Tras
la llegada al poder de los unipolaristas y militaristas de la Casa
Blanca, México va camino a convertirse en el principal Estado satélite
regional de Washington. Según el Diccionario de política de
Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, el término califica la condición
“paracolonial” de sujeción y dependencia de un Estado respecto a otro.
Satélite es el Estado cuya actividad política, económica y militar,
interna e internacional, es dependiente del Estado dominante. La
condición de satélite conlleva de hecho (si no de derecho) la pérdida de
la independencia y la soberanía nacionales. El Estado satélite no está
en condiciones de ejercitar una política exterior autónoma, aunque
conserve de manera formal, nominal o relativa todos los simulacros de la
independencia y la soberanía.
El modelo de
dominación estadunidense sobre México se basa en la doctrina de la
“soberanía limitada”, y se realiza bajo la forma indirecta de control
ideológico, político, económico y militar. Pero a su cualidad de
satélite México suma en la coyuntura su condición de vasallo, término
que designa comúnmente al Estado que está subordinado política e
ideológicamente a una potencia, especialmente en el contexto de un
sistema internacional premoderno. Verbigracia, el actual papel de la
“diplomacia” mexicana en el seno de la Organización de Estados
Americanos (OEA), añejo instrumento de control semicolonial de EU de la
época de la guerra fría, donde el vasallaje −antaño como ahora−
implica obligaciones de apoyo político y asistencia militar subordinada
al poder hegemónico.
La asimétrica lógica imperial
inter-hemisférica se aplica bajo la fórmula hegemonía + violencia, lo
que implica desde las contrapartes más débiles de la relación vasallaje +
obediencia. En ese sentido, por mandato de Washington a últimas fechas
México se ha convertido en un agente ralentizador del proceso
integracionista subregional desde su interior; en una quinta columna que
de manera colaboracionista con el poder imperial ha venido trabajando
para provocar la implosión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), organismo intergubernamental (sin EU y Canadá)
heredero del Grupo de Río.
En la fase actual EU tiene en la mira a
Venezuela. La estrategia de guerra no convencional −con eje en la
inteligencia tecnológica, las operaciones sicológicas, la manipulación
propagandística, la distorsión informativa y la fabricación de
percepciones vía la intoxicación de noticias falsas− se lleva a cabo
desde el Comando Sur del Pentágono, a cargo del almirante Kurt Tidd, en
estrecho contacto con el consejero de seguridad nacional de la Casa
Blanca, general H.R. McMaster.
Como antes en Libia,o Siria, en el
marco de la “Operación Venezuela Freedom 2” es previsible que la
estrategia imperialista dirigida a generar una guerra civil en
Venezuela, cuenta de tiempo atrás con fuerzas especiales que actúan de
manera clandestina en territorio venezolano y que en caso de una
intervención militar directa del Pentágono serán apoyadas (la denominada
“fase tenaza”) por infantes de marina de la Fuerza de Tarea Conjunta
Bravo (US military’s Joint Task Force Bravo), ubicada en la base aérea
de Soto Cano (Palmerola), Honduras, y tropas aerotransportadas de
despliegue rápido de la base FOL (Lugar de Operaciones de Avanzada) de
Leticia, en Colombia.
A su vez, la sala de comando político del
golpe de Estado contra Venezuela está instalada en la OEA, y como Estado
vasallo de Washington, México ha sido llamado a jugar un papel
singular. Por instrucciones del aprendiz de canciller Luis Videgaray y
su jefe Enrique Peña Nieto, el representante mexicano ante el organismo,
el protagónico Luis de Alba, desempeñó un rol clave el pasado 3 de
abril, cuando en una sesión ilegal se dio un golpe institucional en el
organismo.
Tras despojar de la presidencia y vicepresidencia pro tempore
de la OEA a Bolivia y Haití, De Alba instó en dos oportunidades a votar
un documento injerencista contra Venezuela sin votación (por consenso),
y cuando vio que no contaba con los votos necesarios pidió un receso
para hacer el control de daños. Reanudada la sesión, en otro acto
fraudulento impulsó un “consenso por mayoría” (sic), lo que a la
postre, tras el falso supuesto de que se había aprobado la aplicación de
la Carta Democrática contra Venezuela, dio vía libre a la escalada de
manifestaciones opositoras armadas de corte terrorista, que en 50 días
ha dejado como saldo una treintena de muertes.
La larga mano de Washington en la escalada terrorista
En
su fase actual de escalamiento del conflicto, que incluye el asedio y
hostigamiento de embajadas y funcionarios diplomáticos venezolanos en el
mundo (por ejemplo en España y México) por turbas de clase-medieros en
el exterior, el plan de intervención encubierta de Estados Unidos en
Venezuela se está aplicando con base en una estrategia donde se
articulan diversas formas de lucha, entre ellas, movilizaciones
pacíficas combinadas con barricadas y una violencia callejera de corte
paramilitar catalizada con equipos provistos con armas cortas,
explosivos caseros, escudos, chalecos protectores, guarniciones de
brazos y piernas propios de una unidad antimotín, que ponen en práctica
acciones directas similares a los de una guerrilla urbana; operaciones
encubiertas con fuerzas especiales en el terreno; sabotajes y saqueos, a
lo que se suma una guerra mediática que utiliza un lenguaje orwelliano
(doble-habla), bi-conceptual o doble estándar, salpicado con el manejo
de propaganda blanca, gris y negra.
