sábado, 8 de septiembre de 2018

Argentina en shock de ajuste y devaluación. Inflación y recesión


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Argentina en shock de ajuste y devaluación. Inflación y recesión

 

 


La situación económica y política de Argentina se viene agravando en un año que puede terminar con una caída del 2 al 2,5% del PBI y una inflación de más del 40% anual.
Ambos datos impactan regresivamente sobre la desigual estructura socioeconómica del país. Es un proceso con pocos beneficiarios y millones de perjudicados entre los sectores de menores ingresos de la sociedad.
El resultado directo es una mayor concentración y centralización de la economía, que genera mejores condiciones para la profundización de la extranjerización económica y una inserción subordinada a la lógica mundial del capital en momentos de tensiones globales definidas por la guerra comercial desatada por EEUU.
Además, con la corrida cambiaria en etapas sucesivas, escalando desde mayo pasado, en estos días el dólar alcanzó la cotización de 40 pesos por dólar (17,50 en diciembre pasado), lo que motivó que el BCRA elevara la tasa de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. de referencia al 60% anual para competir, vía intereses, con la demanda de divisas.
Consolida así a la Argentina como una economía de especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. , que junto a la inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). y la consecuente recesión castiga a los sectores productivos de menor peso relativo y sin capacidad de defensa ante la dominación de las transnacionales y el gran capital local hegemónico.
Los grandes perjudicados son los perceptores de ingresos fijos: trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos, regulares e irregulares más beneficiarios de planes sociales, los que se cuentan por millones.
Shock de ajuste
En ese marco, el Gobierno Macri acudió por segunda vez en tres meses al FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.
Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).
Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).
Sitio web :
para lograr sustento financiero a una política económica que en el discurso oficial abandona el “gradualismo” en el ajuste para construir un Shock de Ajuste, con déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) del 0% del PBI en 2019 y lograr un superávit del 1% para el 2020, anticipando metas establecidas en el memorándum suscripto con el FMI en Junio del 2018. Con el shock de ajuste fiscal está previsto reducir el déficit entre 2018 y 2019 en 6.500 millones de dólares vía reducción del gasto y mejoras de ingresos vía inclusión de las retenciones a las exportaciones. [1]
Si se adiciona el superávit previsto del 1% para el 2020 remitimos a 11.700 millones de dólares en dos periodos.
Al mismo tiempo que está previsto un déficit fiscal primario de 2,6% para 2018, el déficit financiero alcanzará al 2,9%, motivado en elevados intereses de un endeudamiento externo que sostiene el funcionamiento de la economía argentina.
El déficit financiero se eleva en 2019 al 3,2%, de modo que si bien el déficit primario se propone reducir a 0, el financiero crecerá y con ello la hipoteca de un endeudamiento que supera los 150.000 millones de dólares en la gestión Macri desde diciembre del 2015.
Se trata de un ajuste fiscal que supone disminución del gasto público e instauración de retenciones a las exportaciones para mejoras en el ingreso fiscal.
Respecto del ahorro se afecta el gasto de capital; en subsidios económicos que se transfieren a usuarios y/o a Provincias (transporte y electricidad); baja de gastos operativos por congelamiento de ingresos de empleo estatal y bajas de salarios con relación a la evolución de la inflación; reducción de gastos corrientes del Estado, lo que en conjunto suma 1,5% del PBI.
Desde el mayor ingreso fiscal destaca la vuelta de las retenciones, aunque pesificadas y con carácter transitorio hasta el 2020.
En efecto, se aplican 4 pesos por dólar de exportaciones primarias y 3 pesos por dólar al resto de las exportaciones, con un impacto total de, 1,1% del PBI.
Son dos las cuestiones a destacar al respecto.
Una remite al fondo que supone restablecer retenciones a las exportaciones, cuando una de las primeras medidas de la gestión Macri fuel la eliminación de las retenciones y un cronograma de disminución de las retenciones a la soja.
Fue un compromiso con los sectores hegemónicos del agro, la industria y la minería, que ahora critican el restablecimiento de las mismas, aun pesificadas, porque conceptualmente resurge un fundamento rechazado hace ya una década en la gran crisis política del 2008, entre los grandes productores y exportadores del campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Otra cuestión es el cargo en pesos, que con la variabilidad del tipo de cambio podría rápidamente licuarse, aun cuando desde el punto de vista fiscal, al Estado le interesa el ingreso de pesos, ya que el gasto es mayoritariamente en pesos.
¿Qué significa todo esto?
El propio gobierno reconoce que crece y crecerá la pobreza en la Argentina, cuando la campaña electoral y el primer mensaje oficial al país suponían el compromiso de Pobreza Cero. Es una proposición que quedará muy lejos con el ajuste en curso.
La sola devaluación Devaluación Modificación a la baja del tipo de cambio de una moneda frente a otras divisas. cambiaria, de 9 pesos en diciembre de 2015 a los 40 actuales, o la reciente duplicación de 20 pesos a 40 entre la corrida de mayo y sucesivas, sin límite predecible en el corto plazo, significa traslado a precios de la economía, especialmente en aquellos que afectan la canasta de consumo cotidiano y por ende con impacto entre sectores más empobrecidos: perceptores de salarios, jubilaciones o planes sociales, la mayoría de la sociedad.
Argentina dolarizó en estos años el precio de los combustibles y de las tarifas de servicios públicos, afectando la cadena de precios de buena parte de los consumos populares, especialmente alimentos y medicamentos.
Todo contribuye a alejar la capacidad de cobertura de necesidades sociales con los ingresos populares devaluados.
De hecho, el gran objetivo del capital hegemónico apuntaba a la reducción del costo laboral, algo que no pudo avanzar por vía legislativa ante la resistencia impuesta por el movimiento sindical y territorial de trabajadores, que en conjunto desplegaron iniciativas de confrontación y límite a los propósitos de reforma laboral regresiva, al estilo Brasil.
Sin embargo, con la devaluación cambiaria redujeron los salarios en dólares, mejorando la ecuación a favor de los inversores dolarizados que el gobierno aspira atraer para inversiones en energía, yacimiento Vaca Muerta de hidrocarburos no convencionales por ejemplo; o en comunicaciones y áreas de infraestructura.
Las negociaciones salariales paritarias han sido condicionadas en estos años, estableciendo techos por debajo de la inflación, lo que supone pérdida de ingresos salariales en la distribución funcional del ingreso.
