Plataforma Distrito Cero

lunes, 28 de enero de 2019

Rusia condena cinismo de Londres ante situación en Venezuela

La Embajada de Rusia en Londres denunció la actitud cínica del Reino Unido ante la situación de Venezuela y recalcó el derecho de los venezolanos a elegir su futuro.
“En cuanto al enfoque del Reino Unido, parece especialmente cínico, ya que Londres, que habla formalmente de la necesidad de elecciones, de hecho, ya ha decidido por los ciudadanos del país [sudamericano], al declarar ilegítimo a [presidente venezolano, Nicolás] Maduro y al decir que [el líder opositor Juan] Guaidó es el hombre que puede sacar adelante a Venezuela”, dijo a los periodistas un portavoz de la embajada de Rusia en Londres, según publicó el domingo la agencia de noticias rusa Sputnik.
El portavoz ruso condenó también cualquier intervención extranjera en Venezuela y sostuvo que el pueblo venezolano es quien tiene derecho a decidir el futuro de su país.
Según el alto cargo ruso, la situación actual de países como Siria o Libia muestra a lo que puede “llevar esa retórica, tanto para las naciones en cuestión, como para la reputación de la diplomacia británica”.
También avisó que desconocer al presidente legítimo de un país y reconocer como presidente encargado a un individuo como el opositor Juan Guadió —jefe de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela declarada en desacato —que se autoproclamó el miércoles “presidente encargado”, constituye una injerencia descarada en los asuntos internos y una flagrante violación del derecho internacional.

En cuanto al enfoque del Reino Unido, parece especialmente cínico, ya que Londres, que habla formalmente de la necesidad de elecciones, de hecho, ya ha decidido por los ciudadanos del país [sudamericano], al declarar ilegítimo a [presidente venezolano, Nicolás] Maduro y al decir que [el líder opositor Juan] Guaidó es el hombre que puede sacar adelante a Venezuela”, dijo a los periodistas un portavoz de la embajada de Rusia en Londres.

Finalmente, el diplomático ruso aseveró que la Administración rusa está dispuesta a colaborar con “todos los actores de la comunidad internacional que comparten nuestra convicción de que se debe buscar acuerdo entre distintas fuerzas políticas venezolanas”.
Las declaraciones del portavoz ruso se producen después de que el sábado España, Francia, Alemania y El Reino Unido dieran un ultimátum de 8 días al Gobierno legítimo del presidente actual, Nicolás Maduro, para que convoque elecciones en Venezuela.
Países antimperialistas como Bolivia, Cuba, México, Rusia, Irán, China y Siria defienden la legitimidad de Maduro y, tras denunciar la medida de la oposición, han anunciado su respaldo al país bolivariano.
De hecho, Rusia y China bloquearon el sábado un proyecto de declaración de EE.UU., favorable al golpista Guaidó, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) sobre Venezuela.
fmd/mjs/nii/

Siria lanza ataques de represalia contra terroristas en Idlib y Hama

El Ejército sirio lanza operaciones contra posiciones terroristas en las provincias de Hama e Idlib, en respuesta a sus violaciones de la tregua vigente.
Según informó el domingo la agencia siria oficial de noticias SANA, las fuerzas del Ejército destruyeron posiciones fortificadas y atacaron concentraciones de terroristas en el campo norte de Hama y en el campo sur de Idlib (noroeste) en represalia por sus repetidas violaciones del acuerdo de la zona desmilitarizada, establecida por Rusia y Turquía en el noroeste del país árabe.
Citando a su reportero en el terreno, SANA explicó que el Ejército del país árabe llevó a cabo bombardeos concentrados contra posiciones del grupo terrorista el Frente Fath Al-Sham (antiguamente conocido como el Frente Al-Nusra) y contra sus grupos afines en la ciudad de Al-Tamana, sur de Idlib.
El reportero agregó que muchos terroristas murieron en los bombardeos y otros resultaron heridos.
Rusia y Turquía acordaron en septiembre crear en Idlib una zona desmilitarizada de 20 kilómetros entre el Ejército sirio y los grupos armados, pero las bandas extremistas siguen fortaleciendo sus posiciones y están volviendo a desplegar en la provincia armas pesadas y dispositivos bélicos ya retirados en aplicación del acuerdo.
A pesar de dicho pacto, desde el sur de Idlib se lanzan continuos ataques a las posiciones de las Fuerzas Armadas sirias, a los que el Gobierno responde con bombardeos limitados. Fuentes cercanas al Ejército sirio denuncian que el acuerdo se viola diariamente debido a que Turquía no ha cumplido sus compromisos.
El mismo domingo algunos medios de comunicación sirios informaron de que el Ejército ha enviado equipos militares, entre ellos, tanques hacia Idlib y Hama para reforzar aún más las capacidades de las fuerzas sirias.
Salvo Idlib y muy pocas zonas de la provincia oriental de Deir Ezzor, el Ejército sirio ha recuperado todo el terreno perdido tras la ofensiva terrorista.
snz/mjs/nii/

Los Primeros: Irán posee la mejor flota submarina de la región

Irán es la primera potencia de la región y del mundo islámico en cuanto al número de submarinos y la capacidad ofensiva submarina.
Durante la era Pahlavi, Irán no solo no poseía la tecnología necesaria para construir submarinos, además el shah Mohamadreza Pahlavi, que compraba todo tipo de armamento, no mostraba ningún interés en la compra de submarinos.
Pero en 1976, el Shah compró el primer submarino de Irán, un submarino estadounidense de segunda mano llamado "Tiburón", de hacía 20 años, retirado del servicio por la Marina estadounidense. Cuando fue trasladado a Irán, los estadounidenses se encargaron de repararlo. Pero en los años posteriores a la guerra impuesta por Irak (1980-1988) Irán logró fabricar su propio submarino por primera vez.
En 2006, los expertos iraníes construyeron el submarino de la clase Ghadir, diseñado específicamente para operaciones en el Golfo Pérsico y el golfo de Omán.
Hoy, en términos de número de submarinos y capacidad ofensiva submarina, Irán es la primera potencia regional y del mundo islámico y, además, ocupa el quinto puesto en el mundo después de Corea del Norte, China, Estados Unidos y Rusia.
mrg/nii/

Redescubriendo al caudillo del sur

Para el general Emiliano Zapata Salazar (1919-2019) el objetivo era claro, enfrentarse al gobierno opresor de Porfirio Díaz o morir alcanzando la justicia de los mexicanos que estaban siendo despojados de sus tierras, por ello, a este personaje se le asocia con la lucha campesina, la indignación y la sublevación ante el Estado.
A 100 años de su asesinato, México recuerda y levanta en aras de victoria al caudillo del sur; en especial, el nuevo gobierno, que lo ha tomado como símbolo por sus ideales.
Pero, ¿qué hace a Zapata un personaje tan fascinante para quienes lo utilizan como un estandarte de libertad? ¿Por qué sigue siendo actual la figura de este hombre nacido en Anenecuilco, Morelos? ¿Acaso no es más mito y leyenda y se ha dejado la realidad de lado?
“Creo que Zapata es muy interesante, porque es uno de los líderes revolucionarios que nunca se corrompió, nunca fue absorbido por el poder, eso lo distingue”, asegura Pablo Piccato, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Columbia.
El académico explica por qué la admiración hacía Zapata trasciende generaciones, convirtiéndolo en un nuevo ícono pop, además de que también su centenario luctuoso es un motivo para investigar más sobre la vida del caudillo.

“Incluso, antes de su muerte, el significado del Zapatismo se había metamorfoseado, empezando con la rebelión en Morelos contra Madero, donde Zapata significaba este movimiento de campesinos defendiendo su autonomía y su tierra, y luego la resistencia contra el ejército federal. Todos los revolucionarios de otras regiones lo veían como una especie de líder moral”
- Pablo Piccato
Historiador

El 8 de agosto se conmemorarán 140 años de su natalicio y el 10 de abril, 100 años de su deceso en una emboscada a mano armada.

La institucionalización del revolucionario

A pesar de la caída del revolucionario, su legado continuaría con su ejército. En ese entonces, se empezó a correr el rumor de que Zapata seguía vivo e iniciaron las leyendas que acompañarían al mito hasta la actualidad.
“Luego tenemos el movimiento de Chiapas, en el 94, que transformó un poco el mito de Zapata en este símbolo de una rebelión indígena, antiautoritaria y armada, no tanto enfocada en la cuestión de las tierras”, recuerda Piccato, al hablar del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

La Cámara de Diputados trabaja en el proyecto de la emisión de la presea “Emiliano Zapata para luchadores sociales”

Para el profesor de Historia, el hecho de que el nuevo gobierno federal decida conmemorar a lo grande el centenario luctuoso de Zapata, lo obliga también a rescatar los valores e ideas de la Revolución.
“Zapata funciona como esta forma de invocar la continuidad de la tradición revolucionaria, de decir ‘este gobierno es heredero de ese movimiento’, de alguna manera, pero que no es a través de la historia de bronce, del PRI, de toda esa tradición que se había apropiado del personaje, sino de una forma más directa y que involucra acción de la sociedad”, comenta el experto.

