El desarme de las autodefensas, la guerra que apenas empieza

El desarme de las autodefensas, la guerra que apenas empieza

 

19/05/2014
Por Arsinoé Orihuela

El 10 de mayo –fecha que ciertos heraldos del gobierno fijaron para el desarme de los grupos de autodefensa– se decretó el fin de un ciclo de las guardias michoacanas. Y se estrena una segunda etapa que amenaza con inaugurar un conflicto sin fin. Este escenario corresponde más o menos con la predicción que se hiciera hace unos meses: a saber, la fractura de las autodefensas y la conformación de dos grandes bloques, que aunque heterogéneos, compartirán internamente un posicionamiento relativamente común. Por un lado, concurrirán los que comulguen con la iniciativa gubernamental, y por otro, los que promuevan una desvinculación con cualquier tentativa de cooptación estatal.

Esta bifurcación no es accidental, e incluso estuvo prevista con anticipación. La ambivalencia corre en el ADN de estas organizaciones. En un artículo escrito a principios de 2013, Rafael de la Garza oportunamente explicó la singularidad de los grupos civiles armados, y ofreció ciertas pistas para distinguir entre policías comunitarias, autodefensas y paramilitares. La actual coyuntura invita a recordar:

“Las policías comunitarias obedecen a las autoridades de los pueblos y comunidades, que mantienen operando sus propios sistemas normativos, llamados por algunos usos y costumbres. En este sentido no son un fenómeno reciente, ya que en el sistema de cargos de las comunidades indígenas existe la figura del guardián del orden, quien puede detener al supuesto delincuente pero está obligado a remitirlo a las autoridades locales, quienes a su vez los ponen a disposición del ministerio público. No reciben un salario por sus actividades –la comunidad les proporciona alimentos y refugio– y las armas que utilizan normalmente son de su propiedad y no son de uso exclusivo del ejército.

“Los grupos de autodefensa, por su parte obtienen su legitimidad de un grupo de la comunidad y por lo tanto no tienen la obligación a rendirle cuentas de sus acciones a los consejos o asambleas. Al identificar una amenaza, miembros de la comunidad deciden armarse para enfrentarla y hacer justicia según les parezca, aunque siempre en nombre de los habitantes de su región o localidad. El armamento utilizado puede incluir armas de alto calibre y, en teoría no reciben un pago por su trabajo. Empero y debido a las características mencionadas pueden ser cooptadas por los poderes fácticos de la región donde operan, convirtiéndose así en grupos paramilitares. Su legitimidad proviene de sí mismos y de su posición frente a la amenaza identificada.

“Los paramilitares son lo que comúnmente se conocen como guardias blancas –grupos de individuos armados por los grupos de poder en la región: terratenientes, comerciantes, autoridades y delincuencia organizada. Su legitimidad es nula pues responde a los intereses de sus mecenas y por lo tanto sólo les rinden cuentas a ellos. Si bien pueden estar integradas por miembros de las comunidades de la región no titubean para atacarlas y saquearlas si esas son las órdenes del jefe. Se les llama paramilitares pues actúan de manera paralela a las fuerzas armadas, recibiendo de éstas apoyo logístico, entrenamiento y armas. Su jerarquía está claramente inspirada en el orden militar y utilizan armamento sofisticado.

“Como se ve, las policías comunitarias son las que están más cerca de la población, de las comunidades y pueblos, como fuente de legitimidad. Por su parte, los paramilitares se encuentran en el punto opuesto: su razón de ser es precisamente agredir los intereses comunes y defender los particulares. Sólo obedecen al dinero, que es a final de cuentas lo que los motiva a actuar. En medio se quedan las autodefensas, quienes fácilmente pueden desplazarse a cualquiera de los extremos en función de la coyuntura que se presente”

Con base en este antecedente, y en respuesta a la univocidad de las opiniones que circulaban con más entusiasmo, en enero del presente año se publicó un artículo que llevaba por título: “Michoacán: el preámbulo de una revolución”. En cierto sentido se trató de una provocación. Pero en realidad se buscaba rescatar otra lectura no tan categórica, que atendiera a ciertos aspectos teóricos que menudo se omiten en la turbulencia de la ocasión. Por ejemplo, como advierte de la Garza, que las autodefensas “fácilmente pueden desplazarse a cualquiera de los extremos en función de la coyuntura que se presente”.

En esa oportunidad se sostuvo, no sin alarma: “Pocos espacios informativos aciertan a la hora de elaborar diagnósticos, o bien por compromisos institucionales, o bien por las agravantes limitaciones analíticas que imponen las estériles ideologías dominantes. Ni siquiera la llamada prensa ‘progresista’ arriesga una lectura diferente”.