Para este año el techo se había establecido en 15%, luego se flexibilizó a 20% y algunas organizaciones sindicales lograron actualizaciones del 26 al 28%, en un gran logro de lucha y organización. La realidad ahora desbordada de una pauta inflacionaria del orden del 40% esperado aleja cualquier recomposición salarial contra precios.
En el mensaje presidencial del lunes 3/9, no son sin cinismo, Macri señaló la imposibilidad de satisfacer la demanda salarial de los profesores universitarios, en paro desde el 6 de agosto, en el marco de un conflicto que ascendió a la toma de varios institutos universitarios y masivas movilizaciones callejeras de la comunidad universitaria más allá de la demanda corporativa de los docentes.
Con el deterioro de los ingresos populares como el principal efecto, se agudiza la perspectiva recesiva de la economía argentina. El propio INDEC informa que:
“La actividad de la industria manufacturera de julio de 2018 presenta una baja de 5,7% respecto al mismo mes del año 2017. En el acumulado de los primeros siete meses de 2018 en su conjunto, el estimador mensual industrial (EMI) alcanza el mismo nivel que en igual período del año anterior, por lo que registra una variación interanual de 0,0%.” [2]
El apoyo de EEUU y de Trump
Importa destacar el apoyo del poder económico y político mundial, del FMI y su principal accionista: EEUU y su inefable titular.
En junio pasado y con escaso tiempo de negociación, el FMI apoyó con un crédito inusual de 50.000 millones de dólares al gobierno argentino y por tres años.
Ya se desembolsaron 15.000 millones y se suponían desembolsos de 3.000 millones cada tres meses desde septiembre del 2018.
El FMI ya realizó la primera auditoría y desde ayer se renegocia el acuerdo en Washington.
Aun cuando resten semanas para la aprobación oficial, la Directora Gerente, Chrstiane Lagarde ya anticipó el acuerdo que consistiría en adelantar los aportes previstos para 2020 y 2021 antes de finalizar 2019 (fin de mandato Macri), a cambio del shock de ajuste antes comentado.
Por si había dudas, y aun creciendo el “riego país” a 739 puntos en la fecha, Donald Trump se comunicó telefónicamente con Macri para manifestarle su acuerdo con el rumbo económico y el liderazgo del Presidente de Argentina en la región latinoamericana, al tiempo que ratificó la presencia en la Cumbre del G20 G20 El Grupo de los Veinte (G20) está compuesto por diecinueve países más la Unión Europea, en el que los ministros, gobernadores de bancos centrales y jefes de Estado se reúnen regularmente. Fue creado en 1999, tras la sucesión de crisis financieras de los años noventa. Pretende favorecer la cooperación internacional, integrando el principio de un diálogo ampliado ante el creciente peso económico adquirido por un grupo de países. Sus miembros son: Alemania, Sudáfrica, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Turquía y la Unión Europea (representada por el Presidente del Consejo y el gobernador del Banco Central Europeo). (coordinado este año por Argentina) a realizarse en Buenos aires el 30/11 y el 1/12 próximos.
No hay dudas, el principal accionista del FMI dice que el organismo internacional debe facilitar los recursos necesarios para sostener al principal aliado político en la región.
El tema es que más allá de inversiones externas demoradas por el ciclo mundial de la economía, el poder mundial necesita del gobierno argentino en su apuesta al cambio de agenda en la región a favor de los intereses del gran capital.
La consideración es que el consenso electoral a un programa de derecha como el argentino, resulta más funcional que cualquier otro gobierno deslegitimado por origen golpista, caso del Brasil, en su prédica contra Venezuela o los mecanismos de integración alternativa que supieron destacarse hasta hace pocos años.
Es aun mayor el apoyo del poder mundial que el del bloque de poder local, ya que la burguesía exportadora recela del retorno de las retenciones, aunque estas sean en pesos. Puede pensarse que también temen por nuevas rondas de extranjerizaciones, también motivadas por la ventilación de casos de corrupción que involucran a firmas emblemáticas del poder económico local.
Los propios socios gubernamentales recelan de la forma de gestión, muy auto-centrada en el partido de Macri, el PRO, con relativo escaso papel en el Poder Ejecutivo de otros integrantes de la coalición de gobierno, CAMBIEMOS.
Se trata de un intento de nueva hegemonía en el sistema político de la Argentina, con un Presidente constitucional, que por primera vez en la historia con vigencia de la Constitución (1916) no es ni radical ni peronista. Es un intento que se inició con el voto en 2015, se afianzó en 2017 y pretende consolidar en 2019.
Ahí está la duda política de la coyuntura en el país y el interrogante es si Macri renueva para un nuevo periodo presidencial y recrea su estrategia de cambio en la hegemonía de la gestión política de la Argentina, modificando el bipartidismo histórico entre radicales y peronistas.
Existen ruidos en el poder político y el debate es quien administra el ciclo del capital en el país. Son problemas de la superestructura con base estructural de cambios en el poder sustancial del capitalismo local.
La protesta social
Tanto la situación de arrastre como el nuevo shock de ajuste alimentan el descontento, la protesta social y augura aumento del conflicto popular. Ya está anunciado un Paro nacional para el 25/9 de parte de la conducción de la CGT, que para las CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores y algunos gremios de la CGT, se inicia el 24/9 con movilización callejera.
No se trata solo del impacto socioeconómico en la coyuntura, sino de confrontar con el proyecto estratégico del poder.
La ofensiva capitalistas en la Argentina se inició en el 75/76, en primer lugar contra los trabajadores y las trabajadoras, sus organizaciones representativas, sus derechos y sus ingresos; encontrando continuidad esencial en los gobiernos de la dictadura genocida en los 70/80 y en los años 90, recreando y profundizando el programa en el presente bajo el gobierno de Mauricio Macri.
No es menor la resistencia popular a la dictadura genocida y a los procesos de reestructuración neoliberal capitalista de los 90 y la actualidad, convocando a discutir la estrategia del movimiento obrero, popular y de la izquierda social y política más diversa para frenar el ajuste y la regresiva reestructuración en curso y habilitar un debate para el despliegue de políticas contra el neoliberalismo y el capitalismo.
Es un desafío para el movimiento popular local con impacto en la situación Nuestramericana para frenar la ofensiva imperialista y conservadora de las clases dominantes en toda la región latinoamericana y caribeña.
No se trata solo de un problema local, sino con capacidad de intervenir en la lucha de clases regional y mundial.