Con una amplia y programada
cobertura mediática de exportación internacional con un sesgo
político-ideológico predeterminado y que sigue el guión maniqueo:
“Maduro dictador” vs. “Oposición democrática”, las marchas “pacíficas” y
actos vandálicos −impulsados y financiados por los políticos y
empresarios golpistas de 2002 y la red de agencias de Washington−, están
concentradas en menos del 1% del territorio nacional venezolano; en 19
municipios controlados por la derecha, siendo el foco principal del
terrorismo neonazi el municipio de Chacao, de aproximadamente 12
kilómetros cuadrados. En el resto del país la vida sigue con normalidad.
Cada
día las imágenes exhiben que los protagonistas de la violencia
callejera (donde hay paramilitares y francotiradores infiltrados y
bandas de malandros pagados como mercenarios) están pertrechados
con escudos y costosos equipos de ataque: máscaras antigases, atuendos
especiales y armas contundentes diversas, algunas de fabricación
artesanal o casera, pero las corporaciones mediáticas los presentan como
los modernos “luchadores por la libertad”, recuperando la denominación
aplicada por Ronald Reagan a la “contra” nicaragüense en su guerra
clandestina contra el gobierno sandinista en los años ochentas.
Inscritas
en la “agenda común” de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), los
empresarios de Fedecámaras y los obispos conservadores católicos, las
acciones clasistas y racistas para “calentar la calle”–incluido el
ataque contra un hospital materno infantil con 54 niños en su interior y
la quema del joven Orlando Figuera cerca de la plaza Altamira, en
Chacao, por parecer “chavista”− y el empleo dosificado de la violencia
armada bajo un enfoque de “cerco y asfixia” operado por el almirante
Tidd desde el Comando Sur, siguen los patrones de los manuales de las
Fuerzas de Operaciones Especiales de EU, como la Circular de
Entrenamiento 18-01 sobre la guerra no convencional.
Otro objetivo: “Hacer gritar la economía”
La
guerra irregular o asimétrica funde las doctrinas de la manipulación
sicológica vía grandes corporativos mediáticos tipo CNN, O’Globo,
Televisa o Newsweek con la guerra económica de monopolios y oligopolios
transnacionales y venezolanos, que siguen el esquema aplicado en Chile
por la administración Nixon, su secretario de Estado Henry Kissinger y
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con Richard Helms, para
derrocar mediante un golpe militar al presidente constitucional Salvador
Allende.
Entonces en Chile, como ahora en Venezuela, se trata de
“hacer gritar la economía”. De allí que desde el fallido golpe de Estado
de 2002, un grupo de corporaciones transnacionales y oligopolios
locales vienen impulsando el desabastecimiento selectivo y programado de
alimentos (Alimentos Polar de Lorenzo Mendoza; Cargill Venezuela,
Heinz, Nestlé y Hermanos Herrera C.A., empresa distribuidora de
Kellog’s, General Mills y Procter & Gamble), lo que mediáticamente
es difundido bajo matrices simbólicas equivalentes a “largas colas” y
“hambruna”; de productos farmacéuticos y medicinales (Abbott, Roche,
Novartis, Bayer, Pfizer, Sanofi, Merck, Astrazeneca, Glaxo); de
productos de higiene personal (Johnson & Johnson, Kimberly Clark,
Colgate-Palmolive); maquinaria y repuestos, alterando, boicoteando o
saboteando de manera facciosa los mecanismos de distribución, a lo que
se suman la inflación inducida y el bloqueo comercial y financiero
internacional encubierto de las corporaciones del ramo (Moody´s
Investors, Standar & Poor’s, Fitch Ratings, Credit Suisse, Bank of
America, J.P.Morgan, Morgan Stanley y Deutsche Bank).
México, segundo país más letal del mundo
En
ese contexto, en su papel de Estado satélite y como medida de presión
contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, México,
país considerado por el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres
(IISS, por sus siglas en inglés) con más asesinatos en el mundo en 2016 a
consecuencia de la guerra al narcotráfico, sólo detrás de Siria (que
vive una guerra civil con intervención extranjera), ha venido impulsando
entre los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) el
retiro de embajadores y reducir sus misiones en Caracas a nivel de
encargados de negocios, como paso previo a una eventual ruptura de
relaciones diplomáticas en la OEA; lo que sin duda fue un tema abordado
en la reciente entrevista entre los presidentes Donald Trump y Juan
Manuel Santos en la Casa Blanca.
La calificación de México como el
segundo conflicto más letal del orbe −es decir, con niveles de
violencia de un país en guerra abierta− y con una intensidad consistente
en los últimos diez años a la par de lo que ocurre en Siria, Afganistán
y Yemen, lo hace impresentable para hablar de la aplicación de “cartas
democráticas” contra terceros países. Máxime, cuando a diferencia de
Venezuela, donde no hay un sólo medio de prensa censurado ni un solo
periodista preso, muerto o desaparecido, México lleva el triste récord
de 126 periodistas asesinados y 50 desaparecidos del año 2000 a la
fecha.
En eso, también, resalta el doble rasero de la OEA y
Washington por razones político-ideológicas. En ese contexto, y a
instancias de la dupla McMaster/Tidd en aplicación de la “fase tenaza”
de la Operación Venezuela Freedom 2, es previsible que en la reunión de
cancilleres prevista para el 31 de mayo, la OEA eche a andar un bloqueo
financiero y comercial contra Venezuela, como los aplicados en tiempos
pasados contra Cuba y Nicaragua; para ello Washington viene presionando a
los países angloparlantes del Caricom. La intervención militar
multilateral está en el último lugar de las opciones.