lunes, 17 de diciembre de 2012

EPN ¿Nos darán atole con el dedo?

¿Nos darán atole con el dedo?

La Comisión Anticorrupción de Peña Nieto

 
Página: 22 - No.289

La Comisión Anticorrupción de Peña Nieto

¿Nos darán atole con el dedo?

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Aún no se instala formalmente en Los Pinos, pero el presidente electo Enrique Peña Nieto parece querer mover sus fichas con rapidez. Ya anunció que enviará tres iniciativas de ley que buscan cubrir los flancos más vulnerables en el ejercicio de su gobierno en el estado de México y en la campaña. Una de ellas tiene que ver con medidas para atacar la corrupción en el país.
Pero, al menos aquí, dicen los especialistas, ha empezado con el pie equivocado: los detalles de la Comisión Anticorrupción ya se empiezan a conocer y dejan un mal sabor de boca. Tendrá alcances limitados y será apenas un pequeño parche en comparación con la Fiscalía Anticorrupción ya aprobada en marzo pasado en el Senado y que espera ser ratificada en la Cámara de Diputados.
Los augurios, de entrada, no son buenos. Se trata de una medida efectista, juzgan los conocedores y políticos de oposición.
Están convencidos de que nos van a tratar de dar, una vez más, atole con el dedo.
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Por Rafael Cabrera
@rafflescabrera
Otra vez. Como si no hubieran pasado 12 años. La promesa de atacar la corrupción en México está de regreso. En el año 2000 esa fue en particular una de las banderas y arietes propagandísticos del PAN y Vicente Fox para sacar al PRI y a sus tepocatas, víboras prietas y alimañas de Los Pinos.
Y ahora, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República, la oferta es exactamente la misma: acabar, ahora sí, con las mordidas y los entres y castigar a todos los funcionarios corruptos, de cualquier nivel, sin excepciones.
El presidente electo Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano han apostado a ese tema como uno de los tres con los que piensa recuperar terreno y simpatías entre los mexicanos.
Por eso, Peña Nieto ya anunció que presentará en breve una iniciativa de ley para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, a pesar de que en el Senado ya existe una reforma constitucional para crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción, aprobada por unanimidad desde marzo de este año, que actualmente duerme en la Cámara de Diputados.
Aunque la nueva iniciativa aún no se hace pública, Emilio Lozoya Austin, integrante del equipo de transición del PRI y responsable de la elaboración de la propuesta, ha adelantado que por principio de cuentas se planea desaparecer la Secretaría de la Función Pública para ser sustituida por la comisión.
“Esta comisión tiene que estar dotada de las facultades necesarias para enfrentar este cáncer. La intención es combatir a la corrupción de raíz y tienes que tener un sistema de contrapesos”, aseguró Lozoya Austin hace unos días a la agencia Reuters.
Apenas en unas cuantas líneas estableció su característica principal, lo que en los hechos la hace parecer como una instancia “descafeinada” desde antes de nacer: la Comisión no tendrá funciones de investigación, pues apenas presionará y exhortará a “las autoridades competentes a investigar y castigar”.
Y aunque se conocen apenas las líneas generales del proyecto final, los especialistas en el tema le dan poco crédito aun desde ahora.
“Sin importar qué tipo de organismo se cree, su fracaso está escrito”, apuesta Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y uno de los especialistas más reconocidos en esta área.
“Se tratará —dice— de una simulación para atacar la corrupción y no se hará nada de fondo por prevenirla, ya que jugará con las mismas reglas legales y administrativas que no han dado frutos hasta ahora”.
Tal y como ha ocurrido con la Secretaría de la Función Pública, cuyos antecedentes radican en el gobierno de la “renovación moral” del priista Miguel de la Madrid.
“Las propuestas que están haciendo se encuentran diseñadas sólo para aparentar que se combate”, advierte Merino, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y ex consejero del IFE.
El escepticismo no sólo es del académico. Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, una organización internacional dedicada a monitorear el nivel de corrupción en decenas de países, lo acompaña.
Bohórquez piensa que un organismo anticorrupción sólo funcionará si es parte de una política de Estado que busque prevenir esta conducta: “El problema es que no hay una agenda nacional sobre el tema; está la del gobierno federal, las de las 32 entidades y, luego, vienen las de los municipios. Cada uno busca combatir la corrupción de diferente modo”.
Así que las apuestas de los especialistas no dejan espacio al optimismo: se va tratar de dar, una vez más, “atole con el dedo”.

