viernes, 2 de febrero de 2018

Cerco a la libertad de prensa en Marruecos por las protestas sociales del Rif


rebelion.org

Cerco a la libertad de prensa en Marruecos por las protestas sociales del Rif



Una de las protestas del pasado año en la región norteña del Rif, en Alhucemas.- AFP
Entre 1981 y 1984 tuvieron lugar en Marruecos las llamadas “revueltas de hambre”, unos levantamientos populares que acabaron sofocados con la represión violenta del Gobierno, sobre todo en la región norteña del Rif. Los medios de comunicación guardaron silencio en el país, al tiempo que se prohibió la entrada a decenas de periodistas extranjeros que pretendían cubrir las aquellos hechos.
La semana pasada se cumplían 35 años de estos sucesos en un contexto similar, en el que la represión a las protestas sociales y la obstaculización del trabajo a periodistas ha sido una constante durante las movilizaciones en el Rif. Un movimiento que dura más de 14 meses y que está dejando decenas de juicios y condenas, no sólo a los activistas, sino también a periodistas y comunicadores que lo han contado.
Las autoridades marroquíes utilizan las leyes de prensa para silenciar a los medios independientes, los tribunales han suspendido sitios webs de noticias y se han multado a sus editores por "noticias falsas" y "difamación". Medidas que ha llevado a Human Right Watch a denunciar el retroceso en materia de derechos y libertades públicas tras un 2017 marcado por las manifestaciones. Protestas que en mayo fueron duramente reprimidas y sus actores encerrados, "golpeados y maltratados", envueltos en "procesos injustos", explican sus críticos. Por su parte, Freedom House destaca la falta de libertad de expresión y derecho a reunión pacífica bajo, la represión y el encarcelamiento indiscriminado. En su índice anual de libertades, incluye a Marruecos en la categoría de "parcialmente libres", rebajando su calificación por la "dura respuesta del Estado a las grandes manifestaciones en varias regiones del país".
El ‘ojo del Rif’, en la cárcel
Mohamed El Asrihi es uno de los siete periodistas encarcelados por su cobertura de las protestas del Movimiento Popular rifeño (Hirak). “Siempre ha sido el ojo del Rif, lleva años documentando lo que sucede”, explica Awatif, su hermana. El nuevo Código de Prensa y Publicaciones aprobado el año pasado por el Parlamento marroquí eliminó algunas de las penas de prisión por delitos de expresión, mientras que las que cruzan las “líneas rojas” trazadas por Marruecos se mantenían: atentar contra el Islam, contra la monarquía o incitar contra la integridad territorial del reino, en alusión al Sáhara Occidental. A pesar de que supuso un avance significativo respecto al código de prensa del 2002, sanciona infracciones basadas en expresiones no violentas o suspende publicaciones o sitios webs mediante orden judicial.
Mohamed fue detenido el 30 de julio a las 5.30 de la madrugada junto a Jawad Al Sabiry, compañero del portal informativo Rif 24, al inicio de las detenciones en masa de todos los integrantes del Hirak, comenzando por su líder, Nasser Zefzafi. Sin embargo, hasta una semana después no se confirmó su arresto. El periodista está encerrado en Oukacha (Casablanca), junto a otras 50 personas consideradas “núcleo” del Hirak. Procesado por "difundir noticias falsas" y "usurpar la profesión de periodista" al no tener la tarjeta de prensa del Ministerio de Comunicación, según el citado código.
Este periodista se dio a conocer en 2011, durante las manifestaciones que sacudieron aquel año los países árabes. Entonces documentó actuaciones policiales en el poblado de Boukidan (Alhucemas). En las grabaciones aparecen policías destrozando bienes públicos y privados y saqueando material de los comercios. Actuaciones similares han sido documentadas por diferentes cámaras de seguridad durante las protestas de 2017. Por este motivo, “intentaron abrirle un proceso para su encarcelamiento”, indica su hermana.
