 Brasilia,
8 ago (PL) Una propuesta de enmienda constitucional que establece la
obligatoriedad del Gobierno de asignar recursos para obras de interés de
los diputados y senadores enfrenta hoy a los poderes Ejecutivo y
Legislativo brasileños.
El proyecto, cuya votación en Cámara de Diputados fue pospuesto la
víspera debido al interés del líder de ese órgano, Henrique Eduardo
Alves, de buscar mayor consenso entre los bloques partidistas, determina
la entrega a los parlamentarios de unos tres mil millones de dólares al
año para que sean manejados en inversiones estaduales y municipales de
su conveniencia.
Al tratarse de una enmienda constitucional, la
propuesta deberá alcanzar al menos 308 votos a favor en la Cámara para
ser aprobado en la primera ronda.
En la actualidad, la
administración federal puede o no puede cumplir con lo que está previsto
en la Ley de Directrices Presupuestarias, pero de sancionarse esa
enmienda, tendrá que acatar la decisión del Congreso. El Gobierno
sólo podrá bloquear el pago de dichos recursos, si se determina realizar
algún recorte presupuestario, lo cual influiría también en una
disminución de los fondos de interés de los parlamentarios.
Eduardo Alves anunció su apoyo a la sanción de esta iniciativa, que
cuenta -dijo- con el respaldo de la mayoría de los bloques
parlamentarios.
Ante esta situación, la presidenta brasileña,
Dilma Rousseff, sugirió a los diputados que para aumentar el gasto del
presupuesto, digan primero de "dónde van sacar ese dinero".
El
Congreso puede aprobar esa modificación constitucional e imponer el
desembolso de los recursos previstos en las denominadas enmiendas
parlamentarias, lo cual incrementará los egresos, pero no dice de dónde
van a salir esos fondos, recalcó Rousseff.
Este y otros
proyectos podrían provocar más sangrado en las arcas del ejecutivo,
aseveró al reclamar la aprobación de la normativa que otorga la
utilización del 10 por ciento del Producto Interno Bruto en la
educación.
pgh/lgo |
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