* * *

Eran los tiempos del “cambio”. Así lo creyeron 15 millones 989 mil votantes. Habían pasado cuatro meses después de que el PRI había sido derrotado por primera vez en una elección presidencial, cuando el panista y ganador Vicente Fox anunció lo que parecía el primer paso para concretar sus promesas de campaña.
El 7 de noviembre del año 2000, unas semanas antes de asumir el poder, el ex gobernador de Guanajuato anunció una “gran cruzada” para limpiar la casa y atacar cualquier acto ilegal: “Vamos a asegurarnos de realizar este ataque a fondo a la corrupción y seguramente en el camino, en estos 100 días, pescaremos a algunos tiburones, a algunos peces gordos, si es que se descuidaron, si es que hicieron acciones corruptas”.
Fox lo había dicho, en su estilo ranchero, durante la campaña presidencial: sacarían de Los Pinos a las tepocatas, víboras prietas y alacranes. Limpiarían la corrupción que había acumulado el PRI durante 70 años de gobierno.
Algo similar ocurrió seis años después con las promesas de campaña del presidente Felipe Calderón. “Manos limpias” fue su lema. Uno de sus primeros pasos fue presentar su declaración patrimonial ante el IFE, renunciando voluntariamente al secreto bancario.
Y el 2 de junio de 2006, justo un mes antes de su polémico triunfo ante Andrés Manuel López Obrador, aseguró: “Estoy absolutamente tranquilo, tengo la ventaja de tener las manos limpias y de no tener cola que me pisen, y por eso estoy muy tranquilo”.
Pero 12 años después, el panorama es muy distinto al prometido por las administraciones panistas. Tan distinto que en septiembre de 2011 un senador del PAN, el coahuilense Ricardo García Cervantes, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción.
Se trata de una adición al artículo 102 de la Constitución para crear la Fiscalía, órgano autónomo, con presupuesto propio, cuyo titular será elegido por el Senado para ocupar el cargo durante ocho años, con la posibilidad de repetir la encomienda por una ocasión más.
El punto más importante de la reforma es que la Fiscalía podrá investigar a “cualquier integrante de los Poderes de la Unión, así como de los poderes públicos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de los Organismos Constitucionales Autónomos”.
Además, a la Fiscalía le corresponderá la “persecución, ante los tribunales federales, de todos los delitos de corrupción, además de los que se deriven del uso de recursos financieros de procedencia ilícita, será de oficio, por tratarse de delitos contra la economía nacional”.
Le tocará, también, “solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar pruebas, investigar, perseguir y llevar a juicio a los responsables”.
A la par, esa Fiscalía deberá crear un Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos de todos los niveles y poderes, y al que tendrá acceso sin límite el titular y personal investigador del organismo.
La iniciativa fue aprobada el pasado 13 de marzo por el pleno del Senado. Logró unanimidad: 98 votos en favor de todos los partidos. Ni un voto en contra, ni una abstención.
Y su aprobación fue un acuerdo entre los líderes de todas las fracciones parlamentarias, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, quien ahora coordina a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, a donde posteriormente fue turnada la iniciativa.
Sin embargo, fue el propio Beltrones quien anunció hace un mes que el equipo de Peña Nieto trabajaba tres iniciativas para enviarlas a la Cámara de Diputados: una reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), una más para regular la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación y, por último, una propuesta para crear una Comisión Anticorrupción.
Hasta ahora, ninguna de las tres se ha hecho pública a pesar de que se aseguró que serían presentadas en los primeros días del arranque del primer periodo ordinario de la Cámara baja.
Según fuentes del PRI consultadas por este medio, el retraso se debe a que las iniciativas todavía están siendo elaboradas por gente de confianza de Peña Nieto. Mientras Claudia Ruiz Massieu fue asignada para coordinar la iniciativa para reformar al Ifai, a Jorge Carlos Ramírez Marín le corresponde supervisar la de publicidad oficial, y a Lozoya Austin la propuesta de la Comisión Anticorrupción.
Aunque aún no se conoce el texto completo de la iniciativa, Lozoya Austin adelantó algunas características de la misma hace unos días a la agencia Reuters.
La principal sería que la Secretaría de la Función Pública desaparecerá para ser sustituida por el nuevo organismo: “Esta comisión tiene que estar dotada de las facultades necesarias para enfrentar este cáncer. La intención es combatir a la corrupción de raíz y tienes que tener un sistema de contrapesos. Hoy en día la Secretaría de la Función Pública es juez y parte y evidentemente esto, a pesar de las buenas intenciones, no ha generado los resultados que la ciudadanía demanda”, explicó el priista.
Como ejemplo, puso los presuntos actos de corrupción que habría cometido Walmart México para abrir numerosas sucursales en el país, o el caso de Néstor  Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), actualmente preso por recibir sobornos millonarios, incluido el yate Dream Seeker, con valor de un millón 800 mil dólares, y un auto deportivo Ferrari, de más de un cuarto de millón de dólares, para facilitar contratos a empresas extranjeras:
“Se pretende perseguir dos tipos de delito principalmente. Uno, los grandes casos de corrupción como CFE. Por eso la importancia de esta comisión que tendría capacidad de todos los niveles”, explicó Lozoya Austin.
Y en el último párrafo del despacho noticioso, la agencia dio un detalle fundamental: “Lozoya dijo que la Comisión Anticorrupción recibiría denuncias de casos cotidianos como las usuales en trámites que realizan los ciudadanos, pero no se ocuparía de resolverlas sino de obligar a las autoridades competentes a investigar y castigar”.
Es decir, no investigará, sino que sólo se limitará a exhortar a otras autoridades, a diferencia de la propuesta que ya fue aprobada en el Senado, donde a la Fiscalía sí se le otorgan facultades de investigación.
Ante el anuncio de la iniciativa priista, los coordinadores de los diputados del PAN y del PRD, Luis Alberto Villarreal y Silvano Aureoles, respectivamente, recordaron que el Senado ya tiene aprobada una iniciativa y que el tema no les resulta ajeno puesto que ambos la votaron en su calidad de senadores.
Adelantaron que no permitirán que se busque aprobar una propuesta menor a la que ya existe, como todo apunta será la iniciativa del PRI.
“En Acción Nacional creemos en la Fiscalía Anticorrupción y, de hecho, ya está en el Senado y la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados.
El tema que propone el PRI no es nuevo para nosotros. Estamos abiertos a analizar la propuesta que ellos traigan, pero no daremos un cheque en blanco”, aseguró el líder de los diputados panistas en entrevista con emeequis.
Una postura similar tiene Silvano Aureoles: “La propuesta del órgano anticorrupción ya está presentada como iniciativa en el Senado desde hace meses y cuenta con el apoyo de todas las fracciones. Parece que el PRI se quiere adelantar para decir que ya propusieron y que ya no se les muela con que hubo recursos de procedencia no clara para la elección presidencial. Para mí, esa y las otras iniciativas son un mea culpa”.
Expresó que esperarán a que lleguen. “Si son reformas cosméticas, no vamos a ir, porque hay que recordar que la corrupción es el tema distintivo del PRI”, criticó el coordinador de los diputados del PRD.

