jueves, 21 de junio de 2018

Democracia y elecciones una relación conflictiva

El calendario electoral latinoamericano y caribeño durante el presente año ha sido bastante activo y agitado. Desde enero hasta el presente se han efectuado cinco elecciones generales (presidenciales y parlamentarias) y aún quedan dos torneos por realizarse. Las elecciones presidenciales realizadas en Costa Rica (4 de febrero) y en Paraguay (22 de abril) no tuvieron ni concitaron la misma atención de los medios de comunicación internacional como nacional como si lo tuvo el proceso electoral presidencial de Venezuela (15 de mayo). Tampoco ha tenido la misma atención la elección colombiana que concluye este próximo domingo (17 de junio). Algo de atención mediática, pero con un escaso análisis politológico serio y profundo, tuvieron las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba y el consiguiente recambio gubernamental. Luego de 51 años de proceso revolucionario, en mayo de este año, asumió el poder político Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un representante de la generación pos-revolucionaria. Este proceso electoral constituye, sin lugar a dudas, uno de los procesos políticos más relevantes y destacados de la región. Por todas las implicaciones políticas que tiene no solo para Cuba sino para toda la izquierda latinoamericana. Habrá que volver en algún momento sobre este proceso y realizar un profundo análisis crítico y político de él. Fundamentalmente por la significación teórica, política e institucional que tiene para la construcción de un sistema político alternativo a las democracias capitalistas.

Volviendo al calendario electoral este se cierra con dos poderosas elecciones generales, que considero las más relevantes, significativas y transcendentales de la región, la mexicana del el 1 de julio, y la brasileira, del 7 de octubre de este año.
Por su relevancia y trascendencia que tienen para la región, le vamos a dedicarles varias columnas de análisis a ellas. Pues tengo la convicción que, para conocer, entender, comprender dichos procesos electorales no basta con presentar a los diversos candidatos que participa, los rasgos principales de sus programas políticos, ni las cifras obtenidas en la elección, etcétera, como comúnmente se hace sino hay que profundizar en el contexto político, social e institucional en el cual se llevan a cabo los procesos electorales. Tanto la futura elección mexicana como la brasileira se van a realizar en escenarios dominados por una profunda crisis política e institucional como social. La crisis política afecta tanto a la forma de estado como al régimen político. En ambos países, el Estado y el régimen político sufren desde hace un largo tiempo un tortuoso proceso de crisis política institucional. En otros términos, ambos procesos electorales se efectuarán al interior de la vorágine de la crisis. Por esa razón, las y los ciudadanos, actores sociales y políticos participantes activos como no participantes pasivos tienen la esperanza que los ganadores de esos comicios sean los portadores y gestores de la resolución de la crisis. Sin embargo, la experiencia histórica y política enseña que, en muchas ocasiones, las elecciones generales, no son la re-solución de las crisis. En muchos casos la prolongan o la agravan. Es lo que ocurre tanto en México como en Brasil. Estas crisis políticas, como veremos, por su profundidad, extensión y multidimensional no se solución con elecciones.
Antes de entrar a exponer el caso mexicano, me voy a detener en un punto que muchas veces se presta para equívocos o para una muy mala compresión del fenómeno político que ello implica. Me refiero a la relación entre elecciones y democracia o democracia y elecciones.
Esta relación es, sin lugar a dudas, un tema complejo y delicado que la ciencia política o la sociología política actual ha venido discutiendo largamente, pero hasta hoy, hay más disensos entre que los especialistas que acuerdos. Para algunos, la solo existencia de elecciones permite hablar de democracia. Mientras que, para otros, dentro de los que me cuento, no basta con la realización de elecciones para designar o calificar al régimen político como democrático. Sin embargo, a pesar, de los disensos, los especialistas concuerdan que los procesos electorales deben darse bajo un conjunto de reglas y normas que permitan su realización de manera transparente, abierta, libre, etcétera.
Muchos procesos electorales que se han verificado en las últimas décadas en América Latina y el Caribe cumplen con los requisitos mínimos para su realización; sin embargo, se realizan bajo contextos políticos donde, por ejemplo, el Estado no tiene la capacidad de otorgar protección ni resguardo tanto a la vida de las y los ciudadanos como a los candidatos que participan en los comicios; o en sociedades donde hay constantes violaciones a los derechos humanos, o dónde el Estado está dominado por la corrupción política y económica, por la violencia política y social. En muchos casos las sociedades civiles se encuentran atomizadas o fragmentadas o cruzadas por conflictividades que han generado irresueltas crisis de credibilidad y de confianza hacia las instituciones como de los actores políticos, los partidos, etcétera. Sociedades donde la acción colectiva de los movimientos sociales esta criminalizada por el Estado. Dónde la libertad de expresión se encuentra monopolizada por actores privados al servicio del poder oficial o la actividad periodística libre o alternativa se encuentra amenazada por la acción concertada del crimen organizado, etcétera. Son sociedades en crisis.
Tengamos presente que las elecciones generales realizadas en Guatemala (2015), Honduras y Chile (2017) se realizaron en un contexto de profunda crisis de la política cuyo mínimo común estaba dado por la corrupción política y la descomposición de su sistema político y de partidos. No obstante, en ninguno de esos tres casos las elecciones pusieron en cuestionamiento al régimen político. Los actores políticos, especialmente, los partidos políticos, operaron como si la crisis de la política no existiera o fuera una ilusión o una falsa disyuntiva. En los tres casos, las elecciones y los actores políticos participantes encubrieron esas crisis generando la apariencia que todo era institucionalmente, normal.
Las elecciones en muchas ocasiones operan como sedantes políticos y sociales que ayudan al Estado y a las elites en el poder y de poder, controlar y someter a las ciudadanías descontentas. Las elecciones tienen la virtud de producir ya sea la alternancia política gubernamental como la continuidad de los controladores del poder político, pero también hacen pensar o suponer que los graves y extendidos problemas que afectan al Estado, al régimen político, al mercado y a la sociedad civil serán resueltos por las nuevas autoridades políticas. Pero, por lo general, las elecciones generan nuevas autoridades, pero no dan solución a las crisis políticas. Pues, muchos de los nuevos gobernantes son productores de la crisis. Por ello, las elecciones pueden provocar dos escenarios políticos: a) profundizar la crisis de la política o b) adormecer a las ciudadanías.
Las elecciones, han sido consideradas desde el siglo XIX hasta la actualidad, la esencia misma de la democracia. Sin embargo, en la actualidad, bajo la hegemonía neoliberal, ellas han ido perdiendo esa característica fundamental. Hoy las elecciones están agotadas. Puesto que, entre otras cosas, ya no son generadoras de representación política legitima y, sobre todo, porque las ciudadanías latinoamericanas han ido abandonando tanto la participación política como electoral. Las elecciones latinoamericanas, con contas excepciones, la participación electoral es cada vez menor.
En efecto, en las últimas elecciones realizadas tanto en el 2017 como en presente año, la abstención electoral ha sido el comportamiento o la opción política preferida y mayoritaria de las y los ciudadanos. Aquí los datos de la abstención: el 40% en Paraguay, el 54% en Venezuela, el 44% en la primera vuelta de Colombia, el 52% en Chile; el 41% en Honduras; el 44% en Guatemala, y el 35% en Costa Rica.
Estos porcentajes, no son solo un dato estadístico electoral si no un indicador directo de la legitimidad de la representación que sustenta a las autoridades que se hacen cargo del gobierno del Estados y son demostrativos de regímenes políticos en crisis. El surgimiento del “partido de las y los no electores” es una realidad en casi todos los países de América Latina y el Caribe.
Las y los ciudadanos no electores son la mayoritaria política en las sociedades latinoamericanas. Lo son en relación tanto a los candidatos participantes como a los presidentes elegidos. Todos los presidentes elegidos, son presidentes minoritarios, incluso, aquellos que han sido elegidos en segundas vueltas. Las elecciones con baja participación generan autoridades electas con bajos niveles de legitimación y de representación y, sobre todo, de popularidad. La baja participación tiene otra consecuencia política no producen ni ayudan a generar regímenes democráticos con legitimidad y de calidad. Este es la tragedia política o el drama de las elecciones en América Latina y el Caribe.
Por todo lo anterior, considero que las elecciones latinoamericanas son procesos electorales contradictorios, conflictivos. Que a pesar de la espectacularidad mediática que tienen, muchas de ellas, insisto no generan ni ayudan a conformar ni a construir democracias políticas, menos democracias sociales o económicas. Este es el dilema político que atraviesa la historia política mexicana.
En México las elecciones han sido la columna vertebral del régimen político posrevolución de 1910. Desde los años 30 del siglo XX hasta la actualidad la transferencia del poder gubernamental ha sido mediante elecciones. Cumpliendo de esa forma con uno de los postulados centrales de la revolución política institucional de 1910: “sufragio efectivo y no reelección”. Sin embargo, durante 70 años, en el régimen político impuesto y controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se realizaron regularmente elecciones. Aunque el voto “fue efectivo” en generar las autoridades este no fue eficaz para generar un régimen democrático. Si bien, ningún presidente se reeligió, quien se hacía reelegír era el “partido dominante”, o sea, el PRI. Por esa razón, desde 1930 hasta el año 2000, las elecciones mexicanas estuvieron controladas y manipuladas por el partido gobernante, no fueron competitivas, y, cuando lo fueron se impuso el fraude electoral, la violencia política electoral, la intervención del sistema electoral como de los resultados. Emblemático es la “caída del sistema de conteo de votos” en 1988, como la obtención de la presidencia por José López Portillo con el 100% de los sufragios, en 1976 y sin ningún adversario político. Por ello, México, durante 70 años fue un régimen autoritario electoral, pero sin competencia política electoral. Jamás fue una democracia ni siquiera una democracia electoral.
La decadencia del régimen autoritario electoral priista para algunos analistas se inicia hace 50 años con la rebelión estudiantil universitaria y la matanza de la Plaza de las Tres Cultura de Tlatelolco, en octubre de 1968. Para otros, la desestructuración del autoritarismo electoral se habría iniciado hace 30 años, en 1988, con la primera elección competitiva abierta a 6 bandas, entre el candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas , el panista Manuel Clouthier, el priista Carlos Salinas de Gortari y otros tres candidatos menores. Esta elección esta signada históricamente por haber sido decidida por el mayor fraude electoral mexicano. Por eso constituye un parteaguas en la historia política mexicana. Marca el comienzo del fin de la hegemonía política priista. La crisis del régimen se ve profundizada por el alzamiento armado del neozapatismo del EZLN en Chiapas, el 1 de enero de 1994; por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, y la mediocre administración política de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). Todos estos acontecimientos políticos fueron y son hechos fundantes de la descomposición del régimen autoritario electoral priista.
Hechos políticos que abrieron los espacios políticos e institucionales para importantes y trascendentales reformas políticas que fueron estableciendo desde 1980 en adelante las reglas y normas institucionales que en apariencia instalaban una forma específica de régimen político democrática: la democracia procedimental o la democracia electoral en México. Se trataba de una particular forma de transición política a la democracia.
Esta tenía como centro nuclear provocar la derrota electoral del partido gobernante. La derrota electoral cual era vista y considerada por la mayoría de los actores políticos como la condición necesaria para abrir las puertas a la democracia. Por ello, la alternancia política y gubernamental constituía no solo un hecho político- electoral sino, fundamentalmente, simbólico. El primer paso para deconstruir el régimen político autoritario electoral.
El triunfo de la derecha política en las elecciones presidenciales del año 2000, pusieron fin a 70 años de hegemonía política priista. Con la llegada al gobierno de Vicente Fox candidato presidencial del Partido de Acción Nacional, organización política de orientación conservadora, católica y pro-neoliberal, se dio iniciada la transición a la democracia y el desarme del régimen autoritario electoral. Sin embargo, la alternancia gubernamental producida en julio de 2000, si bien, dio inicio a la transformación del régimen autoritario electoral, pero, en los hechos concretos históricos, no dio ni ha dado lugar a la construcción de la democracia política en México. Por cierto, que se han dinamizado cambios políticos institucionales que han edificado una democracia procedimental o una democracia electoral. Durante los últimos 18 años, el régimen político ha ido incorporando diversas normas y reglas institucionales que perfeccionan lo electoral del régimen. Por esa razón, la democracia sigue siendo una utopía en el México actual.
La descomposición o, mejor dicho, la transfiguración del régimen autoritario electoral en una democracia electoral, se explica, fundamentalmente, porque la transición democrática mexicana es coincidente con otro proceso histórico-político trascendente en la historia política reciente de México: la instalación del padrón de acumulación neoliberal. La combinación de ambos procesos ha dado lugar a un Estado y un régimen político que he nombrado y caracterizado como un Estado y una democracia Gore. O sea, de un Estado y un régimen político dominado tanto por la violencia política y social y la corrupción extrema.
Esa forma de Estado y democracia será el tema de análisis de nuestra próxima columna.
Juan Carlos Gómez Leyton, Posdoctorado en Estudios Latinoamericanos. Dr. en Ciencias Sociales y Políticas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Rompiendo silencios rumbo a las “elecciones” en México 2018