La Austeridad Fiscal en América Latina y el Caribe: Violencia que engendra Violencias


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La Austeridad Fiscal en América Latina y el Caribe: Violencia que engendra Violencias

 

 



1. La Austeridad Fiscal: Un Sistema totalmente violento.

El tercer acápite del informe de la Cepal, “Los esfuerzos dirigidos a la consolidación fiscal se manifestaron en la contención del crecimiento del gasto público”, tiene como fin observar las diferentes reducciones de inversión dirigida hacia el gasto público en América Latina y el Caribe desde el año 2013, ante lo cual es necesario observar como manifiesta Cesar Giraldo que:
(…) en América Latina la prioridad en la distribución del gasto público no estriba en la búsqueda de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, o en garantizar un sistema integral de derechos sociales y económicos; la prioridad descansa en hacer sostenible el pago de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
pública y mantener en funcionamiento el sistema que traslada riqueza del Estado al sector financiero
” (2009, pág. 13)
A partir de la década de los 80 y 90 del siglo XX es posible evidenciar como la política fiscal en nuestros países han estado dirigidas por las políticas de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. A partir de la década de los 80 y 90 del siglo XX es posible evidenciar como la política fiscal en nuestros países han estado dirigidas por las políticas de ajuste estructural acompasadas por las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS-, que imponen un cerrojo a la garantía de la justicia social y ambiental mientras se procura por una estabilidad macroeconómica que beneficia la acumulación y concentración de capital.
Esta dictadura de las IFIS desde la década de los 80 en América Latina y el Caribe, en contubernio de algunos Estados de nuestra región [1], ha generado un incremento de las desigualdades en nuestros países.
Al recordar lo señalado en la primera entrega, en donde se evidenció como a partir de finales del año 2013 y comienzos del 2014 se ha vivido un deterioro de las condiciones de intercambio internacional en completa adversidad para nuestros países caracterizados como economías dependientes y periféricas, que conllevan a graves deterioros económicos los cuales bajo la ortodoxia económica deben ser manejados por medio de la reducción del gasto público, la enajenación de sectores económicos estatales y el aumento de la tributación regresiva e indirecta, entre otros dogmas de la ideología neoliberal. Este deterioro y el póstumo ajuste estructural es evidenciado por la CEPAL como se observa en el siguiente extracto:
En América Latina se puede apreciar una fuerte desaceleración del gasto a partir de 2014, liderada sobre todo por los países del norte de la región, en respuesta a las crisis fiscales que surgieron en 2013 y 2014. En América del Sur, este proceso empezó con más intensidad en 2015 y se aceleró marcadamente en 2016 y 2017” (2018, pág. 20)
Si bien el gasto de capital, que tiene como fin la inversión en adquisición y adición de activos fijos, ha sido el que ha recibido las mayores reducciones desde el año 2015; el denominado gasto corriente también ha sufrido graves deterioros, con lo cual el menoscabo de los dos conceptos de gasto ejemplifican la caída de los gastos públicos y/o del gasto social que no es referenciado debido a la baja utilidad, en concordancia con la ortodoxia neoclásica, y como fuente de invisibilización de las consecuencias de las políticas fiscales hacia nuestros pueblos.
Aparentemente las condiciones de intercambio internacional, para nuestro contexto 2013-2018, derivado de los precios de las commodities Commodities Las commodities agrupan el mercado de materias primas (productos agrícolas, minerales, metales y metales preciosos, petróleo, gas…). se han estabilizado en los últimos dos años. Sin embargo, esto no se puede afirmar con la fiscalidad de nuestros países, donde observamos como las reducciones tanto en el gasto corriente y en el gasto de capital se han mantenido en descenso, invirtiendo la tendencia donde ahora el gasto corriente mantiene una mayor declinación con respecto al gasto de capital, debido al reflujo en la Inversión Extranjera Directa -IED-, como se puede observar en la siguiente gráfica, detonada por las políticas proteccionistas de Estados Unidos, entre otras condiciones.
Gráfica 1 Corrientes mundiales de Inversión Extranjera Directa y participación por grupos de economías 1990-2016
Grafica extraída de (CEPAL, 2018, pág. 58)
La anterior dinámica de la IED es derivada del ajuste espacio-temporal del capital que se ha trasladado y se traslada desde las periferias hacia las metrópolis bajo las políticas de absorción de capital como fuente de manutención de la acumulación por desposesión, en donde la deuda pública tiene un papel preponderante tanto como agente de transferencia de capital continuo como por ser también el pretexto para la adopción de los ajustes estructurales devenidos por las IFIS y que profundizan las dinámicas del imperialismo de corte financiero de los Estados Unidos como lo sugiere David Harvey:
Se creó un poderoso régimen financiero basado en Wall Street y la Reserva Federal FED
Reserva Federal
Oficialmente Federal Reserve System, habitualmente abreviada en Federal Reserve o Fed, es el banco central de Estados Unidos. Fue creada el 23 de diciembre de 1913 mediante el Federal Reserve Act, también llamado Owen-Glass Act, tras varias crisis bancarias y el pánico bancario de 1907.
con poder de control sobre las instituciones financieras globales (tales como el FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.
Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).
Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).
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) capaz de hacer y deshacer muchas economías más débiles a través de la manipulación del crédito y de las prácticas de administración de la deuda. Según el argumento de Gowan, este régimen monetario y financiero fue usado por sucesivas administraciones norteamericanas “como un formidable instrumento de gobernanza y control económico para impulsar el proceso de globalización Globalización (ver también Mundialización) Origen y sentido de este término anglosajón: en inglés, la palabra «global» se refiere tanto a fenómenos que interesan a la (o las) sociedad(es) humana(s) a nivel del globo como tal (es el caso de la expresión «global warming» que designa el efecto invernadero), como a procesos que poseen la característica de ser «globales» únicamente en la perspectiva estratégica de un «agente económico» o de un «actor social» preciso. En lo que estamos viendo, el término «globalización» nació en las bussiness schools norteamericanas y reviste el segundo sentido. Se refiere a los parámetros pertinentes de la acción estratégica del gran grupo industrial. Lo mismo sucede en la esfera financiera. A la capacidad estratégica del gran grupo de adoptar una aproximación y una conducta «globales». En un debate público, el patrón de uno de los mayores grupos europeos explicó, en sustancia, que la «globalización» representa «la libertad para su grupo de implantarse donde quiera, cuando quiera, para producir lo que quiera, aprovisionándose y vendiendo donde quiera, y en donde tenga que soportar las menores obligaciones posibles en materia de derechos laborales y convenciones sociales» (extraido de Chesnais, 1997[a]). y las transformaciones nacionales neoliberales asociadas al mismo”” (2005, pág. 108) El aumento de la deuda pública originada en el deterioro de las condiciones de intercambio internacional es evidente en nuestras regiones El aumento de la deuda pública originada en el deterioro de las condiciones de intercambio internacional es evidente en nuestras regiones y enunciada por la CEPAL como se evidencia en el siguiente extracto; sin embargo, no se aborda de manera estructural el papel que esta tiene en el contexto de acumulación de capital y el incremento de las desigualdades dentro de nuestros países, con lo cual se hacen borrosas las consecuencias, que tienen la relación entre la reducción del gasto público y el incremento del peso de la deuda pública que afecta directamente la vida de millones de personas.
Como se mencionó anteriormente, resulta importante destacar también el papel que el creciente servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. pública de la región desempeña en la formulación de políticas fiscales. Como se puede apreciar en el gráfico I.11, el incremento de dicho servicio ha creado una presión adicional sobre las cuentas fiscales, que los países han compensado con reducciones del gasto primario” (CEPAL, 2018, pág. 21)
Esta es una dinámica de absorción de capital, que puede ser observada en las siguientes gráficas, donde el gasto del pago de intereses de la deuda pública se incrementó desde el año 2013 y se ha mantenido hasta el año 2017 en comparación con el gasto de capital, el gasto corriente y el gasto total que han decrecido desde 2013 hasta el 2017.
Gráfica 2 Contribución de los componentes del gasto público a la variación interanual de la relación entre este y el PIB 2012-2017 en América Latina y el Caribe.
Grafica Extraída de (CEPAL, 2018, pág. 21)
Esto ha conllevado al aumento de la desigualdad en los países de América Latina debido al desplome de los presupuestos públicos dirigidos hacia la garantía de los derechos fundamentales de todos y todas. Este ajuste en el gasto público, tanto en el gasto de capital como en el gasto corriente transferido hacia el pago de intereses de la deuda pública, ocasiona una mayor presión económica en las familias debido a que se afrontan nuevos gastos en aspectos como son la salud, educación, la protección social entre otros derechos convertidos en servicios a favor de la acumulación de capital.
Este proceso de opresión económica en la globalización neoliberal se ha intensificado en los últimos años, como puede ser contrastado en la siguiente gráfica, lo que evidencia como: “El 1% más rico del mundo capturó el 27% del monto total acumulado del crecimiento de los ingresos entre 1980 y 2016, mientras que el 50% de la distribución capturó solo el 12%” (CEPAL, 2018, pág. 41) Esto puede ser graficado para denotar como los procesos de crecimiento de los ingresos, entre otras dinámicas, son transferidos por medio, entre otras, de las políticas fiscales neoclásicas hacia el 1% de la población.
Gráfica 3 Crecimiento del ingreso real por adulto por percentil de ingreso en la distribución global 1980-2016
Grafica extraída de (CEPAL, 2018, pág. 41)
Aunque los procesos de desigualdad se han intensificado en todos los espacios geográficos tanto en las metrópolis como en las periferias económicas, no podemos pasar por alto que América Latina, el Caribe, África y Asia son las regiones con mayores tasas de desigualdad medidas por el indicador Gini como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, atestiguando los procesos de empobrecimiento y transferencia de capital desde nuestros países hacia las metrópolis económicas capturadas por las clases capitalistas financieras.
Gráfica 4 Coeficiente de Gini -2012-
Gráfica Extraída de (CEPAL, 2018, pág. 88)
Esta desigualdad endémica y en crecimiento en nuestras regiones están influenciadas directamente por el sistema capitalista y el sistema imperial metrópoli-periferia en su escalón financiero que toma como referencia el endeudamiento como absorción de capital.
La deuda pública en nuestras regiones ha sido elevada a un blindaje constitucional La deuda pública en nuestras regiones ha sido elevada a un blindaje constitucional, en tanto que argumentativamente como jurídicamente se ha enquistado cada vez más como el primer desembolso del presupuesto general de las naciones subordinando los derechos sociales, económicos y culturales, generando como se puede evidenciar en el siguiente extracto la equiparación del pago de intereses de la deuda a los servicios públicos y/o a los derechos fundamentales un total despropósito:
Es importante mencionar que, a los efectos de la clasificación funcional, el gasto referente al pago de los intereses de la deuda forma parte de la función de servicios públicos generales” (CEPAL, 2018, pág. 24)
Bajo estos discursos instrumentalizados y elevados al derecho que tiene como fin el blindaje de la deuda pública se ocasiona un sin número de reducciones del gasto público y mayores déficits fiscales que ocasiona directamente diferentes violencias como son:

a) Violencias estructurales.

