro, ya que se producía en el mismo hotel de Büyükada en el que la noche de la sublevación militar de julio de 2016 tuvo lugar una reunión de miembros de think-tank estadounidenses y de otros países, definida por los círculos progubernamentales turcos como una conspiración de la CIA para supervisar la asonada militar (si bien ninguno de los participantes ha sido procesado).
La noticia de la imputación de los diez activistas llega un día después de que se aprobase la extensión durante tres meses del estado de emergencia, vigente desde hace casi un año. En ese periodo, más de 50.000 personas han sido enviadas a prisión y otras 45.000 están siendo investigadas por la Justicia. Además, 111.240 han sido despedidas de la Administración Pública y otras 32.180 suspendidas temporalmente de empleo, según datos del Gobierno.