Momento de conocer a Zapata

¿Hay una idealización en torno al revolucionario? ¿Falta cuestionar su figura ante la historia? Con motivo de los 100 años del asesinato del caudillo del sur, Piccato cree que es el tiempo idóneo para explorar a fondo a este campesino convertido en luchador social.
“Está bien celebrar a un personaje que consideramos importante, pero parte de esa celebración, en mi opinión, debería incluir estudiarlo, aprender más de lo que hizo, publicar los trabajos que se han escrito sobre él”, expresa el estudioso, vía telefónica.
Como académico, Piccato reconoce que existe una amplia bibliografía del caudillo, por lo que sería justo hacer visible todo ese material, así, el revolucionario, incluso, podría causar más repercusión en la actualidad.
“Hay muy buenos libros de historia sobre Zapata, hay que hacerlos accesibles a los lectores, que la gente sepa más sobre él no quiere decir que Zapata pierda interés, al contrario, mientras los públicos sepan más sobre lo que hizo y el mundo en el que vivió, más interesados van a estar”, opina el historiador.

¿El nuevo Che Guevara?

Zapata, ya sea como ideología, símbolo o personaje, ha impactado más allá de las fronteras de México, porque se ha convertido en un ícono cultural, en la imagen de un amante de la libertad y ejemplo a seguir bajo distintas razones.
“¿Qué significa Zapata en una playera de un chavo en Europa o en África o en Estados Unidos? Quien sabe, igual que como pasa con la imagen de el Che Guevara, van cambiando los significados de acuerdo con la forma en que son apropiados por distintos públicos”, comenta Piccato.
La ciudadanía mexicana, considera el profesor, retoma a Zapata por lo que ocurre en un presente convulso, en un país que pedía un cambio de poder y donde obtuvo la mayoría un partido de izquierda, a 100 años de la muerte del caudillo del sur.

“La sociedad se apropia de su pasado de manera que tiene que ver con las necesidades de su presente, eso es la memoria, pero tenemos que distinguirla de la historia. Cuando la gente recupera un símbolo como Emiliano Zapata, lo utiliza para enfatizar ideas o necesidades del presente, no necesariamente para reconstruir a la perfección ese pasado”
- Pablo Piccato
Historiador

RSP: El satélite ¿corrompido?

Las Redes Sociales Progresistas (RSP), la organización con la que Elba Esther Gordillo busca regresar a la escena política del país, se perfila para ser el partido satélite de Morena en las elecciones del 2021.
Y lo hará con liderazgos que han enfrentado situaciones polémicas; incluso, que han estado en prisión o se han visto envueltos en escándalos de corrupción.
Aunque se trata de una agrupación política que fue convocada y conformada en sus inicios por personas cercanas a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el proyecto político ha incluido a estos personajes.
El principal es Juan Iván Peña Neder, coordinador nacional de las RSP y uno de los autores del acercamiento con Morena.

Peña Neder estuvo preso un par de años acusado por su esposa de violación tumultuaria y a quien se acusa de haber tejido una red de corrupción para dar permisos de instalación de casinos, en el gobierno de Felipe Calderón

Esto contrasta con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, figura que las RSP han adoptado incluso en su identidad gráfica, mostrando el rostro del presidente de la República en sus reuniones y carteles.
Así como ocurrió en el 2005 cuando creó el partido Nueva Alianza, Elba Esther Gordillo volverá a echar mano del gremio magisterial para conseguir las 233 mil 945 firmas necesarias para llevar a RSP a convertirse en un nuevo partido político, que promete ser el principal aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador para la segunda mitad de su sexenio.

La cabeza polémica

La cercanía de Juan Iván Peña Neder y Elba Esther Gordillo quedó patente en las múltiples visitas que él le hizo en el penal donde la exlideresa magisterial purgó su tiempo en la cárcel, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El coordinador nacional de las Redes Sociales Progresistas tiene un lazo cercano con Gordillo y su familia y fue el artífice del acercamiento de estos con Morena, después del rompimiento de Peña Neder con el movimiento de López Obrador.
En 2006, Juan Iván Peña Neder coordinaba las Redes Ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato presidencial por primera vez.
Peña Neder estaba encargado de las labores de vigilancia en las casillas para los votos de López Obrador; sin embargo, la derrota electoral derivó en una ruptura de él con el movimiento del político tabasqueño, porque la indicación de Gordillo fue apoyar finalmente a Calderón.
Se incorporó entonces a la Secretaría de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón, como coordinador de asesores de Abraham González, subsecretario de Gobernación, desde donde salieron múltiples permisos a empresarios para instalar casinos.
Tras su paso por Gobernación, su exesposa, la abogada Talía Vázquez —quien llevó el caso de José Manuel Mireles— lo acusó del delito de violación tumultuaria, argumentando que varios hombres la obligaron a estar con ellos con el consentimiento de Peña Neder. Dos años después salió de la cárcel.
En octubre del 2013, Reporte Índigo publicó que aunque estaba en prisión, Peña Neder encabezaba una red criminal que traficaba con permisos falsos para casinos, como el que tenía el Casino Royale, en Monterrey, que se quemó en agosto del 2011 y donde fallecieron 52 personas.
Ya en libertad, Peña Neder retomó el vínculo con Gordillo, aun en prisión, y con su familia. La idea fue plantearle una forma de vengarse del PRI y de Enrique Peña Nieto, que la había encarcelado.
El proyecto fue tomando forma cuando convenció a Fernando González y René Fujiwara, yerno y nieto de Elba Esther Gordillo, de conformar un grupo que se acercara a López Obrador y le propusiera cuidar el voto, como en el 2006; con la diferencia de que en 2018, Gordillo sí buscaba el triunfo del tabasqueño.
Tejieron una red de miles de maestros y simpatizantes en todo el país, que cuidaron los votos, mismos que ahora buscan conformar el partido político de Gordillo.

En 2006, Juan Peña Neder coordinaba las Redes Ciudadanas de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato presidencial por primera vez

El triunfo de López Obrador les abrió las puertas para ponerse en el camino de ser el principal aliado de Morena para las elecciones intermedias del 2021.

Las caras visibles

Las caras más visibles de las RSP son Fernando González Sánchez, su coordinador nacional de operación política; y René Fujiwara, asesor de González.
Ambos son familiares de Elba Esther Gordillo: González es esposo de su hija, Maricruz Montelongo; y Fujiwara es hijo de René Fujiwara Apodaca, ex esposo de Montelongo.
Desde 2017, la RSP se subió a la ola de apoyo al hoy presidente López Obrador y le granjearon apoyos del magisterio inconforme con la reforma educativa y con la situación en el SNTE.
Utilizando el mismo esquema de conformación del Partido Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas comenzó ya con el camino para convertirse en un partido político nacional.
Para ello ha organizado células en cada uno de los estados, en los que representantes de RSP —maestros, en su mayoría— trabajan en las bases sociales, en colonias y barrios, consiguiendo apoyos para el nuevo partido.
De consolidarse como un partido político, las RSP han marcado una línea: serán acompañantes del presidente, pero no serán incondicionales de Morena.
En su postura han adoptado líneas discursivas de López Obrador, lo que les ha hecho ganar el apoyo de amplias bases del magisterio y sus comunidades.
En la convención donde decidieron solicitar su constitución como nuevo partido, González trazó la ideología del nuevo partido.

“Cada generación dice lo mismo; pero en esta en particular, en que se observa definitivamente un cambio de era, un cambio de régimen, se requiere la voluntad y la conciencia de muchas personas de buena fe, de buenos sentimientos, que asuman que el crimen no es normal y la corrupción no es imbatible”, expuso

Fujiwara ha dejado claro el vínculo de las RSP con el magisterio, lo que casi les garantiza los apoyos necesarios para lograr el registro.
“Los maestros y los miembros de las Redes Sociales Progresistas eran víctimas de una política de acoso y de intimidación; esa era nuestra situación hace no más de un año”, recordó Fujiwara en su convención nacional.

