Expertos del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia explican algunas de las conclusiones preliminares
Antonio Cuesta | Rebelión | 22/06/2015
El miércoles y el jueves de la pasada
semana la Asamblea Nacional de Grecia acogió la presentación de las
conclusiones preliminares del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública.
Este grupo de trabajo se estableció el 4 de abril de 2015, a partir de
la decisión de la Presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopulu, quien
confió la coordinación científica de este trabajo al historiador Eric
Toussaint y la cooperación con el Parlamento Europeo y otros parlamentos
e instituciones internacionales a la europarlamentaria Sofia Sakorafa.
La publicación de este informe (se puede leer aquí
el original -en inglés-, o esta
nota de prensa en
castellano) ha llevado a la publicación de algunas crónicas donde
apenas se esbozan las líneas generales de sus conclusiones, en línea con
lo expresado por Konstantopulu, que “la deuda es ilegal, ilegítima,
insostenible y odiosa”, y por tanto reclamar su eventual impago.
Sin embargo, en el proceso de
acumulación de la deuda existen además errores de forma y violaciones
legales que no pueden ser subsanadas, ni obviadas, algunas de las cuales
fueron expresadas a Rebelión al término de ambas jornadas, por algunos
de los integrantes del Comité. Un equipo compuesto por 30 expertos,
griegos y extranjeros a partes iguales, que continuarán su tarea hasta
el mes de diciembre.
Leonidas Vatikiotis, economista y
profesor universitario, se ha encargado del estudio de la deuda griega
desde el año 1980 hasta la aparición de la troika (Comisión Europea,
Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), en 2010. Entre
sus conclusiones cita que “el aumento de la deuda no se debió al gasto
público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público
de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés
extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto
militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de
capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los
desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el
diseño de la propia Unión Monetaria”.
Vatikiotis considera que “a la luz de
los muy reconocidos expertos en derechos constitucional, economistas y
abogados, que prueban que la deuda pública alimentada durante las
últimas tres décadas es completamente ilegal”, la única opción posible
para el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, “debe declarar el impago
pues tiene todo el derecho a cancelarla”. Y advierte al resto de países
europeos que “harían bien en detener las presión sobre el gobierno
griego, aceptar la legalidad y respetar las decisiones soberanas de
Atenas sobre la cancelación de la deuda”.
Maria Lucia Fattorelli, exauditora del
Erario Federal de Brasil y fundadora del movimiento “Auditoría Ciudadana
de la Deuda” en su país, ha investigado para el Comité el contenido de
los acuerdos bilaterales y con las instituciones financieras firmados
por Grecia desde 2010, y denuncia las numerosas irregularidades
contables y legales llevadas a cabo por las instituciones europeas, con
el fin de endosar al estado griego los activos tóxicos de la banca
privada.
“Estamos ante lo que podría denominarse
una estafa, un fraude de dimensiones inmensas”, señala. Tanto el Fondo
Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea (CE) crearon
empresas pantalla de carácter privado en paraísos fiscales, “para no
tener que someterse a las leyes europeas e involucrando a los países de
la Unión Europea en garantías de miles de millones de euros, solo para
salvar a la banca”.
Según la investigadora, desde 2009 la CE
falseó estadísticas europeas, adoptó medidas ilegales y presionó a
Grecia para crear un escenario que llevara a la aceptación de un canje
de bonos sin ningún acuerdo de compraventa debidamente contabilizado, ni
garantía para Grecia.
El mismo día en que se formalizó el
préstamo a Grecia, “se fundó en Luxemburgo el EFF (Extended Fund
Facility), una entidad privada encargada de la estabilidad financiera
del país, y el Banco Central Europeo creó el programa SMP (Securities
Market Programme) que vulnera el artículo 123 del Tratado europeo”.
Además el FMI entregó, en un acto ilegal conforme a sus reglas, 250 mil
millones de euros al EFF, y que miembros de las instituciones
financieras y los gobiernos de la época reconocieron ante el Comité las
presiones a las que había sido sometida Grecia para que aceptara
quedarse con la deuda de los bancos.
En opinión de Fattorelli, “lo que se presentó como un programa de ayuda, fue únicamente un trasvase de los
activos tóxicos de la banca privada a los bancos centrales locales, y
la deuda ha sido la herramienta para posibilitar este canje”.
