Hagamos
un viaje en el tiempo. 20 de septiembre de 2001, Washington. El
presidente de Estados Unidos, George Walker Bush, da un solemne discurso
en el Congreso dirigiéndose a una nación que aún se pregunta por qué ha
sido atacada. El texano agradece la solidaridad de la comunidad
internacional, habla de la reconstrucción de Nueva York y menciona el
odio de los terroristas hacia la democracia. También nombra a una
persona, Osama bin Laden, y un país, Afganistán, desconocidos en ese
momento para el 99% de sus conciudadanos. Es allí donde Estados Unidos
empezaría su “guerra contra el terror” y avisa al resto de naciones que
espera una colaboración máxima. “O están con nosotros o están con los
terroristas”, dice Bush.
¿Cómo sería esa nueva guerra? El
presidente se responde a sí mismo: “Somos un país despertado por el
peligro y llamado a defender la libertad. Nuestro dolor se ha convertido
en ira, y nuestra ira en resolución. Ya sea que llevemos a nuestros
enemigos ante la Justicia o hagamos justicia con nuestros enemigos, se
hará justicia”. Los congresistas aplauden al unísono y se ponen de pie.
Bush levanta la vista, la baja un poco para mojarse los labios y la
vuelve a subir. Sabe que el momento histórico le evitará escuchar
disonancias en una cámara entregada.
Lo que venía a decir el
presidente era que la “pax americana” estaba por encima del derecho
penal internacional y ningún tribunal lo detendría por sus métodos. La
operación “Libertad duradera” comenzó dos semanas después y Estados
Unidos, junto a una coalición internacional, desplegó tropas en
Afganistán para derrocar a su Gobierno. Allí siguen 16 años después.
Los
ecos de esos tambores de guerra se sintieron en una lujosa mansión de
Filadelfia el 15 de diciembre de 2011. El padre de la Psicología
Positiva, Martin Seligman, recibió en su casa a académicos
estadounidenses e israelíes y responsables del FBI y la CIA. La
finalidad era discutir un estudio suyo, fechado en 1975, que podía tener
una aplicación práctica en esa nueva guerra contra el terrorismo.
Seligman decía que cuando un perro sufre descargas eléctricas de forma
indiscriminada termina por no tomar medidas para evitarlas, incluso si
se le abre una vía de escape. Interioriza lo que los expertos llaman la
“indefensión aprendida”.
Ese encuentro nunca se hizo público y no
existen grabaciones, pero cimentaron el brutal sistema de torturas que
la CIA instauró posteriormente. Es lo que cuenta Mark Fallon, experto en
Defensa que pasó por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados
Unidos, en un libro editado este año,
Medios injustificables.
Las
conclusiones de la cita de Filadelfia requerían una cobertura legal que
llegó pronto. La Casa Blanca anunció el 7 de febrero de 2002 que no
aplicaría los Convenios de Ginebra a los talibanes y combatientes de
Al-Qaeda, dando vía libre a que se les torturase. Tres meses después
Bush no ratificó el Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte
Penal Internacional que sí había firmado Bill Clinton. Evitó así que la
institución recién nacida en La Haya tuviera jurisdicción en territorio
estadounidense. La “guerra contra el terror” siguió su curso y Estados
Unidos invadió Irak en 2003 con la inestimable colaboración de Tony
Blair y José María Aznar, argumentando que el Gobierno de Sadam Husein
poseía unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.
Demos
ahora un salto en el tiempo hacia adelante. 9 de noviembre de 2017, La
Haya. La Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda,
manda
un vídeo
a los medios en el que dice lo siguiente: “Durante décadas, el pueblo
de Afganistán ha soportado el flagelo del conflicto armado. Tras un
minucioso examen preliminar de la situación, he llegado a la conclusión
de que se han cumplido todos los criterios jurídicos exigidos en el
Estatuto de Roma para iniciar una investigación”. Sospecha de tres
actores: los talibanes, las fuerzas de seguridad afganas y miembros del
ejército de Estados Unidos y de la CIA.
Una Sala de Cuestiones
Preliminares del tribunal estudia actualmente darle luz verde. Se sabrá
en los próximos meses y es muy probable que los jueces le den el visto
bueno. A partir de ese momento, la Fiscalía tendría autorización para
visitar otros países, recopilar pruebas y entrevistar a víctimas. Si
cree que existen indicios suficientes, incluso solicitaría órdenes de
arresto. Al menos 54 detenidos sufrieron torturas, tratos crueles,
violación y otras formas de violencia sexual en cárceles afganas
controladas por Estados Unidos, según el último informe de la Oficina de
Bensouda. Abu Ghraib queda fuera de la investigación porque Irak no es
Estado parte de la Corte Penal Internacional.