Los decomisos de drogas a cargo del Ejército cayeron en el primer mes con AMLO

El decomiso de varias de las principales drogas en el país como cocaína, heroína y metanfetaminas, realizado por el Ejército Mexicano, cayó casi 100% durante diciembre de 2018 – primer mes del nuevo sexenio- en comparación con lo se había asegurado, en promedio, de enero a noviembre de ese mismo año.
Además los descubrimientos y erradicaciones de plantíos de amapola y mariguana disminuyeron más de 50%. Lo anterior, pese a que el número de personas detenidas y de armas de fuego aseguradas se mantuvo en niveles similares.
Así lo confirman los datos oficiales publicados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) correspondientes a su campaña permanente de operaciones contra el narcotráfico, y de operativos para reducir la violencia.
De acuerdo con la información, del 1 al 31 de diciembre de 2018 los militares decomisaron aproximadamente un kilogramo de cocaína, cifra que contrasta totalmente con los 210 kilogramos de este enervante que se habían decomisado mensualmente en promedio durante el año. La reducción es del 99.5%.
Un caso similar es el de la heroína, en donde los datos de la Sedena arrojan un solo kilogramo asegurado en diciembre, en contra del promedio mensual de 37 kilogramos que se tenía hasta ese momento. La reducción es del 97%.
En donde el desplome es del 100% es en el decomiso de goma de opio, donde no se reportó un solo gramo descubierto. El promedio mensual de enero a noviembre era de 7 kilogramos.
Hasta antes de diciembre, el Ejército reportaba un decomiso promedio mensual de 61.2 kilogramos de semillas de amapola y 71.7 kilogramos de semillas de mariguana. En diciembre, en los casos de ambos enervantes la cifra fue de un kilogramo decomisado.
Otra caída significativa es la de las metanfetaminas. De acuerdo con el reporte oficial, en diciembre el Ejército decomisó 5 kilogramos de este tipo de estupefacientes, una cantidad ínfima respecto al promedio mensual de enero a noviembre que fue de 1 mil 257 kilogramos. Es una reducción del 99.6%.
En diciembre el Ejército tampoco reportó el descubrimiento de algún laboratorio clandestino para fabricar drogas sintéticas. Hasta antes de ese mes el promedio en el año era de cuatro laboratorios al mes asegurados.
Del 1 al 31 de diciembre la Sedena reportó 8 mil 973 kilogramos de mariguana decomisada en distintos operativos. A diferencia de las otras drogas la caída no es tan dramática, aunque sí se trata de una baja del 45% en comparación con el promedio mensual, que hasta ese momento era de 16 mil 238 kilogramos descubiertos. Cabe señalar que la mariguana es el enervante que se decomisa en mayor proporción en México.
Por otro lado, el balance de la Defensa Nacional de diciembre también refleja caídas importantes en cuanto a la localización y destrucción de plantíos de droga, en el primer mes del nuevo sexenio.
En el caso de la mariguana se reportaron en diciembre 715 plantíos localizados, que es apenas la cuarta parte de lo que en promedio se venía localizando mensualmente. Las hectáreas destruidas de mariguana sembrada fueron 67, una reducción del 69% respecto al promedio mensual del mismo año.
El Ejército reportó la localización de 7 mil 166 plantíos de amapola (planta que es la base para la fabricación de distintas drogas como la heroína). Este número de plantíos es 60% inferior al promedio mensual localizado antes de diciembre. Las hectáreas de amapola destruida en diciembre ascendieron a 913, que es menos de la mitad del promedio mensual.
Cabe señalar que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha informado hasta ahora, por lo menos públicamente, algún cambio en la estrategia de combate al narcotráfico que pudiera explicar estos descensos. Fuentes federales indicaron que el descenso en los estupefacientes podría obedecer a una revisión o cambio en la lógica de despliegues.

La otra cara de la moneda: armas y detenciones

Contrario a lo ocurrido con las drogas, los operativos contra el narcotráfico desplegados por el Ejército Mexicano en diciembre dejaron un mayor número de detenidos y de armamento asegurado respecto al promedio del resto del año.
El reporte oficial muestra que en diciembre se detuvieron a 797 personas en el contexto de los operativos militares, cantidad superior al promedio mensual que era de 632 probables responsables.
Asimismo durante diciembre fueron aseguradas 199 armas de fuego cortas, que equivale a un incremento del 18% respecto al promedio mensual de enero a noviembre. Y el número de armas largas decomisada fue de 254, que es prácticamente el mismo nivel que el promedio de los meses anteriores.
Los operativos militares también dejaron un saldo de 72 mil 224 cartuchos de armas de fuego de distintos calibres asegurados, que son casi 8 mil cartuchos más por encima del promedio mensual. En donde sí hubo una reducción fue en cuanto a las granadas decomisadas, pues se decomisaron 15, casi la mitad del promedio mensual que es de 29.
Otro renglón en el que hubo un incremento es en el dinero asegurado en moneda nacional, producto de los operativos militares contra el narcotráfico. De acuerdo con el reporte de la Sedena, durante diciembre se aseguraron 3 millones 401 mil 787 pesos, que es más del doble del promedio mensual conseguido entre enero y noviembre.
Caso contrario fue el del dinero asegurado en moneda extranjera, donde el reporte fue de 42 mil dólares decomisados en diciembre, que es menos del 10% de lo que en promedio se aseguró mensualmente en el resto del año.
Por otro lado, en el mes de diciembre se descubrieron dos pistas clandestinas presuntamente utilizadas para el transporte de drogas.

Saldo blanco en operativos

La Secretaría de la Defensa Nacional también actualizó el reporte del personal militar que ha fallecido en el contexto de la campaña permanente de combate al narcotráfico y a la posesión de armas prohibidas. Se confirmó que durante diciembre no se registraron bajas en los operativos implementados.
De esta forma, el Ejército Mexicano cumplió tres meses consecutivos con saldo blanco en esta estrategia. El ultimo deceso ocurrido data del 30 de septiembre de 2018, cuando un efectivo de infantería adscrito a un batallón de policía militar perdió la vida por impactos de arma de fuego en Badiraguato, Sinaloa.
En total durante 2018 se reportaron once elementos del Ejército Mexicano que murieron en el contexto de estos operativos. En comparación con 2017, donde se registraron 39 decesos de elementos, es una reducción de casi el 80% en cuanto a las fatalidades.
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Estafa Maestra: Exsubsecretario de Sedatu firmó convenio con el que presuntamente se desviaron 185 mdp

Uno de los involucrados de más alto rango con presunta responsabilidad en La Estafa Maestra es el exsubsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu, Enrique González Tiburcio. Él firmó el convenio general con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016, que dio origen al presunto desvío de 185 millones de pesos.
Lo anterior, a través de “simulación de contrataciones y presentación de servicios”, comprobantes “apócrifos”, triangulación de recursos con empresas “de papel” involucradas con otras universidades y hasta pagos a funcionarios de 23 dependencias de gobierno.
Leer: Funcionarios involucrados en la Estafa Maestra no deben trabajar en el gobierno: AMLO
Estas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría forense 196-DS, por la cual interpuso una denuncia penal ante la entonces PGR el 29 de octubre de 2018.
Este sábado, el periódico Reforma reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó imputaciones antes jueces federales en contra del exsubsecretario González Tiburcio y el exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez. Pero ambos interpusieron un amparo, previo a la fecha de sus comparecencias previstas para el 15 de enero de 2018.
De acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 6 exfuncionarios fueron vinculados a proceso, y 64 más son investigados por su probable participación en el esquema de desvío de recursos públicos documentados en la investigación periodística La Estafa Maestra en ésta dependencia, y cuyo presunto fraude asciende a 839 millones de pesos.
El exsubsecretario González Tiburcio fue un funcionario cercano a Rosario Robles, la extitular de Sedesol y Sedatu, toda vez que sus nombramientos dependían directamente de ella, según el reglamento de ambas dependencias. En Desarrollo Social fue coordinador de asesores de la secretaria entre el 1 de enero de 2013 y agosto de 2015. Cuando ella fue reubicada en Desarrollo Agrario, él también se integró a su administración en un puesto aún más alto: subsecretario, hasta noviembre pasado.
Leer: Hacienda se basará en casos como La Estafa Maestra para detectar fraudes y corrupción
Él, junto con otros 11 funcionarios que firmaron convenios que terminaron en el presunto desvío de recursos públicos, trabajaron en ambas dependencias durante la administración de Rosario Robles, como reveló Animal Político en octubre pasado.

