viernes, 16 de marzo de 2018

Propone AMLO que mandos de Ejército y Marina elijan a sus titulares


aristeguinoticias.com

Propone AMLO que mandos de Ejército y Marina elijan a sus titulares

 


El candidato de Morena sostuvo que, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, los nuevos titulares surgirán de las filas de las mismas secretarías.
El candidato presidencial de la coalición “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, planteó que los mandos de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional propongan una terna para elegir a los sucesores de Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, en caso de que él resulte electo la contienda del 1 de julio.
“En su momento, vamos a pedir a los mandos actuales, tanto del Ejército como de la Marina, que presenten ternas, nada más que no se excluya, que se haga un análisis, una revisión, una selección profesional; en su momento se les va a pedir que ellos presenten terna”, dijo el contendiente de Morena.
En Hermosillo, Sonora, el también candidato de los partidos Encuentro Social y del Trabajo propuso que esos nuevos titulares sean un general y un almirante en activo, para que surjan de las mismas dependencias.
“Tiene que ser un general y un almirante en activo… no van a ser externos, no puede haber un general en activo o un almirante en otros menesteres, tiene que ser de las mismas Secretarías“, expuso.
Al cuestionarle sobre la injerencia del crimen organizado en las elecciones, el tabasqueño refirió que él “no ha visto nada de eso” durante sus recorridos en pueblos de todo el país.
“Yo ando abajo y sin protección, no traigo guardaespaldas y recorro todo el país y se lo que está sucediendo abajo, en todo México; no es para presumir, pero soy el único que conoce todos los municipios de México y no he visto eso que están ellos denunciando, y a lo mejor ellos tienen pruebas, que las presenten y así sería mejor que no se dieran estos casos esta asociación delictuosa”, comentó previo a una reunión con empresarios sonorenses.
Andrés Manuel afirmó que la Marina y el Ejército son instituciones muy importantes para la República y deben ser respetadas y dijo que los soldados y marinos “son pueblo uniformado”.
“También les digo, pero esto off the record, que no se sepa, los soldados y los marinos, en su mayoría van a votar por ya saben quien”, añadió.

Denuncian ante Función Pública corrupción en Sedena


contralinea.com.mx

Denuncian ante Función Pública corrupción en Sedena

 

Autor: Miguel Badillo * / @badillo_contra

En unos días inician formalmente las campañas electorales (aunque la población lleva meses de aguantar un bombardeo de mentiras, promesas y guerra sucia entre partidos y candidatos) y un tema que concentra la atención y en el cual coinciden por lo menos en el discurso los tres candidatos con partido y los tres aspirantes independientes es acabar con la corrupción.

Para la mayoría de los aspirantes presidenciales hablar de corrupción es sólo un eslogan de campaña que les permita sumar adeptos, sobre todo entre la población de jóvenes que aún están indecisos de por quién votarán, tal y como ocurrió con el panista Vicente Fox Quezada cuando, en busca de llegar a Los Pinos, emprendió una campaña y su discurso principal fue luchar contra la corrupción, pero al llegar a la Presidencia no sólo olvidó su compromiso sino que él, su esposa Marta Sahagún y los hijos de ésta se dedicaron a llenar los bolsillos con dinero público.
Es tan grave el problema de la corrupción gubernamental, que éste ha sido el factor fundamental por el cual el candidato de centroizquierda de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, avanza muy por arriba de sus adversarios políticos en las encuestas presidenciales, a quienes aventaja entre 15 y 20 puntos, distancia que parece imposible de perder siempre y cuando no haya fraude electoral.
Esa amplia ventaja se explica porque la población ya no está temerosa, sino muy encabronada porque la burocracia sigue robándose el dinero público, más aún cuando se trata de los fondos que deben destinarse a programas sociales, como los abusos y tropelías de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Según las encuestas que buscan interpretar la voluntad de las mayorías que saldrán a votar el 1 de julio, sería Andrés Manuel López Obrador a quien el próximo sexenio le toque combatir esa corrupción que lacera a la sociedad, por lo que si se le da el beneficio de la duda habrá que esperar a que llegue a la Presidencia de la República para que cumpla sus promesas y empiece a reconstruir el tejido social ahora destruido.
Ante tal pronóstico electoral, la alta burocracia corrupta y los empresarios cómplices, así como los intelectuales orgánicos al servicio del sistema (ya saben quién), se han dedicado a denostar a los aspirantes presidenciales que no les garanticen más impunidad y nuevos negocios con dinero público mal habido.
Hasta ahora es evidente que todos los sectores sociales en el país han sido infectados por el cáncer de la corrupción, incluidas nuestras Fuerzas Armadas, pues hasta allí han llegado las acusaciones de sobornos, contratos mal habidos, cobro de comisiones, chantajes y abusos de fuerza y de poder.
Ahora mismo el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, debe conocer una denuncia empresarial en contra del nuevo oficial mayor de la Sedena, general de división Eduardo Emilio Zárate Landero, y de su asesor el coronel Efraín Montesinos Santiago, a quienes proveedores señalan de pedir supuestamente comisiones de hasta el 25 por ciento, para otorgarles contratos de obras y servicios.
Se trata de tres denuncias presentadas respectivamente en la Presidencia de la República, en la Procuraduría General (PGR) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en donde despacha la abogada Arely Gómez.
En una de esas quejas de los empresarios que prestan servicios a la Defensa y que contiene el sello de recibido en la SFP con fecha del 2 de marzo de 2018, se afirma lo siguiente:
“Maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública:
“Por medio de la presente me dirijo a usted por este medio ya que somos un grupo de empresarios que estamos impactados con el grado de corrupción que existe en la SEDENA, ya que cabe mencionar que esta carta es por la necesidad URGENTE de que se tomen acciones en concreto para detener estos actos de corrupción y extorsión, lo que le cuento a continuación es lo que lamentablemente está pasando, yo en lo personal soy un empresario dedicado al sector médico y área farmacéutica en general, quiero mencionar que llevo años trabajando con gobierno en especial con SEDENA siempre dando un excelente servicio y cumplimiento con todo, jamás he tenido problemas, sin embargo hace un par de meses cuando el nuevo oficial mayor tomó cargo en su puesto en SEDENA, para ser más precisos el general de División Eduardo Emilio Zárate Landero, me empezó a solicitar el 25% de comisión para autorizarme contratos, y no solamente a mí, sino que también a otros colegas empresarios, con los cuales tuvimos una reunión y llegamos al acuerdo que esto ya es insostenible, esto es porque es una extorsión constante por parte del General de División hacia nuestras empresas y hacia nosotros como personas, mencionando además que ese dinero es para el señor Presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto, siendo esto falso porque todo el dinero se lo queda él.
“Hoy en día las prestaciones económicas de este señor son insaciables, siendo que además nos menciona que por ser GENERAL es intocable y que o le entramos o le hagamos como queramos y que si se nos ocurre quejarnos habrá más consecuencias muy negativas o nefastas hacia nuestras empresas o persona, siendo el caso que dicho GENERAL nos amenaza diciendo que es amigo del Presidente de la República y del Secretario de Defensa Salvador Cienfuegos o quien no dé esa cuota hará todo lo necesario para sacarlos de la licitación, por lo anteriormente expuesto solicito su ayuda y apoyo para que abran las correspondientes investigaciones a efecto que castigar los hechos anteriormente mencionados y se llegue hasta las últimas consecuencias a quienes resulten responsables de hacer negocios ilegales en el gobierno así como extorsionar y cometer abusos, somos un grupo de empresarios que estamos ya inconformes y sólo queremos que se haga justicia [sic]”.
Esa carta-denuncia mal redactada revela en el fondo un grave problema del que muchos hablan pero que nadie se atreve a investigar, por tratarse del principal órgano de defensa de la seguridad nacional, que es la corrupción en la Sedena.
Veremos ahora si tal señalamiento entregado en las oficinas de la contralora Gómez tiene algún efecto y si antes de que concluya la actual administración (escasos 8 meses) se toman las medidas necesarias para frenar la corrupción o simplemente, como se ha hecho en los últimos años, se deja pasar la denuncia para que todo siga igual.
En busca de una respuesta de la Defensa ante tal acusación, se pidió hablar con el oficial mayor Zárate Landero, pero su jefe de ayudantes, el mayor Alberto Aguilar, explicó después de 1 semana de espera que no darían versión alguna porque “el general anda muy ocupado”, y dijo que es el área de prensa la encargada de atender esos temas.
En la SFP explicaron que ante una denuncia contra algún servidor público, la queja se turna ante el Órgano Interno de Control, en este caso el de la Sedena, en donde se analiza si hay elementos suficientes para abrirle un expediente al general Zárate, e iniciar las investigaciones correspondientes. Situación que al final del sexenio debería llamar la atención de su jefe, el general Cienfuegos.
[Oficio de papel]
Miguel Badillo

