miércoles, 26 de noviembre de 2014

Chocan Conadic y ONU en manejo de drogas

Chocan Conadic y ONU en manejo de drogas

Manuel Mondragón y Kalb, reviró diciendo que el alcohol es la única droga que puede consumirse responsablemente
Foto: Cuartoscuro
La Oficina de las Naciones Unidas  contra la Droga y el Delito en México y la Comisión Nacional  contra las Adicciones (Conadic) chocaron en su postura sobre lo que debe ser la política contra las sustancias ilícitas en el país. El organismo internacional votó por un consumo responsable e informado, mientras que la instancia local reviró: si lo hacemos así “nos lleva el diablo”.

Durante la presentación de la Guía del Comunicador para las Adicciones, documento elaborado por la ONU y la Fundación Gonzalo Río Arronte, el representante de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonio Mazzitelli, pidió no rechazar a los adictos ni “demonizar” las sustancias.

Dijo que las políticas de prevención deben apostarle a informar que las drogas legales e ilegales hacen daño y entonces dejar que el consumidor disponga.

“Las sustancias existen y circulan. El presente, el futuro, nos está pintando una realidad en donde no sabremos de antemano que sustancias están circulando, entonces tenemos que estar listos para intervenir desconociendo el producto, la sustancia”, señaló durante su discurso.

“Para esto la única manera es informar sin demonizar, dando a quien comunica los instrumentos para decir  ‘mira, no importa lo que consumas, pero si consumes sepas que te hace daño’”

Por su parte, el ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, ex comisionado Nacional de Seguridad y actual titular de la Conadic, Manuel Mondragón y Kalb, reviró diciendo que el alcohol es la única droga que puede consumirse responsablemente.

“Si se toma ese mensaje ya nos llevó el diablo, ¿eh? nadie que consume lo hace de manera responsable, salvo bebidas alcohólicas. Es la única situación que puede uno utilizar y debe hacerse en forma responsable (entendiendo que) un porcentaje de personas tiene tendencias a la adicción, pero no podemos prohibirlo. En lo demás, incluyendo el tabaco… puede caer en una irresponsabilidad, aunque podemos evitarlo: no te lo lleves nunca a la boca: no se puede inhalar cocaína de manera responsable ni utilizar las drogas de manera responsable”.

Desde su nombramiento el pasado 27 de octubre, Mondragón ha dado de qué hablar al referirse a su postura contra la legalización de la mariguana u otras drogas ilegales en el país. La última vez que se refirió al tema, acotó “no quiero un país mariguanero”.

En esta última intervención, el responsable de las políticas para prevenir las adicciones en el país señaló  que a las drogas y a la mariguana en específico, no debe abrírseles la puerta ni siquiera por el discurso de su uso medicinal, porque esa es la puerta que abre la legalización de la venta de drogas para uso recreativo.

Aunque especificó que en México no está penado consumir sustancias y que es necesario abrir la discusión sobre el tema, insistió en que las drogas no deben legalizarse, aunque haya un sector de la población que lo considere necesario.

“Esto de la libertad de la persona de hacer de su cuerpo lo que quiera o de su conducta lo que crea… ¡ah caray, cuidado!, tampoco: para eso hay leyes, no tenemos todas esas libertades”.

A dos meses, sin acusación por desaparición forzada

A dos meses, sin acusación por desaparición forzada

La desaparición forzada, según el código penal, es uno de los delitos más graves, ya que no lo cometen delincuentes sino las mismas autoridades al retener ilegalmente a una persona
Foto: Cuartoscuro
A dos meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha presentado cargos por desaparición forzada en contra de ninguno de los servidores públicos detenidos o prófugos por este caso, pese a que públicamente la dependencia los señaló de ser responsables de ese ilícito.

La desaparición forzada, según el código penal, es uno de los delitos más graves, ya que no lo cometen delincuentes sino las mismas autoridades al retener ilegalmente a una persona valiéndose de los recursos con los que cuentan.

El 22 de octubre, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, sostuvo en una conferencia de prensa que se “tenían plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los delitos de secuestro y delincuencia organizada”, y que se estaban “concluyendo las diligencias para acreditar el delito de funcionarios municipales de desaparición forzada”.

Unos días más tarde, el 7 de noviembre pasado, Murillo Karam negó que lo ocurrido en Iguala se tratara de “un crimen de Estado”, e hizo hincapié en que era más bien un caso “típico de desaparición forzada” y posible homicidio.

Pero hasta ahora la PGR no ha hecho una nueva consignación en contra de los policías procesados por este delito. Los policías municipales están acusados de otros delitos como delincuencia organizada, secuestro, privación de la libertad, cohecho, delitos contra la salud, entre otros.

En el caso de Abarca ni siquiera está imputado aun por alguna participación en el caso de los normalistas, sino que se le procesó por denuncias anteriores. Su esposa no ha sido acusada de nada pues se encuentra bajo arraigo.

Delito clave


De acuerdo con el Artículo 215-A del Código Penal Federal, la desaparición forzada la comete “el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.

Se trata de un ilícito grave que puede alcanzar por sí solo una sentencia de hasta 40 años de prisión.

El relator de Naciones Unidas sobre desaparición forzada Ariel Dulitzky, señaló hace unos días en una reunión de trabajo en San Lázaro, que si bien en México está tipificado este ilícito, el retraso e inacción en casos como el de Ayotzinapa parecieran indicar que “el Estado no quiere juzgar a los responsables”.

Indicó que la desaparición de los 43 estudiantes era el fenómeno más grave que le había tocado ver y criticó que la PGR no hubiera consignado aún este delito.