Sergi Cutillas, integrante de la
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, ahonda en esa línea al
asegurar que “el FMI sabía muy bien qué estaban haciendo cuando en 2010
violó sus estatutos al prestar a un país que tenia una deuda
insostenible y que, por tanto, si quería prestar dinero debía haber
hecho una reestructuración o una quita de la deuda”. Porque, además, no
había duda sobre cuál sería el resultado. “Ellos mismos, en
conversaciones internas, decían que era una patada hacia delante y
sabían lo que se iban a encontrar, pero de cara hacia fuera dijeron que
todas las medidas de austeridad eran para hacer la economía sostenible, y
el resultado ha sido un desastre económico y social. […] Tanto los
préstamos como sus condiciones son odiosas, rompen la ley y están hechas
con consciencia, premeditación y alevosía con el único fin de proteger
unos intereses privados, los de los bancos, y profundizar en el modelo
neoliberal desmontando el estado del bienestar”.
Pero Cutillas también denuncia la
inaudita negativa del Presidente del Banco Central de Grecia, Yanis
Sturnaras, a facilitar la información solicitada por el Parlamento
amparándose en una clausula de confidencialidad dentro del marco de la
ley bancaria europea. Lo que supone anteponer los intereses de las
entidades financieras a la soberanía popular representada por la
Asamblea Nacional. El resultado, explica el investigador, es que “no
tenemos evidencias de que el dinero de los préstamos fuera transferido,
ni que pasara a ingresar las cuentas del Estado. No tenemos certeza de
cuál ha sido el movimiento del dinero, aunque sabemos que hay una serie
de fondos que han sido utilizados para ello y que un 70% del préstamo
solo existe en papel, en títulos emitidos por el Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF)”. Y ahí Cutillas hace un inciso para
explicar que el FEEF es una institución privada creada en Luxemburgo
bajo ley británica, vulnera normas del Tratado de la UE, emite deuda con
garantías de los estados socios y tiene una condición crediticia
artificial, emitida por las agencias de rating que le otorgan la máxima
calificación, gracias a lo cual sus activos no tienen ningún riesgo por
lo que es refugio de especuladores. “Un esquema del que Grecia no se
beneficia en nada”, pero que gracias a su descubrimiento por parte del
Comité esta información se ha convertido en “una herramienta formidable
en manos del pueblo griego”.
Los argumentos legales son rigurosos, y
el informe publicado evidencia que se han vulnerado muchos artículos del
Tratado de la UE o de las propias instituciones que participaron en el
fraude de la deuda. Lo que deja claro que quien tiene el poder no tiene
ningún problema en romper las normas.
Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos,
presente en la segunda jornada pese a no integrar la Comisión
parlamentaria, considera que el informe presentado es “un hecho
histórico para Europa y un elemento fundamental para los pueblos del sur
de Europa, porque no es una cuestión técnica sino profundamente
política de reafirmación de la soberanía popular, una experiencia para
los pueblos del sur que estamos siendo sometidos al mismo chantaje de la
deuda con el que han justificado recortes, planes de austeridad,
ajustes…”.
Al tiempo recuerda que paralelamente al
proceso griego “se está constituyendo una comisión de Naciones Unidas
sobre la reestructuración de las deudas soberanas (que se reunirá del 30
de junio al 2 de julio en Nueva York) con conclusiones como que las
deudas que atenten contra los derechos humanos no se deben de pagar, que
no se puede hacer ninguna negociación sin una moratoria de la deuda,
porque sino es un chantaje, y en el caso de Grecía estamos viendo cómo
en un proceso muy crítico de las negociaciones no solo no ha habido
ningún tipo de moratoria sino que, al revés, [el Presidente del BCE,
Mario] Draghi (el pasado lunes) reconoció en Bruselas que no iban a
comprar bonos de deuda griega hasta que no terminaran las
negociaciones”.
Por último, el eurodiputado considera
que hay muchas implicaciones de este comité en el estado español,
“muchos ayuntamientos recientemente elegidos ya han mostrado su
intención de auditar sus cuentas, como ha dicho por ejemplo el concejal
de Hacienda de Madrid, [Carlos] Sánchez Mato, que pertenece a la
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, por lo que la auditoría
griega va a ser un elemento central y servir de ejemplo para lo que
podamos hacer en el estado español”.