La responsabilidad de Meade en los Panama y los Paradise Papers


contralinea.com.mx

La responsabilidad de Meade en los Panama y los Paradise Papers

 

Autor: Nancy Flores / @Nancy_Contra

Ahora que Enrique Peña Nieto ha descrito las cualidades que, según él, debe tener su sucesor (“honradez, experiencia, honorabilidad, confianza y garantía de que llevará a México por un rumbo de estabilidad y de orden”), habría que recordar una de las deudas de José Antonio Meade Kuribreña con los mexicanos.

Y es que como secretario de Hacienda y Crédito Público, a Meade Kuribreña le tocó revisar dos temas vinculados al uso de paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos e incluso para lavar dinero: los Panama y los Paradise Papers. Pero no hizo nada.
Ni una sola sanción ni investigación seria ocurrió en su gestión respecto de los miles de millones de pesos que tanto mexicanos como extranjeros sacaron del país con destino a diversos paraísos fiscales.
Por el contrario, Meade cubrió las espaldas de empresarios y trasnacionales involucrados en ambos escándalos internacionales, uno de ellos relacionado con las operaciones fraudulentas del despacho panameño Mossack Fonseca.
“No es ilegal tener dinero fuera de México; lo incorrecto es no reportarlo”, declaraba el entonces secretario de Hacienda, dando margen de impunidad a los clientes de los paraísos fiscales. Era el 6 de noviembre de 2017, días antes de que se definiera su candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional.
Para entonces había transcurrido ya más de 1 año de que se conociera el caso de los Panama Papers, también impune hasta ahora. Y Meade volvía a hacer lo suyo: exonerar, sin investigación previa, a los grandes dueños del capital.
El asunto no es menor: en sus manos recaía la decisión de Estado de poner fin a uno de los peores males en la actualidad, como se le debe catalogar al fraude fiscal, pues éste resta recursos al Estado para cubrir temas tan urgentes como la seguridad social.
Dice el periodista y escritor español Xavier Caño que la evasión, la elusión y el blanqueo de capitales son responsables de que los Estados recauden mucho menos y, en consecuencia, se vulneren derechos ciudadanos por no haber adecuados servicios públicos esenciales.
Además –apunta– crece la desigualdad y hay más incertidumbre, más pobreza y más sufrimiento, porque los Estados dejan de cobrar cientos de miles de millones de impuestos legítimos y obligatorios. Y sentencia: la evasión de impuestos impide que el Estado cumpla sus deberes con la ciudadanía (“El blanqueo de dinero viola los derechos de la ciudadanía”, Contralínea, 7 de mayo de 2017).
En los casos de los Panama y los Paradise Papers no se hizo justicia y de eso es responsable José Antonio Meade. Y es que como cabeza de sector podía haber ordenado que se investigara a fondo, pero no fue así.
Recordemos que bajo su mando estaban, ni más ni menos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en materia fiscal y financiera.
Así que, o no pudo o no quiso actuar. El mismo 6 de noviembre aseguraba Meade: “Cada vez que salen estas filtraciones nos da material para revisión. Tenemos cada vez más acceso a la información y habremos de estar atentos y lo vemos como una buena oportunidad de fiscalización”.
Pero de inmediato acotaba que no se debería prejuzgar a quienes figuran en esas listas, pues tener dinero fuera del país no es indicio de cometer un ilícito (El Financiero, 6 de noviembre de 2017). Según él, en casos de este tipo se había encontrado que la mayoría eran recursos que se habían declarado y habían pagado impuestos, aunque nunca transparentó qué casos.
“Estas declaraciones [de Meade] –que parecen dirigidas a defender y exculpar de antemano a quienes llevan sus recursos o parte de ellos a los paraísos fiscales– contrastan con el trato que se da a pequeños contribuyentes”, señala el análisis México: algunas consideraciones sobre la evasión fiscal que va al exterior, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
Y ejemplifica con una denuncia hecha por un lector del diario La Jornada (30 de enero de 2018): “Soy jubilado de Luz y Fuerza y aunque estoy separado de mi esposa, le deposito una cantidad cada 15 días desde hace cuando menos 15 años. El SAT le envió una regularización del ISR, y la invita a pagar un impuesto por la cantidad de 51 mil 341, porque, según ellos, no acredita el origen de esos depósitos. Yo entré el año pasado a la página del SAT y aclaré el origen de tales depósitos. No obstante, el SAT mandó una nueva invitación para hacer dicho pago”.
Por ello, “estos dos casos, el de los multimillonarios y el del extrabajador de Luz y Fuerza del Centro, ilustran perfectamente la actitud y los criterios diferenciados de las autoridades fiscales de México y cómo ya se aplica la política diferenciada que algunos hoy plantean”, apunta el análisis del maestro Heriberto López Ortiz.
En efecto, el terrorismo fiscal sólo se aplica para los pequeños contribuyentes. Los grandes –las fortunas nacionales y trasnacionales– reciben tratos privilegiados, que van desde la devolución multimillonaria e injustificada de impuestos, hasta el llamado perdón fiscal antes de que pisen la cárcel por evasores.
A los grandes contribuyentes el SAT no los exhibe en sus listas negras cuando dejan de pagar o cuando ya tienen créditos fiscales, pero a los pequeños sí: al primer atraso en sus declaraciones, publica nombres y apellidos sin importar el secreto fiscal y los datos personales.
¿Por qué? Pues porque hay un doble racero para juzgar a los ciudadanos y de ello también es responsable Meade, pues en su gestión como secretario de Hacienda consintió esos tratos injustos y desiguales. Por eso cabe preguntarnos si Meade, quien claramente encubrió a los grandes evasores, es el tipo de presidente que requiere México.
El análisis del Cesop subraya que la gestión de fortunas –es decir, la administración de recursos financieros– de personas físicas o de empresas en paraísos fiscales casi siempre es opaca. ¿Por qué los casos del Panama y el Paradise Papers que tocaron a México serían la excepción?
Nancy Flores