Es hora de empezar a analizar los conflictos de México como Estado-nación desde una visión estratégica que nos permita responder efectivamente a todo lo que acabamos de describir y todos los horrores que no pude mencionar desde la horizontalidad y el antiautoritarismo.

Por Abendsen
El proceso electoral burgués que se practica en la época del sistema capitalista es conocido por significar muy poco para la solución de los problemas de la vida, que en gran parte, fueron impuestos por la burguesía misma. Cierto es, que poco importan los colores de partidos y las propuestas que solo son un instrumento demagógico que poco o nada ha cambiado a lo largo de las últimas décadas. En fin, lo inútil de las campañas políticas ya ha sido argumentado, probado y confirmado, solo queda decir que por eso hablamos de “elecciones”.
Sin embargo, evitar el analisis colectivo de lo que rodea a este proceso ha sido un error casi cíclico del anarquismo mexicano. Al menos en México, las elecciones son la cara pública de las pugnas entre los diversos sectores de la burguesía. Hoy, como ayer, las empresas nacionales y extranjeras buscan apoderarse de los recursos naturales que nos quedan, para lograrlo siempre han intentado posicionar a familiares o políticos con quien es más fácil negociar, hecho que se les ha facilitado con la dinámica de las candidaturas independientes que ya no queda duda que fueron creadas unicamente para ésta clase.
La situación se vuelve mucho más complicada con la participación del narco, quienes funcionan como fuerzas paramilitares, al servicio del gobierno y las empresas, que se han encargado de desplazar gente para extraer recursos naturales con mano de obra esclava adquirida tras más de una década de desapariciones.
Claramente la situación se recrudece en tiempos de “elecciones” y mientras los grandes medios se entretienen con declaraciones dignas de una mala comedia, la burguesía con el narco –su brazo armado- se encargan de imponer su política con sangre. Para esto tienen tres blancos claros: políticos incómodos, periodistas conflictivos y gente que lucha dignamente.
El primer caso llama la atención porque demuestra la afirmación que se hizo más arriba de la lucha entre sectores de la burguesía, incluso dentro de su propio circo no encuentran solución más que la sangre, consideran que cuesta más negociar con alguien incómodo que simplemente quitarle la vida. Reflejo de esto, para abril del presente año ya se habían registrado en el sexenio de Peña Nieto 73 alcaldes asesinados, no imagino como se reaccionaría en otros países pero definitivamente es un cantidad de personas alarmante.
Durante la jornada electoral que vivimos, es decir, desde septiembre del año pasado hasta hoy, han ocurrido alrededor de 90 asesinatos a candidatos y precandidatos, tanto de la izquierda como de la derecha, hombres y mujeres, incluso del partido en el poder. En la nota de la BBC que aquí referenciamos se hace una breve alusión a que los grupos delictivos son mandados por los gobernadores, cosa que se sabe pero pocos dicen o hacen algo al respecto. Pero claramente nadie saldrá a defender la vida de los alcaldes, ya volveremos al por qué.
Quizá el trabajo de periodista, si se hace bien, es uno de los trabajos más peligrosos en México. Desde años atrás la muerte de periodistas en el país ha sido apuntada, difundida y criticada pero poco se ha hecho al respecto. Tomando como marco el sexenio del actual presidente Peña Nieto, se han registrado más de 40 periodistas asesinados, la gran mayoría de los asesinatos siguen sin resolverse, aunque pareciera que todos fueron perpetrados por un mismo culpable: el narco y ante el narco nadie hace más preguntas.
La extracción de recursos, el desplazamiento, la desaparición, el feminicidio, homicidio y en general la baja calidad de vida de la mayoría de los mexicanos encuentran fuerzas que se le oponen dentro de la misma gente, siendo los pueblos indígenas y las mujeres las principales fuerzas colectivas que se oponen -intencionalmente o no- al Poder del capital en el México actual. Muchas veces esto resulta en muerte.
Recientemente lamentamos la muerte de Manuel Gaspar Rodríguez miembro del (MIOCUP – CNPA MN), el secuestro del Concejal Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas, el arresto de Fidencio Aldama Pérez de la comunidad de Loma de Bácum en la Tribu Yaqui y el asesinato de tres compañeros del CODEDI, siendo solo algunos casos, limitándonos a referenciar solo los últimos tres meses del año y enfocándonos en la lucha del CNI así como las organizaciones que lo conforman, pero la lista de presxs, desaparecidxs y muertxs asciende conforme vamos rompiendo los límites de las siglas.
El seguimiento de cada caso es imposible, la creación de listas generales de presxs, asesinatos o desapariciones es impensable. Por lo que nos tenemos que conformar con un pequeño análisis sobre el por qué dicha situación no genera una situación general de movilizaciones superando las divisiones infructíferas de la Izquierda, trataré de limitarme a explicarlo con los casos que acabamos de presentar.
Creo que la principal causa, volviendo al tema de que nadie defenderá la vida de los alcaldes, es ver a quien se culpa. Culpar al narco –desde el 2006- es la salida más fácil, culpa al narco y nadie dirá nada, culpa al narco y ensuciaras la imagen, con una imagen sucia –es decir, con la criminalización de las víctimas- no vale la pena salir a pedir justicia. Esto lo quisieron hacer con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero funciona mejor con alcaldes y diputados que por estar en el poder razones sobran para sospechar su conexión con el narco.
Esto también aplica para el caso de periodistas donde un simple artículo sobre la actividad que reina en el país pueden ser motivo de asesinato y después prueba que justifica dicho acto. Y en el caso de quienes luchan dignamente ni siquiera se necesita una prueba, ni una justificación, ya que en las comunidades indígenas y rurales del país narco-Estado-Inversión Privada se muestran a plena luz del día como un mismo ente. La ciudad no está excenta de este problema, pero suele manifestarse más en la cárcel que en el asesinato, como sería el caso de lxs anarquistas en la cárcel o más recientemente el arresto de León Fierro.
Queda preguntarnos ¿Por qué la gente de las ciudades no reacciona ante las inclemencias de la vida en el campo? Para empezar, por la existencia misma de dicha dicotomía. La falsa dicotomía entre lo rural y lo urbano, sumado al extremo individualismo que se desarrolla en este último, mantiene a las luchas separadas. Las organizaciones sociales (anticapitalistas o no) han fallado en el análisis de la situación y tras más de 10 años de guerra no han sido capaces de responder de manera apropiada.
Después de la jornada de lucha popular en el 2006 y la jornada de movilización electoral del 2012, lo que de manera general llamaremos la Izquierda urbana, sufrió un divisionismo tremendo que le impidió hacer frente a los megraproyectos y a la guerra, dándose cuenta ya muy tarde de que son dos caras de un mismo enemigo. Conforme han avanzado los años pareciera que dicha fragmentación se refleja en la infinitud de información que se genera día con día sobre luchas, eventos, opiniones, nuevos colectivos, nuevas centrales, pero ninguna ha sido capaz de mantener una influencia que se refleje en actos de resistencia efectivos.
Mientras esto pasa en las ciudades, en los campos y montañas del país se va forjando la propuesta del Congreso Nacional Indígena quienes han utilizado la coyuntura electoral para llegar a todos los medios de comunicación y así buscar no la unificación, sino la organización de la enorme diversidad étnica del país. Hoy hay cada vez más comunidades que asumen la bandera del CNI como una alternativa y como un apoyo real ante las embestidas del capital no solo en el sur del país, también crece su presencia en el centro y el norte. Presencia que no se limita a los pueblos originarios, también tuvo su impacto en el movimiento de las mujeres convocando al histórico Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo Y Cultural de Mujeres Que Luchan.
Desafortunadamente en la Izquierda urbana el ejercicio “electoral” del CNI fue excusa para generar aún más divisiones –la mayoría de ellas basadas en el ego o la ignorancia y no en la crítica- dificultando de manera importante los proyectos que el CNI buscaba plantear una vez logrado el primer paso. Afortunadamente las personas reunidas en el CNI hace mucho comprendierpn que no dependen de nadie y plantean una continuación de su digno proceso de lucha.
Sobre todo esto los candidatos -a cualquier puesto- callan. Callan porque saben que cualquiera de sus propuestas no serán más que continuaciones de lo que ocurre pero con diferente color. Colores que representa a un sector específico de la burguesía. Tanto el PRI (Burguesía “revolucionaria”[i]), el PAN (Burguesía católica), Morena (Pequeña burguesía) y los independientes (Burguesía norteña y la de la costa del pacífico[ii]) reproducen un silencio inhumano ante las atrocidades que acabamos de mencionar.
Insisto que ante dicho silencio se debe abandonar toda esperanza por un cambio institucional y quienes den un paso firme en dicha dirección se encontraran con el ejemplo del CNI para avanzar en las luchas locales, superando egos y divisiones que solo nos han desarmado en contra del crudo avance capitalista. Es hora de empezar a analizar los conflictos de México como Estado-nación desde una visión estratégica que nos permita responder efectivamente a todo lo que acabamos de describir y todos los horrores que no pude mencionar desde la horizontalidad y el antiautoritarismo.

