La escandalosa complicidad de la banca privada y el estado: el caso de las cláusulas suelo
Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España
Desde que me reintegré de nuevo al mundo académico de
España, he escrito extensamente sobre el excesivo poder que la banca
privada tiene sobre las instituciones representativas del Estado
(incluidos los partidos políticos) y sobre su desmesurada influencia en
los medios de información, todos ellos, por cierto, profundamente
endeudados con la banca privada, que utiliza los préstamos a los medios y
a los partidos como manera de ejercer presión. En ninguno de los países
en los que he vivido o trabajado durante mi largo exilio la banca tiene
tanto poder como en este país, un poder que debilita y corrompe la ya
muy insuficiente y limitada democracia española. Tal influencia se
extiende a casi todas las instituciones reproductoras de valores,
incluidas, por cierto, las universitarias, donde la banca privada ejerce
su gran influencia a base de financiar grupos de investigación y
centros académicos que predeciblemente siempre sesgan sus estudios para
favorecer sus intereses (pero nunca financian a economistas críticos).
El dominio del pensamiento liberal y del dogma económico neoliberal en
la cultura económica y mediática de España es un claro indicador de
ello.
El Banco de España es un lobby de la banca
La
complicidad entre la banca y el Estado alcanza su máxima expresión en
el Banco de España, la institución que debería supervisar y regular la
banca privada, habiéndose convertido, en su lugar, en el mayor lobby de
dicha banca. Y si no se lo cree, entérese de lo que ha pasado con las
cláusulas suelo,
que son ni más ni menos que el pago de una cantidad extra por parte de
la persona que pide un préstamo hipotecario para garantizar que el banco
nunca perderá dinero. Cuando usted pide una hipoteca, el banco le pide
unos intereses que pueden variar según el precio del dinero, pero los
intereses que terminará pagando no siempre seguirán las reglas del
mercado, ya que según las mismas reglas del mercado, si los intereses
bajaran mucho, ello debería verlo usted reflejado, pero el banco no
tendrá esto en cuenta y continuará cobrando unos intereses más altos que
los que el mercado indique, pues lo último que el banco desea es perder
dinero. Esta regla –la cláusula suelo– quiere decir que el banco nunca
perderá dinero, digan lo que digan las llamadas reglas del mercado.
Como
usted es probable que sepa, los economistas y políticos liberales
siempre hablan de la supremacía del mercado. Pero lo que nunca dicen es
que, como acabo de decirle, raramente lo que ellos definen como mercado
funciona, en realidad, como un mercado. En un mercado –según los libros
de texto– debe haber ganadores y perdedores. Pues bien, las cláusulas
suelo son el pago extra que hace el prestatario (es decir, el que toma
dinero a préstamo) para asegurar al banco que nunca perderá. Es una
práctica desconocida en la mayoría de países (que son muchos) en los que
viví o trabajé durante muchos años. En realidad, es conocido fuera de
España que la banca española goza de muchísimos privilegios que la banca
no tiene en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte,
EEUU y Canadá, por un lado, y la UE por el otro.
Es por esta
excepcionalidad (resultado del poder de la banca privada sobre las
instituciones políticas y sus partidos –la mayoría financiados por
ella–) que el tribunal de justicia más importante de la UE, el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ordenó que se eliminara tal
privilegio de la banca, exigiendo que devolviera a los ciudadanos el
dinero que pagaron como consecuencia de dichas cláusulas desde el
momento que estas cláusulas se incluyeron en el contrato entre el
prestamista (es decir, la banca) y el ciudadano (el que contrata una
hipoteca).
Las voces aliadas de la banca
El
coro de protesta a favor de la banca y en contra de la instrucción del
TJUE ha sido extenso. Una de las primeras voces de este coro fue,
predeciblemente, el gobierno del PP (al cual, por su enorme proximidad
con la banca privada, debería llamarse “la banca en las Cortes”), que
inmediatamente indicó que tenía que limitarse la devolución del dinero a
la población que se consideraba afectada (1 millón y medio de clientes,
un número probablemente inferior al real) pues de no ser así los bancos
colapsarían, a no ser que, de nuevo, el Estado (es decir, usted,
lector) los ayudara financieramente.
Otra voz fue el
Banco de España
(que como he dicho antes es un lobby de la banca), que indicó que tal
pago de la banca privada a la población afectada “crearía graves
trastornos en la estabilidad financiera de España”, el mismo argumento
que tal Banco y el gobierno español siempre utilizaron para ayudar a la
banca privada cuando estuvo a punto de colapsar debido a sus inversiones
especulativas, creando la burbuja inmobiliaria. El Banco de España y
los gobiernos españoles justifican la ayuda escandalosa a la banca
utilizando una narrativa aparentemente más neutra, refiriéndose a la
necesidad de “mantener la estabilidad financiera”, que, en realidad, se
basa en una explotación cruda y grosera de la ciudadanía, una
explotación, en este caso de cláusulas suelo, de nada menos que de casi
10.000 millones de euros, y ello sin contar con los millones de
españoles que ni siquiera son conscientes de que tienen cláusulas suelo
en sus contratos. En realidad, la estrategia de la banca ha sido tratar
de ocultar al máximo la situación profundamente injusta pero legal (como
consecuencia de su poder político) que esta ha estado imponiendo a la
ciudadanía, con la complicidad del gobierno del Estado y del Banco de
España.