Cisen, instrumento electoral del PRI


contralinea.com.mx

Cisen, instrumento electoral del PRI

 

Autor: José Reyez

El actual director del Cisen, Bazbaz, reunió la información de su anterior encargo –Inteligencia Financiera– con la del actual. Pero sus objetivos no parecen ser los del Estado mexicano sino los del grupo en el poder. Especialistas señalan al Centro como un organismo extraviado e incapaz. Incluso perdió la interlocución con dependencias homólogas de otros países


Durante los últimos 5 años, diversos hechos trágicos han contribuido a alimentar la percepción de que las labores de inteligencia para la prevención de riesgos en el país “no se hacen, se hacen mal o a destiempo o incluso, se subordinan a intereses que no corresponden con el interés colectivo”, advierte Juan José López Gutiérrez en el análisis Consecuencias de desaparecer instituciones vitales: el caso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Y para colmo, subraya el catedrático del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM), el nuevo cuerpo directivo del Cisen, con poco más de 2 meses en el cargo, enfrenta múltiples señalamientos en el sentido de que se aleja de su misión de “producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, a fin de preservar la seguridad nacional, la gobernabilidad y el estado de derecho”.
En su análisis, dice que si la Secretaría de Gobernación y el propio Cisen ignoran esto y, por tanto, no realizan ningún cambio, se requerirá de una estrategia de control de daños, para sacar el tema de la agenda pública.
Y es que Eugenio Ímaz dejó un Cisen que ya no le sirve a la nación, considera por su parte Guillermo Garduño, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien señala que hoy es un organismo que, en vísperas de las campañas electorales por las que se renovará el gobierno federal, es utilizado para favorecer los intereses del grupo en el poder.
Garduño Valero apunta que el Cisen es un órgano inútil tal como está y descabezado, “porque Ímaz se fue sin avisar sólo porque renunció su jefe. No hay un proyecto de Estado, pensado socialmente a conciencia, sino un organismo al servicio de estos personajes que lo utilizaron para su proyecto de grupo”.
Señala que a partir del régimen de Vicente Fox y hasta el de Peña Nieto, el Cisen ha sido un instrumento al servicio del grupo en el poder. “El hecho de que Eugenio Ímaz haya renunciado junto con Osorio Chong confirma que se trata de un proyecto personal y no de servicio a la sociedad y el Estado, para la prevención de riesgos y amenazas a la seguridad nacional”, acota.
Es decir, desde la extrema derecha con Fox hasta el actual régimen, el papel del Cisen ha sido “terrible”, inútil para el Estado que realmente necesita un órgano de inteligencia cuya ausencia ha ocasionado que se cometan errores garrafales y la pérdida de gobernabilidad en el país.
Apenas en febrero pasado, durante las actividades de precampaña de los candidatos a la Presidencia de la República, fue descubierto un agente del Cisen que supuestamente espiaba al hoy candidato de la coalición formada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya.
Al respecto Garduño Valero señala que se trató de una trama, porque Anaya sabía que era vigilado y el tipo que lo seguía se identificó de inmediato. Anaya se prestó a esa enorme trama para colocarse en un mejor lugar en las encuestas por la carrera Presidencial. Fue un acto acordado. Lo peor es que, de ser verdaderamente un órgano de inteligencia, Meade no estaría en tercer lugar.
Resume que quienes hoy dirigen el Cisen “están actuando con una perspectiva de régimen para conocer los escenarios y reducir su incertidumbre frente a la elección presidencial inmediata”, enfatiza el experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas.
El riesgo de continuar debilitando la institución fundamental para el Estado mexicano es latente y puede materializarse con decisiones radicales en coyunturas de cambio, lo cual colocaría al Cisen nuevamente en un contexto de serios cuestionamientos, no sólo externos, sino al más alto nivel al interior de la administración pública federal, como ya ocurrió en el año 2000, advierte, en su estudio, López Gutiérrez, maestro en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El principal cuestionamiento que han enfrentado los servicios de inteligencia se refiere, de manera genérica a que, al crearlos, mantenerlos o incrementar su presupuesto, no se busca satisfacer los intereses del Estado, sino del grupo que se encuentra en el ejercicio del poder, señala el también catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav).

En su análisis Consecuencias de desaparecer instituciones vitales: el caso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, alerta de que el riesgo de la desaparición del Cisen significaría para el país un debilitamiento inmediato en el flujo de información que alimenta la Agenda Nacional de Riesgos, establecida en el Artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.
“La eliminación del Cisen incrementaría exponencialmente las posibilidades de que esos riesgos no sean detectados, no sean atendidos y se conviertan en tragedias. Y en términos operativos, disminuiría alarmantemente la capacidad institucional para desarrollar trabajo de prevención y mitigación, lo que podría costar vidas, y el patrimonio de muchos mexicanos”, enfatiza López Gutiérrez.
Además, agrega que los organismos internacionales que desarrollan labores de inteligencia perderían interlocución con México, retrasando o incluso cancelando el intercambio de información estratégica en materia de seguridad internacional, con el consiguiente impacto en el ámbito nacional.
El catedrático del IIEAM refiere una serie de hechos trágicos que han sacudido la agenda nacional, donde no se visualiza una labor de inteligencia que permitiera mitigar los riesgos, y que ponen en entredicho si el Cisen está cumpliendo de manera adecuada con su mandato.
En concreto, enumera la masacre de 72 migrantes centroamericanos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas; tortura y asesinato de 193 personas descubiertas en 47 fosas clandestinas, en el mismo municipio; el asesinato de 60 pobladores en Allende, Coahuila, por comandos armados que tomaron la comunidad; secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
“Ante estos hechos, la percepción de la población es que el Cisen no está realizando de manera adecuada sus actividades de inteligencia, en el ámbito de prevención y mitigación de riesgos, por lo que los mismos se han convertido en tragedias”, subraya el experto en inteligencia.
A ello se suma el espionaje que reveló el diario The New York Times en el que estarían involucradas agencias del gobierno mexicano que espían a periodistas, activistas de derechos humanos, expertos anticorrupción e, incluso, a sus familiares, mediante la infiltración de teléfonos “inteligentes” utilizando un software (Pegasus), del fabricante israelí NSO Group, que sólo vende a instituciones de gobierno (y únicamente para combatir delincuentes y terroristas) entre ellas, el Cisen.
“Este lamentable incidente es un claro ejemplo de la posibilidad real de que una institución de inteligencia puede apartarse de su mandato, consistente en recabar inteligencia sólo de aquellos que representan una amenaza a la seguridad pública o nacional”, argumenta el catedrático del Cesnav.
Refiere que en muchos países con tradición democrática, o incluso en aquellos donde ésta no se encuentra tan arraigada, no se plantea la desaparición de los órganos de inteligencia para enfrentar estos cuestionamientos, sino que se reconoce su aportación estratégica para la estabilidad del Estado.

