Pese al crecimiento económico y al descenso del paro,
muchos ciudadanos perciben que continúa habiendo una pérdida persistente
de poder adquisitivo, bienestar y derechos sociales. Desde que comenzó
la crisis, cada vez más personas se han visto incapaces de hacer frente a
sus facturas para tener calefacción, agua caliente o luz. Es decir,
afrontan una situación de pobreza energética.
Publicados desde 2012, los informes de la Asociación de
Ciencias Ambientales describen la pobreza energética como una situación
en la que un hogar “es incapaz de pagar una cantidad de energía
suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando
se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la
factura energética de su vivienda”.
Según los resultados del último informe de esta
organización, elaborado a partir de las encuestas de Presupuestos
Familiares y de Condiciones de Vida del INE correspondientes al 2014
(último año con microdatos disponibles en el momento de elaboración del
estudio), el 11% de los hogares españoles (5,1 millones de personas) se
declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en
los meses fríos. El 8% (4,2 millones de personas) declara tener retrasos
en el pago de las facturas y el 15% (6,2 millones de personas) afirma
destinar más del 10% de sus ingresos anuales a la compra de energía para
la vivienda.
Porcentaje de hogares entre 2006-2014 con temperatura inadecuada en invierno o verano, retrasos en el pago de recibos y goteras, humedades o podredumbre en su vivienda.
En 2014 se registraba en España un mayor porcentaje de
personas incapaces de mantener una temperatura adecuada en invierno que
la media de la UE. La cifra también era mayor que en países del centro y
norte del continente como Alemania y Suecia, pese a tener estos climas
más fríos.
Familias monoparentales, más afectadas por la pobreza energética
El informe revela una mayor incidencia de la pobreza
energética en hogares en los que la persona principal tiene bajo nivel
educativo, está soltera, viuda o divorciada, o proviene de un país de
fuera de la UE y en hogares de familias monoparentales.
La situación laboral se muestra también como factor de
vulnerabilidad. Los hogares en paro y que dependen del subsidio de
desempleo u otras prestaciones tienen mayor riesgo de sufrir pobreza
energética. Dentro de los hogares con empleo, encontramos una mayor
incidencia en el caso de contratos temporales en comparación con
contratos fijos.
Incidencia de condiciones asociadas a la pobreza energética.
Según los datos de mortalidad del INE, se calcula que cada
año mueren en España en torno a 24.000 personas más entre noviembre y
marzo que en el resto del año. Una parte de esta tasa de mortalidad
adicional de invierno es atribuible a la pobreza energética: las
estimaciones iniciales, basadas en datos para Europa de la OMS (Braubach
et al., 2011), indican que la pobreza energética podría estar detrás de
unas 7.100 muertes prematuras al año, con un posible rango de
incertidumbre de entre 2.400 y 9.500 fallecimientos anuales. En
comparación, unas 4.000 personas murieron al año en accidentes de
tráfico como promedio entre 1996 y 2014, y se estima que la
contaminación atmosférica causa cerca de 33.000 muertes prematuras al
año en España.
Soluciones políticas
La Asociación de Ciencias Ambientales defiende la necesidad
de impulsar una estrategia estatal de lucha contra la pobreza
energética que debería tener en cuenta tres puntos esenciales:
-- La rehabilitación energética de edificios como medida
preventiva para reducir la vulnerabilidad y el análisis de las
posibilidades que ofrecen las tecnologías renovables.
-- Definir adecuadamente qué se considera “consumidor
vulnerable” en términos energéticos. A día de hoy se asocia a los
posibles beneficiarios del bono social eléctrico.
-- Actuar en el ámbito de los cortes de suministro sobrevenidos por incapacidad de pago de las facturas.
------------------
Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto Radiografía de la pobreza energética,
elaborado por Sergio Tirado Herrero, integrantes de la RMIT University
Europe y de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), José Luis López
Fernández y Luis Jiménez Meneses, miembros de ACA. El documento está
publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario