Quieren que regresen contratos de riesgo en Pemex
Con reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución, la propuesta busca terminar con el monopolio de Petróleos
Mexicanos en materia de hidrocarburos
Los dos puntos forman parte del borrador de Reforma Energética que será presentada en los próximos días, informaron fuentes políticas, misma que contendrá reformas constitucionales en los artículos 25, 27 y 28.
Aunque durante las primera hora de ayer el presidente había dicho que se presentaría el jueves, diferentes consideraciones llevaron a aplazar su presentación hasta la segunda semana de agosto.
El aplazamiento ayudará a que los líderes del PRD y del PAN puedan procesar al interior de sus partidos la propuesta y prepararse para el debate y la movilización.
Las fuentes agregaron que la iniciativa presidencial está enmarcada conceptualmente en la petrolera que promulgó el presidente Lázaro Cárdenas en 1938, que contiene dentro de la Ley Reglamentaria del artículo 27 que las empresas petroleras extranjeras podrían celebrar contratos particulares mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que se obtengan.
Este tipo de acuerdo se conoció como “contratos de riesgo”, una fórmula adoptada en los años siguientes por varios países en su industria.
“Optaron por contratos de riesgo por encima de las concesiones”, dijo una de las fuentes que explicó los detalles generales de la propuesta. “Esta es la parte más importante de la Reforma para poder atraer inversiones extranjeras”.
Contratos prohibidos
Los contratos de riesgo permitirían las garantías jurídicas que ofreció el presidente Peña Nieto a los inversionistas extranjeros en dos recientes entrevistas en el diario británico Financial Times y en la agencia mundial de información económica Bloomberg.
Las garantías que contendría esa modalidad no significan la privatización de los hidrocarburos, sino la posibilidad de que las empresas puedan contabilizar fiscalmente las reservas probables en el cuadrante para el cual licitarían y, de esta forma, recaudar los fondos para sus operaciones.
Fuentes políticas dijeron también que este tipo de contratos de
riesgo estaban pensados, principalmente para la exploración y producción
petrolera en aguas profundas, donde Pemex no tiene la capacidad de
perforación. Actualmente sólo tiene trabajando tres pozos petroleros en
el Golfo de México, agregaron.Los contratos de riesgo fueron cancelados por el presidente Ruiz Cortines literalmente en la víspera de terminar su mandato, como la última medida de un gobierno que se caracterizó por fortalecer la rectoría del Estado en la economía. Desde entonces, la fórmula fue sistemáticamente rechazada por la clase política mexicana, en particular por el PRI durante los 70 y los 80, y en los últimos años por la izquierda y su ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
Erróneamente, la cancelación de los contratos de riesgo ha sido atribuida al general Cárdenas, quien nacionalizó la industria petrolera.
La laguna histórica es uno de los factores que ha sido aprovechado por el gobierno de Peña Nieto al montar la Reforma Energética en el icono del nacionalismo mexicano.
Cambios legales
Los contratos de riesgo estarían incorporados dentro de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en donde se salvaguardaría el precepto de la propiedad de los hidrocarburos para los mexicanos, tal y como lo estableció el general Cárdenas en el decreto de expropiación de 1938.
Pero a diferencia de aquél año, el borrador de la iniciativa plantea la reforma al 28 constitucional que establece el monopolio de Pemex.
“…no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”, refiere textual dicho artículo.
Aunque hay versiones encontradas sobre la incorporación o no del artículo 25 constitucional, una fuente política señaló que es necesaria su reforma para acompañar al 28 constitucional.
El Artículo 25 define las áreas estratégicas en poder del Estado Mexicano, y el 28 las identifica.
Modificar el artículo 25 sería necesario para reformar a la Comisión Federal de Electricidad e impulsar la producción de gas shale en el país.
El diagnóstico
Pemex, el monopolio petrolero estatal mexicano, sigue siendo uno de los principales productores de crudo en el mundo y un importante proveedor de ese producto a los EU.
Sigue siendo el único productor de crudo, gas natural y productos derivados del petróleo en México y representa la fuente más importante de ingresos para el gobierno federal.
Durante la última década, Pemex ha enfrentado a una rápida declinación en la producción de sus principales campos (en particular Cantarell en el Golfo de México), mientras que otros campos importantes no han alcanzado su producción máxima, como en Chicontepec, Ku-Maloob-Zaap (el campo más importante en la actualidad), Crudo Ligero Marino y Burgos.
En 2004 México llegó a su pico de producción de crudo, con 3.4 millones de barriles diarios, aunque comenzó a caer hasta mantenerse en los niveles actuales de 2.5 millones de barriles diarios.
Pemex es el cuarto productor de crudo del mundo, genera para el Estado mexicano cerca del 40% de sus ingresos, y sus operaciones están directamente ligadas a los resultados del presupuesto nacional.
El 70% de sus ingresos van a parar al fisco, lo que ha generado un fuerte rezago en la empresa pública, ya que sólo puede destinar el 9 % de sus ingresos para invertir en la compañía.
Contratos de riesgo
Se trata de contratos en los que las empresas reciben un porcentaje de la producción petrolera, o gasera, en pago por su participación en la exploración y explotación de esos hidrocarburos.
En tiempos de Miguel Alemán (1946-1952) se firmaron este tipo de contratos, con los cuales las compañías extranjeras recibirían, por el supuesto riesgo de que no hubiera petróleo donde perforaban, un 15% de la producción que se obtuviera.
El presidente de la Comisión del Petróleo de la Cámara de Diputados, Natalio Vázquez Pallares -muy cercano al ex presidente y general Lázaro Cárdenas- denunció el hecho, hasta que en 1960 quedaron prohibidos constitucionalmente estos contratos de riesgo.
Sobre la reforma energética anunciada en el marco del Pacto por México, la OCDE sugiere promover un entorno más competitivo con incentivos de mercado que permita elevar la eficiencia de Pemex.
El organismo internacional sugiere ampliar la regulación que incluya una mayor supervisión para nuevos participantes.
La OCDE destacó que aún hay margen para lograr una mayor participación del sector privado, entre otras formas con un cambio a las bases de licitación y los esquemas de contratación.
También se pueden implementar contratos con incentivos para atraer la participación de socios calificados que cuenten con capacidad técnica.
Antecedente inmediato
En vista de la disminución de la producción, el presidente Felipe Calderón, en el inicio de su gestión, promovió una reforma energética para permitir que entraran empresas privadas a realizar trabajos con Pemex.
La propuesta constaba de cinco iniciativas de reformas, a diversas leyes: La primera se refiere a modificaciones a la Ley Orgánica de PEMEX; la segunda, es para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la tercera es un proyecto de reforma a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; la cuarta es una “iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo”; la quinta trae la iniciativa de Ley de la Comisión del Petróleo.
Sin embargo, sólo logró que el Congreso aprobara, en medio de bloqueos callejeros de seguidores de Andrés Manuel López Obrador, una reforma petrolera light cuyos beneficios son hasta la fecha casi imperceptibles, a jucio de expertos en la materia.
El 9 de mayo de 2008, Calderón anunció en cadena nacional que su propuesta consistía en “establecer un nuevo régimen especial en materia de contrataciones, adquisiciones de obras públicas que sea distinto al del resto del gobierno, lo cual le permitirá a la empresa ser muchísimo más eficiente”.
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