Peña Nieto, devastar instituciones

La administración de Peña Nieto se caracterizó por devastar instituciones y las de seguridad nacional y el Cisen no fue la excepción, apunta por su parte el senador Humberto Fernández Fuentes, miembro de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. “Al final del sexenio no tenemos un Estado más sólido ni más seguro, y no hubo un planteamiento de seguridad nacional ni de seguridad pública”, acota.
En entrevista con Contralínea, el legislador considera que hoy el país es más vulnerable que nunca, y cuestiona decisiones políticas en la que no se tomó en cuenta el riesgo que correría la nación, como la reforma energética. “Las políticas llevadas a cabo por Peña Nieto hoy tienen como consecuencia que el país tenga que importar el 71 por ciento de las gasolinas que se consumen”, indica.
Otra vulnerabilidad que observa Fernández Fuentes es la del internet, en la que el gobierno no tiene idea siquiera de cómo proteger la soberanía nacional. “La mayoría de los países han tomado precauciones para no depender en sus transacciones económicas o sociales de una potencia extranjera. Nosotros no tenemos nada de eso. Si un día se da algún tipo de bloqueo, no tendremos ninguna capacidad de respuesta”.
Asimismo, otro gran riesgo del Estado mexicano que, lejos de combatirse en este sexenio se alimentó, es el de la corrupción. “No se avanzó nada en su combate. Por el contrario, se avanzó en la impunidad y en que este grupúsculo que gobierna confundió el patrimonio de Estado mexicano con sus intereses particulares”, resalta el senador.

El Cisen al margen de la ley desde su creación

En México el mandato y atribuciones del Cisen se establecen en la Ley de Seguridad Nacional y sus principales actividades consisten en identificar los riesgos que enfrenta la seguridad nacional y generar inteligencia sobre aquellos factores que constituyan riesgos y amenazas para el Estado mexicano.
Sin embargo, desde su creación en febrero de 1989 y por la naturaleza de sus actividades, el Cisen ha sido cuestionado sobre su misión, sus protocolos de actuación e, incluso, sobre la continuidad de la propia institución, como “referente indispensable de inteligencia estratégica del Estado, para la toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional”, argumenta Juan José López Gutiérrez.
Explica que en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional enfrentó un primer intento de desaparición, al cuestionarse sus actividades y señalarse que, en lugar de servir al Estado, procurando su estabilidad y permanencia, estaba dedicado a espiar adversarios del presidente de la República.
Durante ese periodo, el Cisen sufrió un grave desmantelamiento que lo debilitó en extremo. A través de un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2002, se creó el Consejo de Seguridad Nacional, en sustitución del gabinete de seguridad nacional, y se creó la figura de consejero de seguridad nacional, a cargo de Adolfo Aguilar Zínzer, quien en la práctica sustituyó al director del Cisen.
Parte de este diagnóstico negativo para el Cisen –considera López Gutiérrez–, se alimentó al descubrirse una red de espionaje ilegal en el Estado de México, hecho que, si bien no involucró directamente al organismo, sí reforzó la percepción de que las actividades de inteligencia desarrolladas internamente en el país se encontraban fuera de control.
En 2001 –continúa el catedrático del Cesnav–, la PGR desarticuló una red de espionaje ilegal en la entidad mexiquense, que operaba desde 1994. Nunca se aclaró a cabalidad si esta red de espionaje era parte del Cisen o, si no siéndolo, qué actividades desarrolló esta institución para su detección y posterior neutralización, como parte de sus labores sustantivas.
El grupo desarticulado operó durante 7 años al margen de la ley, utilizando sofisticados equipos de comunicación para realizar escuchas e intervenciones telefónicas sin ninguna restricción. El hallazgo de esta red de espionaje coincidió con la llegada de Eduardo Medina Mora a la dirección del Cisen, quien anunció que las actividades de escuchas telefónicas y espionaje habían terminado.
Al iniciar el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el Cisen experimentó un relanzamiento al incrementar su presupuesto de manera importante, a través de la partida de seguridad nacional, y de manera externa, también recibió un apoyo sustancial de las agencias del gobierno estadounidense, para dar forma a la “Iniciativa Mérida”.
“Este apoyo otorgado al Cisen en el ámbito interno y externo, le permitió en el corto plazo aumentar su capacidad para obtener y compartir información con sus contrapartes de otros países, principalmente con Estados Unidos”, señala López Gutiérrez.
Sin embargo, subraya que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Cisen ha fracasado en su misión de ser el órgano coordinador permanente, para “generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”, a pesar de los enormes recursos de que ha dispuesto, de más de 31 mil millones de pesos.
Así, dice, al final del periodo de Peña Nieto, el Cisen, “al perder internacionalmente la interlocución con dependencias homólogas en todo el mundo e internamente, y al debilitarse el intercambio de información con diversas áreas de inteligencia civil y militar de la administración pública federal”, está en riesgo de desaparecer.

Inteligencia para la seguridad nacional

En los últimos 30 años se han soslayado los temas de seguridad nacional, poniendo incluso en una situación inestable al propio presidente de la República, al no tener un mecanismo que genere acciones inmediatas sobre riesgos y amenazas, que corresponde al Cisen, argumenta por su parte el doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales.

El experto en seguridad nacional destaca en entrevista que no se puede seguir actuando en temas tan complejos con políticas gubernamentales sexenales, cuando lo que se necesita son políticas de Estado de largo plazo.
Resalta que los temas de la Agenda Nacional de Riesgos se globalizaron, “pero los problemas locales se mantuvieron, y quedaron en el sótano temas tan graves como la pobreza, el subdesarrollo, la desigualdad y otros que emergen con la propia evolución de los acontecimientos políticos y sociales, como la corrupción y la impunidad”, subraya.
Por su parte, López Gutiérrez explica que los servicios de inteligencia responden a distintas instituciones cuya jerarquía es mayor, y no responden a un solo funcionario, ni a una sola agenda, ya que ésta varía de acuerdo a los intereses, capacidad y legislación de cada país.
Las actividades de los servicios de inteligencia “se desarrollan de manera encubierta, con mandatos y alcances clasificados como confidenciales e incluso, con actividades de tipo secreto. No hay Estado sin inteligencia, porque ésta es un instrumento que permite su subsistencia”, anota.
De tal manera que, dice el catedrático del Cesnav, un elemento clave para articular los principios generales del Estado con la política y la estrategia de seguridad nacional es el funcionamiento de los servicios de inteligencia.
En este contexto, indica que la importancia del Cisen radica en que su labor es recolectar y procesar información sensible que permita producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, a fin de preservar la seguridad nacional, la gobernabilidad y el estado de derecho.
“Esto no solo incluye la creación de una nueva agenda de riesgos en materia de seguridad pública, sino también en la prevención de riesgos ambientales, de epidemias, riesgos económicos, estructurales, desastres naturales, relacionados con el desarrollo social, entre otros.”
Para Guillermo Garduño crear un órgano de inteligencia requiere de una base social de la que carece el Cisen, para que sirva a la sociedad y asegurar su permanencia. “Ni siquiera es un órgano de espionaje, es un organismo totalmente que abandonó las funciones para las que fue creado. Un órgano de inteligencia es participativo, tiene capacidad, sabe cómo recabar información y aprovecharla, cómo negociar, etcétera”.
Finalmente, el experto en seguridad nacional considera que Alberto Bazbaz llega al Cisen para cerrar el régimen, porque la institución ha recibido enormes recursos gastados de forma discrecional, sin que haya comprobación de gastos ni rendición de cuentas.
José Réyez