Decía un filósofo alemán que allí donde se repiten ciertos procesos históricos, la primera vez suelen reportar un cariz trágico; y la segunda, un viso inequívoco de farsa. Si bien la conversión de guardias civiles en paramilitares funcionó exitosamente en Colombia, es altamente improbable que ese primer éxito coseche frutos en la secuela mexicana, aún con la incursión del colombianísimo general Oscar Naranjo en las operaciones de contrainteligencia domésticas. Es por eso que se antojan desmedidas e irresponsables las primeras apreciaciones relativas a las autodefensas michoacanas, especialmente las que denunciaban, casi al unísono, la unilateralidad reaccionaria de las guardias.

Cito textualmente algunas de las posiciones que se manifestaron con más fuerza, sin referir a las fuentes:

“¿Debemos aceptar que los terratenientes y agroindustriales organicen grupos civiles armados? ¿Se les olvida que el interlocutor de las autodefensas fue siempre el gobierno federal y no la sociedad? Yo sé que es muy complicado ver el país degradándose de este modo, pero si lo que quieren es revolución no la van a encontrar de la mano del discurso de Mireles y los suyos”.

“Es una situación deliberada y provocada por el Estado para desestabilizar la zona y generar terror”.

“Los grupos de autodefensa en Michoacán son financiados por grupos criminales y por empresarios que persiguen intereses particulares y no los de los ciudadanos”.

Nótese que ningún diagnóstico considera siquiera marginalmente la ambivalencia de estos grupos. Por eso se convino voltear hacia el otro horizonte de probabilidad: el de un avance embrionario en dirección a un levantamiento social. En consonancia con esta lectura, se arguyó: “Es francamente débil la hipótesis que sitúa el origen del estallido en Michoacán (o bien el nacimiento de las autodefensas) en una moción exclusivamente gubernamental”

En cierto sentido, esas opiniones unívocas revelan una cierta evocación inconsciente de un pasado marcado por la preeminencia irrestricta del Estado. Denise Maerker, que no pocas veces yerra en sus juicios, esta vez tuvo un extraño acierto: “Hay cierta dosis de nostalgia en quienes imaginan que el Estado fue capaz de idear, operar y controlar en la práctica un levantamiento popular de la magnitud de las autodefensas de Tierra Caliente. Si el Estado mexicano actual tuviera esa capacidad, la presencia, las redes y los liderazgos locales que se necesitan para llevar a cabo una empresa de esa envergadura, el levantamiento no hubiera ocurrido sencillamente porque el orden habría estado garantizado por esa misma estructura” (Nexos IV-2014).

Una vez descartada la omnipotencia del Estado en los destinos de las autodefensas, cabe ahora consignar el antagonismo que se avecina. En Michoacán lo tienen claro: el movimiento esta internamente dividido. Por un lado, está en curso el plan de acción del gobierno federal: la conversión de las autodefensas en paramilitares. José Manuel Mireles advierte: “Ya está ocurriendo una colombianización [paramilitarización] porque desde que se mete el gobierno federal dizque a ayudar empiezan los problemas, empiezan por prohibir el avance, eso no es ayudar.

Nosotros ya teníamos un avance lento pero seguro y sin mucho derramamiento de sangre, para nosotros estaba funcionando al 100%”. Y por otro lado, se asoma la tentativa de ciertas fracciones por encauzar el movimiento hacia la conformación de policías comunitarias. “Después del 10 de mayo vamos a seguir combatiendo el crimen organizado, pero nuestras camisas van a decir ‘defensa rural de Michoacán’, vamos a cambiar la camiseta pero la lucha es la misma” (Proceso 8-V-2014).

Por el momento, cabe hacer notar que existe más de una célula “desobediente”. Por ejemplo, en Aguililla, Jorge Vázquez, el dirigente de esa autodefensa (en la clandestinidad), da a conocer una disposición que apunta en la dirección de una moción antigubernamental: “Es preciso sacarle más provecho al levantamiento, y que no quede sólo en un plan preconcebido del gobierno… En Aguililla hemos creado un Consejo Ciudadano, con base en la ley orgánica municipal; queremos que sea este consejo el que rija a la autodefensa, y que los comunitarios respondan al pueblo, no a los líderes” (Nexos IV-2014).

El 10 de mayo se definió con más claridad la discordancia e incompatibilidad de estos bandos. El desarme de las autodefensas, acordado para esa fecha, es tan sólo la antesala de un conflicto de larga duración.