En octubre de 2011, tras el asesinato de Kamal Hassani, integrante del Movimiento 20 de Febrero, Mohamed fue detenido por documentar la represión de las movilizaciones en la ciudad de Bni Bouayach (Alhucemas). “Recibió una paliza y se lo llevaron en patrulla. Lo soltaron más tarde, llegó al hospital con varias lesiones”, recuerda Awatif. También le quitaron la cámara, pero ya había extraído la tarjeta de memoria.
Mohamed siempre quiso ser periodista, “le gustaba el periodismo, pero no tenía los recursos suficientes para estudiar, además, en la universidad de Rabat no aceptan a cualquiera”. No obstante, hasta el día de su detención llevaba diez años dedicándose al periodismo. Antes de Rif 24 ya participaba en una web similar, Freerif. Incluso era invitado para realizar cobertura de actos oficiales. En 2013 hizo un cortometraje sobre Abdelkrim El Khattabi, líder rifeño que combatió el colonialismo español y estableció la República del Rif entre 1921 y 1927. Por ello fue invitado a los Países Bajos donde recibió como regalo una cámara, que le ha sido confiscada en la actualidad por las autoridades y por la que se le acusa de obtener financiación del exterior.
Peligrosas huelgas de hambre en prisión
Mohamed ha perdido más de 7,5 kg tras la última huelga de hambre, llegando incluso a vomitar sangre durante la última sesión de juicio. “Es la tercera huelga de hambre que mantiene”, comenta su hermana, quien cada miércoles se organiza con familiares para recorrer más de 500 kilómetros y visitar a su hermano durante un par de horas.
En Okacha se encuentran encerrados y procesados otros periodistas: Hussein Al Idrissi (Rif press), Abdelali Haddou (Araghi TV), Fouad Assidi (Awar TV) y Rabie al-Ablaq (Badil.Info). Este último fue hospitalizado a principios de agosto tras mantener una huelga de hambre de 36 días que casi le cuesta la vida. Mientras que otro de los encarcelados, Mohammed El Hilali, (Rif Presse) fue condenado a cinco meses de prisión por “insultar a funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones” y ejercer su profesión “sin autorización”. Sin embargo, sería puesto en libertad como parte del indulto real a algunos activistas el 30 de julio. Había sido detenido tras aparecer en un reportaje de TVE en el que criticaba la falta de la libertad de información y denunciaba la manipulación de los medios de comunicación en Marruecos.
Periodistas acusados de incitar a delinquir
El último y más conocido de los periodistas encarcelados es el director de Badil.info, Hamid El Mahdaoui, crítico con el entorno del rey Mohamed VI. Fue arrestado mientras cubría las protestas del 20 de julio en la ciudad de Alhucemas. Condenado cinco días después a tres meses de prisión por "incitar a personas a cometer delitos a través de discursos y gritos en un lugar público”, aunque el 12 de septiembre se le cuadriplicó la pena. El nuevo código de prensa no incluye este tipo de sentencias de cárcel para los periodistas, pero se basaron en artículos del código penal con penas más duras en temas en los que el Gobierno considera sensibles. Se trata de una persona conocida por su defensa del Hirak, con numerosos vídeos en su apoyo.
El Mahdaoui cumple una condena a la espera de ser enjuiciado por otro cargo, el de no alertar a las autoridades sobre llamadas telefónicas que habría recibido de un hombre que decía planear comprar y enviar armas a Marruecos para iniciar una “guerra”. El periodista defendió ante al Tribunal que no conocía a este hombre y no se había creído sus afirmaciones. Pero El Mahdaoui ha sido condenado en numerosas ocasiones por denunciar abusos cometidos por cargos públicos. En 2015, fue condenado por la Dirección General de Seguridad Nacional a cuatro meses de cárcel y una multa tras informar de la muerte de Karim Lachkar, un activista de Alhucemas que murió en circunstancias desconocidas bajo custodia policial en mayo de 2014.