Cínicos y retadores desacatos de Peña


contralinea.com.mx

Cínicos y retadores desacatos de Peña

 

Autor: Álvaro Cepeda Neri *

En resolución definitiva de mayo de 2012, la Corte ordenó a Peña que sus empleados, los titulares de Semarnat, Medio Ambiente y Agua, dejaran de bombear el agua del río Yaqui hacia los campos de golf y empresas de la capital de Sonora (donde tiene agua de más con sus presas, ríos y los 600 pozos de la costa de Hermosillo), porque robaban el líquido que pertenece al municipio de Cajeme, al Valle del Yaqui (donde el agua apenas alcanza para un cultivo de tres que deberían ser) y a los siete pueblos yaquis. Incluso esa resolución obliga a Profepa para que las cuatro dependencias suspendan ese robo que abusando del poder, el ahora encarcelado desgobernador panista Guillermo Padrés impuso; y quien también se construyó una presa particular para regar sus cultivos. Esto fue hace seis años y es hora que Peña se mantiene en desacato, sin que la Corte le haya dado un ultimátum por no acatar lo dispuesto en la resolución.

¿A qué se debe el desacato de Peña? Éste visitó en noviembre del 2015 el sur de Sonora y declaró que no estaba enterado de esa violación; y ordenó al Consejero Jurídico de la Presidencia atender la petición. Por eso es que el 15 de febrero del 2016, los quejosos se reunieron con el Consejero Jurídico, quien prometió cumplirla en 20 días… y a la fecha Peña ha mostrado su desacato. Por lo que el 13 de diciembre del 2017 se presentó en la Cámara de  Diputados un Punto de Acuerdo dirigido a Peña para cumplir con lo que le ordena la Corte. Pero nada ha hecho al respecto.
Por esto es que la Tribu Yaqui prepara una marcha a la capital del país para exigirle al inquilino de Los Pinos que cumpla con la resolución. Y en un diario de la capital del país publicaron el amparo: 631/2012, para exigirle al presidente de la República el cumplimiento de esa obligación, pues el Valle del Yaqui y los habitantes del municipio de Cajeme ya no resisten más el robo del agua.
Afirma Peña en sus giras de despedida que no “ha cerrado la cortina” y cumplirá sus compromisos; pero es pura palabrería, ya que en el caso de la Tribu Yaqui no ha querido ejecutar la resolución. Así que los sonorenses se movilizarán para exigir que Peña, por medio de Semarnat, Conagua, Profepa y Medio Ambiente, acate lo ordenado por la Corte; y que este órgano judicial, a su vez, lo obligue a cumplir con la resolución. Si Peña insiste en su desacato, los cajemenses iniciarán su marcha y plantón hasta que se detenga el robo del agua que ha dañado las actividades de Cajeme y el Valle del Yaqui, al reducir drásticamente la siembra de trigo, arroz, legumbres y otras semillas; así como a la ganadería y la avicultura, racionando el agua para consumo humano. La resolución de la Corte ordena cerrar el Acueducto Independencia, pero Peña no quiere acatarla. Esto lo hace candidato a ser removido del cargo y fincarle responsabilidades penales.
Y es que el “señor presidente” acumula desacatos a resoluciones judiciales, pues ahora es en Tecate –uno de los municipios de Baja California, que con la otra Baja California quisieran arrebatarnos los estadounidenses– donde la empresa gasera Rivera de Hidrocarburos del Noroeste, SA de CV, por sus “pistolas” e influencias ante el gobierno federal de Peña –la secretaría de Energía donde el yucateco dueño de gasolineras: Pedro Joaquín Coldwell sigue rematando la riqueza petrolera–, ha decidido instalar su planta de almacenamiento dentro del área de Amortiguamiento y de Alto Riesgo determinada por Protección Civil de Baja California, lo que causará daños humanos y ecológicos irreversibles.
Ya los bajacalifornianos recurrieron al amparo y lograron dos resoluciones para impedir que la empresa haga su prepotente voluntad. Los amparos 1299/2017 y 77/2018, han dictado órdenes para retirar el permiso y concesión federales, pues hay argumentos y pruebas del daño que causaría la gasera a la que lo único que le importa es ganar dinero a costa de la salud y riesgo de la población de esa entidad. Y los afectados han publicado (El Universal, 12 de febrero de 2018), una carta a Peña donde dicen: “Acudimos en denuncia pública (le agregan: otra vez), contra las irregularidades en la actuación de las autoridades federales en materia de hidrocarburos, que insisten en sostener autorización de gasera en el municipio de Tecate, Baja California”.
Y exponen que el 10 de este febrero, la dependencia local de Infraestructura y Desarrollo Urbano clausuró las instalaciones de la gasera que continúa con su insolencia, gritando que tiene el apoyo federal. Por lo que empieza a gestarse la culminación del enojo popular, lo cual puede generar un conflicto de violencia, porque los bajacalifornianos de Tecate, ante el desacato de Peña y sus funcionarios, actuarán para impedir que la empresa –también en desacato judicial– logre su arbitrario cometido.
Para colmo, la secretaría del Medio Ambiente se atrevió a expedir lo autorización de impacto ambiental favorable a la gasera, en lo que es una provocación que puede terminar en un enfrentamiento ya que policía federal y militares resguardan a la empresa y tampoco respetan los fallos de jueces federales. Ya es la segunda petición a Peña y éste, con su Consejero Jurídico, en abierto desacato y desobediencia, hacen como que no saben del asunto, para que la empresa gasera termine su instalación.
Desde octubre de 2017 fueron avisados los funcionarios de Peña, de que las resoluciones judiciales no se cumplen. Y tras dos cartas publicadas en los medios de comunicación escritos, Peña debe estar más que enterado del asunto pero nada hace para impedir la insolente conducta empresarial. La situación apunta a una tragedia social, porque los tecatenses están ya en el límite de su paciencia y de luchar pacíficamente para demostrar que les asiste la razón ecológica, y están dispuestos a impedir que la gasera haga su voluntad, violatoria de resoluciones judiciales.
Álvaro Cepeda Neri

Ayotzinapa: PGR incurrió en tortura y encubrimiento, señala la ONU


contralinea.com.mx

Ayotzinapa: PGR incurrió en tortura y encubrimiento, señala la ONU

 

Autor: Nancy Flores / @Nancy_Contra

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la investigación ministerial de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero).