Se hacen evidentes en el incremento de la imposición de las tributaciones de corte regresivo e indirecto y de la creación de las Asociaciones Publico Privadas, las reducciones de presupuestos públicos, las privatizaciones de empresas públicas y la reducción de salarios, medidas que entre otras, son conocidas institucionalmente como mayores y/o mejores condiciones para la inversión.

b) Violencia física.

Se observa un aumento en la represión, criminalización, estigmatización y asesinatos de líderes sociales y/o políticos, el genocidio político/social se constituye como una práctica desde la institucionalidad.

c) Violencia simbólica.

Se regulariza la normativización de las políticas neoliberales, por medio de discursos austeritarios y tecnocráticos, y de documentos técnicos desde doctrinantes neoclásicos, entre otros.
Si bien para el ejercicio de establecer el aumento de las violencias ligadas a los procesos de reducción de gasto en los países antes señalados, Colombia, México y Puerto Rico, se utilizara la anterior discriminación es necesario evidenciar que estas violencias deben ser entendidas como una totalidad como fuente de poder desde el Estado y para Estado neoliberal.

2. La Violencia Física como reflejo de las políticas austeritarias en América Latina y el Caribe.

Los procesos de violencia física en la región de América Latina y el Caribe entre el año 2013 y 2016 se han incrementado, como se evidencia en la gráfica no. 5, debido a la crisis económica y a la dictadura de las políticas neoclásicas en los Estados, ocasionando un proceso de austeridad fiscal concatenada con un autoritarismo Estatal y paraestatal con el fin de mantener el poder y aplacar las críticas hacia el sistema que se hacen cada vez más palpables.
Gráfica 5 Homicidios en América latina por año 2001-2016
Grafica extraída de (Muggah & Aguirre, 2018, pág. 3)
La mayor parte de los homicidios se concentran en las ciudades y aún más en sus periferias empobrecidas, donde la violencia física se constituye como parte de la cotidianidad dentro de las condiciones materiales de millones de personas y, en gran parte, esta dinámica es reflejo del contubernio entre bandas criminales y paraestatales y las instituciones estatales, como se plantea en el siguiente extracto:
Esa concentración urbana es un factor reconocido para la violencia, que se nutre de la desigualdad, el desempleo, las familias dislocadas, los servicios insuficientes. Así, 43 de las 50 ciudades con más homicidios del mundo se hallan en la región: San Salvador, Acapulco, San Pedro Sula, México DF, Guatemala, Serra, Belém, Victoria, Manaus, Cali, Natal, Tijuana, Palmira, Culiacán, Mazatlán, Porto Alegre, San Juan y Kingston, entre ellas” (Infobae, 2018)
Es necesario observar como la violencia física, al igual que las otras manifestaciones de la violencia, recae de mayor manera en las mujeres bajo el poder sistémico de un capitalismo patriarcal donde las mujeres son doble y triplemente explotadas y oprimidas, y donde son golpeadas de manera mucho más fuerte en procesos de crisis económicas y en legislaciones que deciden sobre sus cuerpos y sus contextos.

a) La violencia física sobre líderes y lideresas sociales, comunales y políticas, y defensores de DDHH

Aunque en Colombia las tasas de homicidio han decrecido en parte debido al Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, a su vez se evidencia un redireccionamiento de los homicidios hacia los líderes sociales, comunales y políticos en el país, cumpliendo con el objetivo de desarticular las resistencias sociales e impedir la construcción de alternativas de una nueva sociedad, que privilegie el ser humano por encima del dinero.
La característica central de este nuevo tipo de prácticas genocidas es que actúan hacia el interior de una sociedad con el propósito de clausurar aquellas relaciones que se encuentran en tensión con el poder dominante, intentando reorganizarlas por medio del terror para imponer otro tipo de vínculos hegemónicos” (Evangelina , 2008, pág. 267)
Tabla 1 Tipos de coacción y coerción a defensores de Derechos Humanos en Colombia 2010-2017
Tabla extraída de (Somos Defensores, 2017, pág. 96)
En la anterior tabla se puede constatar como a partir del año 2014 aumentan los asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Colombia tras un pequeño descenso en el año 2013, cotejando como los ciclos entre crisis fiscal y violencia en contra de los defensores de DDHH a partir del año 2014 y 2015 en América Latina y en particular en 2015 en Colombia se acompasan, caracterizando a la austeridad fiscal [2] como un detonante del aumento de la coerción y coacción de líderes sociales, políticos y comunales en este caso de defensores de DDHH en el país.
El caso mexicano no se diferencia del caso colombiano, los datos certifican como el declive del gasto público [3] y la violencia en el país se han incrementado, evidenciando la relación directa entre austeridad y violencia, y el papel de un Estado totalmente autoritario como el de Enrique Peña Nieto, periodo en el cual se ha vivido la mayor tasa de homicidios y asesinatos selectivos de líderes sociales y políticos, defensores de DDHH, periodistas y comunicadores sociales, como se puede evidenciar en el siguiente apartado:
Durante 53 meses de la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto se han cometido 266 asesinatos, de ellos 125 corresponden a activistas vinculados en su mayoría con la defensa de los derechos humanos, 83 presidentes municipales en funciones y 38 periodistas” (Biraí Nieto, 2017)
Gráfica 6 Homicidios dolosos en México 2005-2017
Grafica extraída de (Arena Publica, 2018)
La cifra supone un incremento de casi un 90 % respecto a 2017 que ha causado sorpresa entre las autoridades locales y la población, después de unos años en los que la cifra de asesinatos fue disminuyendo desde 2011, ejercicio que con 1.164 homicidios se convirtió en el año más violento desde que existen registros” (Agencia EFE, 2018)
El aumento de los homicidios en Puerto Rico en el último año tiene como acicate la crisis fiscal que tiene como fuente el pago de la deuda publica insostenible, odiosa e ilegítima de esta nación sometida por Estados Unidos y que se vio recrudecida por el Huracán María que condujo a una crisis aun mayor ocasionando impagos a entidades estatales como la policía con lo cual se abrió un espacio para el crimen, una violencia física ampliada por la violencia estructural y/o violencia socioeconómica.
Este crecimiento de la violencia física va a la par del deterioro de las economías nacionales con un punto en común de la presión que ocasiona la deuda pública a los presupuestos generales. Como podemos observar la violencia física ha aumentado tanto en el conjunto de América Latina y el Caribe, como también discriminadamente por los tres casos de estudio, este crecimiento de la violencia física va a la par del deterioro de las economías nacionales con un punto en común de la presión que ocasiona la deuda pública a los presupuestos generales que implica un austeritarismo amparado por Estados subordinados a las políticas neoliberales.

b) Violencia Estructural y simbólica en Colombia, México y Puerto Rico desde la crisis económica jalonada por el pago de la deuda pública en el último periodo 2013-2018.

