lunes, 4 de junio de 2018

El voto a la venta

Vendo mi voto. Si quieres que apoye a un candidato a la Presidencia son 3 mil pesos, si quieres que el sufragio sea para Jefe de gobierno son 2 mil 500, si es para una alcaldía son 2 mil, y a cambio de respaldar a un diputado serían mil 500 pesos. También está la opción de negociar el trato con todos los cargos antes mencionados para el próximo 1 de julio a cambio de 6 mil pesos.
El ofrecimiento parece una broma, pero es real. Es una oferta publicada en Facebook por algún ciudadano y no es la única. Se han detectado otras similares en redes sociales, así como en páginas de internet como Mercado Libre. Pese a que vender o comprar un sufragio es un delito electoral, la práctica existe.
En tiempos electorales, las peores prácticas de los partidos políticos y sus candidatos, con la finalidad de conseguir el triunfo en las urnas, salen a relucir.
En una democracia con tantos problemas como la mexicana, las violaciones legales ocurren y la compra-venta de los votos sucede, pero es muy difícil de detectar y de castigar para las autoridades.

Una parte del problema es la necesidad de la gente. En un país con abundante pobreza, el ofrecer o regalar ya sea dinero o algún otro bien, como tinacos, televisores, entre otras cosas, a cambio de un sufragio es un proceso hasta cierto punto fácil, pero también está la otra parte que implica la intimidación y las amenazas de quitar a las personas los programas sociales de los que gozan

Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, solicitar votos a cambio de un pago o promesa de dinero implica un delito al violar fracciones de los artículos 7° y 9°, mientras que el condicionar algún programa social en temporada electoral infringe el 11°.
Por otra parte el provocar temor o intimidación por cualquier medio para inducir o ejercer presión sobre un elector para votar por alguien, o de lo contrario no votar, mejor conocido como coacción del voto, vulnera también los tres artículos antes mencionados.

Datos de la Fepade indican que del 2015 al 2017, hubo 6 mil 878 denuncias sobre delitos electorales, de las cuales 2 mil 116 corresponden al sector del clientelismo electoral. De esas, hubo mil 065 denuncias que hablaban de una oferta de compra de voto y 260 correspondieronal condicionamiento de la prestación de servicios públicos

La plataforma Democracia Sin Pobreza, lanzada por Cohesión Social y Alianza Cívica junto a otras organizaciones, ha recibido denuncias anónimas de lo que se ha llegado a ofrecer en distintas entidades de México a cambio de los sufragios. Los rangos van desde los 150 pesos hasta los 5 mil pesos, según información proporcionada por un ciudadano del Estado de México.
150 a 6,000 pesos es el rango de precios para la compra de votos Expertos en temas electorales cuestionan el por qué de la existencia de estas prácticas en temporadas claves para el futuro del país, y aunque es una mezcla de factores como la pobreza y corrupción, también radica en la posible debilidad de las instituciones que no cuentan con la competencia suficiente para hacer frente a los delitos que ponen en duda los resultados electorales.

Práctica normalizada y generalizada

Alberto Serdán Rosales, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explica en entrevista que el reto para todos por la compra de votos en este 2018 es difícil, para los ciudadanos se ha vuelto una práctica normalizada, para las autoridades un método generalizado y para todos, una forma de hacer política que implica el desvío de recursos públicos.

La compra o el condicionamiento de programas sociales para conseguir votos entre la ciudadanía no es algo nuevo, se ha utilizado desde hace mucho tiempo por los partidos políticos y para los votantes se ha convertido en una práctica común

“Nos enfrentamos a un contexto de elecciones cerradas, sobre todo en el ámbito local, donde la compra del voto violenta la voluntad popular y puede ser una diferencia”, indica el maestro en políticas sociales, que agrega que es preocupante que los recursos públicos dejen de usarse donde se necesitan a cambio de bienes y artículos usados para comprar votos.
Serdán destaca otro factor que es el debilitamiento generalizado de las instituciones en este proceso electoral, que además es el más grande de la historia de México.