El convenio

El convenio SEDATU-UPFIM/SOT/05/2016 entre la Sedatu y la universidad Francisco I. Madero firmado por González Tiburcio, obtenido por Animal Político vía transparencia, tiene fecha del 4 de enero de 2016, cuatro meses después de haber llegado al cargo en la dependencia.
Su objetivo fue “la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, en cumplimiento de sus fines institucionales”.
Leer: La Estafa Maestra: Juez niega a MCCI coadyuvar en investigación de PGR sobre desvíos en Sedesol y Sedatu
En el documento se explica que para cumplir el objetivo se firmarían convenios específicos de colaboración y anexos de ejecución. Y así fue, el primero de ellos fue el número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016, del 2 de febrero de 2016, firmado por Armando Saldaña Flores, exdirector general de Ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo, quien dependía directamente de González Tiburcio, de acuerdo al organigrama de la dependencia en ese año.
Además, Saldaña es otro de los funcionarios que repitió cargo en ambas dependencias. En Sedesol fue director general adjunto de Operación de programas, entre el 1 de enero de 2013 y septiembre de 2015, según su declaración patrimonial en Declaranet.
La Universidad supuestamente haría el “servicio profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de mecanismo de operación para la ejecución de los programas y acciones para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, en cumplimiento de sus fines institucionales”.
En el anexo se explicaba que el monto máximo para ello era de 224 millones de pesos. Aunque la Auditoría Superior de la Federación detectó que sólo se gastaron 185 millones de pesos, que en su totalidad fueron considerados como “probable daño al erario”, porque los auditores detectaron una serie de irregularidades, y ni la Sedatu ni la Universidad pudieron demostrar que los servicios se hicieron.
Aunque en el anexo se advierte que la Sedatu tendría “las más amplias facultades para supervisar la correcta ejecución del servicio” durante la vigencia del convenio, es decir, del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2018, y pese a las irregularidades detectadas por los auditores posteriormente, la Secretaría sí pagó a la universidad por los supuestos servicios.
El funcionario de Sedatu encargado de liberar los recursos fue Francisco Javier Báez Álvarez, entonces director general de Programación y presupuesto, dependiente del Oficial Mayor, es decir, de Emilio Zebadúa, quien también había sido su jefe, pues ambos tuvieron exactamente el mismo cargo tanto en Sedesol como en Sedatu.
De acuerdo con la información del periódico Reforma, Báez Álvarez es el otro funcionario por el que la FGR interpuso imputaciones ante jueces, y quien también se amparó previo a comparecer.

**Las simulaciones para perder recursos públicos**

La ASF comprobó que las empresas que recibieron recursos de este convenio también estuvieron involucradas en otros convenios con distintas universidades, mediante los cuáles también se desviaron recursos públicos de la Sedatu.
Ese es el caso de Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V., que fue subcontratada por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero para cumplir con el convenio y recibió 139 millones 117 mil pesos. Si embargo, ésta transfirió recursos a compañías que también fueron subcontratadas por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), también para supuestos servicios a la Sedatu.
Además, entregó 63 millones de pesos a personas físicas que supuestamente hicieron los trabajos, pero en el análisis de las cuentas la Auditoría detectó que dichas personas, y otras empresas que también recibieron dinero, lo transfirieron a la compañía Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR.
Bestil tiene la misma dirección fiscal que otras siete empresas, de las cuales tres recibieron recursos de este convenio: Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A., “subcontratada” directamente por la Universidad y que cobró 139 millones 117 mil pesos. Y las empresas supuestamente subcontratadas por VICMA: Servicios Myla, S.A. de C.V., que recibió 33 millones de pesos, y Acabados Constrarq, S.A. de C.V., 21 millones.
Otra irregularidad es que la Universidad pagó 10 millones de pesos a 37 funcionarios en activo y 32 exfuncionarios públicos de distintas dependencias. Sin embargo, la Auditoría confirmó que dichos funcionarios en servicio no pudieron haber cumplido con el contrato, porque “hacía incompatible la prestación de los servicios por los periodos, ubicación y horarios de ejecución de los trabajos a desarrollar, entre los que se encuentran: directores y subdirectores de área, jefes de departamento, asesores, administradores, policía federal, agente de migración, auditor fiscal y verificador”.
Lee: Utilizan a empleados de Hacienda, Pemex, Segob y Sedena para triangular recursos de Sedatu: Auditoría
La empresa VICMA entregó como supuestos comprobantes el levantamiento de un padrón de usuarias de los servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort y municipios aledaños, supuestamente realizados del 3 de febrero al 10 de octubre de 2016. Sin embargo, estos datos tienen 98.6% de coincidencia con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco a la Sedatu.
En tanto, en el Manual de Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del mismo centro de mujeres, “se observó que su contenido es semejante al entregable generado por la Universidad Intercultural de Sinaloa”.
Por ello, la Auditoría concluye que la aplicación de los recursos es irregular, pues la información y documentación proporcionada por la Universidad no sustenta ni acredita fehacientemente el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales.
La segunda empresa subcontratada por la Universidad fue Contabilidad y Soluciones INNER, S. A. de C. V. Recibió 42 millones 841 mil pesos, pero ésta entregó el dinero a otras siete empresas, que también son supuestas proveedoras de otro convenio irregular, el de la Sedatu con la Universidad Politécnica de Chiapas.
Al comprobar la realización de los servicios, la Auditoría aseguró que “aunado a la subcontratación, se detectaron irregularidades que evidencian simulación y elaboración de información y documentación presumiblemente apócrifa, con la que se pretendió acreditar los servicios prestados”.
Además, aunque la empresa Contabilidad y Soluciones INNER está legalmente constituida, cuando los auditores acudieron a la dirección fiscal señalada ante el SAT y en las facturas, las personas entrevistadas “desconocen su existencia, por lo que se presume que únicamente existen en papel, sin estructura ni personal”.
La auditoría pudo ubicar a Noemí T., quien aparece como accionista mayoritaria y administradora única de la empresa referida, y firmante del contrato con la UPFIM, pero “manifestó no fungir como representante legal ni administradora única de Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V.; negó haber tenido contacto con servidores públicos de la universidad y, por tanto, no reconoció como suyas las firmas consignadas en el contrato de prestación de servicios”. Por ello, interpuso una denuncia de hechos en septiembre de 2017 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, contra quien resulte responsable por haber utilizado su nombre para estos documentos.
La Estafa Maestra reveló un sistema de corrupción en el que dependencias de gobierno hicieron convenios con universidades públicas por 7 mil millones de pesos, para evadir la obligación de hacer licitaciones para contratar servicios. Sin embargo, las instituciones de educación subcontrataban a empresas que resultaron ser fantasma y, por lo tanto, los servicios no se cumplieron y el dinero desapareció.
El esquema fue repetido durante todo el sexenio, y aunque la investigación periodística sólo se centró en los convenios firmados entre 2013 y 2014 -entre 11 dependencias federales- se tiene evidencia que este esquema inició desde 2011, por convenios que suman más de 30 mil millones de pesos.
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Despenalizar el aborto les quitaría responsabilidad a los jóvenes, dice Diputada de Veracruz

Marigraz Hernández, Diputada plurinominal del PAN, expuso que la despenalización del aborto es un tema en el que está en desacuerdo y que no va a cambiar de opinión. La respuesta de la legisladora se da ante el planteamiento de modificar los artículos 149, 150 y 154, del Código Penal de Veracruz, que criminalizan a las mujeres que soliciten la Interrupción Legal del Embarazo por violación o debido a una causa médica.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- María Graciela Hernández Iñiguez, Diputada plurinominal del PAN en el Congreso de Veracruz, aseguró que de legalizar el aborto en la entidad se fomentaría la irresponsabilidad en la juventud.
La Diputada electa por el principio de representación proporcional, expuso que es un tema en el que está en desacuerdo y que no va a cambiar de opinión al respecto, pues de legislarse sería motivo para dar menos responsabilidades a los jóvenes.

“Yo sé que hay casos que lógicamente el aborto es un tema, pues si es una violación si llega a inquietar como mujeres ese tema”, pero a “muchos jóvenes les quitaría responsabilidad”, declaró a medios locales.

La respuesta de Hernández Iñiguez se da ante el planteamiento de modificar los artículos 149, 150 y 154, Capítulo 5, del Código Penal de Veracruz, urgida por el subsecretario de Derechos Humanos federal, Alejandro Encinas.
Estos cambios evitarían la criminalización a las mujeres que soliciten la Interrupción Legal del Embarazo por violación o debido a una causa médica.
El argumento central de la legisladora es que, ante el panorama actual de la juventud, es complicado generar un sentido de responsabilidad, por lo que la aprobación a las modificaciones de las causas penales abonará a esa dinámica.

“Creo que hay muchos jóvenes que se les quitaría un poco de responsabilidad en el que, pues, de por sí ya nos cuesta que los jóvenes sean responsables y que nosotros todavía hagamos este tipo de legislación”, añadió.
“De forma personal, y respetando sobre todo los principios de mi partido, pues voy a estar en contra del aborto”, concluyó.