A partir del desplome de los precios de las commodities en el año 2013-2014 se ha observado un deterioro de las condiciones internacionales de intercambio que ha generado una crisis fiscal en los estados de América Latina y el Caribe derivado del aumento de la deuda pública como reflejo tanto de la devaluación Devaluación Modificación a la baja del tipo de cambio de una moneda frente a otras divisas. de sus monedas como también por el crecimiento de los créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).
Créditos privados

Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario. Créditos públicos

Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
para solventar este contexto, como se puede constatar en la siguiente tabla y en el artículo previo.
Tabla 2 Deuda externa en porcentaje del PIB y en millones de USD en algunos países de América Latina
Tabla extraída de (Kucher, 2018)
Esta crisis fiscal, debido al aumento e incremento del valor de la deuda pública, ha generado diferentes reformas neoliberales que se han vivido en los últimos años -concretamente a partir de la caída de los precios de las materias primas en el año 2013-2014- que afectaron directamente a los Estados de América Latina y el Caribe de manera diferenciada. Este proceso económico de contracción del capital desde las metrópolis se concretiza en una mayor cantidad de poder sobre nuestros cuerpos que se pueden identificar en la materialización de las violencias y en este caso las violencias estructurales y simbólicas.
En el caso colombiano, la violencia estructural y simbólica ha tenido una continuidad desde 1968 y aún más posterior a 1990 donde se vivieron mayores reformas a partir de las crisis derivadas de los procesos de deterioro de las condiciones internacionales. Las crisis que han vivido e impulsado la adopción de reformas neoliberales son: i) la de mediados de la década de los 80 del siglo XX; ii) la de finales de la década de los 90 del siglo XX; iii) la posterior al año 2008; y, iv) la más actual a partir del año 2013-2014 con el desplome de los precios del petróleo que afectaron el ingreso de la nación y generó un deterioro de la moneda local con referencia a las monedas de intercambio internacional.
La siguiente tabla recoge algunas de las reformas legislativas entendidas como violencia simbólica que jalona la violencia estructural en nuestra sociedad a partir del año 2014 hasta el año 2018 y que evidencia el aumento y adopción de estas políticas a favor de la acumulación de capital y en contra de los pueblos.
Tabla 3 Algunas de las reformas simbólicas en Colombia 2014-2018
Tabla realizada a partir de (Instituto Unidad de Investigacion Juridico-Sociales Gerardo Molina, UNIJUS, 2016, pág. 520)
Las anteriores reformas neoliberales tienen como objetivo el aumento de la violencia estructural por medio de la explotación laboral, la opresión fiscal y, el despojo de territorio, bienes comunes Bienes comunes En economía los bienes comunes se caracterizan por un modo de propiedad colectiva, que se diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública. En filosofía hacen referencia a aquello que comparten los miembros de una misma comunidad, ciudad o la propia humanidad, desde un punto de vista jurídico, político o moral. y de conquistas sociales en Colombia a partir del año 2014, que se concretizan bajo el incremento y blindaje de estas reformas como leyes y decretos generando una violencia simbólica directa y dirigida hacia la sociedad con el fin de generar un habitus.
Estas reformas han originado una mayor tasa de desigualdad en la sociedad, configurando un espacio de fermento para el aumento de la violencia física en el país como se evidenció anteriormente y dinamizando una mayor tasa de financiarización en la sociedad colombiana [4] que desembocará en una mayor crisis fiscal y en aumento de las tasas de violencias en el país.
En el caso de México podemos observar las siguientes reformas desde el año 2014, que certifica como la crisis fiscal ha sido solventada bajo el aumento de las diferentes violencias hacia el pueblo y a favor de la acumulación y concentración de capital.
Tabla 4 Algunas de las reformas simbólicas en México 2014-2018.
Elaborada a partir de los datos de: (Lara, 2015; Bravo, 2017)
Las anteriores son algunas reformas que se han llevado a cabo en México desde 2014, año en que se evidencia el contexto de crisis fiscal y, como ya hemos evidenciado en el anterior acápite de este artículo, ha aportado al aumento de la desigualdad en la sociedad mexicana y en el incremento de la violencia física en el país.
Estas reformas tienen como margen las políticas neoliberales agrediendo de manera directa a las clases populares, manteniendo las políticas macroeconómicas dictadas por las Instituciones Financieras Internacionales y por Estados Unidos con la deleznable administración de Donald Trump.
El caso de Puerto Rico, aunque se diferencia de la dependencia de los ingresos devenidos de los precios de las materias primas, si tiene la misma problemática de los dos casos antes estudiados y es el peso de la deuda pública como fuente de absorción de capital y procreador de las distintas formas de violencia, con lo cual podemos observar como el aumento indiscriminado de la deuda pública en la isla bajo las leyes neocoloniales de Estados Unidos ha generado un sin número de procesos de violencia estructural y simbólica como son:
Tabla 5 Algunas de las reformas simbólicas en Puerto Rico 2014-2018.
Las anteriores son algunas reformas impuestas, en su mayoría, desde Estados Unidos debido a su relación con la isla de orden colonial y autoritario con lo cual se adjudica el papel de verdugo y mantiene una merma constante de los recursos destinados para la salud, educación, energéticos, protección social entre otros derechos tan necesarios para con una sociedad que ha tenido que afrontar las vicisitudes de los Estados Unidos y la inclemencia de los desastres naturales.
La violencia simbólica en Puerto Rico tiene como fuente una violencia directa y subordinante desde Estados Unidos y tendría como fuente la baja o nula autonomía de la isla a la construcción de una sociedad que privilegie la justicia social y ambiental por encima del capital.

3. Conclusión

La austeridad fiscal en nuestra región no puede limitarse a un análisis cuantitativo de los principales indicadores económicos debido a que su implementación ha conllevado a la manifestación de la violencia ya sea física, estructural o simbólica, pues observamos con preocupación el aumento desmedido del asesinato, estigmatización y persecución judicial y policial de nuestros líderes y lideresas que cumplen el papel de articuladores y consolidadores de resistencias y procesos sociales a la par que los grupos económico-políticos hegemónicos de nuestras naciones aplican las recetas neoliberales para dar cumplimiento a los compromisos asumidos con las Instituciones y Capitales Internacionales y Transnacionales, recetas que van en detrimento de la protección y garantía de los derechos fundamentales y someten a nuestros pueblos.

Bibliografía

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Una deuda de 35.000 millones de euros para alegría de los inversores


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Una deuda de 35.000 millones de euros para alegría de los inversores

 

 


El sistema de prestación por desempleo francés acumula una enorme deuda que no deja de crecer como una bola de nieve colina abajo. Entrevistamos a Pascal Franchet, miembro del GACDAC, un grupo ciudadano que ha auditado las cuentas de la prestación por desempleo y ha publicado un informe provisional.
El Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
del Seguro de Desempleo, GACDAC (por sus siglas en francés), ha auditado las cuentas de la prestación por desempleo del Estado francés y el fondo de seguro de desempleo, el UNÉDIC (Unión Nacional Interprofesional para el Empleo en el Industria y el Comercio). Hablamos con uno de sus integrantes, Pascal Franchet, sobre los resultados del informe que han publicado.

¿Cómo surgió la idea de auditar las cuentas de Unédic y qué es GACDAC?

