El
30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20 años del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el entonces
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, el sindicato de la
plutocracia), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó un TLCAN plus en el
espacio geopolítico que abarca a Canadá, EEUU y México. El régimen de
Enrique Peña Nieto y los legisladores del Pacto por México (PRI, Verde,
PAN, PRD) habían aprobado varias iniciativas del paquete de
contrarreformas neoliberales de cuarta generación, y como vocero de la
clase capitalista trasnacional, Gutiérrez Candiani dijo que dada la
revolución energética que vivían EU y Canadá, México debía entrar en
sinergia con sus dos socios (abismalmente asimétricos), y para ello
había que mejorar la interconexión eléctrica y de ductos; avanzar en el
reconocimiento de normas técnicas, ventanas especiales y trato
preferencial recíproco entre agencias de comercio de los tres países;
invertir en infraestructura y agilizar el transporte terrestre, marítimo
y aéreo.
En la coyuntura, cuando amparadas en cláusulas de confidencialidad y
bajo el signo de la opacidad se llevan a cabo las negociaciones para la
modernización del tratado, un tema neurálgico ocultado a la opinión
pública es la apertura de un nuevo capítulo de lo que llaman la
seguridad energética e independencia de Norteamérica. El TLCAN plus,
pues, como integración vertical espacial-geográfica de México a EEUU.
Trascendió que en las primeras dos rondas celebradas en Washington y
Ciudad de México no se incluyó el tema de la energía (petróleo, gas
natural, minería, agua, electricidad), porque los representantes de las
corporaciones trasnacionales del sector, que cabildean en el llamado cuarto de junto
los contenidos que aprobarán los negociadores oficiales de los tres
países, no han encontrado la forma de asegurar −ante un probable cambio
de gobierno en México tras los comicios de julio de 2018− que se
protejan las inversiones de firmas como Exxon Mobil, Chevron Texaco,
British Petroleum, Sempra Energy (y su subsidiaria mexicana Ienova, de
Carlos Ruiz Sacristán), Halliburton, Shell, Total, Repsol, el grupo
aurífero canadiense Goldcorp, Sierra&Gas (ligada a Carlos Salinas de
Gortari), Grupo Carso Oil&Gas y Minería Frisco (Carlos Slim), Grupo
México (Germán Larrea), Petrobal y Grupo Peñoles (Alberto Baillères),
Evercore (Pedro Aspe), Monterra Energy/KKR (Luis Téllez), las españolas
Gas Natural, Fenosa e Iberdrola y las financieras First Reserve y Black
Rock (el fondo de capital privado más grande del mundo), y que no se
modifique la contrarreforma energética alcanzada por Peña Nieto y el
Pacto por México en 2015.
Esos objetivos, que profundizarán la ruta de la sumisión y la entrega
iniciada por el colaboracionista Carlos Salinas de Gortari en 1992, con
la contrarreforma al artículo 27 constitucional (en materia de minería y
el régimen de tenencia de la tierra), integran el plan A de los
quintacolumnistas locales Ildefonso Guajardo (Economía), Luis Videgaray
(cancillería), Juan Carlos Baker (comercio exterior), Kenneth Smith
(jefe de negociación técnica), Salvador Behar (jefe negociador adjunto),
Juan Pablo Castañón (CCE), Valentín Diez Morodo (Comce), Moisés Kalach
(coordinador general de rondas de negociación) y Eugenio Salinas
(coordinador del secretariado técnico del cuarto de junto).
Vinculado con lo anterior −y como aspecto fundamental de los
mecanismos inductores de la última fase de la desnacionalización
integral de México, ahora en su versión TLCAN 2.0−, desde su toma de
posesión Enrique Peña Nieto había echado a andar el proyecto de las
zonas económicas especiales (ZEE), contenido en su Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.
Desde entonces, la multiplicación de megaproyectos que enlazan a los
sectores de los hidrocarburos, minero/extractivista y de la electricidad
con maquiladoras y ensambladoras a gran escala, agroindustrias de
monocultivos, laboratorios y empresas para la manufactura y
transformación de todo tipo de materias primas en clústers o
parques industriales en el corredor industrial interoceánico del Istmo
de Tehuantepec, ha venido avanzando en su parte formal/legal (la
constitucionalización de los intereses corporativos trasnacionales), lo
que profundizará el modelo de México como país maquilador dependiente y
subordinado a EEUU.
En realidad, bajo la máxima de los neoliberales domésticos de
privatizar para desnacionalizar y recolonizar, la infraestructura para
la desposesión y el despojo de tierras y recursos geoestratégicos fue
diseñada desde el sexenio de Ernesto Zedillo. De la mano de un equipo de
neoporfiristas dirigido por el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Carlos Ruiz Sacristán (el mismo que vía el sistema de la
puerta giratoria representa hoy los intereses de Sempra Energy, por
conducto de su subsidiaria Ienova), Zedillo, el privatizador de los
ferrocarriles y de las redes de comunicación terrestres y
aeroportuarias, lanzó el Megaproyecto Integral del Istmo de Tehuantepec,
que, retomado ahora por Peña Nieto, busca comunicar y/o articular dos
masas de agua (los océanos Atlántico y Pacífico), a través de los nodos
conformados por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, en un
polígono (espacio físico interno) que abarca los estados de Veracruz y
Oaxaca, con el objetivo principal de conectar a la parte este de EEUU
con el mercado del Asia/ Pacífico (Japón, China, Malasia, Vietnam, Corea
del Sur), centro del comercio mundial.
Otros dos puntos clave, definidos como ZEE en función de su posición
geopolítica y al servicio de una economía de enclave en el contexto de
la territorialización de la contrarreforma energética, son los puertos
de Lázaro Cárdenas, con proyección a los municipios colindantes de la
Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero, y Puerto
Chiapas, en el municipio de Tapachula, como punto intermedio de un área
geográfica que enlazará Salina Cruz con Guatemala.
La Jornada