En ese sentido consideró urgente que en México se formule una Ley General para las Desapariciones Forzadas que amplifique las formas de actuar en contra de este delito y que también contemple a particulares que secuestren personas en complicidad con los funcionarios.

Analizan para caso Iguala una comisión de la verdad


El obudsman nacional considera que con ella se buscarían que no se repitieran hechos como ese, pero se deben conformar con tiempo
Foto: Cuartoscuro
Una Comisión de la Verdad buscaría que no se vuelvan a repetir acontecimientos como Iguala, pero estas organizaciones requieren un tiempo de maduración, consideró ayer Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

La situación por la que pasa México en materia de inseguridad y Estado de derecho hacen necesaria una investigación profunda de casos como los de Ayotzinapa o Tlatlaya, por lo que no es descabellado pensar y debatir en una Comisión de la Verdad, reiteró durante el foro “Comisiones de Verdad y Justicia: Lecciones aprendidas para México más allá de Ayotzinapa”.

“Nuestra sociedad demanda y tiene derecho a conocer la verdad de estos hechos, así como a exigir que se haga justicia”, indicó el recién nombrado Obudsman nacional en el foro realizado por la organización no gubernamental Causa Común.

“Debemos seguir trabajando y que la sociedad civil pueda, desde su trinchera, (hacer) lo que ya se viene haciendo, que se reflexione sobre todas las aristas que significa la creación de una Comisión de la Verdad y en lo que se analizan estas aristas se trabaje en favor de los derechos humanos”, dijo.

Durante su intervención en el foro, González Pérez indicó que este método usado en otros países es una opción para resolver casos emblemáticos, pero primero deben de analizarse las diferentes aristas.

En su opinión, una de las dificultades es el tiempo para conformar la Comisión, pues la experiencia internacional dice que puede tardar hasta años, eso sin contar de que debe de haber una plena confianza de quienes la integran para que así las víctimas y testigos puedan aportar la información necesaria.

“Que se reflexione sobre su conveniencia, el foro es para ver su conveniencia. Ya María Elena Morera (organizadora del foro) señalaba que el objeto es discutir sobre esa idea de varias organizaciones para discutir su conveniencia o no, sobre la oportunidad o no. Yo desde la reflexión de ombudsman no estoy descalificando ni confirmando nada, sino que todo lo que la sociedad civil puede hacer con el ombudsman que es la invitación que hicimos”, añadió González Pérez.

Durante la inauguración, María Elena Morera, señaló que la participación de la CNDH es vital para llegar a la resolución de casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tlatlaya o San Fernando, donde hay constancia de la participación del crimen organizado y autoridades en delitos.

En el foro, celebrado en Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, estuvieron presentes María Elena Morera, de la organización México Unido Contra la Delincuencia; Pilar Noriega, de la Comisión de Verdad Guerrero; José Guevara, de la Comisión Nacional de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, así como y el director del Centro para el Desarrollo de la Justicia, Luis González Placencia.

Policía que mató a Michael Brown dice tener “la conciencia tranquila”

Policía que mató a Michael Brown dice tener “la conciencia tranquila”

"En ese momento me pregunté, ¿puedo matar a este chico?, legalmente, ¿puedo?. Y me respondí: tengo que hacerlo", relató Darren Wilson
Foto: NBCNews
WASHINGTON. Darren Wilson, el policía que mató al joven afroamericano Michael Brown en Ferguson, Estados Unidos, dijo que siente la ocurrido, aunque tiene “la conciencia tranquila” y volvería a actuar del mismo modo puesto que lo hizo para salvar su vida.

“La pregunta que ocupaba mi mente era ‘¿cómo sobrevivo?’”, explicó Wilson en una entrevista a la cadena ABC un día después de que un gran jurado fallara que no existen pruebas suficientes para imputarle por la muerte de Brown.

El pasado 9 de agosto, Wilson, un hombre blanco de 28 años, asesinó de varios disparos a Brown, afroamericano de 18 años, cuando el adolescente iba desarmado y en circunstancias aún por esclarecer.

Este caso provocó en agosto una ola de disturbios raciales que se saldaron con saqueos y destrozos, una violencia que volvió ayer a esta pequeña ciudad de poco más de 20 mil habitantes tras conocerse el fallo del jurado.

“En ese momento me pregunté, ¿puedo matar a este chico?, legalmente, ¿puedo?. Y me respondí: tengo que hacerlo, de no hacerlo me matará si me alcanza”, relató el agente.

Wilson sostiene que Brown le agredió e intentó quitarle el arma, un relato que contradice la versión de algunos testigos, entre ellos un amigo que acompañaba al joven.

Según esos testimonios, Wilson disparó en repetidas ocasiones al joven cuando este estaba desarmado y con los brazos en alto, el gesto utilizado ahora como icono de las protestas acompañado del grito: “No dispares“.

La indignación volvió la madrugada del lunes a Ferguson tras conocerse que Wilson seguirá libre y sin cargos al concluir un gran jurado que no hay pruebas suficientes para imputarlo por la muerte de Brown.

Tras escuchar la versión de 60 testigos y del propio Wilson, el gran jurado decidió que no existe “causa probable” para imputar al agente.

Los cargos que podría haber enfrentado Wilson abarcaban desde un máximo de 4 años de cárcel por homicidio involuntario a cadena perpetua o pena de muerte por asesinato en primer grado.

El gran jurado decide si hay pruebas suficientes para presentar cargos contra una persona, por lo que tras su fallo el caso de Wilson queda cerrado por esta vía.

No obstante, continúa la doble investigación independiente del Departamento de Justicia sobre si, por un lado, hubo una violación de los derechos civiles en el caso de Brown, y, por otro, si la policía local mantiene prácticas discriminatorias, explicó hoy el fiscal general, Eric Holder, en una declaración.  DM