Expulsar a periodistas extranjeros
Tras el cerco a la prensa nacional, Marruecos también se ha fortificado frente a la prensa internacional, y las expulsiones del país han sido la forma de silenciar a los periodistas extranjeros. El 28 de mayo, Djamel Alilat, enviado por el diario argelino El Watan para cubrir las protestas, fue arrestado en Nador y expulsado por trabajar “sin permiso”. Los reporteros españoles José Luis Navazo y Fernando Sanz Moreno fueron expulsados del país el 25 de julio. El 28 de septiembre la policía marroquí expulsó sin cumplir dos horas en tierra a Saeed Kamali Dehghan, periodista del diario británico The Guardian, antes de realizar las entrevistas que tenía preparadas con diferentes activistas del Hirak.
Desde finales de mayo, fechas en las que comenzaron las detenciones, es casi imposible entrar como periodista al Rif. La ciudad de Alhucemas, epicentro de las movilizaciones, se encuentra tomada por las fuerzas de seguridad tal, y como explica Omar Radi, periodista freelance que ha cubierto las movilizaciones de la región para Aljazeera English, BBC o Middle East Eye. “Lo que los rifeños llaman militarización es una realidad, hay policías en cada lugar y no puedes sacar tu teléfono para hacer fotos. Hay también checkpoints a las entradas de las ciudades”, explica.
Sin medios de comunicación alternativos
Para Radi los medios alternativos no son posibles porque “el nuevo código de prensa condena toda nueva experiencia mediática a no ser autorizada”. Para crear una web de información necesitas autorización, “antes de este código no era necesario”, continúa. Por tratar de cubrir las protestas fue detenido en la frontera entre Alhucemas e Izemmouren, permaneciendo dos días arrestado. “Sabían que había ido a informar”. Le acusaron que haber bebido alcohol, algo que no está permitido.
Periodista desde el año 2008, ha intentado registrarse sin éxito desde 2012, obteniendo como respuesta un simple no. Motivo que le lleva a realizar colaboraciones internacionales, “ningún medio marroquí quiere mi periodismo en su redacción”, dice. Explica que durante los último años del reinado de Hassan II había menos censura y más espacios de libertad. Preguntado por el miedo a su integridad física responde: “Soy consciente que este Estado puede ser brutal”.
En otros espacios como Facebook se persigue la difamación: Khalid Echejaai militante del Partido Socialista Unificado (PSU) en Temara, al sur de Rabat, fue recientemente condenado a un mes de prisión para haber escrito en esta red social "abajo el makhzen (régimen)". En España se encuentra refugiado un fotógrafo freelance de 22 años, activo en redes sociales y una persona cercana al Hirak. No quiere hacer público su nombre “por razones de seguridad”, pero explica que cuando las autoridades comenzaron a arrestar a los activistas, también le buscaban a él también. La Policía irrumpió en su casa el día 26 de mayo. “No me encontraron”, recuerda, “me escondí en un pueblo cercano”. Una semana después recibió un mensajes de alerta de un amigo suyo: “La policía ha emitido una orden de arresto contra ti”.
Su participación en el Hirak fue la cobertura a través del sitio web de noticias local Riflive. “El objetivo era defender el Rif, exponer la corrupción, dar voz a los habitantes y crear un equilibrio entre los políticos y el pueblo”, sostiene. En diciembre, tras sufrir tres intentos de detención decidió marcharse para no acabar en la cárcel de Oukacha, “la etapa más difícil fue huir por mar, una decisión entre la vida y la muerte”, relata.
@ymouled
Fuente: http://www.publico.es/internacional/libertad-prensa-marruecos-guerra-marruecos-prensa-alternativa-protestas-rif.html