Apenas el pasado lunes, 21 de enero, las declaraciones de otra Diputada de la entidad generaron revuelo a nivel nacional, pues en ese caso proponían un toque de queda para las mujeres con el fin de disminuir las cifras de feminicidios en la entidad.
Ana Miriam Ferráez Centeno, legisladora emanada de Morena y Secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso local, expuso esta medida para “evitar más violencia”; la medida incluye que las mujeres no salieran de sus casa después de las 10 de la noche al menos durante tres meses.
Según el informe “Maternidad o Castigo. La criminalización del aborto realizado por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)”, en México cuatro mil 246 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto entre 2007 y 2016. Las entidades que encabezan el número de denuncias son: la Ciudad de México con 894; Baja California con 466; Veracruz, 416; Nuevo León, 339; e Hidalgo con 207.

Lydia Cacho: valor y valía

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un rasgo del nuevo gobierno es su voluntad de llevar a cabo actos de gran valor simbólico. El viernes 10 de enero el Estado mexicano, en boca de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho “por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo a la que fue sometida por agentes del Estado mexicano durante su detención, así como la violencia y discriminación”.
Esta luchadora feminista, comprometida apasionadamente en la difícil tarea de erradicar el abuso sexual a menores y la trata sexual, ha arriesgado –literalmente– su vida en ello. En 2004 publicó el libro Los demonios del Edén, donde denunció casos de pederastia y mencionó a varios personajes públicos. El empresario Kamel Nacif Borge, señalado como amigo y cómplice de Jean Succar Kuri, pederasta preso en Arizona, le puso una demanda en Puebla por difamación.
Lydia Cacho residía en Cancún, donde fundó el Centro Integral de Atención a Mujeres, una asociación sin fines de lucro, y hasta allí llegaron elementos policiacos de Puebla para trasladarla de manera ilegal a ese estado por orden del gobernador Mario Marín (PRI).
Lydia logró avisar de su detención ilegal –un secuestro de facto– y varias políticas feministas se movilizaron. Lucero Saldaña, entonces senadora del PRI por Puebla, reaccionó inmediatamente y se trasladó velozmente a la procuraduría de su estado, donde dos groseros agentes judiciales ya habían bajado a Lydia de manera amenazante a un interrogatorio. La llegada de la senadora del PRI le sirvió de protección y, para cubrir las apariencias, la presentaron acompañada no de los agresivos agentes con los que estaba sino de dos agentes mujeres. La oportuna llegada de Lucero Saldaña la salvó del horror que Kamel Nacif y el góber precioso le habían preparado. Por la protección que implicó su presencia, Lucero Saldaña recibió agresiones de algunos de sus correligionarios de partido, que calificaron su acto de “traición”. Sin embargo, muchísimas personas elogiaron su decencia y solidaridad, incluso muchos poblanos.
Probablemente muchos recuerdan el escándalo que estalló cuando se filtró la llamada telefónica entre Nacif y Marín (el góber precioso), en la cual el empresario le agradecía el favor que le hizo al detener a la activista. No obstante la gravedad de que un gobernador y una procuradora de justicia no respetasen los procedimientos judiciales y violaran los derechos de una ciudadana, la impunidad gubernamental se sostuvo. Aunque quedó fuera de la cárcel con una fianza, Lydia Cacho fue declarada formalmente presa por el gobierno de Puebla y tuvo que esperar un proceso judicial largo y complicado. Además, su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, pese a que la comisión presidida por el ministro Silva encontró que Mario Marín atentó contra los derechos humanos de la periodista y activista, el pleno de la SCJN pospuso su resolución sobre el caso. Tal vez esa es la razón por la cual, en el acto de disculpa, habló Alejandro Encinas y no Olga Sánchez Cordero, quien era ministra cuando esto ocurrió.
Cada sociedad produce sus figuras notables: personas a quienes admiramos por su valentía, capaces de comprometer sus vidas al defender las cosas que importan. Por eso se vuelven portavoces de utopías de justicia y funcionan como catalizadores sociales. Lydia Cacho es un ejemplo de una feminista dispuesta a enfrentar a los poderosos para defender a los más vulnerables.
El costo personal que ha pagado ha sido altísimo: ha tenido que vivir custodiada a causa de las amenazas de muerte y los atentados que ha recibido. Un incidente muy preocupante fue que le intervinieron una línea especial de teléfono a la que sólo podrían llegar a tener acceso los sofisticados equipos de la Marina o de los cárteles. Por consejo de asesores expertos en secuestros y ante el comentario de la exprocuradora general de la república, Marisela Morales (quien le dijo: “sería mejor que salieras unos meses del país”), Lydia Cacho decidió irse de México un tiempo. Así, además de ser una ciudadana extraordinariamente comprometida con su causa, se convirtió ella misma en una causa: la de la defensa a la libertad de expresión y el respeto al debido proceso.
Aunque Lydia Cacho se ha ganado el respeto, la solidaridad y el apoyo moral de muchísima gente, hacía falta la disculpa del Estado mexicano, que manda un mensaje imprescindible: no se va a tolerar a quienes desprecien la legalidad y los derechos humanos. Ante la dura tarea de acabar con la impunidad y la corrupción que nos asuelan, es de congratularse la disculpa de este gobierno.
Termino con parte de las palabras que pronunció Lydia Cacho en el acto: “Yo he perdonado a mis torturadores, no porque sea una buena persona ni porque el presidente nos pida a todas y todos que los perdonemos. Los he perdonado porque no permití jamás, como me enseñó mi madre, que colonizaran ni mi cuerpo ni mi espíritu”. ¡Brava!
Este análisis se publicó el 20 de enero de 2019 enla edición 2203 de la revista Proceso.

"Mi mafia en el poder"

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- ¿No habían prometido la separación entre el poder político y el poder económico? ¿No iban a desmantelar la mafia en el poder? ¿No iban a ir tras quienes han expoliado a México con la complicidad y la anuencia del gobierno? Esas eran las promesas de AMLO que muchos creyeron. Esas eran las posturas de la Cuarta Transformación por las que muchas votaron. Y por ello el desconcierto de tantos ante la decisión de empoderar, arropar y darle más negocios a Ricardo Salinas Pliego. Sí, el que se apropió ilegalmente del Cerro del Chiquihuite y el Canal 40. Sí, el demandado en Estados Unidos por las autoridades financieras ante el incumplimiento de sus obligaciones con accionistas minoritarios. Sí, el que recibió un préstamo de Raúl Salinas de Gortari para comprar Televisión Azteca. El miembro más emblemático del capitalismo de cuates que AMLO se comprometió a combatir.
Pero en lugar de ser investigado será encumbrado. En vez de ser acotado, será apuntalado. Es miembro del Consejo Asesor empresarial del nuevo gobierno que usará para abrirse nuevas oportunidades de negocios. Estará acompañado ahí por otros –como Olegario Vázquez Raña y Carlos Hank Rhon– conocidos por sus prácticas rentistas y oligopólicas. Ahora, por “invitación directa y sin contrato de por medio”, AMLO ha decidido que Banco Azteca sea el encargado de repartir las Tarjetas del Bienestar. Así nada más. Sin licitación transparente. Sin concurso público. Sin aval normativo, ya que esa asignación discrecional no es un mecanismo legal, por más que la Secretaría de Hacienda argumente que “no hay licitación porque los contratos de servicios financieros no están sujetos a la ley de adquisiciones”. La SHCP abusa al interpretar la legislación de esa manera. En efecto, para el pago de la nómina de los servidores públicos no se licita para elegir un banco; los usuarios deciden en qué banco se deposita su sueldo. Tienen la opción de elegir, como deberían tenerla en este caso. La decisión de darle el contrato a Banco Azteca es un decisión política y discrecional, y de esa manera debería interpretarse.
Y por eso es tan criticable. Corre en contra de las mejores prácticas que este gobierno debería promover; corre a favor de la concentración económica y la cuatitud que este gobierno debería confrontar. En el índice anual de capitalismo de cuates que publica The Economist, México ocupa el séptimo lugar, detrás de Rusia, Malasia, Singapur, Hong Kong y Filipinas. Estamos hasta arriba en la lista de sistemas económicos donde los dueños del capital se apropian de una parte importante de la riqueza; donde una porción significativa de ella es creada vía la extracción, no la innovación. A México lo mantiene maniatado un capitalismo subóptimo que no se basa en la competencia o la productividad sino en el favoritismo y la concentración.
Como lo ha explicado una de las mentes más brillantes detrás de la 4T –Gerardo Esquivel– al 1% más rico le corresponde el 21% de los ingresos y el 10% más rico concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. La riqueza de los millonarios mexicanos aumentó en 32% entre 2007 y 2012, y excede por mucho las fortunas de otros en el resto del mundo. Mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco. En 2002 su riqueza representaba el 2% del PIB; en 2014 ese porcentaje subió a 9%. Y en los cuatro primeros lugares están hombres que han hecho sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados y/o regulados por el sector público. Hombres como Ricardo Salinas Pliego, haciéndose rico a expensas de los consumidores, a expensas de los que compran una licuadora –por la que pagarán el resto de su vida– en Elektra, a expensas de los que cargan con comisiones usureras en Banco Azteca. Él y otros miembros del Consejo Asesor Empresarial, beneficiarios de un tipo de capitalismo disfuncional que premia a los cuates mientras exprime a la población.
Habrá quienes justifiquen esta nueva variante de la mafia en el poder, argumentando que Banco Azteca tiene la mayor presencia en el país y eso explica que se le otorgue el premio mayor. O que la relación personal entre el presidente y el empresario extractor no explica la decisión de darle más negocios. O que así se evitará el clientelismo producido por intermediarios, ya que el dinero llegará de manera directa. Pero si esgrimen estos argumentos olvidarán que Banco Azteca ocupa el noveno lugar en la lista de los 10 mejores bancos de México y el peor lugar en cuanto a la evaluación de sus Afores. Olvidarán que recibe el mayor número de quejas no atendidas por parte de usuarios reclamando malas prácticas de cobranza. Olvidarán que otros bancos tienen un número comparable de sucursales a lo largo del país. Ignorarán la trayectoria cuestionable de un empresario al cual presidentes “neoliberales” no quisieron ponerle un alto. Y por lo visto, el de AMLO tampoco.
En México, el nombre de Salinas Pliego es sinónimo de la rapacidad empresarial combinada con la ambigüedad ética: pocos dicen que es un criminal pero mucho afirman que es un abusivo. Y él será el congraciado de la Cuarta Transformación, evidenciando sus contradicciones. La concentración de la riqueza y el poder económico en un manojo de “jugadores dominantes” ha tenido efectos perversos para México: ventajas injustas, captura regulatoria, expoliación a consumidores, protección frente a la competencia y políticas públicas que favorecen intereses particulares. En campaña, AMLO aseguró que su gobierno atajaría los intereses atrincherados, pero parece que los favorecerá otra vez. Y a López Obrador no se le eligió para proteger intereses creados, blindar a grupos empresariales, darles nuevos negocios a los privilegiados del país de ganadores donde siempre ganan los mismos. Se votó por él para desarticular a la mafia en el poder, no para hacerla suya.
Este análisis se publicó el 20 de enero de 2019 en la edición 2203 de la revista Proceso.

