Una resurrección forzada
Rosa Elvira Vargas
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de febrero de 2015, p. 4
Miércoles 4 de febrero de 2015, p. 4
Desaparecida por el Congreso desde noviembre de
2012, a iniciativa enviada por el entonces presidente electo Enrique
Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) nunca fue
remplazada por el ‘‘órgano constitucional autónomo’’ en materia
anticorrupción previsto en los artículos transitorios del Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013.
En ese tiempo la dependencia operó con un encargado de despacho,
Julián Oliva Ugalde. Para este año ejercerá un presupuesto de mil 483
millones 947 mil pesos. Ayer, por la vía del nombramiento de un titular
–Virgilio Andrade– el presidente Peña revirtió en los hechos la reforma a
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal impulsada por él
mismo. Además, en su mensaje se pronunció por la aprobación en el
Congreso del sistema nacional anticorrupción y no aludió a la comisión
nacional anticorrupción propuesta por él y que aún se mantiene como
dictamen pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados.Virgilio Andrade Martínez es abogado por el ITAM. Fue consejero electoral entre 2003 y 2010. Al inicio del gobierno de Peña fue titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en la Secretaría de Economía. Tras rendir protesta de su nuevo encargo, Andrade convino en la demanda ciudadana y social por acciones dirigidas a cerrar espacios a la corrupción, a conflictos de intereses y a prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y público. Se comprometió a propiciar un gobierno eficaz, apegado a la legalidad y transparente frente a los ciudadanos. La SFP, indicó, tiene una estructura presente en prácticamente 300 órganos de la administración pública federal y cuenta con la experiencia y trayectoria de ‘‘cientos de contralores, contadores y expertos en gestión’’.
Para la primera tarea encomendada por Peña –revisar si hubo
conflicto de intereses en la compra de las casas de su esposa Angélica
Rivera; del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de él mismo,
Andrade tendrá que reunir a un panel de expertos para que ‘‘conozcan y
evalúen los resultados de la investigación’’.
