El
día a día en Delhi deja protestas minoritarias que no hacen mella en la
rutina de una ciudad que ni siquiera las ve, porque están apartadas en
una calle convertida en manifestódromo a la que acuden grupos
organizados o individuos solitarios cargados de demandas. Allí se pueden
pasar meses instalados sin que nadie escuche sus gritos. Pero, en
ocasiones, entre infinitas reivindicaciones invisibles (invisibilizadas)
se cuelan grandes movilizaciones. Masivas. Históricas. De decenas de
miles y decenas de millones de personas. Las más grandes del mundo.
En un 2019 en el que los indios pasarán por las urnas, el primer ministro, Narendra Modi ha estrenado el año afrontando una huelga general de entre 150 y 200 millones de trabajadores, según quien cuente. La protesta multitudinaria duró dos días, el martes y el miércoles, y había sido convocada por diez de los sindicatos más fuertes del país contra las políticas “anti-empleo” del partido gobernante BJP (Partido del Pueblo de la India).
El paro se llevó a cabo, sobre todo, en transporte, industria, minería, comercio, oficinas gubernamentales, banca pública y fábricas. Se unieron trabajadores del llamado sector informal, el que domina la economía, en el que entran obreros de la construcción, conductores de rickshaws y autorickshaws, vendedores ambulantes o fabricantes de tabaco de liar. Agricultores, estudiantes y profesores mostraron su apoyo a la huelga, pero no la secundaron.
Los sindicatos celebran que el seguimiento fue masivo, especialmente en estados como Kerala, Bengala Occidental, Odisha o Maharashtra. Las minas de todo el país, dicen, echaron el cierre; la vida quedó parcialmente paralizada en grandes urbes como Delhi o Bombay; las zonas industriales de Punjab, Haryana o Rajastán tuvieron una “buena respuesta”; los trabajadores bloquearon las vías del tren en numerosas ciudades como Calcuta, Chennai o Thiruvananthapuram; los autobuses públicos no salieron de las cocheras; numerosos distritos tuvieron que ordenar el cierre de los centros educativos ante las dificultades de movilidad.
“La expansión sin precedentes y la participación activa de los trabajadores en esta huelga de dos días es un indicador claro del grado de rabia e indignación de los trabajadores contra las políticas neoliberales y los ataques en sus condiciones de vida y trabajo perpetrados por el gobierno”, señaló la federación sindical Centre of Indian Trade Union (CITU) en un comunicado.
Las demandas de los trabajadores son tantas como participantes en las protestas. Esta era una huelga contra la privatización del sector público, contra el desempleo, contra el aumento de los precios de los alimentos, contra la gran cantidad de contratos temporales y por obra y contra la precariedad de esos contratos. Una huelga que pedía salarios mínimos de 18.000 rupias (unos 220 euros), pensiones aseguradas, una seguridad social universal y el cumplimiento de las leyes laborales. Una huelga que exigía al Ejecutivo que tenga en cuenta a los trabajadores en sus planes de atraer inversión extranjera. “El gobierno ha fracasado a la hora de crear empleos y ha ignorado de forma flagrante a los sindicatos”, decía Amarjeet Kaur, secretaria general del All India Trade Union Congress (AITUC), a la agencia india PTI.
El ministro de Finanzas, Arun Jaitley, respondía en las redes sociales preguntándose si de verdad existe un “problema real” en torno a todas esas demandas o si la huelga, o lo que él llamó “malestar simbólico”, es parte de la estrategia de las organizaciones políticas de izquierdas para no “ser borradas” del mapa político nacional.
Protestas en el campo
Pero la última huelga general no es el único frente laboral que tiene abierto el gobierno nacionalista hindú de Modi. En 2018 los agricultores han llevado a cabo numerosas protestas y al menos tres marchas multitudinarias: mareas de decenas de miles de trabajadores del campo que caminan juntos cientos de kilómetros para plantarse en Delhi, la capital del país, y Bombay, el centro financiero, con el objetivo de visibilizar su situación ante las autoridades y ante los ciudadanos urbanos. Más de la mitad de la población india vive de la agricultura.