La fiscal también
documenta abusos contra otros 24 prisioneros en centros de detención de
la CIA localizados en Polonia, Lituania y Rumanía “principalmente entre
2003 y 2004”. Es decir, que no sólo encarcelaron a prisioneros sin
juicio y en países como Afganistán o Irak, sino también en el viejo
continente. Entonces, ¿se cometieron crímenes de guerra en territorio
europeo a principios del siglo XX? Vamos por partes.
Polonia: un país ya condenado
El
caso de Polonia ya está parcialmente documentado a nivel judicial. Una
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de julio de 2014,
obligó a este país a indemnizar con 230.000 euros a dos prisioneros: Abu
Zubaydah y Abd al-Nashiri. Ambos fueron trasladados a la base militar
de Stare Kiejkuty, a unos 150 kilómetros de Varsovia y cercana al
aeropuerto de Szymany, entre el 4 y el 5 de diciembre de 2002.
El
tribunal se basó en informes desclasificados de la CIA para describir
con una precisión terrorífica las “técnicas mejoradas de interrogación”,
término utilizado por los norteamericanos para evitar la palabra
“tortura”, utilizadas con al-Nashiri. Por ejemplo, un oficial lo amenazó
con una pistola semiautomática durante un interrogatorio para que
hablara. Como no lo hizo, lo metieron en su celda y lo encadenaron. Poco
después, el mismo militar entró, apuntó el arma contra su cabeza y
apretó el gatillo entre una y dos veces, simulando su ejecución.
El
informe de la CIA sigue. “Probablemente el mismo día, el interrogador
utilizó un taladro eléctrico para asustar a al-Nashiri (…) entró en su
celda y encendió el motor mientras el detenido estaba desnudo y
encapuchado”. Ninguna de las amenazas de muerte proporcionó información a
los interrogadores. Los servicios secretos norteamericanos documentaron
otros abusos, como “levantarlo del suelo por los brazos mientras los
tenía atados a la espalda con un cinturón” o usar “un cepillo rígido
para inducirle dolor”.
Un informe de la Cruz Roja citado en la
misma sentencia explicó que al-Nashiri estuvo con las “muñecas
encadenadas a una barra o gancho en el techo por encima de la cabeza (…)
durante varios días seguidos” y fue “amenazado con ser sodomizado”. El 6
de junio de 2003 fue trasladado a otra cárcel secreta, en Rabat.
El
Tribunal de Estrasburgo consideró probado que “las autoridades polacas
sabían” de la existencia de la cárcel secreta de la CIA, pero no pudo
explicar por qué Varsovia se había arriesgado a semejante empresa. La
explicación llegó a los pocos meses desde el otro lado del Atlántico,
pues el Senado estadounidense desclasificó un informe sobre el programa
de detención de la CIA que decía lo siguiente: “Para alentar a los
gobiernos para que albergasen de forma clandestina centros de detención,
o para aumentar el apoyo de los ya existentes, la CIA proporcionó
millones de dólares en pagos en efectivo a funcionarios de gobiernos
extranjeros”.
No se nombró a los países que colaboraron, sino que
se identificó los centros de detención por colores, pero los cruces de
datos con otros documentos públicos pusieron en evidencia que la cárcel
“azul” era la de Polonia. Sus autoridades habían dado su consentimiento
para albergarla y llegó a tener prisioneros “por encima de su
capacidad”, según otro cable de la Inteligencia estadounidense.
Las
consecuencias políticas fueron inmediatas. El expresidente de Polonia,
el socialdemócrata Aleksander Kwasniewski, convocó a la prensa al día
siguiente y admitió haber dado permiso a la CIA para que usara la base
militar de Stare Kiejkuty, pero negó saber que allí se practicaban
torturas. Dijo no tener información sobre los pagos hechos por los
norteamericanos y aseguró que el centro se cerró a finales de 2003
gracias a las presiones del Gobierno. ¿Por qué lo consintió entonces?
Explicó que Estados Unidos le podría devolver el favor si la seguridad
nacional polaca se veía amenazada e invocó una hipotética amenaza rusa.
Lituania: ¿torturas en la Unión Europea?
La
UE hizo la mayor ampliación de su historia en mayo de 2004, cuando pasó
de 15 a 25 miembros. Entre ellos estaba Lituania, que también se
adhería a la Convención Europea de Derechos Humanos cuyo artículo 3
prohíbe tajantemente la tortura. Las reglas, en teoría, estaban claras.
Diversas
informaciones acusaron a Lituania durante años de albergar un centro de
la CIA, pero la cadena ABC News fue la primera en ponerla en el mapa.
Un amplio reportaje en 2009 denunció la existencia de un centro de
detención de la CIA en una antigua escuela de equitación, a 20
kilómetros de la capital, durante el año 2005. Las autoridades lo
permitieron porque estaban agradecidas a Estados Unidos de que les
dejaran unirse a la OTAN.