 

Encubriendo un genocidio en Myanmar



Aunque el genocidio de la minoría rohingyá en Myammar ha conseguido atraer en gran medida la atención de los medios en los últimos meses, no hay indicios de que la comunidad internacional esté preparada para actuar de manera significativa, por lo que cientos de miles de refugiados rohingyá quedarán abandonados en los campamentos fronterizos levantados entre Myanmar y Bangladesh.
Si bien los altos funcionarios de las Naciones Unidas están utilizando ya el término “genocidio” para describir los abusos masivos sufridos por la minoría rohinyá a manos del ejército de Myanmar, las fuerzas de seguridad y las milicias budistas, no se ha puesto marcha plan de actuación alguno para frenar tal genocidio.
En menos de seis meses, a partir de agosto de 2017, alrededor de 655.000 refugiados rohingyá huyeron o fueron expulsados a través de la frontera entre Myanmar y Bangladesh. La mayor parte de las “operaciones de limpieza” –un término utilizado por el ejército de Myanmar para describir la limpieza étnica de los rohingyá- tuvieron lugar en el estado de Rakhine.
En un informe reciente, Médicos Sin Fronteras (MSF) informaba de la escalofriante cifra de muertos entre los rohingyá durante el primer mes de campaña genocida. Según MSF, al menos 9.000 rohingyá murieron asesinados entre el 25 de agosto y el 24 de septiembre. En esta cifra se incluyen 730 niños menores de cinco años.
Eric Schwartz, de Refugee International, describía estos sucesos en una entrevista en la American National Public Radio (NPR) como “uno de los crímenes más graves de la historia reciente: abusos masivos y traslados forzosos de cientos de miles de personas en cuestión de semanas”.
Además de numerosos informes sobre violaciones colectivas, ejecuciones sumarias y quema masiva de pueblos, los rohingyá se han quedado indefensos frente a atrocidades indescriptibles. Y aún hay más, entre Myanmar y Bangladesh se ha alcanzado recientemente un acuerdo para repatriar a muchos de esos refugiados que no garantiza en modo alguno su seguridad.
Sin garantías y habiendo sido despojados de su estatus legal como ciudadanos o extranjeros legales en Myanmar, regresar supone un esfuerzo tan plagado de riesgos como la huida.
El plan para repatriar a los refugiados rohingyá sin ninguna protección, y sin garantizarles sus derechos básicos, forma parte de una campaña más amplia para encubrir los crímenes del gobierno de Myanmar y así, una vez más, aplazar la prolongada crisis.
Aunque la crueldad experimentada por los rohingyá dura ya décadas, en 2012 se inició una nueva campaña de limpieza étnica cuando 100.000 rohingyá se vieron obligados a abandonar sus pueblos y ciudades para tener que vivir como prisioneros en campamentos improvisados de refugiados.
En 2013, más de 140.000 tuvieron asimismo que convertirse en desplazados, una tendencia que prosiguió hasta el pasado mes de agosto, cuando los episodios de limpieza étnica culminaron en un genocidio total en el que estuvieron involucradas todas las ramas de seguridad del gobierno y que defendieron sus autoridades, incluida Aung San Suu Kyi, reconocida durante décadas por los medios y gobiernos occidentales como un icono de la democracia y una heroína de los derechos humanos.
Sin embargo, tan pronto como Suu Kyi fue liberada de su arresto domiciliario, convirtiéndose en 2015 en consejera de Estado del país, actuó como apologista de sus antiguos enemigos militares. No sólo se negó a condenar la violencia contra los rohingyá, incluso evitó utilizar el término “rohingyá” para referirse a la minoría históricamente perseguida.
El apoyo de Suu Kyi a la implacable violencia de los militares le ha hecho ganar muchos desprecios y críticas, y con razón. Pero tan sólo se ha puesto mucho énfasis en apelar a su sentido moral de la justicia, hasta el punto de que ni por parte de los dirigentes asiáticos ni por parte de la comunidad internacional se ha preparado estrategia alguna para enfrentar los crímenes del ejército y gobierno de Myanmar.
En cambio, sí se ha establecido una irrelevante “junta asesora internacional” para que lleve a cabo las recomendaciones de otro consejo asesor dirigido por Kofi Annan, el ex secretario general de la ONU.
Es de esperar que la junta asesora no sea más que un instrumento utilizado por el gobierno de Myanmar para blanquear los crímenes de su ejército. De hecho, esta es la misma valoración que Bill Richardson, antiguo miembro de gabinete y relevante diplomático estadounidense, ofreció al dimitir recientemente de la junta.
“La principal razón de que esté dimitiendo es porque la junta asesora es sólo una tapadera”, declaró a Reuters , afirmando que no quería formar parte de “un escuadrón de animadoras del gobierno”. También acusó a Suu Kyi de carecer de “liderazgo moral”.
Pero esa definición ya no basta. A Suu Kyi debería hacérsela responsable de algo más que de sus fallos morales, y si tenemos en cuenta su posición de liderazgo, debería considerársela directamente responsable de crímenes de lesa humanidad, junto con sus altos mandos en la seguridad y el ejército.
Phil Robertson, de Human Rights Watch, es una de las voces destacadas entre los grupos de derechos humanos que están exigiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que lleve a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Aunque Myanmar no sea signataria del Tratado de Roma, esa derivación es la única vía para llevar a un Estado no signatario ante la CIJ.
Este paso es al mismo tiempo defendible y urgente, porque el gobierno de Myanmar no ha mostrado remordimiento alguno ante la horrible violencia que ha infligido a los rohingyá. Robertson pidió también “que se impusieran sanciones selectivas” que afecten a las élites ricas y poderosas que controlan el ejército y el gobierno.
En los últimos años, Myanmar, con ayuda de EE. UU. y otras potencias occidentales, ha abierto su economía a los inversores extranjeros. Miles de millones de dólares USA en inversiones directas se han canalizado ya hacia ese país, y en 2018 se espera que entren también alrededor de 6.000 millones más.
Eso constituye también un gran acto de moral fallida por parte de muchos de los países de Asia, Occidente y el resto del mundo. No debería recompensarse a Myanmar con una cantidad enorme de inversiones extranjeras, mientras sus autoridades asesinan, mutilan o convierten en refugiados a comunidades enteras.
Sin sanciones que afecten al gobierno y al ejército –no al pueblo-, y sin actuaciones legales para procesar a los dirigentes de Myanmar ante la CIJ, incluida Suu Kyi, el genocidio de los rohingyá proseguirá sin pausa.
El Dr. Ramzy Baroud lleva más de veinte años escribiendo sobre Oriente Medio. Es columnista internacional, consultor de medios, escritor y fundador de PalestineChronicle.com. Su último libro es “The Last Earth: A Palestinian Story” (Pluto Press, London). Su página web es: www.ramzybaroud.net
Fuente: http://www.ramzybaroud.net/whitewashing-genocide-in-myanmar/
Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelión.org como fuente de la misma.

