
Los encargados de brindarles atención médica
pedían papeles, “pero hay mujeres jornaleras que no sabemos ni pedir
ayuda en español, nosotros hablamos nu’ saavi, y a mi hermana no la
atendieron aunque ya iba con dolor de parto”, relata Lucy, una jornalera
agrícola que se ha visto obligada a bajar de la montaña de Guerrero en
busca de mejores condiciones de vida.
Lucy Peña Four tiene 28 años
y ha vivido en los campos agrícolas de otros estados desde que tiene
uso de razón. Recuerda que desde niña se ha montado en camiones de
redilas, con los suyos, para salir de la extrema pobreza que lastima la
región. Ella creció entre los surcos de las agroempresas instaladas en
Baja California, Zacatecas y Jalisco. Va y viene de un lado a otro, a
donde haya trabajo. Vive donde mejor le convenga. A la montaña ya casi
no sube, la ha ido dejado.
Es madre de dos niños, de ocho y dos
años de edad, a quienes deja con su pareja mientras ella va a trabajar.
“Nos turnamos por temporadas para cuidarlos; cuando él tiene trabajo, yo
los cuido y al revés. Es la única forma en que podemos hacerle para
trabajar los dos y no dejarlos solos”, dice en entrevista.
Sabe
del riesgo que corren sus hijos en los campos agrícolas, ellos no tienen
atención médica y ha habido muertes en el área de trabajo: “los han
atropellado, y qué es lo que hace el patrón o el encargado, les compra
el silencio a los padres, sólo les da unos cuantos pesos para que se
callen y no haya justicia”, comenta.
Manuel Oliviera Anzueto,
director de igualdad laboral para jornaleros indígenas, jóvenes y
personas privadas de su libertad en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, asegura que sí hay una política de atención para
erradicar el trabajo infantil en la agricultura y dice que en 10 años se
ha disminuido en 50 por ciento el trabajo infantil.
“Sin embargo,
hace falta fortalecer las acciones y darles un enfoque más sistémico,
porque sacamos de trabajar al niño de la agricultura y qué pasa, ¿hay
fortalecimiento en la estructura de los sistemas para atenderlo en su
educación, salud, alimentación? Habría que ver, ese es el área de
oportunidad, fortalecer esa coordinación para poder dar alternativas”,
comenta.
Sin garantías
Información del
Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, indica que la
pobreza extrema, discriminación y exclusión son los patrones con
quienes conviven día con día los jornaleros agrícolas desde sus lugares
de origen.
La falta de trabajo y acceso a los derechos básicos a
la alimentación, salud y educación obliga a miles de familias a
abandonar sus hogares y buscar en los campos agrícolas la oportunidad
que les permita sobrevivir.
El forzado éxodo es el impacto de la
omisión de las autoridades municipales, estatales y federales para
garantizar los derechos básicos de la ciudadanía.
Según los
registros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los
estados a los que migra la población jornalera de Guerrero son:
Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit,
Jalisco, Colima, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán,
Estado de México, Hidalgo, Morelos, Guerrero (Tierra Caliente) —por lo
menos 90 por ciento de estas zonas enfrentan delincuencia organizada—.
Cifras
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indican que en México la
población mayor de 15 años de edad ocupada en el trabajo agrícola es de
5 millones 538 mil 979 personas.
La ENOE muestra que de estos
millones, el 56 por ciento son agricultores y el 44 por ciento
trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros). Con respecto al
género, entre los trabajadores agrícolas el 89 por ciento son hombres y
11 por ciento mujeres.

Entre el olvido y el peligro
Los
migrantes del país, los más pobres, viajan hacinados en vehículos en mal
estado. El peligro los acecha en las terracerías y las carreteras.
Castro Solano, de la comunidad Colonia de Guadalupe, Tlapa, en la región
de La Montaña de Guerrero denuncia el olvido que hay por parte de las
autoridades y la falta de auxilio.
El hombre, originario de uno de
los municipios más pobres del país, recuerda el accidente ocurrido el
año pasado en el norte del país: “una camioneta grande, en la que
viajaban cinco niños que pretendían cambiarse de trabajo (viajaban de
Torreón, Coahuila, al municipio Escalón, en Chihuahua), se volcó”.
Luego,
dice Castro Solano en el marco del foro: Jornaleras y jornaleros
agrícolas. Presente y futuro, “este año (entre enero y abril) se
murieron cinco de nuestro pueblo; una mujer y cuatro niños, en Sinaloa.
Hasta ahorita no sabemos nada de nuestro gobierno. Solamente los de
Tlachinollan [organización defensora de derechos humanos] son los que
luchan por nosotros y nos ayudan a regresar a algunos cuerpos a su
origen. Cada año, de mi comunidad se mueren dos o tres niños y, a veces,
se entierran donde estén o se los llevan al [lugar de] origen”,
denuncia.
“En su traslado, los accidentes automovilísticos, los
retenes policiales y militares son algunas de las arbitrariedades a las
que las familias jornaleras se enfrentan”, documenta el Centro de los
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Mientras, el Catálogo
de Localidades de la Secretaría de Desarrollo Social indica que Tlapa
de Comonfort, lugar de origen de Castro Solano, evidencia que en esta
región la pobreza existe en todas sus clasificaciones. El documento
oficial indica que ahí viven 81 mil 419 personas, de las cuales 38 mil
122 sobreviven en “pobreza extrema”; es decir que el 45.76 por ciento de
pobladores de ese municipio no tiene ni para comer.
En lo que
respecta al grado de marginación, según muestra la Sedesol, 15 mil 127
se encuentran en un muy alto grado de marginación (44.07 por ciento); 65
mil 774 (26.27) en un grado de marginación alto y apenas el 0.85 por
ciento, que representan 39 personas, tienen un grado de marginación
medio.
Migrar desde el sur
El norte, para
miles, aparenta oportunidad. Pareciera que no es necesario salir del
país cuando miras hacia arriba en busca de mejorar tus condiciones de
vida. Abraham Gómez, de la Coalición de Indígenas Migrantes de Chiapas,
ha sido uno de esos miles que buscan huir de la miseria que agobia a sus
pueblos.
Cada viaje implicaba recorrer una distancia de más de 2
mil 200 kilómetros, aproximadamente. Los padecían con la precariedad en
que viajaban y el hambre que tenían que aguantar. Y cuándo parece que
las cosas cambiarán para mejorar llegan los abusos, violaciones
laborales y explotación.
Abraham, quien empezó a migrar en el 2007
rumbo a los campos agrícolas de Sonora, se dio cuenta de que los
problemas inician desde el momento mismo en que se entabla relación con
un reclutador o enganchador, quien ofrece buenos empleos, pero cuando se
llega a las plantaciones la realidad es otra.
“Llegas al campo y
no tienes los servicios necesarios. Todo es una cadena de violaciones a
los derechos de los jornaleros: somos explotados como migrantes y
trabajadores, las condiciones de vida y de trabajo son de esclavitud”,
relata.
Él mismo sufrió esta situación en un campo llamado Casas
Grandes, en aquella entidad. “Fuimos contratados y, supuestamente, el
camión que te lleva de Chiapas a Sonora te tiene que regresar y no pasó
así. Se habla de un contrato pero no se hace un contrato formal y tú
como jornalero si haces valer tu derecho, el patrón te desconoce, dice
que no eres su trabajador”, comenta.