Los agricultores indios, que en sus movilizaciones inundan las ciudades de gorros rojos y banderas con la hoz y el martillo, denuncian que viven asfixiados por las deudas contraídas en préstamos agrícolas; deudas impagables en años de sequías y malas cosechas. Demandan la prometida exención de esos pagos, así como unos precios mínimos justos y tener derechos sobre la propiedad de la tierra, que en muchos casos se encuentra en manos del departamento forestal.
Los agricultores se sienten traicionados por un gobierno que llegó al poder en 2014 con grandes promesas en torno a la economía y los trabajadores. Cinco años después, el desempleo ha ido aumentando (11 millones de indios perdieron su trabajo en 2018) y las respuestas del Ejecutivo no convencen a los manifestantes. Tanto en 2015 como en 2016 se vivieron dos huelgas generales con paros de más de 100 millones de trabajadores. India, hogar de 1.300 millones de habitantes, tiene un mercado laboral de unos 400 millones de personas.
El año pasado un millón de trabajadores paralizaron durante dos días el sector bancario para pedir aumentos de sueldo, una huelga que dejó cerradas la mayoría de sucursales en todo el país. Un año antes, se habían manifestado de forma masiva 50 millones de comerciantes y pequeños empresarios, esta vez contra la histórica reforma fiscal que lanzó el Ejecutivo: la creación de un impuesto indirecto común para todo el país, algo insólito en India. La raíz de la queja de los pequeños empresarios: no iban a poder hacer frente a ese impuesto totalmente digitalizado si sus cuentas siempre han sido manuales. En la mayoría de empresas indias, los libros de cuentas son flexibles en sus anotaciones y las facturas, si existen, están escritas con lápiz.
El impacto de esta última huelga general no se mide tanto por su peso cuantitativo, sino por el tiempo en que se produce. La indignación de decenas de millones de trabajadores le ha estallado al gobierno de Modi a las puertas de unas elecciones generales previstas para abril-mayo, en las que intentará mantener el poder frente al Partido del Congreso, una formación debilitada que, sin embargo, en diciembre ha cogido algo de fuerza tras unas elecciones regionales en las que ha recuperado el control de tres estados que estaban en manos del BJP. El reciente batacazo en las urnas, visibilizado poco después en las calles, aviva la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos comicios.
Artículo publicado originalmente en El Salto
En un 2019 en el que los indios pasarán por las urnas, el primer ministro, Narendra Modi ha estrenado el año afrontando una huelga general de entre 150 y 200 millones de trabajadores, según quien cuente. La protesta multitudinaria duró dos días, el martes y el miércoles, y había sido convocada por diez de los sindicatos más fuertes del país contra las políticas “anti-empleo” del partido gobernante BJP (Partido del Pueblo de la India).
El paro se llevó a cabo, sobre todo, en transporte, industria, minería, comercio, oficinas gubernamentales, banca pública y fábricas. Se unieron trabajadores del llamado sector informal, el que domina la economía, en el que entran obreros de la construcción, conductores de rickshaws y autorickshaws, vendedores ambulantes o fabricantes de tabaco de liar. Agricultores, estudiantes y profesores mostraron su apoyo a la huelga, pero no la secundaron.
Los sindicatos celebran que el seguimiento fue masivo, especialmente en estados como Kerala, Bengala Occidental, Odisha o Maharashtra. Las minas de todo el país, dicen, echaron el cierre; la vida quedó parcialmente paralizada en grandes urbes como Delhi o Bombay; las zonas industriales de Punjab, Haryana o Rajastán tuvieron una “buena respuesta”; los trabajadores bloquearon las vías del tren en numerosas ciudades como Calcuta, Chennai o Thiruvananthapuram; los autobuses públicos no salieron de las cocheras; numerosos distritos tuvieron que ordenar el cierre de los centros educativos ante las dificultades de movilidad.
“La expansión sin precedentes y la participación activa de los trabajadores en esta huelga de dos días es un indicador claro del grado de rabia e indignación de los trabajadores contra las políticas neoliberales y los ataques en sus condiciones de vida y trabajo perpetrados por el gobierno”, señaló la federación sindical Centre of Indian Trade Union (CITU) en un comunicado.