La venganza de Trump contra el Rusiagate

 

La venganza de Trump contra el Rusiagate

La venganza de Trump contra el Rusiagate
Las tensiones entre el FBI y Donald Trump han llegado a un nuevo nivel 😱
Los republicanos del Comité de Inteligencia elaboraron un informe secreto que atribuye al FBI y altos cargos del Departamento de Justicia la manipulación de datos para seguir investigando los vínculos de Trump con Rusia.
El director del FBI, Christopher Wray, pidió a Trump no publicar esta grave acusación por las omisiones y falsedades del documento. De acuerdo con El País, el contenido filtrado por sus autores revela que el FBI ocultó en 2016 datos básicos al juez para obtener la orden que les permitió espiar al millonario Carter Page, uno de los asesores de campaña de Trump.
Ya preparado el golpe, el Comité de Inteligencia, con mayoría republicana, votó por difundir el documento y el presidente, quien es el único que puede vetarlo, dijo tras el discurso del estado de la Unión que estaba de acuerdo con sacarlo a la luz.
Aquí les dejamos un breve recuento de lo que ha llevado al Rusiagate hasta este punto 👉🏻
The Washington Post reveló, en diciembre de 2016, que el gobierno de Rusia intervino en las elecciones que dieron por ganador al entonces candidato Donald Trump. Esta supuesta injerencia consistió, según la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en hackear correos del Partido Demócrata y del Partido Republicano para luego filtrar a Wikileaks  solamente lo hallado en el equipo de la oponente Hillary Clinton. De esta manera se buscó el triunfo del candidato republicano.
Foto: Reuters
Con esto el gobierno de Barack Obama, que estaba a punto de salir,  preparó sanciones económicas y diplomáticas en contra de Rusia, las cuales fueron aprobadas el 29 de diciembre. Expulsaron a diplomáticos, sancionaron a agencias de Inteligencia y congelaron bienes prohibiendo el ingreso a Estados Unidos de empresas que habrían apoyado el hackeo.
Lo que siguió fue la renuncia de Michael Flynn, quien fuera asesor de Seguridad Nacional del recién empezado gobierno de Trump, por admitir haber conversado sobre las sanciones a los ciberataques con el embajador ruso en Washington y haberle mentido al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de los diálogos.
Una vez que iniciaron las investigaciones del FBI, James Comey, entonces director, fue despedido por Trump al no hacer caso a la advertencia del presidente norteamericano de dejar el caso. Describió bajo juramento ante el Senado todo lo que hizo Trump para tratar de frenar las indagaciones y agregó que todo lo que habían dicho desde el gobierno hasta el momento eran “mentiras puras y llanas”.
Foto: Excelsior
Hasta el yerno está implicado, Jared Kushner, por haberse reunido con el embajador Sergey Kislyak y el banquero Serguei Gorkov, lo que no se sabe es de qué hablaron.
Foto: Reuters
Incluso el exjefe de campaña, Paul Manafort, se entregó a las autoridades para cumplir una orden de arresto con el fin de declarar por la supuesta injerencia rusa. Trump tachó toda la investigación de Robert Mueller, fiscal especial a cargo del Rusiagate (a quien ya intentó despedir) como una “cacería de brujas”
Foto: CNBC / Paul Manafort
Recientemente renunció Andrew McCabe, el Deputy Director del FBI. De acuerdo a The Guardian, su renuncia poco antes de su retiro apareció mientras las investigaciones del FBI se acercan cada vez más a Donald Trump. Esto al haber sido acusado por el presidente y los republicanos de actuar como un submarino de los demócratas para mantener artificialmente con vida la investigación.
Y si el informe de los republicanos se publica, la siguiente cabeza en caer podría ser la de Christopher Wray, actual director del FBI. 