La esclavitud moderna
“Vivimos en
condiciones infrahumanas”, suelta Lorenzo Rodríguez Jiménez, secretario
general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros
Agrícolas (SINDJA), originario de San Martín Itunyoso, Oaxaca (este
municipio está catalogado con un “muy alto” índice de marginación. En él
habitan 2 mil 460 personas).
El SINDJA es la primera organización
constituida como sindicato ante la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social y respalda a los jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja
California, quienes incluso han parado labores y protestado por las
condiciones de explotación en la que trabajan en la pisca de alimentos.

Es muy común que en este trabajo los patrones registren a los
jornaleros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para cubrir con
el requisito requerido por la Ley; pero son dados de baja en los
primeros días para no pagar la cuota correspondiente, acusa el líder
sindical.
No acaban de entender que “nadie deja su pueblo de
origen por gusto o a sus hijos. Es por una necesidad, y esa necesidad no
ha sido porque los jornaleros seamos personas flojas, que no les guste
trabajar, que solamente estemos tendiendo la mano para que el gobierno
nos de comer; sino que las políticas públicas del gobierno no han
funcionado lamentablemente y los beneficios y proyectos productivos no
han llegado a las manos de los campesinos del país”, dice en el marco
del foro, llevado a cabo en la Facultad de Economía de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Lorenzo es jornalero activo, trabaja
desde los 15 años en los surcos de Baja California “porque en mi pueblo
no hay oportunidad para poder superarse, para poder llegar a tener una
profesión”, dice.
El 17 de marzo de 2015 miles de jornaleros “nos
cansamos de vivir todo este tipo de explotación; decidimos dejar el
miedo a un lado, organizarnos y alzar la voz, porque todo el gobierno se
ha hecho de oídos sordos, los sindicatos de protección y los
empresarios”.
El líder de los jornaleros señala a los culpables de
la miseria de estos trabajadores: “Los principales culpables son el
gobierno, porque no crea políticas públicas que realmente puedan
beneficiarlos, que puedan aplicar para que a un jornalero se le pueda
vigilar que se respeten sus derechos mínimos, humanos y laborales
establecidos en la constitución.
“El segundo culpable es el
empresario, porque de acuerdo con la ley Federal del Trabajo, al momento
de contratar a los trabajadores, tiene la obligación de afiliarlos al
Instituto Mexicano del Seguro Social, de otorgarles todas las
prestaciones que la misma ley establece.
“El tercer culpable son
los sindicatos de protección que han sido cómplices durante años junto
con el gobierno y los empresarios para que se den estas condiciones de
esclavitud moderna, en pleno siglo XXI. El punto principal aquí es la
corrupción, los delegados que nombra para que no se violenten esos
derechos no han sido capaces de hacer su trabajo porque les encanta el
dinero, hasta el día de hoy no hemos conocido un sindicato que luche por
los trabajadores”, dice.
Las carencias
Isabel
Margarita Nemecio, representante de la Red Nacional de Jornaleros y
Jornaleras, dice que la organización se ha enfocado en la demanda de
cinco puntos principales:
- Se necesita un
registro actualizado de los jornaleros en México, para poder
instrumentar políticas integrales que realmente atiendan a la población.
-
Se debe mejorar la articulación de las autoridades en los tres niveles
de gobierno, para mejorar el impacto de los programas públicos
-
Se deben revisar las reglas de operación de los programas existentes
para asegurar que tengan mayor potencial de impactar positivamente en la
protección de los jornaleros agrícolas migrantes, principalmente el
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), operado por la
Sedesol.
- También pidió contar con indicadores cualitativos y de
impacto que permita medir los efectos en la población jornalera
agrícola de estos programas.
- La Red se unió a las exigencias
del SINDJA en Morelos para que los dueños del ingenio Beta San Miguel
(el más importante del país) y la Unión local de productores de caña de
azúcar lleguen a una negociación con los cortadores de caña.