EN CÁRCELES DE OAXACA Y GUERRERO, LOS INDÍGENAS SUFREN VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

La ONG ASILEGAL afirma que en el nuevo sistema penal acusatorio se arrastran vicios del proceso antiguo

Por José Dueñas
02/agosto/2013

  

México, D.F.- La organización no gubernamental, Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), dio a conocer que durante los meses de junio y julio de 2013 visitó 13 centros penitenciarios en los estados de Guerrero y Oaxaca.

En los penales, informó, se realizaron alrededor de 250 asesorías jurídicas a personas que pertenecen a algún pueblo indígena y se encuentran privadas de la libertad. “La investigación de campo nos permite afirmar que la mayoría de las personas indígenas recluidas en estos centros ha sufrido violaciones a sus derechos humanos durante el proceso penal al que son sujetos. Particularmente, identificamos que prevalecen los abusos de la prisión preventiva”.

La ONG explica que los centros de internamiento visitados en el Estado de Oaxaca fueron los de las ciudades de Tehuantepec, Pochutla, Miahuatlán, Matías Romero, Juchitán, Tlacolula, Juquila, Huajuapan de León, y Tlaxiaco. En cuanto al Estado de Guerrero, se visitó a los centros penitenciarios de Ayutla de los Libres, Acapulco, Tlapa de Comonfort y San Luis Acatlán.

Resultado de ese trabajo de campo, la ONG afirma que los datos recolectados permiten identificar una serie de problemas sistemáticos, a saber:

• El rezago de los procedimientos judiciales. Existe un gran número de casos que son anulados por tribunales de apelación, dadas las irregularidades en el proceso penal. Esto provoca que la autoridad ordene la reposición de procesos penales y las personas permanezcan en prisión por más tiempo.
• El abuso del uso de medidas cautelares como la prisión preventiva.
• Las deficiencias de la defensoría pública, que van desde fallas elementales en el proceso penal hasta el abandono de los casos y por ende, de las personas.
• La incorrecta calificación de los delitos con una tendencia a acumular la mayor cantidad de agravantes para a su vez generar sentencias más altas.

ASILEGAL afirma que estos problemas empeoran por la discriminación ejercida contra los miembros de las comunidades indígenas. “El común denominador en estos casos es la falta de un traductor de su lengua en la variable regional exacta, la incompatibilidad del sistema de justicia oficial con las particularidades culturales de los pueblos y la criminalización de la mujer por motivos de género y de la protesta social”.

“Este tipo de viajes son muy productivos porque obtienes mucha información” afirma Luis Jorge de la Peña, coordinador del área de Investigación de ASILEGAL. “En Oaxaca pudimos ver como se están llevando los casos en el nuevo Sistema Acusatorio, en el que efectivamente los procesos van de manera más rápida, ya no duran 4 o 5 años, sino meses. Aunque es un sistema nuevo aún se arrastran vicios del antiguo”.

“Uno de los vicios que se traducen en malas prácticas del nuevo sistema es que la mayoría de los casos se resuelven en la etapa intermedia por confesión. El defensor de oficio recomienda a sus representados declararse culpables, aunque probablemente no lo sean, con el supuesto de obtener un beneficio de libertad anticipada. Sin embargo, si te confiesas culpable de un homicidio calificado, entonces serás sentenciado a 25 o hasta a 40 años de prisión y para que obtengas el beneficio liberación anticipada tendrás que esperar 10 o 15 años. Obtener sentencias rápidamente reduce el número de personas en prisión preventiva, pero se está haciendo a cambio de fabricar culpables”, expone el activista.

Comentó que en próximos meses ASILEGAL analizará qué casos representará y cuáles asesorará jurídicamente, tomando en cuenta el nivel de vulnerabilidad y abandono de los mismos.

Cabe destacar que en las asesorías jurídicas participaron activamente integrantes del Programa de Formación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de ASILEGAL. En este proyecto participan jóvenes de instituciones como el Centro Universitario del Pacífico Sur Campus Tlapa (CUPS), en el caso de Guerrero y del Colectivo Praxis Universitaria de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). También se destaca la participación de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).