[i] “Revolucionaria” en relación de que son los hijos y nietos, o al menos dignos herederos, de la burguesía que triunfa tras el proceso revolucionario y posrevolucionario (1910-1940), tiende al neoliberalismo como todas las demás.
[ii] La primera representada en el candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” y la segunda por Pedro Kumamoto, candidato al senado por el estado de Jalisco.

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18 mil discursos AMLO

1. La competencia por la Presidencia de México es absoluta y radicalmente desigual. En Tanto el candidato López Obrador lleva 18 años visitando y haciendo mítines en todas las poblaciones del país, los candidatos del PRI, el PAN y la independiente Zavala, en su vida habían organizado o realizado asamblea, mitin o concentración alguna. El Bronco ocupó la gubernatura y había hecho campaña política en Nuevo León. Por el número de actos presididos y los discursos pronunciados la diferencia es de mil por uno. Más aún, nunca en la historia algún candidato en sus recorridos de campaña presidencial ha hecho más de 60 visitas, una o dos por cada entidad del país.

2. Madero, Carranza, De la Huerta, Obregón, Calles, en sus batallas durante la Revolución (1910-17) recorrieron cinco seis estados por necesidades muy concretas. A partir de 1929, cuando se funda el PRI, las campañas políticas son secundarias porque los votos de la población jamás fueron importantes porque todo, todito, se decidía desde la Presidencia, el PRI y sus aliados. La realidad es que no eran campañas políticas porque cada gobernador aseguraba una o dos concentraciones con miles de “acarreados” en camiones de carga o ferrocarriles y plantaban rígidamente al candidato para leer o pronunciar un discurso que nadie entendía o escuchaba. Hoy es otra cosa.
3. López Obrador, seguramente desde sus primera batallas en los años 80 entre los campesinos y trabajadores petroleros del estado de Tabasco, se clavó en la cabeza, en la mente, que tendría que ser gobernador, luego presidente, para solucionar los problemas del país. Como observador estuve en unos 50 mítines de él en Yucatán y en la CDMX en los que nunca dijo un discurso de menos de 40 minutos, siendo éstos mucho más prolongados en audiencias campesinas. Y esto de los 18 mil mítines en comprobable. En Yucatán por ejemplo los jueves realizaba cuatro mítines, los viernes, sábado y domingo concluía los 16 de la semana; luego se iba al DF donde hacía otros actos.
4. Así, realizando cuatro mítines cada día, 20 a la semana, unos mil (1000) cada año, hemos visto un López Obrador trasladándose en avión comercial a los estados y en camionetas recorriendo pueblo, tras pueblo durante 18 años. Si esto no es una profunda fe, creencia, religión clavada hasta los tuétanos, puta pues no sé qué será. Pero así han sido todos los grandes creyentes en la humanidad, los grandes luchadores sociales que han destacado en el mundo. Por ello, cuando digo que la competencia es radicalmente desigual, no invento nada. A Yucatán, donde he radicado los últimos 30 años, López Obrador lo ha visitado más de 20 veces realizando igual número de actos.
5. Pero llegar a la Presidencia de la República nunca en la historia ha sido para los políticos honestos, más capaces y más trabajadores. Conociendo las historias personales, familiares, políticas, de cada presidente, por lo menos desde 1917, nadie trabajó visitando comunidades en todo México como López Obrador. Todos presidentes del PRI fueron seleccionados por el presidente en turno, con excepción de del actual (Peña Nieto) que al parecer llegó con el apoyo o mediante el “amasiato” con Felipe Calderón del PAN. Si López Obrador llega se lo deberá a su trabajo tan grande como intenso de hacer alrededor de 18 mil actos y sus discursos.
6. El candidato presidencial del PRI, José Meade, fue toda su vida un alto funcionario de diferentes gobiernos del PRI y el PAN. Jamás tomó iniciativa alguna que no fuera avalada por “el señor presidente” en turno. Fue siempre un alto burócrata, con muy altos salarios, obediente de sus jefes. Incluso, en sus dos o tres primeros discursos de campaña de hace unos meses, hablaba y hablaba y no arrancaba aplauso alguno; tuvo que recibir la recomendación de un jilguero del PRI de que al final de cada frase gritara las dos últimas palabras para recibir algún aplauso. Me imagino que entre 10 días todavía estará gritando incluso en su casa.
7. El candidato del PAN, Ricardo Anaya –a pesar de su facilidad de palabra- jamás ha sido un tribuno, mucho menos un defensor de los intereses del pueblo. Dedicó parte de su juvenil vida a la asesoría política de funcionarios panistas y a realizar negocios a la sombra del poder. Tanto Anaya como Meade y Zavala, jamás organizaron acto público alguno. El Bronco sí es un político con experiencia, pero su concepción política no es nacional, sino plenamente local o regional. Por ello cualquiera puede afirmar y reconfirmar que la competencia presidencial no es tal. Por ello en algunas frases del debate el Bronco dijo: ¡para qué las elecciones, mejor le ponemos aquí la banda presidencial a López Obrador!
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Por Kaos. México