Donetsk califica el ataque del 1 de febrero como intento de eliminar al Mando de la república


mundo.sputniknews.com

Donetsk califica el ataque del 1 de febrero como intento de eliminar al Mando de la república

 


DONETSK, UCRANIA (Sputnik) — El ataque lanzado contra el edificio del Ministerio de Defensa de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) fue un intento de eliminar a los representantes del Mando militar, comunicó Eduard Basurin, jefe adjunto del Mando operativo de la RPD.
El 1 de febrero un grupo de hombres armados atacó con lanzagranadas el edificio del Ministerio de Defensa de la RPD, hecho calificado como atentado terrorista y que no provocó víctimas.
"Los terroristas ucranianos dispararon ayer [el 1 de febero] contra el edificio del Ministerio de Defensa en un intento de intimidar a los civiles, sembrar el pánico y eliminar físicamente a los representantes del Mando militar de la República de Donetsk", dijo Basurin en una rueda de prensa.
Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este del país donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 10.300 muertos, según estimaciones de la ONU.

Tillerson alerta de la creciente presencia de Rusia en AL


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Tillerson alerta de la creciente presencia de Rusia en AL


El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, alertó ayer sobre la “creciente” presencia de Rusia en Latinoamérica, por lo que llamó a la región a cooperar más con Estados Unidos.
Horas antes de llegar a México, el funcionario estadounidense consideró “alarmante” el papel de los rusos en América Latina, principalmente el apoyo a regímenes “no democráticos”, y en especial por la venta de armas y equipamiento militar dentro de la región.
“La creciente presencia rusa es alarmante también, porque continúa vendiendo armas y equipamiento militar a regímenes hostiles, que ni comparten ni respetan los valores democráticos”, dijo Tillerson durante un discurso en la Universidad de Texas.
Estas declaraciones las dio un día después de que tres senadores (dos demócratas y un republicano) pidieran al jefe de la diplomacia estadounidense aumentar sus esfuerzos para proteger las elecciones en Latinoamérica de una posible intervención rusa.
Durante su ponencia en Texas, Tillerson retomó el tema de la crisis en Venezuela. Pidió a los países de la región continuar la presión al régimen de Nicolás Maduro, para que ese país vuelva a establecer un orden democrático.
“Reitero que Estados Unidos continuará presionando al gobierno de Nicolás Maduro para volver al proceso democrático que hizo de Venezuela un gran país en el pasado.
“El pueblo de Venezuela sufre a causa de un régimen corrupto que le roba a su propia gente. El régimen de Maduro tiene toda la culpa y debe rendir cuentas”, apuntó.


Por lo anterior, el funcionario recordó que “los gobiernos que rinden cuentas a su pueblo también aseguran su soberanía frente a posibles depredadores”.Después de su discurso, el diplomático inició su gira por América Latina. Arribó a la Ciudad de México a las cinco de la tarde, donde fue recibido por la embajadora de EU, Roberta Jacobson, y personal de la SRE.
Hoy tiene prevista una reunión con los jefes de las misiones diplomáticas de Estados Unidos en México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Belice y el Caribe.
Más tarde se reunirá con el canciller mexicano, Luis Videgaray, para abordar temas de importancia para la relación bilateral: seguridad e inmigración. Finalizará el día con un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. El sábado continuará su gira por Perú, Argentina, Colombia y Jamaica.