Las demandas de los trabajadores son tantas como participantes en las protestas. Esta era una huelga contra la privatización del sector público, contra el desempleo, contra el aumento de los precios de los alimentos, contra la gran cantidad de contratos temporales y por obra y contra la precariedad de esos contratos. Una huelga que pedía salarios mínimos de 18.000 rupias (unos 220 euros), pensiones aseguradas, una seguridad social universal y el cumplimiento de las leyes laborales. Una huelga que exigía al Ejecutivo que tenga en cuenta a los trabajadores en sus planes de atraer inversión extranjera. “El gobierno ha fracasado a la hora de crear empleos y ha ignorado de forma flagrante a los sindicatos”, decía Amarjeet Kaur, secretaria general del All India Trade Union Congress (AITUC), a la agencia india PTI.
El ministro de Finanzas, Arun Jaitley, respondía en las redes sociales preguntándose si de verdad existe un “problema real” en torno a todas esas demandas o si la huelga, o lo que él llamó “malestar simbólico”, es parte de la estrategia de las organizaciones políticas de izquierdas para no “ser borradas” del mapa político nacional.
Protestas en el campo
Pero la última huelga general no es el único frente laboral que tiene abierto el gobierno nacionalista hindú de Modi. En 2018 los agricultores han llevado a cabo numerosas protestas y al menos tres marchas multitudinarias: mareas de decenas de miles de trabajadores del campo que caminan juntos cientos de kilómetros para plantarse en Delhi, la capital del país, y Bombay, el centro financiero, con el objetivo de visibilizar su situación ante las autoridades y ante los ciudadanos urbanos. Más de la mitad de la población india vive de la agricultura.
Los agricultores indios, que en sus movilizaciones inundan las ciudades de gorros rojos y banderas con la hoz y el martillo, denuncian que viven asfixiados por las deudas contraídas en préstamos agrícolas; deudas impagables en años de sequías y malas cosechas. Demandan la prometida exención de esos pagos, así como unos precios mínimos justos y tener derechos sobre la propiedad de la tierra, que en muchos casos se encuentra en manos del departamento forestal.
Los agricultores se sienten traicionados por un gobierno que llegó al poder en 2014 con grandes promesas en torno a la economía y los trabajadores. Cinco años después, el desempleo ha ido aumentando (11 millones de indios perdieron su trabajo en 2018) y las respuestas del Ejecutivo no convencen a los manifestantes. Tanto en 2015 como en 2016 se vivieron dos huelgas generales con paros de más de 100 millones de trabajadores. India, hogar de 1.300 millones de habitantes, tiene un mercado laboral de unos 400 millones de personas.
El año pasado un millón de trabajadores paralizaron durante dos días el sector bancario para pedir aumentos de sueldo, una huelga que dejó cerradas la mayoría de sucursales en todo el país. Un año antes, se habían manifestado de forma masiva 50 millones de comerciantes y pequeños empresarios, esta vez contra la histórica reforma fiscal que lanzó el Ejecutivo: la creación de un impuesto indirecto común para todo el país, algo insólito en India. La raíz de la queja de los pequeños empresarios: no iban a poder hacer frente a ese impuesto totalmente digitalizado si sus cuentas siempre han sido manuales. En la mayoría de empresas indias, los libros de cuentas son flexibles en sus anotaciones y las facturas, si existen, están escritas con lápiz.
El impacto de esta última huelga general no se mide tanto por su peso cuantitativo, sino por el tiempo en que se produce. La indignación de decenas de millones de trabajadores le ha estallado al gobierno de Modi a las puertas de unas elecciones generales previstas para abril-mayo, en las que intentará mantener el poder frente al Partido del Congreso, una formación debilitada que, sin embargo, en diciembre ha cogido algo de fuerza tras unas elecciones regionales en las que ha recuperado el control de tres estados que estaban en manos del BJP. El reciente batacazo en las urnas, visibilizado poco después en las calles, aviva la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos comicios.
Artículo publicado originalmente en El Salto
la preponderancia de los mercados financieros y las grandes empresas industriales privadas, la agroindustria y el comercio; 