“Nosotros no necesitamos que nos vengan a decir cómo ser sustentables porque desde nuestros abuelos lo venimos siendo, cuidando al medio ambiente y la forma de producir nuestros alimentos. Nosotros como mayas sabemos cómo sustentar el medio ambiente haciendo lo que nos corresponde hacer, no como la sustentabilidad que proponen estos gobiernos que es muy distinta a la que nosotros practicamos; porque lo que vemos es que ellos están buscando beneficiar a los empresarios aún si es a costa de la devastación de selvas como en el caso de las empresas de energías renovables, las fotovoltaicas, que deforestarán miles de hectáreas con el permiso de los gobiernos.”
Quienes suscribimos la presente somos integrantes del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar y hacemos del conocimiento de la sociedad en general, que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún emitió, el pasado 6 de junio, la sentencia definitiva que nos da la razón a quienes interpusimos demanda de amparo en contra del Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY).
Antecedentes
Dicho Acuerdo (ASPY), fue elaborado por la Comisión Regional de Cambio Climático y firmado por los gobernadores y Secretarios de Medio Ambiente de los tres estados de la Península, en el marco de la Conferencia de las Partes (COP) 13 del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica el 10 de diciembre del 2016.
Quienes nos oponemos al ASPY, denunciamos:·
Que dicho Acuerdo fue elaborado, firmado y puesto en funcionamiento SIN el conocimiento, participación y consentimiento del pueblo maya, a pesar de que gran parte del territorio al que se refieren las acciones que se implementarán es ocupado o pertenece al pueblo maya y a sus comunidades.
Que en la elaboración de dicho Acuerdo no se garantizó el derecho del pueblo maya a participar en el proceso, pero en cambio sí se priorizó la participación de representantes de los tres gobiernos peninsulares, así como de empresas, universidades públicas y privadas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que muchas veces hablan a nombre de los pueblos sin pertenecer a ellos.
Que dicho Acuerdo fue elaborado exclusivamente en castellano, publicitado en páginas de internet y dado a conocer hasta que fue firmado y entró en vigor, lo cual nos discriminó al dificultarnos el conocer de su existencia y la comprensión del mismo.
Que las metas y objetivos planteados en el ASPY responden a proyectos comprometidos con empresas en los territorios del pueblo maya a partir de las siguientes líneas 1) intensificar la producción agrícola y ganadera “de manera sustentable”, 2) lograr cero deforestaciones, 3) convertir el 50% del territorio de la Península en reservas o esquemas de conservación,4) Promover paisajes bioculturales mayas, 5) fomentar los mercados verdes y el turismo sustentable.
Quienes vivimos en los territorios donde se desarrollarán las metas y objetivos planteados en el ASPY no otorgamos nuestro consentimiento porque no se nos informó de manera previa a pesar de ser los guardianes legítimos de los montes.
Que es un intento por arrebatarnos el manejo ancestral de nuestros montes para convertirlos en mercancía verde, es decir, para mercantilizar toda la naturaleza.
El Tribunal Colegiado reconoce que:

El objeto y finalidad del ASPY es regular la biodiversidad de toda la Península y, por tanto, este Acuerdo puede GENERAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS en la vida y entorno de las comunidades indígenas de toda la Península de Yucatán.

Reconoce también que somos las personas de las comunidades quienes hemos empleado, ancestralmente, los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de los recursos de nuestros territorios.

El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultadas es indispensable para salvaguardar la libre determinación de los pueblos y los demás derechos culturales y patrimoniales (ancestrales) que la Constitución y los tratados internacionales nos reconocen.

Que las autoridades responsables tenían la obligación de consultar a las comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por las acciones del ASPY en los tres estados de la Península de Yucatán y violaron ese derecho.

Que la omisión de las autoridades de llevar a cabo los procesos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, constituye una violación directa al ejercicio de otros derechos, como la integridad cultural, en tanto que no se consideran nuestros usos y costumbres; el derecho a la igualdad, a la información, al no otorgar los estudios y datos necesarios para la toma de decisiones, así como al no haberlo emitido en lengua maya; el derecho a la libre determinación al no permitir nuestra participación en decisiones que pueden afectar nuestra vida y como consecuencia, a nuestras prácticas y actividades históricas.

El Tribunal resuelve que las autoridades responsables:

Dejen insubsistente el Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán [ASPY], y su anexo único.
Provean lo necesario a fin de que se lleve a cabo la consulta pública a las comunidades indígenas a través de medios idóneos y en su lengua maya.
Una vez realizada la consulta, resuelvan con libertad de jurisdicción sobre la emisión de dicho Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán [ASPY], y su anexo único, en la inteligencia que, en su caso, deberán publicarlo además en la lengua de las comunidades indígenas a las que pertenecen los quejosos.

Desde la Región Poniente de Bacalar, hoy celebramos que la justicia reconozca las faltas y agravios que las autoridades cometen en contra del gran pueblo maya peninsular y reafirmamos que nuestra lucha es y seguirá siendo por la defensa integral de nuestros territorios y en contra de quienes pretendan despojarlo para convertirlo en mercancía.
“Nosotros no necesitamos que nos vengan a decir cómo ser sustentables porque desde nuestros abuelos lo venimos siendo.”

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Inhumano: la política antimigración de Trump, con niños migrantes en cárceles y separados de sus padres

Las imágenes horrorizan y causan indignación. La separación de padres e hijos —muchos de corta edad, todos enjaulados— que están teniendo lugar en Estados Unidos, muestran la cara más brutal del imperio.

La administración de Donald Trump defiende estas medidas para deportar en la frontera a las familias que tratan de cruzar, mientras los solicitantes de asilo centroamericanos esperan la decisión de los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.
En el sur de EEUU se vive una de las medidas más crueles que puedan imaginarse: la separación de padres deportados y sus hijos, que el mundo ha visto en el interior de jaulas.

La organización ProPublica dio a conocer un audio en el que se puede escuchar el llanto desgarrador de varios menores y como un guardia de seguridad se burlaba de ellos.
Trump puso en marcha en los últimos meses una política anti inmigrantes que implica que quienes cruzan la frontera de forma ilegal sean procesados como criminales, lo que lleva a que quienes acceden con menores sean separados de ellos.

Ante las críticas el presidente Trump redobló la apuesta y aseguró que su país no se convertirá “en un campo de acogida de refugiados” a la par que criticó a Europa. “Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un campo de acogida de refugiados. Lo que está ocurriendo en Europa y otros lugares, no lo permitiré, no bajo mi vigilancia”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca.
“Un gran error por parte de toda Europa es aceptar a millones de personas que radical y violentamente han cambiado su cultura”, público en la red social twitter el mandatario.
En el mismo sentido la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen, afirmó que el Gobierno no pedirá “disculpas” al asegurar que “las acciones ilegales tienen consecuencias”. “No pediremos disculpas” por la separación de niños de sus familiares en la frontera con México, afirmó en un discurso ante la Asociación Nacional de Sheriffs.

Los centros de detención para menores son verdaderos campos de concentración y las imágenes de niños encarcelados y llorando al ser separados de sus padres muestran la cara más inhumana del imperialismo.
Ante esas imágenes, desde el Partido Demócrata han criticado la política de Trump. Pero más allá de los discursos lo cierto es que Trump ha profundizado la ofensiva contra los migrantes que llevó a cabo el Partido Demócrata durante la administración de Barack Obama.

Estados Unidos ha sido uno de los principales responsables de las crisis y la pobreza en Latinoamérica y Centroamérica, lo que lleva a millones a buscar un futuro mejor en las tierras del imperio, en muchos casos expuestos a la represión, la violencia racista y la super explotación. Para ellos el “american dream” se ha transformado en un verdadera pesadilla.
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http://www.izquierdadiario.es/Inhumano-la-politica-antimigracion-de-Trump-con-ninos-migrantes-en-carceles-y-separados-de-sus?id_rubrique=2653

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México en la recta final del proceso electoral

No se debe descartar — puesto que se ha utilizado sistemáticamente— que el último recurso con que cuenta el régimen partidocrático autoritario mexicano encabezado por el PRI-gobierno y el PAN es el fraude electoral recurrente. Prácticamente en todas las anteriores elecciones presidenciales ha ocurrido esto sin obviar, por supuesto, la última que se verificó en el Estado de México (4 de junio de 2017) y que le otorgó la gubernatura al primo tercero de Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, con el 33.56% del total de los votos, sin que la ganadora puntera del partido MORENA, Delfina Gómez Álvarez (con 30.78%) hiciera siquiera un gesto para denunciar y movilizar a su electorado que fue el que verdaderamente experimentó sus nefastos efectos. De aquí que el PRI esté acostumbrado a practicar esta ominosa conducta porque sabe que no va a ocurrir absolutamente nada dado el control del poder político que ejerce el Estado en sus diversos niveles: federal, estatal y municipal, sobre todo de los poderes judiciales del país.