El reportaje provocó que el Parlamento
lituano pidiera una investigación a fondo. Su conclusión fue que la CIA
estableció no uno, sino dos centros de detención: el primero en la
escuela de equitación y el segundo en una casa situada en la misma
capital, en Vilnius, informaron medios nacionales. Sin embargo, no se
llegó a probar que esos edificios llegaran a albergar prisioneros. ¿Para
qué se usaron entonces? “El verdadero propósito de las instalaciones no
se puede revelar porque constituye un secreto de estado”, dijo el
fiscal a la prensa lituana.
La excusa no aguantó mucho tiempo. El
informe del Senado estadounidense sobre las torturas de la CIA
desclasificado en 2014 mencionó en varias ocasiones el centro de
detención “violeta”, abierto a principios de 2005 y que según numerosas
investigaciones estaba en Lituania. Se desveló que uno de sus
prisioneros, Mustafa Ahmad al-Hawsawi, necesitó de asistencia médica
después de un interrogatorio, pero funcionarios locales se negaron a
trasladarlo a un hospital cercano por miedo a que la prensa se enterase.
El
incidente causó enormes tensiones con la CIA, que se cuestionó la
disposición del país anfitrión a “participar como originalmente se había
acordado", señalan los mismos cables. Estados Unidos cerró las
instalaciones en 2006 y trasladó a sus prisioneros al centro de
detención “marrón”, que según varias investigaciones estaba en
Afganistán. Abu Zubaydah, el detenido que ya ganó un caso contra Polonia
en Estrasburgo, ha denunciado que también pasó por Lituania y ha
llevado a este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un
caso que está pendiente de decisión.
Rumanía: abusos en pleno Bucarest
Una
investigación periodística de Associated Press y un medio local,
publicada en diciembre de 2011, localizó el centro de detención de la
CIA en Rumanía: un edificio de la Oficina Nacional de Información
Clasificada situado en el norte de Bucarest, en un barrio residencial y a
pocos minutos del corazón de la capital. Abrió en otoño de 2003 después
de que la Inteligencia estadounidense vaciara el centro de Polonia.
Dos
de los prisioneros que pasaron por allí fueron Janat Gul y Hassan Ghul.
Acusados de ser facilitadores de Al-Qaeda, experimentaron alucinaciones
después de sufrir privaciones de sueño durante decenas de horas. Un
médico constató que Ghul sufría “fatiga fisiológica notable", “espasmos
musculares abdominales y en la espalda", "parálisis leves en los brazos,
las piernas y los pies” debido a las horas que pasaba “en posición
colgante” y a los intensos regímenes de privación de sueño, hasta 59
horas seguidas en algunos casos, reflejan cables de la propia CIA.
En
mayo de 2005 llegó a Rumanía Abu Faraj al-Libi, un supuesto miembro de
Al-Qaeda detenido en Pakistán que sufrió durante un mes las “técnicas
mejoradas de interrogación”. En ese periodo se quejó de una pérdida de
audición, pero sus captores no lo creyeron y siguieron adelante. Sólo
pararon cuando los doctores de la CIA avisaron de “inaceptables riesgos
médicos o psicológicos”. Al-Libi fue trasladado un año más tarde a
Guantánamo, donde le tuvieron que implantar un audífono.
Llegó un
momento en el que el jefe del centro rumano contactó con sus superiores
para comentarles sus preocupaciones: la función del edificio de Bucarest
estaba pasando de “producir inteligencia” (conseguir información de
prisioneros) a convertirse en unas “instalaciones de detención de larga
duración”. Sin embargo, los planes se fueron al traste en unos meses. El
Washington Post denunció en noviembre de 2005 la existencia de centros
de la CIA en antiguas repúblicas soviéticas. No dio nombres de países,
pero llevó a las autoridades rumanas a reclamarle a Estados Unidos que
cerrara la cárcel “en horas”, cosa que sucedió semanas después.
Rumanía
negó los hechos durante años, pero su exjefe de Inteligencia Ioan
Talpes reconoció en 2014, en una entrevista con Der Spiegel online, que
su país albergó “al menos” una de esas cárceles. La razón, al igual que
Lituania, era favorecer su entrada en la OTAN. ¿No le preocupaba que
allí se produjeran torturas? “Lo que hicieran allí los americanos era
asunto suyo”, afirmó Talpes.
Dos de las conclusiones del informe
del Senado sobre el programa de detención de la CIA son especialmente
chocantes. La primera, que “las técnicas mejoradas de interrogación no
fueron un medio efectivo para obtener información precisa”. Es decir, la
tortura no funcionó porque las confesiones respondían a los deseos de
los interrogadores, no a datos o nombres nuevos que pudieran ser
utilizados por los Servicios de Inteligencia. La segunda, que de los 119
expedientes revisados por el Senado, “al menos 26 fueron arrestos
erróneos” porque “no cumplían con los estándares legales de detención”.