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Mauricio Merino se exaspera. Alza la voz y parece regañar. Tiene el tono desesperado de quien ha sido cuestionado muchas veces sobre el mismo tema, pero al que no le hacen caso. Y tal parece que así es, pues señala que las propuestas para combatir la corrupción no atienden las recomendaciones académicas que se han hecho una y otra vez.
Por eso, asegura Merino, la promesa de crear un nuevo órgano para combatir la corrupción es simplemente efectista y no busca atacar el fondo. A juicio de una de las voces autorizadas en México en materia de rendición de cuentas, tanto la iniciativa aprobada en el Senado como la que prepara el equipo de Peña Nieto tienen una falla de origen.
Y esa deficiencia es que ambas plantean combatir la corrupción cuando ésta ya fue cometida y no buscan abatirla desde su origen. “No hay manera de que un problema público mal enfrentado se corrija en el camino si desde el origen está mal diseñado. Eso es lo que veo en estas iniciativas”.
Merino explica que durante la última década en México se han hecho diversos esfuerzos para atacar la corrupción. Y pone como ejemplo la creación de la Secretaría de la Función Pública, el Ifai y otros mecanismos. Sin embargo, son esfuerzos desarticulados, lo que ha debilitado su efectividad.
–¿Estas iniciativas serán efectivas para combatir la corrupción?
Se busca el efectismo. Como hay corrupción, hay que atacarla creando una comisión o fiscalía que sirva para anunciar que se está combatiendo, pero no van más allá. Sólo servirán para tapar el ojo al macho porque las razones y causas de la corrupción siguen intactas. Los órganos que se han propuesto y la iniciativa que ya fue votada en el Senado atacan los actos cuando éstos ya se cometieron y el daño patrimonial ya fue causado.
El problema de fondo en materia de corrupción es que no existen mecanismos eficaces para detectar cuándo se está cometiendo un acto de corrupción en una institución pública, o si se está haciendo un mal manejo del presupuesto público.
De ese modo, argumenta Merino, sólo se puede conocer un acto de corrupción cuando éste ya se cometió y sólo si “la persona fue estúpida y cometió un error para quedar en evidencia”.
Para que de verdad funcione el nuevo organismo, enlista, se deben hacer cambios profundos en los procesos para contratar y despedir personal, en la contratación de obras y servicios, arrendamientos, tener procedimientos para mantener calidad en la gestión pública, y un sistema de vigilancia para supervisar cómo se está gastando el presupuesto y si se está cumpliendo con los objetivos planteados.
México no sería el primer país en contar con un organismo especializado para combatir la corrupción. En Iberoamérica existen los casos de la Comisión Especial Anticorrupción del Congreso peruano, la cual investigó y llevó a la cárcel al ex presidente Alberto Fujimori y a su asesor, Vladimiro Montesinos.
Este organismo eventualmente derivó en la creación de una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción que opera de forma autónoma e investiga a todos los niveles de gobierno. También existen comisiones o fiscalías similares operando en Colombia, Argentina, Brasil y España.
–Crear un organismo de este tipo, ¿es una forma de curarse en salud aunque no se ataque de fondo el problema?
La experiencia internacional nos dice que los mecanismos de vigilancia deben ser desde que alguien está cometiendo actos de corrupción, no sólo cuando ya los cometió.
La iniciativa del Senado señala que su funcionamiento será autónomo, pero no se puede crear un órgano autónomo que no esté asociado al sistema de justicia del país. Tendrá que jugar con reglas que no funcionan. Crear una fiscalía con este propósito sólo dará la apariencia de que se está combatiendo el fenómeno pero seguirá intacto.
Y con dureza, Mauricio Merino concluye: “El nuevo organismo tendrá que pasar por todos los pasillos del laberinto de la burocracia y el principal problema para atacar la corrupción en el país son esos pasillos”.