Las despensas son las campeonas del intercambio de bienes por votos y el programa social más utilizado para este fin ha sido Prospera

“Estamos ante un debilitamiento generalizado de las instituciones, no hay Fiscal General, no hay Fiscal Anticorrupción, no hay magistrados en tribunal administrativo, nos quedamos tres meses sin auditor superior de la Federación, descabezaron a la Fepade y los órganos internos de Sedesol están capturados por quien las dirige”, expone.
Elección tras elección nos enfrentamos a los mismos problemas, agrega el politólogo de la UNAM, que explica que existe una maquinaria en el país enorme para desviar recursos y construir redes clientelares, además de que existe una preocupante opacidad en los programas sociales.
Sobre lo que han logrado detectar con los datos de la plataforma Democracia Sin Pobreza, Serdán dice que es un fenómeno que ocurre en todo el país, está disperso en todos los estados, es un modus operandi en las contiendas electorales de todos los niveles, y además ejecutado por todos los partidos políticos, cuestión que confiesa no se lo esperaba de esa forma.
Otro dato curioso es que las despensas son las campeonas del intercambio de bienes por votos, además de que el condicionamiento de programas sociales es muy común, sobre todo el de Prospera. Y que uno de los documentos que se piden es la credencial de elector o la copia, con lo que se hacen pase de listas en eventos y en las elecciones muchas veces es para que no acudan.
Según datos arrojados con las denuncias ciudadanas, en estados como el Edomex el voto se busca a cambio de hasta 5 mil pesos, seguido de Tabasco con 4 mil, así como Oaxaca y Sonora con 3 mil pesos. En la Ciudad de México hay denuncias dehasta2 mil 500 pesos a cambio del sufragio.

La compra del voto es un fenómeno que ocurre en todo el país, está disperso en todos los estados y es un modus operandi presente en todos los niveles de gobierno

“El uso electoral de programas sociales es inútil para superar la pobreza, al final del día estos operativos no resuelven el problema. Segundo, es inútil e inmoral porque se aprovechan de la necesidad de la gente y es ilegal porque así lo dicen las leyes mexicanas”, concluye.

Difícil saber de este delito

Carlos Vilalta, investigador de información geoespacial, explica que la compra del voto es algo que se ha hecho durante mucho tiempo, y aunque en la actualidad se tiene más información acerca de este tipo de hechos, aún es muy difícil determinar con exactitud cuánto impacta en el resultado de una elección o incluso si fue factor para calificar como fraude un proceso.

“Es difícil determinar si las cifras variarán del 2006 al 2018, pero sí podemos saber en qué entidades habrá un impacto importante, no sé si puedan llegar a modificar el curso de las elecciones o el resultado en la tendencia nacional, pero sí pueden desestabilizar los comicios locales”
- Carlos Vilalta
Investigador de información geoespacial

Vilalta agrega que entrando en el terreno de la especulación, la situación de los casos de la compra de sufragios se podría agravar un poco en este proceso, primero por el tamaño de la elección que será la más grande de la historia y segundo por lo que está en juego, que es la salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder, una institución política que durante décadas manipuló los comicios para su beneficio de muchas maneras.
Sobre el condicionar programas sociales a cambio de un voto, el investigador del Centro Geo, indica que este tipo de ayudas pueden estar blindadas, es decir es muy difícil dar de baja o sustituir una persona por otras en el papel, pero el problema se da en la ventanilla o en la oficina, donde funcionarios operan para realizar esas acciones e intimidar al votante, cuestión difícil de detectar, denunciar y resolver.
Los delitos electorales como la compra del voto o el condicionamiento de programas sociales es una práctica muy difícil de detectar por el tamaño de la elección y por todas los métodos que existen actualmente para llevarlos a cabo
Sobre un perfil específico de las personas vulnerables a las que va dirigida esta práctica, Vilalta explica que se han logrado identificar algunas cuestiones como el tener una baja educación formal, la población indígena, así como las personas que viven en una zona de alta competitividad electoral, el partido invierte más dinero donde sabe que la tiene difícil de ganar.