Es decir, más del 20% nunca debieron ser encarcelados porque no habían
hecho nada.
¿Sabía Bush dónde estaban éstas y otras cárceles
repartidas por medio mundo? El informe del Senado lo aclara: “El
presidente pidió no ser informado de las localizaciones de los centros
de detención de la CIA para asegurarse de no revelar la información de
forma accidental”. Tal cual.
Estados Unidos se opone a la investigación
La
pregunta ahora es hasta dónde podría llegar la investigación de La
Haya. El Pentágono ya ha avisado de que la rechaza de pleno. Una de sus
portavoces dijo que “ni contaría con garantías ni es apropiada”, y que
cualquier pesquisa deberá ser hecha por ellos mismos. En el pasado, los
obstáculos puestos por algunos estados han echado al traste el trabajo
de la Fiscalía, que ha visto derrumbarse casos enteros porque las
pruebas desaparecían en el país donde habían sucedido los crímenes o los
testigos cambiaban su testimonio a última hora.
Los países
europeos señalados y Afganistán deben responder a las eventuales
llamadas del tribunal porque sí han ratificado el Estatuto de Roma.
Ahora bien, las autoridades afganas recelan mucho del movimiento de
Bensouda. “Créame, no están nada contentos con su investigación, han
hecho todo lo posible para paralizarla”, dijo a CTXT una alta fuente de
La Haya.
La Corte Penal Internacional se basa en el principio de
complementariedad, es decir, sólo interviene si detecta que las
autoridades nacionales no hacen investigaciones o si éstas no son
genuinas. Bensouda, en un informe reciente, dijo que tanto en Polonia
como en Lituania y Rumanía “se están llevando a cabo investigaciones
penales” sobre el asunto, pero les advierte que seguirá evaluando si
esas pesquisas son auténticas y abarcan a “las mismas personas (…)
identificada por la Fiscalía”.
El tono contra Estados Unidos es
más duro: “No parece que se haya llevado a cabo ningún proceso para
examinar la responsabilidad penal de quienes desarrollaron, autorizaron o
asumieron la implementación por miembros de la CIA de las técnicas de
interrogatorio”, señala la fiscal.
La Fiscalía de La Haya no tiene
como política general ir a por los perpetradores directos de los
crímenes, sino a por las máximas autoridades que dieron las órdenes de
cometerlos. Mark Fallon, ex miembro del Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, señala en su libro “Medios injustificables” a
dos altos cargos. El primero es Geoffrey D. Miller, el general que
extendió el programa de torturas de la CIA, primero en Guantánamo y más
tarde en Irak. Se retiró en 2006, pero abogados franceses y alemanes han
impulsado iniciativas legales en sus países para juzgarlo por crímenes
de guerra. El segundo es nada menos que Donald Rumsfeld, secretario de
Defensa de Estados Unidos entre 2001 y 2006 que, según Fallon, autorizó
personalmente al general Miller a aplicar las torturas.
¿Se
atreverá La Haya procesar a autoridades como Rumsfeld? El caso
representa una espada de doble filo para el tribunal. Serviría para
limpiar su imagen de ser “una corte para África”, pues de momento todos
sus condenados provienen del continente negro. Algunos sueñan con ver a
altos cargos de la administración Bush sentados en el banquillo de los
acusados y las expectativas creadas han sido importantes. Si finalmente
la Fiscalía diera un paso atrás y no llegara a reunir pruebas
suficientes para acusarlos de crímenes de guerra, su imagen pública se
vería seriamente dañada.
Hagamos política-ficción e imaginemos
que, eventualmente, la corte se atreviera a dictar esas órdenes de
arresto. La prensa internacional abriría sus portadas con el movimiento
de La Haya y se ganaría el respeto de actores que hasta el momento han
visto sus pasos con desconfianza. No obstante, se haría evidente una de
las grandes debilidades del tribunal: su dependencia de los estados.
El
tribunal no dispone de policía propia y necesita que los estados hagan
las detenciones, pero los norteamericanos, con toda seguridad, se
negarían a enviar a los suyos a La Haya. Habría llamamientos a la
comunidad internacional en nombre de las víctimas y los derechos
humanos, pero todo quedaría en una declaración de intenciones. Al final
se impondría esa incómoda verdad que no gusta oír en La Haya: la
Justicia universal sólo se aplica allí donde los grandes poderes la
permiten.
Fuente:
http://ctxt.es/es/20180103/Politica/16991/cia-torturas-europa-guantanamo-la-haya.htm