Lo anterior, como lo sabe cualquier ciudadano de cualquier clase social (burgués, proletario, campesino, estudiante, profesor o indígena) porque el fraude es casi una ley implantada, incluso en la conciencia social, no escrita, de imposición e impunidad en México que goza de todas las garantías, entre ellas, la impunidad utilizada sistemáticamente por la burocracia política que representa los intereses del capitalismo dependiente y subdesarrollado mexicano para socavar la voluntad popular y garantizar su dominación de clase. Al respecto, es sintomático y significativo que el mismo candidato del régimen neoliberal a la presidencia de la República, el tecnócrata Antonio Meade, ex-secretario de Hacienda en los regímenes del PRIAN y ex-secretario de SEDESOL entre otros cargos burocráticos, además de ser el artífice de los gasolinazos que dispararon la inflación en el país, y de ubicarse en el tercer lugar en el promedio de todas las encuestas levantadas en los últimos seis meses (hasta por 30 puntos respecto al puntero) esté tan seguro de que va a obtener la presidencia para darle continuidad al actual "modelo" de explotación y expoliación social del régimen político mexicano neoliberal.
De este modo no es casual que el actual presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros —nombrado a dedazo por el Presidente de la República y por su candidato a la presidencia— ex-gobernador del Estado de Guerrero y auténtico dinosaurio de ese partido que no hizo nada para combatir al crimen organizado durante su administración en su entidad, declaró sin ambages que seguirán el "modelo" electoral del Estado de México y de Coahuila para afianzar el "triunfo" de su candidato "pepe Meade" como él lo llama.
Nosotros hemos indicado (en: "Las elecciones presidenciales en el México neoliberal: tres (posibles) escenarios", http://www.rebelion.org/noticia.php?id=242261), que no es remoto que en México se aplique el "modelo" de las pasadas elecciones de Honduras (26 de noviembre de 2017) donde operó un golpe de Estado institucional mediado por el estado de sitio y la represión para imponer al impopular y repudiado candidato oficial que era el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y hacia allá apunta, por ejemplo, la recién aprobada Ley de Seguridad Nacional que faculta al ejecutivo en turno a usar a las fuerzas armadas en caso de que "sea necesario" bajo la justificación de la lucha contra el crimen organizado, de tal manera que los "militares y marinos podrán intervenir en estados y municipios 'rebasados' por el crimen organizado". Aquí puede muy bien leerse y sustituir "crimen organizado" por "pueblo organizado" que no es infrecuente en nuestro país.
No existe, por ende, ningún argumento sólido para afirmar que esto no pudiera ocurrir eventualmente en México en un escenario hipotético de triunfo de un candidato y fuerza distintos a las coaliciones que conforman el actual bloque neoliberal encabezado por el PRI, el PAN y el PRD, el llamado PRIANPRD. Y esto sencillamente porque el actual bloque de poder burgués, como lo llama Gramsci, está altamente comprometido con el gran capital trasnacional y con las enormes y gigantescas empresas trasnacionales, principalmente norteamericanas, a quienes prácticamente les ha entregado los recursos naturales del país bajo el comando de sus intereses estratégicos y geopolíticos enclavados hegemónicamente en los del imperialismo norteamericano que es amo y señor del gobierno mexicano y de las diversas fracciones de clase del llamado "empresariado" mexicano que es más bien, en rigor, una auténtica lumpenburguesía (Gunder Frank) completamente alineada y subordinada a dichos intereses y que a ellos obedece tanto su reproducción como clase, como su permanencia dentro del sistema de dominación propio del capitalismo dependiente mexicano.
De este modo el subterfugio del fraude electoral es, pues, el recurso dorado celosamente guardado por el régimen para impedir su desplazamiento de la presidencia de la república y de la (remota) posibilidad de que su "modelo" neoliberal" pueda ser modificado en función de intereses que no sea los propios de la lumpenburguesía y de la burocracia hasta ahora gobernante. En este sentido las llamadas "reformas estructurales" de naturaleza neoliberal del régimen peñanietista impulsadas por el PRIAN y el PRD son santuarios de oro que deben celosamente preservar a cualquier precio.
Es importante aclarar que ninguna de las fuerzas coaligadas y sus candidatos en contienda por el botín de la presidencia representa los intereses del pueblo y de las clases proletarias mayoritarias de la población de México.
El discurso oficial, el de los medios corporativos de comunicación, de los intelectuales orgánicos del sistema y de los partidos políticos registrados solamente utiliza un lenguaje mediático y descriptivo para "analizar" el actual proceso electoral destacando, por ejemplo, que compiten "tres proyectos": el oficial, el de PAN y el de MORENA que hacen "propuestas" distintas en materia de empleo, salarial, de seguridad pública o en materia de inversiones y corrupción, etcétera, borrando sin embargo, el carácter y naturaleza de clase que esas fuerzas representan en el México neoliberal.
Una primera aproximación que hacemos nosotros en aras de aclarar lo anterior es que en el plano formal, es decir, estatal-institucional, compiten dos fuerzas esencialmente de derecha: el PRI y el PAN al que se agrega el PRD, y a su "izquierda" tercia la coalición de MORENA-PT-PAS encabezada por su candidato Andrés Manuel López Obrador.
En términos sociopolíticos la primera representa los intereses de la "burguesía" dependiente monopolista a la que hasta ahora ha servido desde la época en que se instauró y consolidó el neoliberalismo en México (desde 1982…) y la segunda, a algunas fracciones de esta misma, además de a otros intereses propios de las clases explotadas y dominadas como las empobrecidas clases medias, la pequeña burguesía del campo y la ciudad, pequeños, medianos y microempresarios descontentos agobiados por los altos impuestos que tributan al Estado, masas de trabajadores precarizados y superexplotadas por el capital, jubilados y pensionados con salarios miserables cercanos a la pobreza y sectores populares como pequeños comerciantes y ambulantes informales que la apoyan, ya sea voluntariamente o corporativamente mediante prebendas o dádivas que les permiten sobrevivir en condiciones miserables e insalubres. Por ello estas mayorías sociales han encontrado en el candidato opositor al régimen del PRIAN y de la "mafia del poder" (una especie de contubernio entre empresarios y políticos corruptos) un canal idóneo para manifestar su descontento y hartazgo frente a la corrupción, la impunidad y la miseria en que los ha sumido el régimen de gobierno del PRIAN durante los últimos 18 años, situación ante la cual brillan por su ausencia propuestas siquiera mínimas para intentar solucionarla, si no es mediante más y más recetas neoliberales de naturaleza fondomonetarista de ajuste estructural, reformas infames, alza de impuestos, crecimiento del endeudamiento externo, privatizaciones, desempleo y férrea contención de los salarios de los trabajadores.
No es tanto que esta última opción electoral sea elegida específicamente por tal o cual agrupación política con la que se identifique ideológicamente porque generalmente esas ideologías son difusas y eclécticas; sino por la situación desesperada de no encontrar tregua ante la crisis económica del país, el vendaval de impuestos y alza constante de los precios de primera necesidad que consume la enorme mayoría de la población, en particular la fuerza de trabajo; el crecimiento de la violencia y la inseguridad prácticamente en todo el país y, aún, en la Ciudad de México donde últimamente ha visto incrementarse el número y la actividad de los grupos delictivos, incluso, en instituciones educativas como la UNAM por los cárteles de la droga, conocidos como "narcomenudistas" que, según diversas fuentes, mantienen lazos con los grandes cárteles que operan a nivel nacional y regional; los constantes y multiplicados feminicidios, los secuestros, robos a casas habitación, crímenes del orden común y ante la total complacencia de las autoridades federales, estatales y municipales, muchas de las cuáles están comprometidas con dichos grupos de la delincuencia organizada e interactúan con ellos como muestra fehacientemente el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hasta la fecha en Iguala, Guerrero.
Por otro lado, ante el probable triunfo de López Obrador — por supuesto sí y sólo sí esta vez el régimen respeta los resultados de las votaciones del 1º de julio— los neoliberales orgánicos del sistema están proponiendo en los medios corporativos el “voto diferenciado”: te dicen cínicamente que si votas por AMLO como presidente vota por otros candidatos a diputados y senadores de “otros partidos” es decir los del PRIAN, para evitar que el triunfador tenga mayoría en el Congreso de la Unión con el fin de frenar el “presidencialismo autoritario”. Bonita manera de inducir el voto y respetar la democracia burguesa representativa que supuestamente garantiza la voluntad popular. Así lo ha hecho en medios de comunicación y en las redes sociales un escritor conservador de derecha, Enrique Krauze (véase Proceso 2171, 14 de junio de 2018) al "convocar-inducir" a la ciudadanía a votar diferenciadamente, "voto dividido" le llama, con el fin, dice, de "limitar el poder absoluto del presidente" como ocurrió, agrega, en el siglo XX donde las cámaras de senadores y de diputados constituían un "órgano servil del presidente". En vez de atribuir dicho poder al carácter de clase del Estado según los clásicos como Marx, Lenin y Gramsci que develan la verdadera naturaleza de esta maquinaria estatal-corporativa-burocrática que sirve esencialmente a la clase dominante, el escritor de marras atribuye "excesos" como "…la matanza de Tlatelolco por Díaz Ordaz, la represión al periódico Excélsior por Luis Echeverría Álvarez, la quiebra del país por José López Portillo y la corrupción impune por Carlos Salinas de Gortari", a un solo hombre. Así, con subterfugios propios del discurso que es incapaz de indagar la esencia de los fenómenos sociales y humanos, evade que los sucesivos gobiernos del PRIAN (PRI-PAN) hasta la actualidad (2018) no sólo son represivos y autoritarios sino que han constituido, en los hechos, y estratégicamente, en el capitalismo neoliberal, una fuerte amalgama típica del "poder absoluto del presidente" como lo prueba la elaboración y posterior aplicación por el dócil Congreso de la Unión de las llamadas "reformas estructurales" que sumieron al país en la crisis y en el callejón sin salida en que actualmente se encuentra. Al respecto, el mecanismo instrumentado por el presidente y por la partidocracia (incluyendo al PRD) fue el llamado Pacto por México creado el 2 de diciembre de 2012 a iniciativa del ejecutivo federal donde se cocinaron y procesaron dichas reformas privatizadoras de corte fondomonetarista.