Se suicida el hijo mayor de Fidel Castro



Fidel Ángel Castro Díaz-Balart era asesor científico del Consejo de Estado y Vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba.
Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, hijo mayor del ex presidente de Cuba Fidel Castro se suicidó este jueves a los 68 años de edad, luego de varios meses de tratamiento por un estado depresivo profundo, informó Granma, el diario oficial del Partido Comunista cubano.
“Como parte de su tratamiento requirió inicialmente un régimen de hospitalización y luego se mantuvo con seguimiento ambulatorio durante su reincorporación social”, publicó el diario esta tarde.
Hasta este jueves el doctor en Ciencias Castro Díaz-Balart se desempeñaba como asesor científico del Consejo de Estado y Vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba.

Peña pierde “guerra” contra el narco y la gobernabilidad del país


contralinea.com.mx

Peña pierde “guerra” contra el narco y la gobernabilidad del país

Autor: Nancy Flores / @Nancy_Contra

La gobernabilidad de México ya es un asunto del pasado. La reciente cancelación de una gira del presidente Enrique Peña Nieto a Reynosa, Tamaulipas, es el más emblemático ejemplo de cómo el gobierno federal perdió –si es que alguna vez intentó llevar a cabo– la llamada “guerra” contra el crimen organizado.

Y es emblemático porque Peña Nieto es la persona con la mayor seguridad en México, ni más ni menos. Ni Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, cuenta con un aparato de custodia como el del presidente.
Tan sólo en el Estado Mayor Presidencial –descrito oficialmente como el órgano técnico militar que tiene como misión fundamental proteger al presidente– hay 2 mil 21 efectivos a su disposición, de los cuales 1 mil 586 son integrantes de las tres Fuerzas Armadas, 52 policías y 383 civiles.
Según el gobierno, el 82 por ciento del personal militar corresponde al Ejército Mexicano, el 9 por ciento a la Armada y el otro 9 por ciento a la Fuerza Aérea; y en su composición hay varias jerarquías: 12 son generales o almirantes, 187 son jefes o capitanes, 550 son oficiales y 836 son de tropa o clases y marinería.
El equipo de seguridad para Peña no acaba ahí: el Estado Mayor es permanentemente apoyado por las Unidades de Guardias Presidenciales del Ejército y de la Armada, que suman un total de 6 mil 26 efectivos.
Y si bien sólo una fracción de ese equipo de seguridad se traslada con él a sus giras, es siempre la persona con más guardaespaldas: su primer círculo se conforma por un equipo de élite, cuyos miembros están dispuestos a repeler ataques armados con sus propios cuerpos, antes que una bala hiera al presidente.
Después hay varios anillos de seguridad, que se extienden a su alrededor mucho más allá de esa guardia visible, e incluyen militares vestidos de civil que se mezclan con los asistentes y francotiradores, cuando se trata de lugares abiertos.
Aunado a lo anterior, los preparativos para el arribo del mandatario se hacen semanas antes e involucran a otras fuerzas, como los aparatos de inteligencia civil –Centro de Investigación y Seguridad Nacional– y militar –Sección Segunda del Ejército– y las instituciones de seguridad locales.
Para el caso de la frustrada visita de Peña a Reynosa, todo ese protocolo se cumplió. De la información del diario Reforma se desprende que la cancelación de la gira fue decisión del Estado Mayor Presidencial, seguramente porque en ese reconocimiento previo se identificó una grave amenaza. Y esto es una confirmación de la crónica ingobernabilidad que se padece en el país.
“La semana pasada, personal de la Presidencia y seguridad de Peña acudió al punto donde se realizaría el acto protocolario, y, de acuerdo con fuentes de Los Pinos, la organización se dio en un clima de tensión, pues todo el tiempo estuvieron resguardados por al menos una veintena de militares”, informó la reportera Érika Hernández (“Cancela Peña gira a Reynosa por violencia”, Reforma, 27 de enero de 2018).
Sin duda, la protección que se le provee a Peña Nieto es la más eficaz y, a la vez, la más costosa. Y además, a diferencia del ciudadano común, el presidente viste costosos trajes blindados y cobra un bono de riesgo anual, pagado con los impuestos exprimidos al pueblo.
Así que cabe preguntarse, ¿con qué cara el presidente pide a los tamaulipecos que arriesguen a diario la vida para ir a trabajar, a la escuela o a sus actividades de esparcimiento, si él, con esa custodia, no se atrevió a pisar Reynosa?
Y eso no sólo en Tamaulipas, sino en cualquier rincón del país, dominado por la violencia criminal y del propio Estado (como el caso de desaparición forzada del adolescente Marco Antonio Sánchez, quien ahora ya no recuerda nada debido a un grave traumatismo sufrido durante la detención arbitraria, a manos de la Policía de la Ciudad de México).