Durante la campaña electoral, el candidato Macron había expresado claramente su intención de reformar en profundidad el seguro de desempleo. El tratamiento del paro es por sí mismo insatisfactorio, ya sea desde el punto de vista del personal de Pôle emploi (agencia para el empleo), sujeto a condiciones laborales muy malas, ya del de las pocas personas desempleadas que reciben una prestación (bastante escasa), y son objeto de escarnio mediático y populista (gente parada «de vacaciones en las Bahamas» [1], por poner solo un ejemplo).
Entre finales de octubre y principios de noviembre de 2017, después de la decisión de modificar parte de la contribución a CSG (impuesto indirecto basado principalmente en salarios y pensiones), activistas del sector sindical y asociativo, así como personas comprometidas individualmente en diversas luchas relacionadas con el desempleo decidieron unirse y trabajar en un análisis lo más completo posible de las cuentas de Unédic.
En 2015 se elaboró un primer anteproyecto con la Coordination des intermittents et précaires (Coordinación de trabajadores discontinuos y Precarios) [2], Recours Radiation [3], CADTM y Matermitentes [4]. Así, se establecieron contactos con sindicalistas sobre la cuestión de la deuda. De este modo se creó el GACDAC, compuesto por personas que unen sus experiencias y conocimientos para hacer de esta auditoría provisional una herramienta bien argumentada al servicio de las luchas contra el cuestionamiento de los derechos de la gente desempleada.

¿Cuáles son las conclusiones principales que se extraerán de vuestro informe provisional?

Al examinar la información disponible en sitios oficiales y después de múltiples búsquedas, cuyos resultados son siempre constatables, pudimos hacer varias observaciones:
Los tipos de cotización no han cambiado desde 2003, cuando solo el 43% de las personas desempleadas inscritas en Pôle Emploi reciben una compensación media de 900 euros al mes, cerca del umbral de pobreza oficial. Peor aún, desde enero de 2018, una parte significativa de esta contribución, aproximadamente un tercio, está libre de cargas fiscales.
El total asignado a la prestación por desempleo es menor o igual a las contribuciones recaudadas. Sin embargo, Unédic lleva años en déficit crónico. ¿Por qué? En 2009 se produjo una fusión entre ANPE y Assedic (deseada ya por Sarkozy y puesta en marcha por Hollande) que dio origen a Pôle emploi. Al mismo tiempo, se orquestó la externalización (muy costosa) de los servicios de Pôle Emploi. Unédic también remunera a Deloitte, Ernst & Young, las tres agencias de calificación Agencias de calificación AGENCIAS DE CALIFICACIÓN : Empresa privada que evalúa el riesgo de solvencia financiera de una empresa, de un Estado, de una administración territorial (un ayuntamiento, una provincia, una región) o de una operación financiera, como el caso de un préstamo. Cada agencia posee su propio sistema de calificación. De forma esquemática las calificaciones se fijan de A hasta D con grados intermedios. La calificación obtenida por una empresa o por una administración pública tiene un impacto inmediato sobre su coste de endeudamiento: una nota alta permitirá pedir prestado a bajos tipos de interés*, mientras que una mala nota llevará a subir los tipos de interés*, o incluso a la imposibilidad de acceder a préstamos. Las principales agencias de calificación son Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, la totalidad de cuyos gastos solicitó GACDAC.
Unédic también remunera a Deloitte, Ernst & Young, las tres agencias de calificación Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings
El recurso al préstamo compensa este déficit pero no mejora la situación de las cuentas de la Unédic, una verdadera fuente de ingresos para las empresas que comparten el pastel de la externalización de los servicios de Pôle Emploi y Unédic subcontratándolos a empresas privadas.
Este uso sistemático y transferido de deuda constituye, por un lado, una carga adicional para Unédic (alrededor de 400 millones de euros anuales solo en intereses) y una considerable fuente de beneficios para inversores, muchos de los cuales escapan a los impuestos a través de paraísos fiscales.

¿Cuál es el impacto de esta política de endeudamiento en el sistema de seguridad social?

El falso equilibrado presupuestario de las cuentas de la Seguridad Social solo ha sido posible gracias al uso de préstamos y a las medidas de austeridad votadas anualmente por los sucesivos gobiernos desde comienzos de la década de 1980. La deuda de los organismos de protección social era de 226.100 millones de euros en el cuarto trimestre de 2017, de los cuales alrededor de 35.000 millones de euros estaban destinados al seguro de desempleo [5], que es a la vez pequeño, grande y considerable.
Pequeño en comparación con el presupuesto total de protección social en Francia, que era del orden de 750.000 millones de euros en 2016. Grande con respecto a las necesidades no satisfechas y la dependencia de los diferentes regímenes de protección social con esta deuda. Y considerable si se tiene en cuenta el peso político de la deuda utilizada para justificar las políticas de austeridad y el cuestionamiento de las conquistas sociales.

En su opinión, ¿qué se debería hacer con la deuda de Unédic y, en cambio, cuál es el plan del gobierno?

Lo primero que se debería hacer es decir la verdad al conjunto de la población, en primer lugar a las personas trabajadoras porque, a través del dinero de la cotización, una parte de su salario se gasta así en lugar de estar dedicado al seguro de desempleo. Decir la verdad implica, ante todo, elaborar un registro público de títulos de deuda [6]: ¿a quién pertenece qué? ¿Cuánto les beneficia? ¿Pagan o no impuestos sobre los ingresos obtenidos de estos títulos de deuda?
Es imperativo declarar también una suspensión del pago de esta deuda, capital e intereses, una moratoria del tiempo necesario para realizar una auditoría ciudadana completa. A la luz de esta auditoría, un referéndum popular debería decidir si esta deuda se suscribió por interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. general o si, por el contrario, solo ha beneficiado a una parte ínfima y privilegiada de la población. En este último caso, la consulta debería servir para decidir sobre su cancelación.
Es imperativo declarar también una suspensión del pago de la deuda de Unidec y una moratoria del tiempo necesario para realizar una auditoría ciudadana completa
Deben debatirse las respuestas alternativas a esta deuda, aquellas relativas a una mejor gestión, esta vez transparente, de un seguro por desempleo gestionado únicamente por personas ocupadas, con un financiamiento que permita una compensación al menos igual al salario mínimo para toda persona desempleada. Finalmente, y al mismo tiempo, es importante plantear e implementar medidas que creen empleos social y ecológicamente útiles, lo que, entre otras cosas, aumentaría los ingresos del seguro de desempleo y reduciría su gasto.
Este conjunto de medidas alternativas es radicalmente opuesto a lo que está haciendo el gobierno actual, que quiere sustituir el seguro de desempleo basado en la mutualidad colectiva de una parte de los salarios por una mecánica que de preferencia a un sistema de seguro individual y privado que, en última instancia, aumente las ganancias de las compañías capitalistas de seguros.

La deuda de Unédic funciona como herramienta de culpabilización, justificando fortalecer controles y sanciones contra personas desempleadas, y ocultando las responsabilidades políticas reales de esta situación. ¿No es el mismo mecanismo de «sistema de deuda» que opera para justificar la austeridad impuesta a la población en tiempos de rescate bancario? ¿No es incluso el que permite cuestionar el servicio público de SNCF, también muy endeudado?

