lunes, 8 de junio de 2015
Robándonos la "libertad económica"
Lo que queda claro
es que mientras el recaudador de impuestos tiene cada vez mas hambre, no
va a perseguir a los grandes multinacionales, sino al pequeño
trabajador o hombre (o mujer) de negocios — gente como tu y yo.
No es ningún
secreto que el gobierno español en estos días está desesperado por
obtener dinero rápido y de donde sea. Como el adicto que experimenta los
primeros espasmos del síndrome de abstinencia, el gobierno de Rajoy ha
estado inspeccionando frenéticamente su entorno en búsqueda de cualquier
cosa de valor que pueda robar o tomar en prenda.
En 2012 renegó de
casi todas sus promesas electorales al desatar el régimen de austeridad
más severo en la historia democrática del país. Hizo recortes en el
presupuesto por 27 mil millones de euros y aumentó los precios
públicos de gas y luz. Los impuestos subieron de súbito en todos los
artículos y, como en Grecia, los hospitales se privatizaron y otros
servicios públicos fueron llevados rápidamente a los bolsillos de las
corporaciones multinacionales; pero todo fue en vano.
A pesar de su
política de austeridad, el Gobierno fracasó estrepitosamente en su
intento de cumplir la meta presupuestaria del 5.3 por ciento de la
Troika para el año 2012, y para mayo de 2013 ya había renunciado a
cumplir con el objetivo del 2013. Con el tiempo agotándose rápidamente y
los matones de la Troika acorralándole y sin darle respiro, el gobierno
comenzó desesperadamente a buscar nuevos y más imaginativos modos para
recaudar fondos.
Y así en enero de
2013 parecía haber encontrado la respuesta perfecta; a saber, apuntarle
a los fondos de los residentes expatriados y a los de nacionales que
viven fuera de su país. El gobierno subrepticiamente, anunció una nueva
ley que obliga a cualquier residente en España que tuviera más de
50.000 euros en ahorros, o en valores activos o bienes inmuebles en el
extranjero, a declararlo todo, y con total exactitud.
Mientras el
gobierno insistió en que la nueva ley era meramente un ejercicio de
recopilación de datos, la falta de declaración o cualquier error en la
información proporcionada se traduciría en una multa de 10.000 euros, o más. Y todo aquel que declarase sus bienes después de la fecha límite – el 30 de Abril – tendría que pagar una multa mínima de 1.500 euros.
Con la perspectiva
de una nueva y extremadamente desesperada implementación de impuestos en
la escena, miles de expatriados estuvieron [bastante,
comprensiblemente] considerando irse de España. Así como por la otra
parte, gran parte de los españoles residentes en otros países no
supieron de la nueva normativa.
La recaudación de impuestos se hace global
Vamos al grano del
tema en cuestión y es que a la libertad económica le quedan tres días .
El caso español es un testimonio de una cooperación cada vez más
estrecha que está teniendo lugar entre las autoridades fiscales
nacionales. Desde hace años, el gobierno de EE.UU. ha exigido que todos
los nacionales viviendo en el extranjero declaren sus ingresos anuales.
Y a partir de 2014 todos los bancos del Reino Unido informarán
directamente al IRS (departamento de tesorería de EE.UU.), y viceversa.
Tal vez lo más
inquietante de todo, los primeros cuatro elementos sobre la declaración
de la reunión del G-8 en Londres señalaban la necesidad de que los
gobiernos compartan información en la “lucha contra el flagelo de la
evasión fiscal”.
Seamos sinceros,
esto estaría muy bien y sería bueno si sus objetivos principales no
fueran los pequeños hombres de la calle, sino más bien las
corporaciones multinacionales, los bancos y los fondos de cobertura que
durante años han estado pagando una fracción miserable de los miles de
millones de euros de impuestos que les deben a los países en los que
operan. Dirán que soy un cínico, pero me resulta un tanto difícil creer
que los mismos dirigentes políticos que casual y encubiertamente se
reúnen con los consejeros ejecutivos y presidentes de las corporaciones
más grandes del mundo en foros como la reunión anual de Bilderberg estén
a punto de lanzar sus corporativos asociados al agua.