Más de 242 mil víctimas de delitos de alto impacto, sólo en 2018

Al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, más de 242 mil personas fueron víctimas de delitos del fuero común, pero de los llamados de alto impacto: homicidio, secuestro, extorsión y robo. El gobierno de López Obrador recibió los indicadores con franca tendencia al alza.

Sin distingo de clases sociales, la violencia en México tiene impacto sobre más de 242 mil víctimas de delitos del fuero común, revelan las cifras oficiales publicadas en la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto. Entre los datos más “preocupantes” se registran 242 mil 256 “víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal”, en 2018.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, registra 45 mil 960 homicidios –al 30 de noviembre de 2018–, el último día del sexenio de Peña y un día antes de que ascendiera a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. De la lista mensual, julio es el que mayores víctimas tiene, con 4 mil 455 asesinatos.
Santiago Roel García, director de Semáforo Delictivo –un proyecto social ciudadano para promover la paz en México–, analiza la violencia en el país desde hace más de 20 años y asegura que el homicidio es el delito más grave, del que no se debe “perder el foco de atención”.
“Debe capturar nuestra atención el delito de homicidio y, dentro de éste, las ejecuciones del crimen organizado; son las mafias que se dedican al mercado de drogas”, enfatiza el especialista.
El responsable de Semáforo Delictivo indica que la violencia registrada en el país se centra en cuatro delitos de alto impacto –homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículo–, principalmente generados por el crimen organizado. Refiere que antes de la supuesta guerra contra las drogas que emprendió Felipe Calderón al inicio de su mandato, se tenía un registro de “2 mil ejecutados al año y, ahora, son por mes”.

Regular las drogas

Una de las formas de atenuar este panorama, indica, “es la regulación de las drogas; si no, nada va a funcionar y este es uno de los temas contemplados en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, de la administración entrante.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que recibe una “seguridad en ruinas y un país convertido en panteón. Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en niveles históricos de criminalidad y entre los países más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad”.

El Plan, comenta Santiago Roel, contempla todas las drogas que están generando mercados negros y mafias; no obstante todavía hay obstáculos, y entre ellos es que al momento de regularse la legalización se cometan excesos. “Sólo habrá que esperar a que no se haga un Frankenstein legislativo y por meterle controles gubernamentales se nos vuelva algo que no opere”.
El expresidente Felipe Calderón “toma una mala decisión: nos mete en esta guerra y empieza a subir la violencia y la corrupción de manera importante”, añade Roel García.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 advierte que la “guerra contra las drogas” escaló de un “problema de salud pública que representan sin duda las sustancias prohibidas hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública, en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en una violencia ya intolerable y en un problema de seguridad nacional, en la medida en que la presencia financiera, el poder de fuego, la capacidad operativa y la internacionalización de los cárteles se ha incrementado de manera sostenida”.
El documento también reconoce que pese a los asesinatos, la inversión en su combate, recursos consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia en la llamada guerra contra las drogas, “el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable”.
Y asegura que las muertes de capos, decomisos, “aseguramientos” de bienes, se han traducido en “recrudecimiento de la violencia, en violaciones a los derechos humanos y, a la postre, en procesos de fragmentación de las organizaciones criminales que multiplican la inseguridad y los padecimientos de las poblaciones”.

La industria del secuestro

El plan de seguridad del Poder Ejecutivo reconoce que la “diversificación de actividades desde el narcotráfico hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas es ya un fenómeno conocido en regiones como la costa del Golfo de México, la franja fronteriza y Michoacán y Guerrero”.
Las cifras heredadas del gobierno peñista, dan cuenta de 80 mil 319 secuestros a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Inegi documenta que en 2017 (año hasta el que se tiene contabilizado) el 58.4 de los secuestros por ciento de los delitos estimados, tuvieron una duración de 24 horas.
Alberto Enrique Nava Garcés, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) comenta que este delito también es uno de los que más preocupan, porque su incidencia anual no disminuye y afecta a todo tipo de personas: “Se cree” que el estrato de mayores recursos económicos es el único vulnerable, pero “el problema del secuestro ya pega en todos niveles sociales porque, simplemente, determinados grupúsculos de la delincuencia observan la posibilidad o el nicho de oportunidad para hacerlo”.
Este especialista advierte que, pese a las cifras de la Envipe, no hay una cultura de denuncia. La misma Encuesta Nacional destaca que entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad.
En efecto, el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2017, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra que sólo se han abierto 1 mil 54 carpetas de investigación por secuestro.
La Envipe también expone que, a nivel nacional, 65 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa; seguido del aumento de los precios y el desempleo.
Entre las conductas delictivas o antisociales más frecuentes, se encuentran: consumo de alcohol en la calle, consumo de droga, robos o asaltos frecuentes, homicidios, venta de droga, pandillerismo y detonaciones de arma de fuego.

Derechos humanos, en números rojos

Desde la declaración de la guerra contra las drogas, han sido años muy difíciles para México; sin embargo, el sexenio de Peña Nieto ha sido el más violento. Si tenemos que hacer una evaluación, en materia de derechos humanos está en números rojos”, asegura Lucía Chávez, directora de Investigación en Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, (CMDPDH).
La defensora de derechos humanos comenta que en la administración saliente hubieron “decisiones políticas, relacionadas con el tema de la militarización, que plantean serias dudas de compatibilidad con un Estado que se dice democrático, el sexenio quedó en números rojos, quedó mucho a deber en materia de seguridad”.
La organización defensora rechaza la creación de una guardia nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que “la creación de la Guardia Nacional es una comprobable amenaza a los derechos humanos”, indica a través de un comunicado público.
“La participación de militares en tareas de seguridad ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así como delitos como las privaciones arbitrarias de libertad, el asesinato, la tortura y la desaparición forzada. El uso indebido de sus atribuciones se ha dirigido principalmente en contra de civiles, a quienes les atribuyen su pertenencia a organizaciones criminales o su participación en actividades delictivas.
“Por ejemplo, de las 204 recomendaciones emitidas por la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] por violaciones graves a derechos humanos, específicamente tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales entre el 2006 y el 2017, en el 68.66 por ciento se reconoce a las Fuerzas Armadas como autoridad responsable”, expone la CMDPDH.

