Autoridad compartida
Las recientes manifestaciones de esos grupos de “autodefensa” o policías comunitarios armados en contra de tropas del Ejército mexicano, que ocurrieron en municipios de Guerrero y Michoacán, donde 70 militares fueron “retenidos” -por no decir secuestrados- o donde se burlan del desarme de los castrenses y exigen que el Ejército no entre a sus territorios, confirman que el Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno e instituciones, ha quedado rebasado ante este fenómeno tolerado en un principio y que se extiende cada vez más por varios estados de la República.
Síntoma de debilidad y de incapacidad de un Estado que dejó de garantizar la seguridad de sus habitantes, la idea de la “autodefensa” surgió en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, primero en forma de las antiguas policías comunitarias, contempladas en la ley de algunas entidades como vigilantes auxiliares pero sin armamento. El problema fue que, al decidirse a enfrentar a bandas del narcotráfico que asolaban a sus comunidades, esos grupos cambiaron los palos y machetes por armas de alto poder en algunos casos y hasta se encapucharon para declarar la guerra a los delincuentes y evitar represalias de ellos y del Estado.
La tibieza de algunos gobernadores, particularmente de Guerrero y Michoacán, y la indefinición y las vacilaciones de la Secretaría de Gobernación, hicieron que en lo que va de este sexenio proliferaran cada vez más grupos de autodefensa comunitaria, algunos realmente constituidos por pobladores de comunidades desesperados, otros financiados por grupos del narcotráfico para utilizarlos en contra de cárteles enemigos en la disputa por territorios. La inacción de los gobiernos federal y local ahondó la confusión entre unos y otros y hoy ha convertido este fenómeno en un auténtico desafío a las autoridades, incluido el Ejército.
Si ya era grave que el Estado mexicano hubiera cedido el poder a los grupos del crimen organizado en regiones enteras del país, donde el narcotráfico ha impuesto su ley con la violencia y el miedo, ahora estos grupos reivindican como su derecho el uso de la fuerza y, con acciones como bloqueos y secuestros de militares y funcionarios, reclaman autonomía de sus territorios en donde desconocen todo tipo de autoridad que no venga de ellos mismos.
El gobierno de Peña Nieto, obsesionado en sacar sus reformas en el Congreso, parece no entender ni atender la gravedad del problema y deja el tema en manos de gobernadores pusilánimes y rebasados como Ángel Aguirre o Jesús Reyna que, lejos de enfrentar el desafío lo administran y simulan “negociaciones” y “diálogos” en los que no se resuelve el problema.
En los hechos, esos grupos ya habían desplazado y expulsado literalmente a la autoridad municipal, con los casos de varios alcaldes a los que les arrebataron el gobierno de sus comunidades; habían desconocido la autoridad de los gobernadores, llegando incluso a acusar al mandatario Reyna de estar ligado al narcotráfico, y ahora rechazan la autoridad del Ejército mexicano y se rebelan contra su presencia y acciones de desarme en sus territorios ¿Qué sigue en esas regiones dominadas por las autodefensas, el autogobierno?
Dice la lógica maquiavélica que el poder no se comparte, pero en México la realidad es otra. La cesión de poder que en los hechos ocurre en varios territorios del país corre el riesgo de extenderse a otras regiones ¿De qué servirá un gobierno “moderno” y “reformado”, con nuevas leyes que promuevan la inversión y la competitividad en monopolios públicos y privados, como el que busca obsesivamente Peña Nieto con sus reformas, si surgen regiones en el país donde no hay autoridad que haga valer ningún tipo de ley?
NOTAS INDISCRETAS…Vacaciones necesarias llevan los dados al cajón. Volveremos a lanzarlos a partir del miércoles 21 de agosto, mientras tanto, Escaleras dobles para todos los lectores.
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