Como Nicholas Shaxson escribe en su libro Las Islas del tesoro: “El sistema de alta mar es
el apuntalamiento secreto del poder político y financiero de Wall
Street hoy. Es el refugio fortificado de las grandes finanzas “.
Hay, según sus
cálculos, cerca de entre 10 y 20 billones de dólares están operando en
alta mar en paraísos fiscales y la mitad del comercio mundial, de una u
otra manera se procesa a través de ellos. Y no se trata sólo de pagar
menos impuestos. Los paraísos fiscales también les ofrecen a sus
clientes secrecía y escape tanto de las regulaciones financieras como
de las leyes penales. Supongo que al decir paraíso fiscal, todo el mundo
esté pesando en, por poner un ejemplo, Suiza… pero el mayor paraíso
fiscal se encuentra en la City de Londres.
Irónicamente, el
país anfitrión de la reunión del G-8, el Reino Unido, y más
concretamente su capital financiera, la City de Londres — que, vale la
pena mencionarlo otra vez, es una entidad soberana totalmente
independiente — es uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Al
ofrecerles a los bancos de todo el mundo la oportunidad de eludir las
leyes democráticas de los países en los que operan, Londres ha sido un
cómplice esencial en el surgimiento del paradigma del “demasiado grande
para caer” (too big to fail), por no hablar de los miles de crímenes financieros que han sido cometidos en su nombre.
La Agenda real
En los próximos
meses y años, los gobiernos tratarán de propagar la idea de que han
corregido súbitamente el rumbo. Y como si cantaran al unísono, nos dirán
que ahora entienden la importancia de hacer frente a la “plaga” de la
evasión fiscal y la economía ilegal.
Muchos
contribuyentes, sin duda, se tragarán toda la propaganda tal cual, y
estarán felices de permitirles a sus gobiernos compartir toda su
información financiera personal con otros países y organismos regionales
e internacionales, como la UE, el FMI, el Banco Mundial y –el ogro de
los ogros- el banco central de los bancos centrales,the Bank of International Settlements. (BIP/BIS , Banco de Pagos Internacionales, con sede qué casualidad en Basilea, Suiza).
Pero justamente
como nos han demostrado las revelaciones de Edward Snowden, las escuchas
telefónicas y el espionaje en Internet que hizo la NSA (Agencia
Nacional de Seguridad) se trata mucho más que del control social y
político que de una lucha contra el terrorismo, el hecho de que nuestros
gobiernos compartan nuestros datos financieros privados estará orientado a consolidar el control financiero de nuestras vidas.
En EE.UU. la
Vigilancia Judicial anunció el año pasado que había obtenido los
registros de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB)
y revelaron que la NSA había gastado millones de dólares para obtener sin autorización la colección y el análisis de las operaciones financieras de los estadounidenses.
Los documentos también revelaron que los contratistas del CFPB
pudieron ser obligados a compartir la información con “otras entidades
gubernamentales”.
Al crear una
referencia cruzada mundial de todo lo que se mueve en el mundo
financiero, los gobiernos serán capaces de rastrear cada centavo que
ganamos, gastamos o ahorramos. No es ninguna coincidencia que los
mismísimos gobiernos hayan estado implementando medidas cada vez más
draconianas para limitar el uso de efectivo en la economía, mientras que
al mismo tiempo promueven el uso de alternativas digitales, como el
dinero móvil, que puede ser mucho más fácil de rastrear e investigar.
La guerra contra la
privacidad se está librando en una amplia gama de frentes, entre los
que destaca el frente financiero. Y lo que queda de la libertad
económica, ya sea como asalariados, ahorradores o gastadores, pende de
un hilo, en tanto el férreo control de los gobiernos se estrecha. Pues,
si la información es poder, entonces el conocimiento total de la
información del tipo que nuestros gobiernos buscan, representa
potencialmente el peldaño final del poder absoluto.
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