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Durante los últimos 12 años, el combate a la corrupción en México se estancó en los bajos niveles en que ha estado. Al menos es lo que dicen las mediciones de Transparencia Internacional.
Su último informe disponible, correspondiente a 2011, ubica a México en el lugar 100 de 183. Un puesto muy por debajo del registrado en 2000, cuando el PRI dejó la Presidencia de la República. En 2000, el país ocupaba el puesto 59. Y la mejor clasificación obtenida en esta medición fue en 2001, cuando se colocó en el puesto 57 de 178 países que integraban el índice.
Pero Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana, matiza los resultados del índice: aunque México ha bajado de puesto, esto no equivale a que la situación se haya agravado sino a que más países se han integrado a la medición.
Lo importante de este índice, explica, es la calificación que se da a cada país: México tenía 3.3 en el año 2000, y para 2011, pasó a 3.6: “Estos últimos 12 años hemos visto un estancamiento; por decirlo de algún modo, no ha habido avances”.
El especialista recuerda que a nivel mundial han existido esfuerzos exitosos de órganos anticorrupción. Pero también ha habido fiascos. En el grupo de aquellos que han tenido resultados favorables, dice, están los casos de Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, mientras que Argentina y Colombia se ubican entre los que han quedado cortos en sus objetivos.
–¿Qué debe reunir esta nuevo organismo para que sea exitoso en el combate a la corrupción?
–Varias cosas. La principal es que un órgano de esta naturaleza si no se acompaña de una política anticorrupción preventiva y corrija el problema de raíz, se tendrá sólo una parte de la ecuación.
Bohórquez recuerda que México suscribió hace varios años la Convención Anticohecho de la OCDE, pero el país se ha quedado corto:
“Mientras en Estados Unidos hay cientos de casos bajo esta convención, en el país apenas tenemos dos casos”.
Otro factor que explica el fracaso es que la Función Pública sólo tiene facultades de sanción administrativa y la PGR no cuenta con una fiscalía especializada: “Una fiscalía exitosa debe tener la posibilidad de iniciar una investigación sin que haya denuncia”.
–La propuesta del PRI perfila desaparecer la Secretaría de la Función Pública…
–Hay que revisar el tema. Ha sido frecuente que se hable de la desaparición de la Secretaría. Mi impresión es que la Función Pública es mucho más que un instrumento anticorrupción, pues también tiene otros brazos, como el servicio profesional de carrera, la unidad de compras gubernamental y la simplificación y modernización administrativa, donde ha dado resultados.

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Sin importar cuál sea el modelo para combatir la corrupción de servidores públicos que el Congreso apruebe, México se encuentra actualmente muy por debajo de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá o España. Y, por el contrario, está en el mismo nivel de países como Indonesia, Madagascar, Malawi, Surinam o Tanzania.
Será en los próximos meses cuando los legisladores definan qué alcances tendrá el nuevo organismo.
Ya se sabrá si, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se quedará a medias y a la sociedad le darán atole con el dedo.

 

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