Una resurrección forzada
Rosa Elvira Vargas
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de febrero de 2015, p. 4
Miércoles 4 de febrero de 2015, p. 4
Desaparecida por el Congreso desde noviembre de
2012, a iniciativa enviada por el entonces presidente electo Enrique
Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) nunca fue
remplazada por el ‘‘órgano constitucional autónomo’’ en materia
anticorrupción previsto en los artículos transitorios del Diario Oficial de la Federación del 2 de enero de 2013.
Virgilio Andrade Martínez es abogado por el ITAM. Fue consejero electoral entre 2003 y 2010. Al inicio del gobierno de Peña fue titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en la Secretaría de Economía. Tras rendir protesta de su nuevo encargo, Andrade convino en la demanda ciudadana y social por acciones dirigidas a cerrar espacios a la corrupción, a conflictos de intereses y a prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y público. Se comprometió a propiciar un gobierno eficaz, apegado a la legalidad y transparente frente a los ciudadanos. La SFP, indicó, tiene una estructura presente en prácticamente 300 órganos de la administración pública federal y cuenta con la experiencia y trayectoria de ‘‘cientos de contralores, contadores y expertos en gestión’’.
Para la primera tarea encomendada por Peña –revisar si hubo
conflicto de intereses en la compra de las casas de su esposa Angélica
Rivera; del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de él mismo,
Andrade tendrá que reunir a un panel de expertos para que ‘‘conozcan y
evalúen los resultados de la investigación’’.
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