En realidad, la respuesta de tales instituciones a la
sentencia del TJUE que se devuelva el dinero obtenido a través de tales
cláusulas suelo al cliente del banco, restituyéndolo al prestatario, ha
sido la de retrasar y dificultar tal recuperación del dinero por parte
del ciudadano. El Real Decreto del gobierno (aprobado también, además
del PP, predeciblemente por el PSOE y Ciudadanos, y por el PNV y
Coalición Canaria) concedió un plazo de tres meses para que los bancos
negocien acuerdos con los clientes abusados y estafados (que habían sido
forzados a pagar una cantidad extra que en otros países no se paga).
Tal como está redactado parece, pues, asumir que la cantidad que el
banco privado debe pagar es negociable, es decir, que tiene que
negociarse con el cliente, lo cual no tiene por qué ser el caso. Como
bien ha indicado la diputada de Podemos (de los pocos partidos que no
reciben ninguna ayuda o préstamo de la banca) en el Congreso de los
Diputados, la Sra. Lucía Martín, no hay nada que negociar. La cantidad
que tiene que pagarse es conocida, y hay que ayudar a la ciudadanía
frente a los bancos para que estos paguen. No hay que negociar nada y
los bancos deben hacer inmediatamente el pago. Y ahí está la situación
escandalosa desde el punto de vista democrático, pues el Real Decreto no
obliga a los bancos a comunicar a los que tienen hipotecas si tienen
una cláusula suelo en sus contratos. En realidad, la asociación de
consumidores de Asturias ha hecho una encuesta y ha podido comprobar que
casi la mitad de las personas que tenían tales cláusulas suelo en sus
hipotecas no eran conscientes de ello. Y los bancos lo saben y se
callan. En realidad solo un 10% de los afectados reclama.
El Banco de España, una de las instituciones más reaccionarias de España
La
evidencia es clara y contundente. El Banco de España ha apoyado
continuamente las políticas públicas más reaccionarias del país, que
dañan sistemáticamente el bienestar y la calidad de vida de las clases
populares. Tal banco ha apoyado las reformas laborales que han
disminuido los salarios y aumentado espectacularmente la precariedad en
el mercado laboral; ha apoyado la reducción del gasto público y muy en
particular de los servicios públicos del Estado del Bienestar; ha
promovido siempre el aumento de la edad de jubilación, añadiendo siempre
tres o cuatro años más a la vigente, sea esta la que sea; ha favorecido
los planes privados de pensiones (cuya eficiencia, por cierto, es mucho
menor que la del aseguramiento público); y así constantemente. Todos
estos temas, en los que participa activamente, son, por cierto, temas
que el Banco de España no tiene autoridad para comentar, pues caen fuera
de su jurisdicción, que es única y exclusivamente regular el sector
bancario, tarea en la que ha mostrado una notable dejadez, incompetencia
y sesgo probancario que alcanza niveles criminales.
La necesidad de cambiar 180º esta institución pública, el Banco de España
El
sistema financiero español está excesivamente sesgado a favor de los
banqueros, cuyas elevadas remuneraciones (de las más altas de la UE) no
pueden justificarse a la vista de su escaso y muy limitado servicio a la
ciudadanía, discriminando sistemáticamente a las clases populares, que
son las que sufren más las consecuencias de su comportamiento claramente
antidemocrático. Según la Autoridad Bancaria Europea, los 125
ejecutivos españoles mejor pagados del sector financiero consiguieron,
como promedio, unos ingresos anuales de alrededor de 2,4 millones de
euros por ejecutivo en 2011,
los más altos de la Unión Europea.
Mientras, el usuario del sistema bancario español es el que recibe más
abusos y peores servicios entre los usuarios de los sistemas financieros
europeos (ver “El maridaje entre la banca, el Estado español y las
autoridades europeas”,
Sistema digital, 04.04.14).
Y una
institución clave dentro de tal sistema es el Banco de España, que, como
indiqué antes, es más un lobby de la banca privada que una institución
reguladora que trabaje a favor de la ciudadanía (que es la que paga y
sostiene su existencia) y muy en particular de la mayoría de la
ciudadanía –que son las clases populares–.
Este sesgo del Estado
favorable a la banca privada, que aparece con gran claridad en el
comportamiento del Banco de España, explica la masiva inyección de
fondos públicos a la banca, siendo el sector bancario español el que ha
recibido más ayuda de fondos públicos en la UE. Frente a esta realidad,
los cambios necesarios son profundos. La gran cantidad de estos fondos
públicos no deberían haber ido a ayudar a la banca privada, sino a
agrandar el sector público bancario (que es uno de los más reducidos de
la UE). España tiene un sector bancario privado hipertrofiado, muy poco
eficiente y con una nula vocación de servicio público. En realidad, la
banca privada debería realizar una función pública, sin la cual no
tendría derecho a su existencia. Función pública no quiere decir
nacionalizarla, sino que significa establecer unas normas y
comportamientos de servicio público (de la misma manera que los taxis
son privados pero realizan un servicio público). El profesor Juan Torres
y yo planteamos esta medida en nuestra propuesta económica que
preparamos a petición de Podemos. Tal medida no debería excluir, sin
embargo, las nacionalizaciones, como debería haberse hecho con Bankia,
en lugar de privatizarla. Lo que sí está claro es que el sistema
bancario, tal como está hoy constituido, está dificultando el desarrollo
económico del país y el bienestar de la población. Así de claro.
Catedrático
de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y
ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona
ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.