Impacto económico

Este clima de violencia e inseguridad ha significado un impacto negativo en el contexto nacional. Cifras del Índice de Paz México 2018 evidencian que el impacto económico que la violencia dejó en el país ascendió a 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares) sólo en 2017 (año en que se hizo el cálculo).
El documento, elaborado por el Institute for Economics and Peace, representa el 21 por ciento del producto interno bruto del país; es decir, fue ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces mayor que la inversión en educación en ese mismo año.
“El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia en 2017 fue el de homicidios, que representó 46 por ciento del impacto total. Esta cifra equivale a 2.18 billones de pesos o 10 por ciento del PIB [producto interno bruto] de México”, dice.
Érika Ramírez
[INVESTIGACIÓN][SOCIEDAD][SEMANA][D]

Ejército identifica 1 mil 648 tomas clandestinas en ductos de Pemex

El Ejército Mexicano ha identificado la existencia de 1 mil 648 tomas clandestinas en ocho ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó esta mañana en la conferencia de prensa el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Homero Mendoza.

El ducto Tuxpan-Azcapotzalco es el que más tomas clandestinas, 636. De éstas, 184 ya fueron localizadas, 281 permanecen como no localizadas y 171 no fueron reportadas por Pemex pero el Ejército las encontró.
A éste le siguen: el ducto Tuxpan-Tula, con 441 tomas de ordeña de combustibles; Tula-Salamanca, con 356; Salamanca-Guadalajara, con 104; Matamoros-Cadereyta, 58; Minatitlán-México, con 38; Cadereyta- Madero, 33; y Salamanca-Morelia, con 18.

En pos de una verdadera reforma laboral

En el periodo de transición de 2012, a tres meses de concluir su gobierno, el panista Felipe Calderón Hinojosa envió al Congreso una iniciativa de reforma laboral con carácter de “preferente” que puso en alerta al sindicalismo independiente del país por los riesgos que implicaba a los derechos laborales de millones de trabajadores, esta imposición fue apoyada por legisladores del PRI.

Como sucedió de manera recurrente con el amasiato de neoliberales panistas y priístas, nunca se escuchó a los directamente afectados; es decir, a los trabajadores ni tampoco a los sindicatos y a los expertos en derecho laboral que advirtieron del franco retroceso que significaba aprobar de manera irresponsable una reforma con marcados tintes empresariales.
Un traje hecho a la medida de los intereses del capital que borró de un plumazo las conquistas laborales plasmadas en la Constitución de 1917 y que en su artículo 123 establece el derecho a huelga, a la seguridad social y un salario remunerador que permitiera a los trabajadores otorgar un nivel de vida decoroso a sus familias.
En la iniciativa de Calderón, mejor conocida en su momento como Ley Lozano por atribuirse la paternidad de tal estropicio jurídico al exsecretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se dejaban intactos los cimientos del corporativismo priísta, así como la inmunidad de los contratos de protección y, en aras de flexibilizar el mercado laboral, se permitía la existencia de contratos de prueba y capacitación inicial, la legalización de las tercerizadoras y su modelo de encubierta esclavitud plasmado en las outsourcings.
Cuando de la mano de PRI y PAN votaron de forma mayoritaria por esta contrarreforma en perjuicio de millones de trabajadores, no tuvieron empacho en asegurar que se fomentarían empleos estables y bien remunerados, lo que fue una broma de mal gusto si se toma en cuenta que Calderón, el fallido presidente del empleo, se preocupó más por bañar de sangre al país en su guerra contra el narcotráfico, que en fomentar el trabajo digno y respetar las fuentes de empleo; la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que envío de la noche a la mañana a la cesantía a 44 mil agremiados del SME, y el inesperado cierre de Mexicana de Aviación fueron dos de los casos más representativos que auguraban malos tiempos para la clase trabajadora del país.
Al tomar posesión el primero de diciembre del 2012, Enrique Peña Nieto dio la instrucción de iniciar sin dilaciones la aplicación de la reforma laboral que al final de su sexenio quedó a deber, como Calderón, las promesas de más empleos y mejores condiciones de vida para los mexicanos, su gobierno terminó embrollado con las leyes secundarias que deberían regular su propia reforma aprobada en febrero de 2017 en el Congreso.
Como se recordará, la pasada administración elaboró la reforma de 2017 como una condición y requerimiento para negociar el llamado TPP, Acuerdo Transpacífico, que se vino abajo con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadunidense. De hecho, en diciembre de 2017, los entonces senadores priístas Isaías González Cuevas, de la CROC, y Tereso Medina, de la CTM, buscaron dar un madruguete legislativo proponiendo una iniciativa para echar a andar esta reforma en condiciones todavía más lesivas que las de la contrarreforma panista de 2012.
La traición a la clase trabajadora fue de tal gravedad que incluso al interior del feudo cetemista se pidió la expulsión de Tereso Medina. Al final este nuevo atentado a los trabajadores no caminó y quedó varado en el Congreso, como también la ratificación del Convenio 98 de la OIT, relativo a libre sindicalización y a la negociación colectiva.
Tras los resultados electorales de julio pasado, el anquilosado esquema político se vino abajo abriendo las puertas a un nuevo modelo de gobierno que obtuvo no únicamente la Presidencia de la República, sino la mayoría en el Congreso, lo que ha permitido la ratificación del Convenio 98 y preparar la ley secundaria pendiente de aprobarse desde 2017.
En este nuevo esquema, el capítulo laboral establecido en el contenido del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, viene a delinear buena parte del contenido de la iniciativa que presentarán al respecto los legisladores de Morena.
En su Anexo 23-A, establece que México deberá incluir en su legislación disposiciones tales como:
– El derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de los patrones en las actividades sindicales.
– La creación de un órgano independiente encargado de la conciliación y el registro de los contratos colectivos de trabajo.
– La participación de los trabajadores en la elección de líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto.
– Para el registro inicial de un contrato colectivo de trabajo, el órgano independiente creado deberá verificar que el centro de trabajo esté en operaciones, que los trabajadores hayan tenido acceso a una copia del contrato y que la mayoría de los trabajadores estén de acuerdo en la celebración del contrato.
– Para las futuras revisiones de los contratos colectivos de trabajo, incluyendo los que estén actualmente depositados, se deberá acreditar el apoyo de la mayoría de los trabajadores del centro de trabajo.
De igual forma, obliga a revisar por lo menos una vez dentro de los siguientes cuatro años a la entrada en vigor de la legislación, todos los contratos colectivos de trabajo. Lo que en la práctica implicaría revisar unos 21 mil contratos.
Debe enfatizarse, por ello, que además de la responsabilidad de los legisladores de Morena para elaborar una ley acorde con lo peticionado en el T-MEC, y encaminada a resarcir el retroceso en las conquistas de la clase trabajadora, deben consultar y pedir la opinión tanto de sindicatos independientes como de diversas organizaciones sociales y expertos en la materia.
Es hora de que la clase trabajadora emita su punto de vista y haga valer sus derechos para recuperar lo que el bipartidismo neoliberal le arrebató al imponerle esquemas como las outsourcings, que se han convertido en fábricas encubiertas de esclavos, sin estabilidad laboral ni acceso a la seguridad social. Llegó el momento de sepultar la contrarreforma panista.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Reunión urgente de los directores de Pemex y de PEP

El director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), Miguel Ángel Lozada Aguilar, fue llamado con carácter de urgente el martes pasado por el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, quien le pidió una explicación sobre su presunta participación en el desvío de recursos públicos en la ya conocida “estafa maestra”.