La publicidad ideológica está en los hechos. Este es el caso particular de la deuda social originada, supuestamente, por las personas beneficiarias de la protección social. Los ataques más violentos contra las conquistas sociales se remontan al invierno de 1995/1996. El gobierno en el poder introdujo la contribución al pago de la deuda social (CRDS), más explícita políticamente que la Contribución Social Generalizada (CSG), pero que formaba parte de la misma estrategia: hacer que personas empleadas y jubiladas paguen las deudas generadas por el empresariado.
Esto ilustra hasta qué punto se desposee a las personas asalariadas del fruto del trabajo que producen. La batalla que debemos combatir no se ganará si no invertimos este razonamiento dominante. Incluso cuando el endeudamiento no es importante, sigue siendo un mecanismo eficaz para justificar políticas de austeridad y rigor presupuestario, e incluso para llevar a cabo reformas estructurales que alteran y destruyen las conquistas sociales.
Es cierto que hay similitudes entre la deuda de la SNCF, la del Estado y la del seguro de desempleo: cada vez, del lado de los acreedores, encontramos el mismo trío: bancos, fondos de inversión y buscando un poco: paraísos fiscales y judiciales.
Para la SNCF, el informe de la consultora CHSCT «DEGEST» muestra que el coste de esta deuda se debe tanto a decisiones políticas como a una financiarización extrema (por cada 100 euros prestados, solo 41 se utilizan para inversión, los otros 59 se destinan al pago de intereses). Ya no es un «efecto bola de nieve», ¡es una verdadera avalancha!
Para el Estado, el informe del Colectivo de Auditoría Ciudadana señala dos causas principales del endeudamiento: la caída de los ingresos tributarios en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de las clases dominantes / de los más ricos y un «efecto bola de nieve» con las tasas de interés cuyo pago aumenta el stock de la deuda Stock de la deuda Suma total de las deudas. . A estas dos causas, agregamos una tercera: la pérdida de ingresos para el presupuesto estatal que supone la evasión fiscal.
Con estos tres ejemplos (estado, SNCF y seguro de desempleo) tenemos la medida del reto de clase que supone este tipo de luchas.

¿Qué evolución pensáis dar a vuestro trabajo?

GACDAC se ha centrado en lo que se oculta al público respecto a las cuentas de Unédic con preguntas muy específicas en una carta abierta a la Ministra de Trabajo, el director y el consejo de administración de la Unédic.
Estamos esperando y exigimos sus respuestas para completar el informe provisional que hemos elaborado. Enviamos una copia del informe y la carta abierta a las y los parlamentarios, que abordarán un proyecto de ley de reforma de la formación profesional, el aprendizaje y el seguro de desempleo. Deseamos que nos escuche la Comisión de Asuntos Sociales y, si es posible, que nos permitan participar en la redacción de las preguntas parlamentarias.
Además de estas instancias importantes, queremos hablar con la ciudadanía a través de intercambios y conferencias. Se debe establecer un debate sobre qué protección social queremos, por quién queremos que esté gestionada, cómo queremos que se financie, para qué gastos queremos que se emplee, etc.
Más allá, esperamos que los movimientos sociales en sentido amplio (sindicatos, asociaciones y partidos políticos) entiendan el tema de la deuda del seguro de desempleo como una cuestión central de la máquina de guerra lanzada contra la población y las personas asalariadas.
¿Qué es Unédic? La protección social francesa está compuesta principalmente por la Seguridad Social que tiene, en tanto que nació en octubre de 1945, cuatro cajas nacionales, en su mayoría gestionadas por representantes del personal: la Caja Nacional de Salud (CNAM); el fondo nacional de asignaciones familiares (Cnaf); el fondo de seguro nacional (Cnav) y el fondo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT / MP). El número de personas paradas era muy bajo en el momento de la Liberación (del orden de 183.000, a razón del 1% de la población activa) así que no hubo fondo de seguro de desempleo hasta la creación de la Seguridad Social. En 1958, el general de Gaulle inició conversaciones con el sindicato Force Ouvrière (FO) para crear, fuera de la Seguridad Social, el fondo de seguro de desempleo (UNÉDIC = Unión Nacional Interprofesional para el Empleo en el Industria y el Comercio). Este fondo, que verá la luz el 1 de enero 1959, es en realidad una asociación del tipo ley 1901 (sin animo de lucro) administrada conjuntamente por sindicatos y representantes de la patronal. Establece tasas de contribución y condiciones de indemnización por medio de convenios cada dos o tres años. Pero el estado puede reemplazarse (generalmente en casos de desacuerdo) por interlocutores sociales para determinar los términos del sistema de compensación.

El presupuesto del 2019 en Colombia consolida la desigualdad y las múltiples violencias


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El presupuesto del 2019 en Colombia consolida la desigualdad y las múltiples violencias

 

 



La violencia simbólica y estructural de la sostenibilidad fiscal en Colombia

El blindaje constitucional del pago del servicio de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
pública y del control fiscal ortodoxo ha desembocado en la configuración de un sistema que violenta los derechos de los y las colombianas por medio del argumento de una pretendida sostenibilidad fiscal que prioriza e invisibiliza las causas y consecuencias del servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. pública y pretende establecer unos rangos de gasto fiscal sin recurrir a la discusión de la legitimidad, legalidad y sostenibilidad de las acreencias emitidas por el Estado de Colombia.
(…)mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, se introdujo al contenido normativo de la Constitución un “criterio” que pretende hacer de “la sostenibilidad fiscal” un supuesto “principio” que orientará a las ramas del poder público, dentro de sus competencias, en la toma de sus decisiones (…) al introducir esta reforma que modifica el artículo 334 de la Constitución, contentivo del modelo económico, aspira a que mediante la apertura de un “incidente de impacto fiscal”, posterior a la ejecutoria de la sentencia, proveniente de una alta corporación —órgano jurisdiccional “de cierre”—, se modulen o modifiquen, con el objeto de evitar serias alteraciones de la “sostenibilidad fiscal”” (Guerrero, 2012, pág. 81)
Como lo manifiesta Guerrero, en el anterior extracto, el acto legislativo 03 de 2011 en Colombia configura en el aspecto legal del país, las políticas de control fiscal y de la regla fiscal cuantitativa, subordinando directamente las decisiones judiciales bajo los argumentos de la sostenibilidad fiscal donde los derechos pueden ser negados y/o postergados en el tiempo, lo cual llega a traducirse en la violación de sus derechos facticos.
Esta ley atenta directamente con la división de poderes que rige en Colombia y trasgrede la progresividad de los derechos, como por ejemplo el caso de la reducción de los aportes de los pensionados al sistema de salud del 12 al 4% que aliviaría las cargas de millones de pensionados que con un salario mínimo no pueden gozar de una vida digna [1] como lo manifiesta Alirio Uribe es necesario que “[…] la Corte Constitucional le dé la razón a los más de 2 millones de pensionados que aspiran no seguir pagando con el salario mínimo actual la suma de $93.750 pesos, sino $31.250 con la rebaja del 12 al 4%” (Caracol Radio, 2018)
Ante la disputa por la progresividad de los derechos fundamentales de una capa tan vulnerada como son las y los pensionados en el país, el Congreso de la República aprobó la iniciativa, encabezada por los sectores políticos alternativos y de izquierda, acompasados por las constantes movilizaciones y manifestaciones públicas. Esta iniciativa legislativa fue objetada por el gobierno de Juan Manuel Santos aduciendo el impacto de sostenibilidad fiscal donde la decisión en última instancia fue tomada por la sala plena de la Corte Constitucional.

La sala plena de la Corte Constitucional negó la reducción de aportes de los pensionados, graficando así una violación de los derechos fundamentales, bajo el argumento de que al reducir los aportes de salud se estaría generando un hueco fiscal de por lo menos 3 billones de pesos invisibilizando que la partida presupuestal en Colombia para el sistema de salud se ha mantenido congelada y que el servicio de la deuda publica en el país -por ejemplo para el presupuesto del 2019- crecería aproximadamente un 29% es decir 14,5 billones de pesos aproximadamente, cinco veces más que el presupuesto necesario para garantizar la reducción de la prestaciones de salud de las y los pensionados.
Esta decisión de la Corte y de la Presidencia pone de manifiesto la violencia simbólica que se establece en las altas cortes bajo los instrumentos teóricos del Public Choice y que concretizan el aumento y/o manutención de la violencia estructural de las y los pensionados que tendrán que seguir aportando, el 12% y no el 4% como era la propuesta, negando el alivio de las altas cargas y necesidades económicas.
Esta violencia simbólica subordina a los altos funcionarios del Estado, quienes muchas de las veces pretenden que los postulados económicos estén por encima de una visión ideológica del mundo interiorizando unas normas rígidas que impiden la compresión compleja de una sociedad tan necesitada como la colombiana.