Y esto no es nuevo. La política populista de los "pactos corporativos", colaboracionista y cupular ha sido una práctica constante en la historia de México, desde el período del llamado nacionalismo revolucionario hasta la actual época neoliberal. Fue ampliamente utilizada por los gobiernos priistas desde por lo menos la década de los setenta del siglo pasado, y también por los dos gobiernos panistas de la década de dos mil (2000-2012) y, finalmente, por el actual de naturaleza priista. Su objetivo general siempre ha sido el de imponer, utilizando todos los medios a su alcance, los intereses del partido en el poder en la sociedad, en la política y en la dinámica de los procesos de acumulación y reproducción del capital afines al incremento de la tasa de ganancia y de los intereses estratégicos de las clases dominantes del país y del capital extranjero.
Por supuesto el intelectual orgánico del régimen neoliberal partidocrático, Enrique Krauze, ignora todo esto y de ello no dice absolutamente nada (si se quiere profundizar en este tema véase mi libro: México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis, Editorial ITACA-FCPyS-UNAM, México, 2014).
Este dócil y acomodaticio intelectual a modo del sistema capitalista neoliberal esconde que en México nunca hubo transición a la famosa democracia desde que obtuvo el PAN por vez primera la presidencia en el año 2000 durante el período conocido como "la docena trágica" (2000-2012). Por eso insistimos en que, en México, nunca hubo lo que se ha denominado "transición a la democracia", que supuestamente ocurrió cuando la derecha del Partido Acción Nacional (PAN), ganó la elección presidencial, por vez primera después de 71 años de dominación priista, en el año 2000, sencillamente porque no se desmanteló el tradicional sistema político mexicano fundado en el autoritarismo, el presidencialismo y en el corporativismo que domina burocráticamente a las principales organizaciones obreras, campesinas y populares que siguen manteniendo a dicho sistema. Lo que sí ocurrió fue lo que llamamos una transición pactada y negociada entre los miembros y partidos de la partidocracia mexicana, a tal grado de que en la coyuntura electoral del año 2000, fue precisamente el presidente saliente, Ernesto Zedillo, connotado miembro del PRI, quien anunció sin cortapisas el triunfo del candidato presidencial de la derecha, Vicente Fox. A partir de aquí no ocurrió nada más que continuar con las políticas neoliberales inauguradas sistemáticamente, dieciocho años antes, por el presidente, también del PRI, Miguel de la Madrid en 1982. Esta continuidad evidentemente ha sido garantizada por el régimen peñanietista que deja al país con una exorbitante deuda externa, pública y privada, superior al 40% del PIB y que, por supuesto, tendrá que afrontar el próximo gobierno que emerja de la elección presidencial.
Ante el rotundo fracaso de las reformas estructurales instrumentadas por el régimen peñanietista donde difícilmente en su sexenio (2012-2018) el crecimiento económico superará 2% de acuerdo con diversas proyecciones (este tema se puede ver en mi libro: México (des)cargado: del mexico's moment al mexico's disaster , ITACA- Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas ( FISYP ) de Argentina -Posgrado en Estudios Latinoamericanos-UNAM, México, 2016), los representantes de las cúpulas empresariales como la COPARMEX y el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, exigen mantener el actual modelo económico dependiente neoliberal que salvaguarda y reproduce sus intereses de clase y empresariales. No cuestionan en sí las reformas estructurales, sino que plantean que son "perfectibles" debido a que, según ellos, han sido enormemente "benéficas" para México (¿?), sin considerar, por supuesto, el incremento en el país del desempleo abierto, de la pobreza y de la pobreza extrema, la existencia de bajísimos salarios que perciben más de la mitad de la población trabajadora, así como la naturaleza precaria de los empleos que se enorgullecen de haber creado y que evidentemente para el trabajador común de ninguna manera satisfacen sus prerrogativas laborales y sus necesidades básicas.
Sin perder de vista que ninguna de las coaliciones en contienda se plantea modificar la estructura del capitalismo en México — como hemos argumentado en otra ocasión ("Las elecciones presidenciales en el México neoliberal: tres (posibles) escenarios", en La Haine, 30 de mayo de 2018: https://www.lahaine.org/las-elecciones-presidenciales-en-el) – y en esto las tres coaliciones tienen un denominador común – sin embargo, en el plano en materia de política económica y social, si se advierten diferencias que vale la pena brevemente señalar.
En primer lugar, es posible distinguir en la actual coyuntura político-electoral dos proyectos o dos propuestas entre las coaliciones: una es la neoliberal, que es más de lo mismo, representada por el PRI y el PAN con los partidos menores que los apoyan. Implica continuidad de las reformas estructurales, los programas de dádivas a los trabajadores, por ejemplo, aumentar 20 pesos a los salarios mínimos, "crear empleos" sin mencionar cuantos ni la naturaleza de su calidad; repartir tabletas a los niños de las escuelas primarias, etcétera, pero obviamente sin modificar la esencia de las políticas privatizadoras, de austeridad social y de fuerte dependencia económica del país al capital internacional, ni mucho menos el sistema capitalista al que se deben.
El proyecto que podemos denominar neo-desarrollista enfatiza una política nacional de desarrollo centrada en el combate radical a la corrupción que, según el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, implica el robo de alrededor de 500.000 millones de pesos por año. Esta cantidad, se destinaría al desarrollo de la salud, la educación, los programas de vivienda y otros satisfactores básicos para la vida de las grandes mayorías.
Es decir, se trata de un proyecto que replantea el retorno de la rectoría del Estado como elemento impulsor de proyectos de desarrollo económico-social tales como impulsar el mercado interno a partir de políticas públicas que incrementen los salarios de los trabajadores; desarrollar las refinerías — desmanteladas por el neoliberalismo en beneficio de las importaciones y la privatización de los energéticos — en el país con el objeto de reducir la dependencia de la importación de gasolina (actualmente se importa del exterior alrededor del 70% del consumo nacional).
En un país petrolero como México, paradójicamente cada vez más dependiente de las importaciones energéticas y alimentarias, evidentemente esa coalición plantea revisar los contratos que hasta ahora se han signado con empresarios nacionales y extranjeros, aunque no se plantea anular la reforma privatizadora energética realizada por el actual gobierno neoliberal.
Lo mismo ocurre con la mal llamada "reforma educativa" cuya anulación han demandado los trabajadores de la educación y que impuso a sangre y fuego el régimen peñanietista contra los trabajadores mexicanos de la educación al tratarse, más que de una reforma educativa en stricto sensu encaminada a resolver los grandes y graves problemas nacionales de nuestro país, de una reforma laboral regresiva y punitiva que se ajusta a los cánones neoliberales del mercado, la competitividad capitalista y a los imperativos de la rentabilidad general del capital.
Y así podemos encontrar una serie de propuestas que obviamente, en el eventual caso de que el candidato puntero logre convertirse en presidente electo, no se sabe si realmente se van a cumplir, pero en todo caso ello dependerá ya no tanto del gobierno, sino de la movilización popular y de la lucha social que emprendan los trabajadores y demás clases explotadas y oprimidas de la sociedad mexicana. Nada se va a dar de manera gratuita como muchos esperan de sus "representantes", sobre todo en el entendido, que ya hemos enfatizado en otras ocasiones, de que de ninguna manera dicha coalición (MORENA) ha planteado siquiera transitar o instaurar el socialismo en México — a veces se tilda de traidor a un gobierno o líder que nunca ha hecho semejante planteamiento —; sino apenas impulsar una "cuarta transformación de México" que ocurriría después de la primera que correspondió a la época de la Independencia, de la segunda, correspondiente a la etapa histórica de la Reforma y, por último, a la Revolución, y que en todo caso implicaría recuperar un poco de la soberanía nacional cedida incondicionalmente por los liberales de toda estirpe al imperialismo, pero en el contexto de un capitalismo dependiente neodesarrollista que, como en la época de la industrialización sustitutiva de importaciones, combinó Estado y mercado capitalista que tanto irritó a los neoliberales de entonces.
Alternativas socialistas y anticapitalistas se darán en México desde abajo por la izquierda y el pueblo y la clase obrera organizada fuera de los cánones corporativos del Estado y el capital. Pero por lo pronto dicha izquierda existe desarticulada entre sí y extremadamente fragmentada por todo el territorio nacional, sin condiciones de construir un proyecto estratégico alternativo capaz de rebasar las políticas neoliberales y/o desarrollistas que están vigentes en América Latina, con excepción de Cuba, para construir una nueva formación social con un modo de producción, de vida y de trabajo verdaderamente socialista y humano.