“Guerra”, un fraude

Y el hecho de que Peña no pueda visitar Reynosa a causa de “la violencia” nos lleva a preguntar para qué ha servido entonces la tal “guerra” contra el narcotráfico. Y la respuesta es para crear y perpetuar la violencia y la impunidad. Sólo para eso.
Si el gobierno realmente estuviera comprometido a combatir al crimen, pues es obvio que perdió: más de 80 mil civiles asesinados, 30 mil desaparecidos, 250 mil desplazados por violencia, torturados y demás saldos en su administración dan cuenta de ello.
En términos de la industria, pese a sus luchas intestinas por el control de los territorios y mercados, los nueve grandes cárteles mantienen el poderío a nivel internacional: en estos años, han afianzado su liderazgo en la exportación de drogas de diseño, particularmente de cocaína, heroína y metanfetaminas, a países de los cinco continentes.
El mayor mercado mundial, Estados Unidos, es abastecido por los narcotraficantes mexicanos, en estrechas alianzas con pandillas y grupos locales. Las relaciones de estos criminales se han detectado incluso con las mafias internacionales más poderosas, como la italiana ’Ndrangheta, la japonesa Yakuza o el colombiano Cártel de Cali.
De esta manera, las detenciones, encarcelamientos, ejecuciones o extradiciones de líderes no han significado un golpe letal al negocio. Por el contrario, han atomizado los grupos a tal punto que se han contabilizado más de 200 células y pandillas ligadas al tráfico de estupefacientes.
La militarización y los enfrentamientos entre militares y civiles armados no significan realmente que se esté combatiendo el crimen y todos los delitos de alto impacto asociados a éste (como las ejecuciones, desapariciones, secuestros, cobro de piso, lavado de dinero, tráfico y posesión de armas, etcétera).
Pues es un hecho que un combate franco requiere del desmantelamiento de todo lo que hace posible el crimen, sobre todo de las redes de protección y blanqueo de capitales que se enquistan en los círculos más poderosos e impunes del país.
Y eso es precisamente lo que el gobierno no ha tocado: el sector empresarial y político gubernamental involucrados en este “negocio” no han sido investigados; menos aún, juzgados o sentenciados por sus crímenes. Muchos de ellos, verdaderos cabecillas de los cárteles.
Es por ello que cientos de compañías que lavan dinero, muchas del sector bancario financiero, son las mejores fachadas del crimen organizado. Pues incluso cuando se les juzga en otros países por su asistencia a narcotraficantes, en México no se les condena (recuérdese el caso del HSBC, que blanqueó dinero al Cártel de Sinaloa, según una investigación del gobierno estadunidense).
El lavado de dinero es uno de los delitos con mayor índice de impunidad en el país, pese a que el recurso económico es el elemento que les permite a los criminales comprar armas de alto poder, reclutar masivamente sicarios y halcones, tener casas de seguridad, corromper autoridades, etcétera.
Así, queda claro que la administración federal nunca tuvo la voluntad de enfrentar esa lucha, porque la rentabilidad criminal sostiene una parte importante de la economía. Autoridades del país vecino calculan que, cada año, los narcotraficantes mexicanos lavan entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares (entre 109 mil 200 millones y 709 mil 800 millones de pesos al año, a un tipo de cambio de 18.20 pesos por dólar) sólo por ventas en Estados Unidos.
Y de eso, lo que confisca la autoridad es realmente ridículo: en 2017, la Procuraduría General de la República decomisó un equivalente a 1 mil 635 millones de pesos en bienes inmuebles, avionetas, automóviles y joyas, así como dinero en efectivo y en cuentas bancarias (Excélsior, 18 de diciembre de 2017).
Como nunca, se revela la farsa que ha sido la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, principal política pública en este gobierno y en el de Felipe Calderón, que lo único que ha generado es miles de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por doquier.
Nancy Flores