El documento Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa concluye que –en la etapa inicial de esa investigación– al menos a 34 personas supuestamente implicadas se les habría detenido arbitrariamente y torturado.
Todas las detenciones –aclara el informe, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– fueron realizadas por personal de la PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina (Semar).
Los 34 casos documentados de violaciones de derechos humanos ocurrieron a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la PGR atrajo la investigación que hasta entonces realizaba la Fiscalía de Guerrero.
Para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, “estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento”.
Y es que tras analizar los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, respecto de 63 personas de un total de 129 imputadas, la Oficina asegura contar con “fuertes elementos de convicción” para concluir que al menos 34 sufrieron torturas.
El informe observó “un modus operandi prácticamente uniforme” en las detenciones arbitrarias y torturas para extraer información o confesiones, con demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que las dejó fuera de la protección de la ley.
Las “justificaciones” que la autoridad esgrimio ante el organismo internacional resultaron contradictorias. Y es que la PGR señaló que las lesiones que presentaban los detenidos eran “autogolpes, lesiones anteriores a la detención, estados de ebriedad o caídas”.
Otro elemento considerado por la Ofina de la ONU fue la existencia de varias declaraciones auto-inculpatorias supuestamente “libres y espontáneas”, vinculadas precisamente con los detenidos que presentaban múltiples lesiones. Algo que se confirma en los partes médicos, señala.
Por ello, el informe exige que cualquier prueba del caso Ayotzinapa, sobre la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo la tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto, de acuerdo con la Ley General sobre Tortura vigente en México y con las normas del derecho internacional.
Asimismo, insta a la PGR a investigar en un plazo razonable e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de derechos humanos.
Según la Oficina de la ONU, en 2016 la Visitaduría General de la PGR “llevó a cabo un esfuerzo genuino para investigar algunas de las violaciones; pero esa investigación interna fue frustrada posteriormente por el remplazo de los funcionarios comprometidos con dicho empeño y, hasta la fecha, no se han producido imputaciones ni sanciones en relación con los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos”.
Al respecto, Zeid Ra’ad Al Hussein –Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– señaló que “las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa”.
Al presentar el informe en Ginebra, agregó que “esta pauta no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”.
Para la Oficina de la ONU es muy importante que el Estado mexicano elabore y aplique el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, y que el Congreso adopte reformas legales que garanticen realmente la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República y que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas.
A través de un comunicado de prensa, también se pide al Estado mexicano instrumentar la recomendación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad.
Además aclara que el informe no aborda quiénes fueron los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes y de las muertes de otras seis personas. “Sin embargo, al arrojar más luz sobre algunas de las deficiencias de la fase inicial de la investigación, busca contribuir a la verdad en lo referente a estas desapariciones”.
El Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein señaló que “el caso Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas para abordar las violaciones graves de derechos humanos. Durante 3 años y medio las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les ocurrió a sus seres queridos. Insto a las autoridades mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”.
Nancy Flores

Deuda de Pemex supera los 2.1 billones de pesos


contralinea.com.mx

Deuda de Pemex supera los 2.1 billones de pesos

 

Autor: Nancy Flores / @Nancy_Contra

La deuda de Petróleos Mexicanos superó ya los 2.1 billones de pesos. Así, hipotecada y desmantelada, llega la empresa al 80 aniversario de la expropiación petrolera. Mientras avanza la privatización de sus activos, el dispendio y la corrupción también se profundizan


Petróleos Mexicanos (Pemex) conmemora el 80 aniversario de la expropiación petrolera en medio de la que podría ser su peor crisis: su deuda financiera supera los 2.1 billones de pesos, mientras sus activos disminuyen dramáticamente por la privatización, el desmantelamiento, el robo de combustibles y la corrupción.
Problemas que se han profundizado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no sólo por la reforma energética y la intensificación de las actividades del crimen organizado, sino porque en este sexenio casi se triplicó el pasivo financiero.
De acuerdo con información oficial, entre enero de 2013 y febrero de 2018, la deuda de Pemex se incrementó 1 billón 329 mil 841 millones de pesos: pasó de 786 mil 859 millones en diciembre de 2012 –último año del gobierno de Felipe Calderón–, a 2 billones 116 mil 700 millones el mes pasado.
Y es que el endeudamiento crece a pasos agigantados: mientras los Estados financieros al cuarto trimestre de 2017 apuntaban que éste ascendía a 2 billones 37 mil 900 millones de pesos, para el 1 de febrero pasado sumaba otros 4 mil millones de dólares (unos 78 mil 800 millones de pesos), correspondientes a la colocación de dos nuevos bonos en los mercados de capital.
Según Pemex, “el flujo de efectivo derivado de sus operaciones en años recientes no ha sido suficiente para fondear sus gastos de inversión y otros gastos, por lo que su endeudamiento se ha incrementado significativamente y su capital de trabajo ha disminuido”.
Los riesgos inminentes asociados a estos pasivos iniciarían con las restricciones de liquidez. Según su más reciente Información financiera trimestral –entregada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores–, esto “podría dificultar la obtención de financiamientos en términos favorables; podría afectar la situación financiera, los resultados de operación y la capacidad para pagar la deuda; y, finalmente, la capacidad para operar como negocio en marcha”.
El dinero de la deuda contratada por Pemex ha quedado más en la corrupción que en beneficios que se reflejen en la empresa, señala el ingeniero Pablo López Figueroa, trabajador de la petrolera.
El líder del independiente sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) considera que la situación no sólo es grave sino sobre todo cruel, porque por muchos años la industria benefició a todos los mexicanos y ahora sólo beneficia a privados.
El ingeniero López Figueroa destaca que mientras la empresa se asfixia por las deudas, el gobierno sigue utilizando sus recursos, descapitalizándola aún más.
Por ello, indica, la crisis se recrudece: “los accidentes se incrementan, igual que la pérdida de vidas por siniestros. Y eso es por el interés que tienen de privatizar Pemex. Pero las compañías privadas no van a invertir, sólo vienen a utilizar la infraestructura que el gobierno les está cediendo”.

Privatización acelerada

Derivado de la reforma energética de 2013, la petrolera ha cedido ya las áreas consideradas como estratégicas para la nación, antes reservadas al Estado.

Muestra de ello son los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que indican que, a la fecha, se han firmado 74 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos con 70 empresas de 18 países. De esos, 49 son en campos terrestres, 16 en aguas someras y nueve en aguas profundas.
Por ello, el ingeniero Moisés Flores Salmerón considera que Pemex llega “muy destrozado” al 80 aniversario de la expropiación petrolera. La crisis del sector, señala este luchador petrolero, abarca desde la producción de hidrocarburos hasta la de petrolíferos y petroquímicos. Y es que ya no hay área que no sea susceptible de privatizar.
La desestatificación de la industria trae consigo desempleo y precariedad. En entrevista, el ingeniero López Figueroa observa que, tanto el cierre de petroquímicas como la baja de presupuesto para exploración, producción y refinación, incrementó el desempleo como nunca antes.
 “Ciudad del Carmen [Campeche], que hace tiempo era muy productiva, hoy parece isla desierta: edificios, centros comerciales, escuelas, hoteles, comercios, restaurantes abandonados. Todo lo que estaba alrededor de Pemex fracasó.”
Agrega que “los trabajadores mismos han sufrido: el personal considerado como eventual o transitorio fue corrido con el pretexto de la falta de presupuesto. Nada más del sistema petrolero estamos hablando de cerca de 100 mil empleos perdidos. Los que somos de planta tuvimos que suplir esas plazas”.
El problema no sólo se reduce a las áreas subastadas a favor de las trasnacionales, también tiene que ver con la chatarrización intencional y el desmantelamiento de los activos, sobre todo en la rama petroquímica y de transportación, como los ductos.
López Figueroa pone como ejemplo “la venta de una plataforma aquí en la zona marina a un precio irrisorio, cuando su valor es al menos 10 veces mayor. Claramente se ve que esa no fue una licitación legal.”
El ingeniero petrolero se refiere a la plataforma habitacional Chemul, que Pemex vendió a inicios de 2018 como si fuera chatarra, pues la remató en 120 millones de pesos cuando su valor real se estima en más de 790 millones.
“Todo lo están vendiendo y eso no es lo peor. Lo peor es que las empresas que están comprando a Pemex lo hacen sin los trabajadores y sin los pasivos laborales; cuando nosotros, a través de generaciones, formamos fideicomisos para respaldar las pensiones del personal que se jubila y eso está en riesgo”, señala el líder de la Untypp.