Adrián Sotelo Valencia, Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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La desaparición forzada, responsabilidad del Estado

He aquí una realidad nacional: el Estado desaparece personas. Cuesta escribirlo así, diciendo “desaparece”, porque las personas —gente de hueso y carne, padres, madres, hermanos, familiares, vecinos, conocidos— no se desvanecen de pronto, como sin querer… sino que alguien las detiene, las aprisiona y en el peor de los desenlaces las ejecuta con anuencia del gobierno. Y esto no ocurre de forma esporádica, no se trata de casos aislados. De lo contrario no hablaríamos de esto ahora, de lo contrario no existiría la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que cada última semana de mayo, desde hace ocho años en México, convoca a diversas actividades con el objetivo de reivindicar la lucha contra la desaparición forzada, exigiendo además la presentación con vida de víctimas, juicios justos, castigo a los responsables y la erradicación de este crimen de lesa humanidad.
Permítasenos hacer algunas especificaciones al respecto: el desaparecido no es aquél que el gobierno, en un intento por evadir su responsabilidad, se empeña en llamar “extraviado” o “no localizado”. El rasgo característico de la desaparición forzada es que tiene un culpable concreto: el Estado. Se entiende por desaparición forzada: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Asimismo, al hablar de esta política de terrorismo de Estado debemos subrayar lo siguiente:
1. En la desaparición forzada se violan varios derechos humanos: el derecho a la libertad, a la integridad personal, a ser protegido por la ley, a ser reconocido como persona jurídica, a no ser torturado. 2. En varias ocasiones, se viola además el derecho a la vida, crimen conocido como ejecución extrajudicial. 3. Mientras una desaparición forzada no se resuelva, sigue siendo un caso presente: no existen las desapariciones forzadas pasadas. 4. Repetimos: el responsable de una desaparición forzada es el Estado.
En México, igual que en muchos otros países latinoamericanos, la desaparición forzada data de la década de 1960 como medida sistematizada para enfrentar a la oposición política armada y a la disidencia pacífica. Decimos sistematizada porque se trata de una práctica estatal reiterativa y con características bien definibles.
Prueba de esta sistematicidad es que en nuestro país, durante el periodo conocido como “guerra sucia” (1969 a 1988) se documentaron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas con motivos políticos; es decir, contra luchadores sociales. Posteriormente, entre 1994 y el 2000 nuevamente aparece enconadamente la desaparición forzada contra el movimiento revolucionario, como el EZLN.
Luego, durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó 3422 desapariciones forzadas. No obstante, el número total de desapariciones en dicho periodo oscila entre 13195 y 26121, de las cuáles se ignora cuántas califican cabalmente como forzadas. Asimismo, este crimen ha pasado de cometerse contra la disidencia política para cometerse en contra de otros grupos sociales, como jóvenes, trabajadores, migrantes y mujeres.
El sexenio de Peña Nieto muestra continuidad en la sistematización de este crimen. La CNDH registra, entre 2012 y 2016, a 18990 personas desaparecidas. El Estado ha dado respuestas ambiguas a dichas cifras, atribuyendo estos crímenes a la delincuencia organizada, pero casos como el de los 43 desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos evidencian el modus operandi y la responsabilidad estatal. Asimismo, hemos visto aparecer al menos 1143 fosas clandestinas, cuya existencia resulta imposible entender sin conocimiento del Estado.
Así, como puede usted ver, desde los años sesenta hasta la fecha hemos vivido no sólo la continuidad de este crimen, sino su aumento como estrategia estatal de control. El “país de los desaparecidos” nos llaman algunos medios de comunicación con razón, pues las cifras son tan altas como terroríficas.
Pero el desaparecido es siempre presente, es promesa de presencia y, por lo tanto, lucha permanente. Exigimos pues la presentación con vida de Edmundo Reyes Anaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Teodulfo Torres Soriano (El Tío), Juan Francisco Kuy Kendall, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Santiz, Daniela y Virgina Ortiz Ramírez, Francisco Paredes Ruiz, Lauro Juárez, Carlos René Román Salazar, Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos a nivel nacional. Ni perdón ni olvido.
Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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La Cara Oculta del Capitalismo Transnacional

Por Jorge Molina Araneda

¿Cumplen las empresas transnacionales solo un rol económico o ejercen un poderoso influjo sobre la esfera pública de las naciones?

Por Jorge Molina AranedaObservemos el siglo XX:
“La masacre de las bananeras” (de ese modo se la conoce en Colombia), perpetrada en 1928 por la compañía estadounidense United Fruit Company. Desde entonces la multinacional, hoy Chiquita Brands, acumula denuncias por acaparamiento de tierras, uso esclavista de la mano de obra, soborno y corrupción política. Asimismo, la “bananera” participó en la defenestración del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954. En septiembre de 2007 la empresa tuvo que afrontar una multa de 25 millones de dólares en Estados Unidos por financiar a paramilitares colombianos.
La Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935) tuvo como catalizador los intereses de las petroleras Standard Oil Company (actualmente Chevron-Texaco y Exxon Mobil) y Royal Dutch Shell.
El holocausto judío (1941-1945) contó con la complicidad de corporaciones alemanas (Krupp, Siemens, BMW y Wolkswagen, entre otras) y norteamericanas como Ford y General Motors.
Conocida es la actuación de la CIA y la International Telephone and Telegraph (ITT) en el derrocamiento de Allende (1973).
En la larga guerra civil de Angola(1975-2002), una parte de los beneficios de las petroleras -BP, Exxon Mobil- se dedicaba a financiar la compra de armas. En la década de 1970, Peugeot, Ford y Mercedes Benz se beneficiaron de la persecución de militantes de los sindicatos por la dictadura argentina.
Nestlé era objeto de denuncias por el fomento de la leche en polvo como sustituto de la leche materna en África, lo que desencadenó efectos negativos en la salud y la seguridad alimentaria.
Stefania Vitali, James Glattfelder y Stefano Battiston, investigadores de la Universidad de Zürich, publicaron, en 2011, The Network of Global Corporate Control, en la revista científica PlosOne.org. En la presentación del estudio, los autores escribieron: “La estructura de la red de control de las empresas transnacionales afecta la competencia del mercado mundial y la estabilidad financiera”.
El estudio prueba que un pequeño grupo de compañías -principalmente bancos- ejerce un poder enorme sobre la economía global. El trabajo examinó un total de 43.060 corporaciones transnacionales, la telaraña de la propiedad entre ellas y estableció un mapa de 1.318 empresas como corazón de la economía global.
La investigación encontró que 147 empresas desarrollaron en su interior una “súper entidad”, controladora del 40 por ciento de su riqueza. Todos poseen parte o la totalidad de uno y otro. La mayoría son bancos como Barclays, Deutsche Bank y Goldman Sachs.
De acuerdo a Tim Koechlin en su ensayo Los ricos se hacen más ricos: El neoliberalismo y la desigualdad galopante (2012):
“El club de las personas más ricas del mundo agrupa a 40 millones de adultos. De ellos, 6.000 individuos, una millonésima parte de la población mundial, posee la mayor parte de la riqueza del planeta. En los últimos treinta años este selecto club ha visto incrementada su riqueza en un 275%. El resultado es abrumador: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita”.
Lo anterior es refrendado por Karen Hudes, abogada de Yale que trabajó en el departamento jurídico del Banco Mundial durante 20 años. En calidad de asesora jurídica superior, tuvo suficiente información para obtener una visión global de cómo la élite domina al mundo.
De acuerdo con la especialista, las élites globales no sólo controlan estas megacorporaciones, también dominan las organizaciones no elegidas y que no rinden cuentas, pero sí controlan las finanzas de casi todas las naciones del planeta. Se trata del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales, como la Reserva Federal estadounidense, que controlan toda la emisión de dinero y su circulación internacional.
La cúspide de este sistema es el Banco de Pagos Internacionales (BPI), es decir, el banco central de los bancos centrales, quien controla secretamente la emisión de dinero del mundo entero. Está ubicado en Basilea, Suiza, pero tiene sucursales en Hong Kong y en Ciudad de México. Es esencialmente un banco central no electo del mundo que tiene completa inmunidad en materia de impuestos y leyes internacionales. Hoy, 58 bancos centrales a nivel mundial pertenecen al BPI, y tiene mucho más poder en la economía de los Estados Unidos (o en la economía de cualquier otro país) que cualquier político. Cada dos meses, los banqueros centrales se reúnen en Basilea para otra ‘Cumbre de Economía Mundial.
Finalmente, de acuerdo a Hudes:
“Quieren que seamos todos esclavos de la deuda, quieren ver a todos nuestros Gobiernos esclavos de la deuda, y quieren que todos nuestros políticos sean adictos a las gigantes contribuciones financieras que ellos canalizan en sus campañas. Como la élite también es dueña de todos los medios de información principales, esos medios nunca revelarán el secreto de que hay algo fundamentalmente errado en la manera en que funciona nuestro sistema”.