Desconcertado, el viejo trabajador petrolero (36 años en distintos cargos en Pemex hasta alcanzar la Dirección General de PEP en el nuevo gobierno) aclaró a su jefe su participación: “las contrataciones de universidades se iniciaron desde hace más de 15 años, como una decisión del gobierno de Vicente Fox para apoyar financieramente a las instituciones públicas y aprovechar a los especialistas e investigadores que ahí trabajan.
“Esto lo hicieron todas las dependencias del gobierno con universidades de todo el país, incluidas la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Pemex participó en darles convenios. Uno de ellos me tocó a mí firmarlo con la Universidad de la Chontalpa, y todo el trabajo que hicieron los investigadores ahí está, hay pruebas de ello, así que no hicimos nada indebido en Pemex”.
Lozada Aguilar le aseguró al director general de Pemex: “Pueden investigarme y no van a encontrar nada en mi contra”. Le aclaró que “la Auditoría Superior se la Federación ya revisó ese contrato y que la Secretaría de la Función Pública también, y no encontraron nada contra mí; por eso nunca fui llamado a declarar ni citado por nadie. En esas auditorías a las universidades se encontró que algunas de ellas sí subcontrataron y eso sí estaba prohibido en el convenio, pero eso fue responsabilidad de las propias universidades”.
La respuesta del director general Octavio Romero al director de PEP fue contundente: “Hay una nueva investigación de la Auditoría y del Órgano Interno de Control; si te encuentran algo sucio, te vas”.
Esto podría definirse la próxima semana a más tardar.
Antes de las elecciones que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, por allá de marzo de 2018, Lozada Aguilar se acercó al equipo del tabasqueño para, con su larga experiencia, informar de los diversos problemas que había en la empresa petrolera del Estado, así como de la corrupción y los conflictos de interés. Esto fue visto con simpatía por el ahora mandatario. Una vez en el poder, López Obrador decidió ponerlo al frente de la subsidiaria más importante de Pemex, responsable de la exploración y producción petrolera y que cuenta con de 50 mil trabajadores bajo su mando.
Antes de su nombramiento, el ahora director de Pemex le preguntó a Lozada Aguilar si tenía asuntos pendientes de los que tuviera que rendir cuentas, y él respondió que no. No mencionó en aquella ocasión su participación en la contratación de universidades que después la Auditoría Superior de la Federación advertiría como una forma de corrupción para desviar recursos públicos.
Esta misma semana, ante preguntas de los reporteros en la conferencia matutina, el presidente de la República fue contundente al decir que de ser cierta la implicación de funcionarios en escándalos de corrupción, no podrían permanecer en cargos de Pemex.
“Si están involucrados en la ‘estafa maestra’, no tienen por qué trabajar en este gobierno. Sólo voy a constatarlo… Y si los contrataron, hicieron mal en caso de que estén involucrados”, sentenció.
Lozada, viejo trabajador petrolero, ya ha enfrentado el juicio social y éste le es adverso, pero sólo será con pruebas contundentes como podrían moverlo del cargo. Así, habrá que esperar esta revisión extraordinaria que hace el nuevo gobierno para saber si Lozada Aguilar es el primer funcionario retirado del cargo en la administración lopezobradorista.
Aunque parece tener todo en contra y ante la duda de su posible intervención en el desvío de recursos públicos, el director general de PEP cuenta todavía con el apoyo de su jefe Octavio Romero.
Sin embargo, en un expediente de inteligencia sobre este director general de PEP, se describe en su amplio perfil una serie de supuestas irregularidades en la asignación de contratos por miles de millones de pesos en donde habría intervenido, y eso también está a revisión.
En el apartado 7, bajo el título de “Irregularidades detectadas durante su desempeño en distintos cargos en Pemex”, se describe lo siguiente:
“a. Contratos otorgados a la compañía Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste S.A. (CIESSA)
“Miguel Ángel Lozada Aguilar mantiene desde hace varios años una relación con el Ingeniero José Manuel Arrocha Mendoza, conocido empresario veracruzano propietario de distintas compañías del sector energético, las cuales han sido beneficiadas durante mucho tiempo con la adjudicación, en ocasiones de manera directa, de contratos millonarios por parte de Pemex y sus subsidiarias.
“Lozada Aguilar logró estrechar su relación con Arrocha Mendoza cuando fungió como Administrador del Activo de Producción Cantarell, del 2009 al 2014, interviniendo para la asignación de contratos para las empresas de Arrocha Mendoza, con el visto bueno de su jefe directo Juan Javier Hinojosa Puebla, Director de Pemex Exploración y Producción (PEP), con quien mantiene una cercana relación personal y de negocios también.
“Se tiene conocimiento que por la adjudicación de estos contratos, y de otros más otorgados a diferentes compañías, Lozada Aguilar ha recibido millonarias contraprestaciones, que han sido compartidas con Juan Javier Hinojosa Puebla y otros funcionarios de alto nivel de Pemex.
“En el caso concreto de las empresas de Arrocha Mendoza, destacan los contratos adjudicados a CIESSA, empresa en la cual aparece como Represente Legal Jorge Luis Montalvo Delgado, pero que en realidad es propiedad de Arrocha Mendoza. CIESSA tiene sus oficinas principales en Comalcalco, Tabasco, y cuenta además con oficinas en Ciudad del Carmen y en Champotón, Campeche.
“Por lo que respecta a Jorge Luis Montalvo Delgado, se sabe que en realidad es empleado y prestanombres de Arrocha Mendoza, quien exhibe como su domicilio fiscal un inmueble ubicado en la calle Dante Delgado 8, en la Colonia Insurgentes Norte, de Minatitlán, Veracruz, con RFC MODJ-820101-774 [sic]”.
Al respecto, Lozada Aguilar asegura: “En mi vida he hablado con Arrocha. Montalvo no sé quién es. Nunca fui cercano a Hinojosa”.
Sobre los contratos, advierte que algunos sí los firmó él, pero en el contexto de las decenas de contrataciones que hace la petrolera: “hay miles de contratos así en Pemex […] Tan sólo el Activo Cantarell maneja un presupuesto de 40 mil millones de pesos para servicios y contratos”.
El reporte de inteligencia continúa: “Estos contratos fueron otorgados en un plazo de 15 meses, con un monto en conjunto de 859 millones 348 mil 150 pesos con 17 centavos, siendo éstos los siguientes:
“El 28 de diciembre del 2012 le fue adjudicada la licitación 18575021-521-12, para la rehabilitación integral de los transformadores de distribución y potencia tipo seco y en aceite, instalados en los centros de proceso y plataformas satélites del Activo de Producción Cantarell, por un monto máximo a ejercer de 95 millones de pesos. La evaluación técnica fue elaborada por Enrique Jaúregui Alvarado y autorizada por Juan Julián Mendoza Solano; económicamente fue evaluada por Julio César Chandomi Salud, revisada por Jorge Raúl Sánchez Pérez y aprobada por Laura Patricia Mass Góngora. El 11 de enero del 2013 se firmó el contrato 422332817, con una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016.
“También en diciembre del 2012 CIESSA ganó la licitación 18575021-519-12, para la rehabilitación del sistema de alumbrado normal y de emergencia de los centros de proceso y plataformas satélites del Activo de Producción Cantarell, por un monto máximo a ejercer de 60 millones de pesos. La evaluación técnica de este proceso estuvo a cargo de Jesús Albino Aburto Ortiz, Juan Julián Mendoza Solano y Marco Antonio Arellano Payán; la evaluación económica fue realizada por Julio César Chandomi Salud, Jorge Raúl Sánchez Pérez y Laura Patricia Mass Góngora. El 11 de enero del 2013 se firmó el contrato 422202808.
“En enero del 2013, CIESSA ganó la licitación 18575021-520-12 para la rehabilitación de los sistemas de tierra y pararrayos de los centros de procesos y plataformas satélites del Activo de Producción Cantarrell, por un monto máximo de 54 millones de pesos.
“Se sabe que Lozada Aguilar, con el visto bueno de sus jefes directos, también participó activamente en la adjudicación a CIESSA de contratos otorgados en otras áreas de PEP, entre estos los siguientes:
“El contrato 425022824, firmado el 2 de mayo del 2012, para el mantenimiento y rehabilitación de tanques atmosféricos de las instalaciones de producción de los Activos Integrales de la Región Sur Paquete RS-01, por un monto de 149 millones 950 mil pesos.
“El contrato 425022836, firmado el 8 de junio del 2012, para el mantenimiento y rehabilitación de tanques atmosféricos de las instalaciones de producción de los Activos Integrales de la Región Sur Paquete RS-02, por un monto de 149 millones 945 mil pesos.
“El contrato 425022840, firmado el 21 de junio del 2012, para la rehabilitación integral de la infraestructura de las instalaciones de producción de los Activos Integrales de la Región Sur, Paquete SL-1, por un monto de 159 millones de pesos.
“Un contrato más en cuya adjudicación intervino activamente Lozada Aguilar fue la licitación 18575050-512-11, ganada por otra empresa propiedad de José Manuel Arrocha Mendoza, denominada PROASIP S.A. DE C.V., con sede en Ciudad del Carmen, Campeche. Este contrato fue para trabajos de mantenimiento estructural y arquitectónico a equipos de perforación y reparación de pozos, por un monto de 191 millones, 453 mil, 150 pesos con 17 centavos. Este contrato fue firmado el 15 de septiembre del 2011.
“Una empresa más de Arrocha Mendoza que ha sido beneficiada con distintos contratos por parte de Pemex es Restauración y Saneamiento del Golfo S.A. de C.V. (RESAGO), con sede en Coatzacoalcos, Veracruz… [sic].”
El informe de inteligencia es tan amplío que habrá que volver a él en una próxima columna.
Miguel Badillo
[Oficio de papel]

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