viernes, 12 de mayo de 2017

Greenpeace denuncia un sistema eléctrico manipulado

Greenpeace denuncia un sistema eléctrico manipulado

"La noticia de la denuncia de Anticorrupción contra Iberdrola por manipular los precios del mercado eléctrico en 2013 vuelve a poner de máxima actualidad un tema que nos afecta en el día a día", ha señalado la organización Greenpeace.






De entrada, es una buena noticia que el sistema judicial tome cartas en el asunto para dirimir responsabilidades y, se supone, defender el interés general cuando una gran empresa abusa supuestamente de una posición de dominio. Pero más allá de las consecuencias judiciales o penales para la empresa y para el conjunto del sistema, que tendrán que dirimir los tribunales, más allá de que hechos como este invalidan los argumentos de estas empresas como garantes de nuestra seguridad, bienestar o medioambiente, es interesante fijarnos en por qué sucede todo esto y en cómo nos afecta.
El caso que ahora nos ocupa se desató cuando, a finales de 2013, los precios de la electricidad se dispararon. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió de que se estaba dando una situación anómala de manipulación de precios del mercado por Iberdrola y la condenó, dos años después, a una multa de 25 millones. No gran cosa para la empresa, ya que Anticorrupción está investigando si Iberdrola habría ganado 20 millones en la jugada.
En pocos meses, la tormenta desatada provocó que el Ministerio de Industria, dirigido por Soria, se viese forzado a cambiar el sistema por el que esos precios se fijaban: anuló la subasta que dio lugar a esa situación puntual, y cambió el sistema de subasta por otro. Hasta ese momento, el precio que pagamos en la tarifa de la luz todos los consumidores que no hemos caído en el engaño de cambiar a una comercializadora “libre”, se fijaba en una polémica subasta (CESUR). Desde entonces, el Gobierno vinculó directamente el precio que pagamos los consumidores al precio que resulta en el mercado mayorista de la electricidad, hora a hora. Y además le cambió el nombre: lo que antes se llamaba “tarifa de último recurso” pasó a llamarse “precio voluntario al pequeño consumidor” (PVPC).
Pero independientemente de lo que en principio podría ser un cambio a mejor, ya que el precio que pagamos en la tarifa se parecería a más a “la realidad” del precio del mercado eléctrico, en realidad se sigue sin abordar ni resolver el fondo de la cuestión: de dónde sale y quién pone ese precio del mercado.
El problema es que los que acuden a ese mercado como productores, a vender la energía que han producido, son básicamente los mismos que acuden a ese mercado como comercializadores, a comprar la energía que luego nos venden a los consumidores. No son los únicos, hay muchos más productores y comercializadores, pero ninguno es tan grande y poderoso como las 5 grandes eléctricas que juegan la partida en los dos lados poniendo en duda la base teórica sobre la que se sustenta el mercado eléctrico: la libre competencia. Pero además esas cinco grandes son las que poseen y operan, en régimen de monopolio regional, las redes de distribución por la que circula la electricidad que se compra y vende en ese mercado.
Es un mercado oligopólico, que se parece a una partida de póker en la que unos jugadores (5 en este caso) juegan con ventaja, porque tienen más información, más medios, más poder de mercado, más influencia política que todos los demás. Y encima, ni siquiera las 5 empresas del oligopolio son iguales, hay 3 mucho más grandes y de ellas, dos que dominan sobre todas las demás: Iberdrola y Endesa.




Solo podrá haber un sistema creíble cuando los que participen lo hagan en igualdad de condiciones. Y para eso hay que acabar con el oligopolio.
¿Cómo? Por un lado, permitiendo que la ciudadanía pueda participar con los mismos derechos para producir, consumir, gestionar su demanda, autoconsumir, ahorrar energía, intercambiar energía, servicios e información libremente entre pares, de forma individual o agregada. Hoy mismo se ha constituido una Alianza por el Autoconsumo para promover estos derechos. Por otro lado, impidiendo por ley que las grandes empresas puedan ser juez y parte: o se dedican a gestionar las redes o participan del mercado eléctrico, sea como compradores o como vendedores.
Obviamente hay muchos más cambios que hacer para democratizar la energía, pero ningún cambio será posible mientras sigamos sometidos al poder del oligopolio eléctrico. Estamos trabajando para lograr estos cambios. Si estaś de acuerdo, firma aquí.