La corrupción

Uno de los peores problemas que, por años, ha afectado a la industria es la corrupción, como lo demuestra el escándalo de la brasileña Odebrecht, ya juzgado y condenado en otros países pero que en México permanece en la impunidad, pese a las evidencias ventiladas en los juicios en Brasil y Estados Unidos.

En los más recientes informes de la Auditoría Superior de la Federación se ha dado cuenta de otros casos emblemáticos, como el de Agro Nitrogenados. El recién entregado informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2016 revela que Pemex habría pagado en exceso más de 3 mil millones de pesos por contratos relacionados con la rehabilitación de esa planta chatarra.
Por ello, en la “Auditoría de inversiones físicas 16-2-18T5K-04-0438”, el máximo órgano de fiscalización solicitó a la petrolera estatal que aclare el destino de 3 mil 71 millones 402 mil pesos en total. La mayor parte de ese monto corresponde a un pago en exceso a Cobra Instalaciones México, SA de CV, filial del grupo español de construcción ACS.
De acuerdo con la Auditoría, al revisar las 21 estimaciones de la fase I del contrato AGRO-DG-003/14 –firmado entre Pemex, a través de su filial Pro Agroindustria, y Cobra Instalaciones– se observó “una diferencia de 129 millones 604 mil 800 dólares (2 mil 672 millones 373 mil 900 pesos), entre lo pagado a la contratista por 209 millones 604 mil 800 dólares y lo establecido en la cláusula séptima de dicho contrato”.
Y es que en dicha cláusula se estipuló que la ejecución de esas obras costaría un estimado de 80 millones de dólares, “sin que se justificaran las razones del sobrecosto de los trabajos para la ejecución de la fase I”.
Para la ASF, ello “denota falta de revisión y control de los trabajos por parte de la residencia de obra y la supervisión de la entidad fiscalizada”. Por ello, pide a la Unidad de Responsabilidades en Pemex que investigue el caso y, en su caso, “inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no justificaron las razones del sobrecosto”.
Además solicita a la petrolera que entregue la documentación adicional que justifique y compruebe los más de 2 mil 670 millones de pesos por esta anomalía. Algo que hasta ahora Pemex no ha podido hacer, pues antes de presentar el informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la ASF sostuvo reuniones con la petrolera para “aclarar” el asunto.
El informe de fiscalización también refiere que Pro Agroindustria tampoco ha  proporcionado la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 12 millones 773 mil pesos, correspondientes a un pago irregular relacionado con unos tanques tipo esfera para almacenamiento de amoniaco, trabajos que formalmente se habían excluido del contrato.
Las otras anomalías consistieron en que Pro Agroindustria no justificó actividades realizadas por el personal registrado en el soporte de estimaciones de cada una de las categorías pagadas, ni tampoco la diferencia en los costos del suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación, comisionamiento y arranque de strippers y condensadores de carbamato.

Abandono de infraestructura

Otro esquema irregular detectado por la Auditoría tiene que ver con el abandono intencional de la infraestructura. Al respecto, el informe de fiscalización revela que Pemex Exploración y Producción (PEP) mantuvo inactivos 33 equipos de perforación de pozos petroleros, incluidas ocho plataformas marinas, hasta por 2 mil 831 días (7.7 años).
La negligencia generó pérdidas multimillonarias a la petrolera, pues no sólo se trata del abandono del equipo sino de la falta de producción en la que se incurrió. Además porque pagó sueldos a trabajadores, muchos de ellos también inactivos según el informe.

Y es que PEP habría “olvidado” asignarles personal o no habría designado presupuesto para operarlos, por lo cual la ASF ha promovido ya la responsabilidad sancionatoria contra los funcionarios que incurrieron en esta negligencia.
Según la “Auditoría financiera y de cumplimiento 16-6-90T9G-02-0464”, 25 de esos equipos son de perforación terrestre y los otros ocho son marinos. Y los peores casos correspondieron a dichas plataformas, pues la inactividad fue de 385 a 2 mil 831 días (de 1 año 20 días a más de 7 años 7 meses), periodo que abarca las administraciones de Emilio Lozoya y Juan José Suárez Coppel.

Robo de combustibles

Aunado a ello, Pemex sigue registrando pérdidas multimillonarias por el robo de combustibles. Ello a pesar de que ha gastado más de 3 mil 870 millones de pesos en su estrategia al desempeño y capacidades operativas para la salvaguarda de sus instalaciones estratégicas y del Sistema Nacional de Ductos, tan sólo en 2016.
Dicha estrategia tiene por objetivo disminuir los actos ilícitos de robo, extracción, adulteración y comercialización ilícita de los productos petrolíferos, refiere la “Auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9N-02-0448448-DE”.
No obstante, Pemex ha informado recientemente que en 2017 se registraron 10 mil 363 tomas clandestinas en sus ductos, lo que representó un incremento del 40 por ciento respecto de las tomas en 2016, cuando fueron 6 mil 873.
Por ello, ante la actual crisis, el ingeniero López Figueroa, secretario general de la Untypp, hace un llamado a los trabajadores de la industria: “Viene una oportunidad de rescatar a Petróleos Mexicanos y los únicos que podemos hacerlo somos los petroleros, porque somos mexicanos. Debemos estar unidos para defender y rescatar a esta empresa que tanto beneficio le dio al país”.
Nancy Flores