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Agua, guerra y mercancía

I
El agua cae y se agota, nos la roban, nuevamente la jugada maestra del poder y la oligarquía, viejas mañanas para añoranzas permanentes, el agua se privatiza, lo más vital para la vida del planeta incluida la de los seres humanos. Como marca la costumbre de los gobiernos burgueses en México, al final de cada sexenio, dan un gran golpe, ahora, han abierto la posibilidad de poner el agua en manos de pocos; manos privadas, empresas que harán todo menos cuidarla y usarla con sentido humano, o, a favor de la vida, el banquete lujurioso del poder extrae todo, no hay materia prima, no hay recurso natural que este fuera del menú. Con la mano en la cintura han decidido concesionar el agua de 300 cuencas hasta por 50 años a empresas privadas, no les importa si el pueblo tiene sed. El agua cada vez más escasa debido a la contaminación y la sobreexplotación, se ha convertido potencialmente más lucrativa que el petróleo, por lo que grandes corporaciones trasnacionales se encuentran a la caza de los principales acuíferos y reservas de agua dulce del mundo.
II
Las cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indican que “para 2030, la demanda [de agua] será mayor que la disponibilidad en un 40%”, esta situación la convierte en una valiosa mercancía, la más importante para la subsistencia de la vida y la producción, pues actualmente, más de 1.2 mil millones de personas viven en áreas con escasez física de agua, 500 millones se aproximan a esa situación, y además, 1.6 mil millones de personas padecen escasez de agua por motivos económicos, ante la falta de infraestructura para acceder a ella. La vida en el planeta peligra junto a toda la humanidad.
III
Las modificaciones a las leyes para privatizar el agua se comenzaron a realizar con la implementación de la fase neoliberal del capitalismo mexicano durante la presidencia de Miguel de la Madrid a principio de los años 80 del siglo pasado, agudizándose en los posteriores sexenios, pero ahora, bajo el “mandato” de Enrique Peña Nieto, debido a la privatización del sector energético con la mal llamada “reforma energética” y la entrada de empresas dedicadas a la obtención de gas esquisto por medio de la fracturación hidráulica (conocida como fracking) , la sobreexplotación del agua se ha convertido en un requisito para estas empresas, las cuales buscan obtener el domino y la facultad del uso del agua en beneficio de sus industrias. Así cada corporación podrá desplazar y despojar a poblaciones enteras en la guerra por el agua que en el mundo se libra, y que ahora, en México, entra a una nueva etapa.
IV
El permanente despojo y la acumulación originaria que guía las acciones de los intereses privados, han generado una guerra desde mucho tiempo atrás, en gran parte del mundo se repite este proyecto de saqueo, las modificaciones a las leyes, los contratos concedidos desde el poder, las falsas justificaciones con campañas mediáticas, toda una serie de acciones a favor de la privatización, mientras millones de seres humanos viven en extrema pobreza, y cientos de zonas naturales son destruidas por la explotación minera, petrolera y demás industrias. Además, no olvidemos que parte de la deuda de México con los Estados Unidos se pretende pagar con el vital líquido. Ante estas evidencias y graves problemas humanos, aún hay quienes hablan de que la época de las colonias y la subordinación de los países a intereses imperialistas ha terminado, cínicos al servicio del poder. El agua es la vida y hay que defenderla.
V
En la lógica capitalista todo es mercancía, por ello, desde hace años que el agua se vende en México, botellita en mano diferentes empresas se hacen millonarias vendiéndonos el mayor recurso natural, por supuestas razones de salud, se privatizó desde hace mucho, mientras que en países más desarrollados, aún es posible ver a los pobladores y turistas beber el agua en la calle de fuentes dispuestas por los propios gobiernos, nuestra América es el campo de batalla de una guerra confeccionada para destruir todo el patrimonio de nuestros pueblos, y convertirlo en una mercancía más, a la cual, accederemos pagando el doble precio; del dinero y de nuestra dignidad humana.
¡Es la hora de transformar a México, defender muestro patrimonio y salvar la vida en el plantea!
Cristóbal León Campos. Integrante del Colectivo Disyuntivas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Las mentiras y sus feligresías

“Nuestra historia está dominada por lo falso” (U. Eco)
Tapizada como está nuestra Historia con mentiras de todo tipo, vivimos una fase del engaño que mutó también mediáticamente hacia lo que parece un nuevo “callejón -ideológico- sin salida”. Sin dejar de ser un gran negocio. Una nueva-vieja mercancía de la propaganda dominante disfrazada de “filosofía” para incautos, nos ha convertido en consumidores voraces de falsedades para enseñarnos a admirar nuestro despojo y explotación como obra “maestra” de un sistema cuyo sentido no se limita a producir pobres sino, también, seres engañados y dóciles.
Le llaman “pos-verdad” a la “plus-mentira” y a la lógica de un sistema de mentiras, actualizado, bajo reglas que el “consumidor” desconoce -relativamente- pero que acepta bajo las fórmulas largamente ensayadas con los parámetros del modo de “comunicación” predominante. Se trata de “la edad de las mentiras” de “gran calidad” y con no pocas pautas para que cierto pensamiento (y gusto) afiancen simpatías, coincidencias y placeres derivados de las falacias. La estética de lo falso.
Es el camino que encontró la ideología de la clase dominante para darse sobrevida. Ya no saben qué inventar. Han manoseado todos los recursos “filosóficos” que prohijaron y hoy no tienen cosa significativa que proponer porque queda en claro que no tienen futuro. Entonces mienten con todo. La ideología de la clase dominante tiene efectos nocivos, desde sus torres de marfil mass media, aliadas con no pocas mafias “académicas”, para idear falacias que son “consumidas” por personas que, con no poca frecuencia, lo gozan. Muchas creen que es indispensable sustituir la verdad con mil mentiras.
Durante mucho tiempo la ideología burguesa ha ensayado modelos de falacias muy diversos, incluso con gran “realismo”. Han inventado su “verdad” absoluta -y su fatalidad- para que aceptemos como única realidad los intereses usureros del capitalismo. Ese “realismo” burgués ha potenciado el arte de mentir, no sólo en “agencias periodísticas” y “medios de comunicación” cómplices”, sino incluso en documentales y campañas políticas, de “gran realismo”. Han sido líderes en el arte de la mentira vestida de “realidad”. Con ese “gran realismo” afirmaron la existencia de las “armas de destrucción masiva”, crearon “realidades” falaces y nos acostumbraron a aceptar, con mansedumbre, la palabrería de las campañas políticas como una forma necesaria del engaño. El “realismo” de las mentiras y su propagación impune no es más que otra modalidad narrativa inventada, exprofeso, para evangelizar audiencias bajo la tesis resignada de que “así es el mundo”, “así son las cosas”, es crudo y nada cambiará… y hay que hacerse cínicos porque eso queda “nice”. Está de moda.
En su modalidad más descarnada dicen que harán lo que jamás veremos y juran no hacer todo lo que, después, hacen para ahogarnos. Juran terminar con la “inflación”, juran “no endeudar a los pueblos”, prometen “pobreza cero”… en el colmo de las falacias de “campaña” enfatizan su “odio a la corrupción” para esconder sus complicidades con los paraísos fiscales y con las mafias financiaras. Se yerguen como adalides de la “renovación” para articular las más rancias formas del saqueo y la explotación, mientras culpan a otros de las canalladas que ellos mismos tienen preparadas para su “gestión”. Así ganan elecciones, feligresías y defensores. Lo falso promovido como real.
Ese realismo con que se desgarran las vestiduras para mentir, presenta al mundo como un casos sobre el cual la única solución son ellos con sus mentiras, casi siempre estrambóticas, y se las impone, cronométricamente, como la verdad publicitaria suprema que se financia en su mundo con “rating”. Esa lógica del engaño ideada por los laboratorios de propaganda política para resolver la trama del capitalismo, y sus crisis, viene en capítulos de falacias. Y eso embelesa a muchos por comodidad individualista. Mentir pasó a ser un gran negocio y dejarse engañar un evento que no exige esfuerzo. Algunos creen ver en “las falacias oligarcas” la escuela sacrosanta del “pragmatismo” para darle estatus a lo que es un fraude premeditado por los farsantes que juegan al póker con todas las cartas a su favor. Nadie se engañe, no es la realidad, es una ficción, a veces muy forzada, barnizada con realismo narrativo. Y tiene adeptos voluntaristas entre sus víctimas.
Y todo eso sirve, además, para esconder la realidad de un mundo donde la industria imperialista más importante es la fabricación de armas; para esconder las conductas delincuenciales de no pocos negocios ilegales (cuarteles de guerra psicológica); el tráfico de drogas, armas y personas. Una realidad a la que la inmensa mayoría de los seres humanos está sometida por una minoría pavorosamente armada y experta en engañar. Una realidad en la que, por otra parte, crece el malestar, avanzan las revoluciones y hay hambre de ideas para derrotar al capitalismo. Se moderniza un arsenal con los dispositivos tecnológicos y psicológicos más avanzados en la ruta de reprimirnos ideológicamente con la historia de que “todo es mentira”, de que hay que resignarse y de que hay que disfrutarlo.
Un equipo de guionistas disfrazados de “periodistas”, escribe para que el arte de la mentira parezca una etapa liberadora e inevitable. Mentir a toda hora para que ya no importe lo “real”, incluso en el círculo de los “intelectuales” burgueses amaestrados por los monopolios de la “opinión pública”; incluso en los terrenos académicos. La lógica de las mentiras-mercancía despliega su propio lenguaje, en apariencia “serio”, y se hace pasar por aceptable, incluso, para sus víctimas. La filosofía de “las falacias de mercado” recurre a cuanto simbolismo encuentra, incluso hecho exprofeso, para que todos se traguen las mentiras y todos las acepten a-críticamente. Pero, a la hora de cobrar, a la hora de las ganancias, la “verdad suprema” siempre es el capitalismo. La parte más dura y dolorosa está en las “feligresías” de la mentira atrapadas en una emboscada descomunal y donde (contra su voluntad) aportan su cuota de complicidad para completar la tarea mass media responsable de desfigurarlo todo con la fuerza significativa de los intereses burgueses decididos a cambiar el orden existente de la realidad. Y para eso, echan mano de las armas de la guerra ideológica y de las patologías esquizofrénicas más democratizadas. Hasta que la mentira estructural sea más verdad que la realidad objetiva, que el despojo a la clase trabajadora y que la lucha de clases. Contra ese infierno ideológico, decía Lenin, “La verdad es siempre revolucionaria”.
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jueves, 21 de junio de 2018

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