Presupuesto General de la Nación: La perpetuación del sistema austeritario en el país.

Aunque no se ha discutido y ratificado el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación PGN para el 2019 en el Congreso, nos basaremos en su estudio teniendo en cuenta las disposiciones contempladas en el artículo 351 de la Constitución Política, la cual impide el aumento de las partidas presupuestales en el congreso a menos que se expida una aceptación escrita directa del gobierno en manos del ministro correspondiente al sector a incrementar y, en el caso de las reducciones y/o eliminaciones, lo podrá hacer a excepción del servicio de la deuda pública, evidenciando la subordinación del poder legislativo ante el poder de los acreedores de la deuda pública, de nuevo la violencia simbólica consagrada en la Constitución, violencia que se interioriza y naturaliza.
El anteproyecto de PGN para el 2019 [2] es el segundo presupuesto de la Nación tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Este presupuesto afronta el empalme del gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el entrante de Iván Duque, que en primer lugar, está marcado por la continuidad en materia económica y en segundo lugar evidencia una contraofensiva del bloque de poder más retardatario en materia de violencia física [3] concentrada en la tenencia de la tierra como fuente de poder político sobre el valor económico, bajo la tendencia de la disputa del excedente en las economías periféricas y de características tan marcadas en nuestro país.
Es así como ante el escenario totalmente adverso en materia de violencia física que se vive en el país, atestiguaremos como el presupuesto para el año 2019 ratifica una austeridad que se concretiza en la reducción del gasto social mientras se vive una mayor absorción del gran capital por medio de la partida correspondiente al pago del servicio de la deuda pública.
El Presupuesto General de la Nación para el 2019 está en el contexto de la desaceleración de la economía a nivel internacional, la inestabilidad internacional por las políticas unilaterales Estados Unidos, el alza de la tasa de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. por parte de la Reserva Federal FED
Reserva Federal
Oficialmente Federal Reserve System, habitualmente abreviada en Federal Reserve o Fed, es el banco central de Estados Unidos. Fue creada el 23 de diciembre de 1913 mediante el Federal Reserve Act, también llamado Owen-Glass Act, tras varias crisis bancarias y el pánico bancario de 1907.
estadounidense, la devaluación Devaluación Modificación a la baja del tipo de cambio de una moneda frente a otras divisas. generalizada de las monedas de los países periféricos y la puesta en marcha de medidas económicas regresivas con respecto a la justicia social como: i) reformas tributarias, pensionales y laborales; ii) el aumento de la deuda pública; y, iii) la reducción del gasto social, entre otras medidas consagradas en las ya conocidas medidas de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. impulsadas por las Instituciones Financieras Internacionales -IFIS-.
Este contexto tanto nacional como internacional está marcado por una nueva etapa de acumulación y concentración de capital trayendo consigo múltiples y diversas consecuencias para los países periféricos que pasan por aspectos económicos, sociales y claramente políticos, aspectos que pueden ser rastreados desde el año 2014 en nuestra región con las múltiples convulsiones de los llamados gobiernos progresistas, el deterioro de las condiciones sociales y el profundo menoscabo de las condiciones económicas.
En la siguiente tabla es posible atestiguar los presupuestos por sector del 2018 y el 2019, su crecimiento porcentual y su variación con el fin de identificar tácitamente las características de este y las prioridades del Gobierno Colombiano.
Tabla 1 Presupuesto General de la nación 2018 y 2019 en Colombia en miles de millones de pesos colombianos
Tabla elaborada a partir de (Ministerio de Hacienda, 2018; Galindo & Gómez, 2017)
En la anterior tabla se observa como el servicio de la deuda pública ostenta la mayor destinación presupuestal en Colombia, con una variación porcentual entre el 2018 y 2019 de 29,63, que equivale a 15,184 billones de pesos; siendo aproximadamente 4,6 veces el incremento en pesos del sector de educación, 4 veces el incremento de salud y protección, más de 3000 veces el incremento de ciencia y tecnología, y más de 15.000 veces el presupuesto de Ambiente y desarrollo sostenible.
El incremento del servicio de la deuda pública en el PGN 2019 es alarmante en tanto que guarda una gran diferencia con respecto a los sectores dirigidos a la satisfacción plena de los derechos de las y los colombianos; esto sin contar con los sectores que se ven golpeados directamente por el autoritarismo del gobierno los cuales son el sector del Trabajo con una reducción de 564.000 millones, la Registraduría con 523.000 millones, y la Cultura con 16.000 millones, entre otros sectores que se ven relegados de una asignación presupuestal tan necesaria para un escenario de posacuerdo en Colombia.
Las anteriores reducciones de las partidas presupuestos en Colombia van en contravía de la Constitución colombiana, la cual consagra la progresividad de los derechos, con clara direccionalidad como el caso de la reducción del presupuesto hacia las registradurías en el país como mecanismo para frenar aún más las consultas populares y cualquier manifestación de democracia directa desde la sociedad.
La siguiente grafica evidencia el incremento de algunos sectores del PGN 2019 con respecto al 2018 y su diametral asimetría.
Gráfica 1 Incremento en pesos del presupuesto general de la nación 2018-2019 para algunos sectores en miles de millones.
Elaborada a partir de (Ministerio de Hacienda, 2018; Galindo & Gómez, 2017)
Es preocupante como el Gobierno colombiano impone por medio de la violencia simbólica de la ley un presupuesto totalmente inequitativo, que para el año 2019 absorberá más del 25% del presupuesto total, transfiriendo grandes masas de dinero al pago del servicio de la deuda publica mientras los derechos se ven cada vez más violentados y desfinanciados perpetuando e incrementando la desigualdad en el país que según algunas organizaciones internacionales somos el segundo país más desigual de américa latina y el caribe tras Haití.

Conclusión

Si bien el anteproyecto del PGN 2019 hace parte de las últimas disposiciones del gobierno del expresidente Juan Manual Santos, observamos con preocupación los recortes presupuestales a sectores destinados a garantizar derechos fundamentales de la población, recortes que tendrán la aquiescencia tanto del ejecutivo en cabeza de Iván Duque como por parte de las mayorías legislativas del Centro Democrático y sus partidos aliados. Es por esto que tenemos la responsabilidad de socializar y publicitar las discusiones en torno a este Anteproyecto de Presupuesto, y en las calles reclamar nuestros derechos.

Bibliografía

Caracol Radio. (02 de Julio de 2018). Pensionados piden a la Corte Constitucional reducir sus aportes en salud. Obtenido de Caracol Radio: http://caracol.com.co/radio/2018/02/07/judicial/1518026506_677805.html
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Guerrero, Á. (2012). Sostenibilidad fiscal y principios en el Estado Social de Derecho. Criterio Juridico, 79-126.
Ministerio de Hacienda. (13 de Abril de 2018). Anteproyexto PGN 2019. Obtenido de Ministerio de Hacienda: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-102091%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
Noticias RCN. (26 de Julio de 2018). ONU: muertes de líderes sociales dificulta la consolidación de la paz en Colombia. Obtenido de Noticias RCN: https://noticias.canalrcn.com/nacional-pais/onu-muertes-lideres-sociales-dificulta-consolidacion-paz-colombia