jueves, 15 de marzo de 2018

Los dominoes siguen cayendo, el gobierno títere de Japón es el siguiente


benjaminfulfordcastellano.wordpress.com

Los dominoes siguen cayendo, el gobierno títere de Japón es el siguiente

victoriakent33

stefan_sessions_ben_garrisonPor Benjamin Fulford – White Dragon Society
Fuente y comentarios en inglés: https://benjaminfulford.net/2018/03/12/japans-puppet-government-next-dominoes-keep-falling/
La derrota final de la mafia jázara ahora se ve en el horizonte, ya que su red mundial de control continúa colapsándose. Esto se está viendo más recientemente con eventos políticos dramáticos en Italia, Japón, Corea y los Estados Unidos. Pronto también veremos cambios en el Reino Unido, Francia, Alemania e Israel, según varias fuentes.
La noticia más importante de la semana pasada fue el anuncio de una reunión cumbre planificada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el hombre fuerte de Corea del Norte, Kim Jong-un. De hecho, los dos líderes ya se reunieron en secreto en noviembre pasado, según fuentes del Pentágono. El anuncio público solo significa que se ha alcanzado un acuerdo general para la reunificación de la Península Coreana, dicen estas y las fuentes de la sociedad secreta asiática. El acuerdo, que probablemente suponga un Premio Nobel para Trump y para el presidente chino Xi Jinping, garantizará que no se permita a las tropas estadounidenses moverse al norte del paralelo 38 en una Corea unificada, dicen las fuentes.
En un movimiento relacionado, la administración de esclavos jázaros del primer ministro japonés Shinzo Abe está a punto de ser derrocada. Se espera que el ministro de Finanzas esclavo de Rothschild, Taro Aso, dimita primero antes de que el propio Abe sea destituído, según varias fuentes. Como prueba de que esto es inminente, la televisión y los periódicos japoneses están ahora en completo estado de escandalo, informando sobre cómo el gobierno japonés vendió tierras con un gran descuento a una escuela conectada con la esposa de Abe, además de a una gran cantidad de políticos, y luego mintió sobre ello:
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/12/national/politics-diplomacy/finance-ministry-admits-to-altering-moritomo-documents-says-references-to-abe-and-wife-were-deleted/#.WqYkz3yRVz8
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-12/japan-finance-minister-under-fire-as-abe-school-scandal-deepens
El verdadero escándalo, sin embargo, es que el régimen de Abe estaba construyendo un laboratorio y una fábrica de armas biológica disfrazada de la escuela veterinaria Kake. Esto significa que el régimen es culpable de crímenes de guerra y no solo de corrupción. La escuela, dicho sea de paso, se suponía que abriría en abril, pero cero estudiantes solicitaron su examen de ingreso.
Los derechistas japoneses asociados con el Emperador dicen que todo el establishment secreto en Japón, incluido el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) controlado por los jesuitas, se ha vuelto contra el régimen de Abe y, por lo tanto, este está condenado.
Un miembro del Gabinete de Abe, que admitió que su gobierno estaba a punto de caer, fue enviado a reunirse con un representante de la Sociedad del Dragón Blanco (WDS) la semana pasada para suplicarle por régimen títere de Japón que le permita continuar funcionando. También pidió que se permita a un miembro del gabinete de Abe participar en las negociaciones en curso entre el ejército de los EE. UU. y el gobierno chino sobre el futuro de Japón “solo para tomar notas”.
Sin embargo, ni los militares de EE. UU. ni los chinos quieren tener ningún representante del régimen esclavo de Abe cerca de las negociaciones, según las fuentes involucradas. El ejército de Estados Unidos está furioso con el establishment japonés porque descubrieron recientemente que la Kobe Steel saboteó deliberadamente el equipamiento militar de los EE. UU. al venderles acero defectuoso, dicen fuentes del Pentágono. Esto no va a quedar impune, dicen.
La WDS, por su parte, dijo que el gobierno japonés (menos Abe y sus compinches) debe aceptar la nacionalización del Banco de Japón, unas elecciones libres y justas, y el anuncio de un jubileo, que incluye no solo la cancelación de todas las deudas, sino también la redistribución de los activos por una sola vez. Al momento de escribir esto, no se ha recibido una respuesta formal a esta solicitud.
En los Estados Unidos, mientras tanto, los Sombreros blancos continúan ganando a lo grande. El mayor indicio de la semana pasada fue la renuncia del ex CEO de Goldman Sachs, Gary Cohn, como asesor económico principal de Trump. “La Casa Blanca ahora está libre de Goldman Sachs”, dijo una fuente del Pentágono. Como resultado de la caída de Cohn, Lloyd Blankfein fue expulsado como director ejecutivo de Goldman Sachs, señaló la fuente.
Esto significa que el asesor de comercio nacionalista de Trump, Peter Navarro, Director de la Oficina de Comercio y Política de Manufactura, es ahora el máximo jefazo económico de la Casa Blanca. El anuncio de una exención de los aranceles de acero y aluminio de Estados Unidos para Canadá y México, pero no para la UE o Japón, muestra lo que probablemente sea la política de guerra comercial de los EE. UU. Del mismo modo que a los militares les gusta eliminar objetivos fáciles primero, está claro que los guerreros comerciales están apuntando a la UE y a Japón para unificar a Occidente antes de enfrentarse a China. Por supuesto, todo esto es una fanfarronería de negociación dirigida a obtener concesiones y no significa que realmente habrá una guerra comercial.
El otro gran acontecimiento en los EE. UU. la semana pasada fue que el fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions “finalmente mostró sus colmillos con una demanda contra California y la publicación de documentos ante el Congreso sobre el ardid de armas “Rápido y Furioso” [del ex presidente Barack] Obama”. sobre Obama, fuentes del Pentágono dicen que el secretario estadounidense Rex Tillerson viajó a Kenia la semana pasada para “evitar que Obama obtenga asilo”.
Mientras tanto, en el Reino Unido, las fuentes del Pentágono dicen que “los círculos de pedofilia británicos reales en Buckingham y Westminster pueden estar vinculados a donaciones del Reino Unido, Australia y Canadá a la Fundación Clinton bajo la dirección de la Reina”. Es cierto que la pedofilia y un comportamiento malvado de una gran parte de la élite del Reino Unido es desenfrenado. Vea el siguiente enlace para un ejemplo reciente.
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/britains-worst-ever-child-grooming-12165527
Sin embargo, este escritor ha encontrado anteriormente que las acusaciones contra la Reina en relación con la pedofilia en Canadá eran invenciones pagadas por un miembro de la familia Rockefeller. Los eventos demostrarán la verdad sobre estas últimas alegaciones. De todos modos, el cambio de régimen vendrá al Reino Unido, ya que Jeremy Corbyn, que está por la verdad sobre el 11-S, reemplazará a la primera ministra Theresa May, insisten fuentes de la CIA.
El cambio de régimen también ha llegado a Italia, donde los partidos anti-UE y anti-establishment ganaron la mayoría en las elecciones de la semana pasada. Sin embargo, este proceso llevará algunos meses, ya que las negociaciones complejas continúan tanto en el parlamento como entre las sociedades secretas.
También se está realizando una gran movida contra el gobierno esclavo de Rothschild de Emmanuel Macron en Francia, donde se estableció un Consejo Nacional de Transición para reemplazar al régimen.
Eric Fiorile del Consejo ha enviado un mensaje a la gente del mundo que dice en parte: “Voy a hablarles sobre la Francia real y verdadera, no sobre la Francia que le muestra sus medios, probablemente tan corruptos como los nuestros … Vivimos bajo una dictadura absoluta. Nadie está a salvo en su propio hogar. Nuestros políticos ahora pueden hacer arrestar a cualquiera sin una orden de arresto y por cualquier motivo. Pueden buscar y aprovechar lo que quieran de los hogares de las personas. Pueden tomar y mantener a cualquiera bajo custodia sin explicación “. El Consejo, que está reuniendo un fuerte apoyo, está solicitando la ayuda de la gente del mundo.
https://www.conseilnational.fr/international-gbr/
También en Alemania, el antiguo régimen en torno a Angela Merkel apenas se aferra al poder. Sin embargo, fuentes de la CIA dicen que hay planes para hacer que todos se den cuenta de que ella es la hija de Hitler y prometen que su régimen está condenado. El enorme éxito de la operación psicológica “Q” ha insinuado esto con el post “¿Quién es Angela Hitler?”
https://qanon.pub/
El último dominó en caer, sin embargo, será Israel. Aquí, la policía israelí se está acercando al satánico primer ministro Benjamin Netanyahu, supuestamente por un escándalo de corrupción. Sin embargo, Netanyahu es un asesino en masa y uno de los principales arquitectos del ataque nuclear y tsunami de Fukushima del 11 de marzo de 2011 contra Japón. Netanyahu se aferra desesperadamente al poder porque sabe que su propia vida depende de ello. Una vez que él y sus compañeros satanistas sean destituidos, el pueblo judío será liberado de literalmente miles de años de esclavitud babilónica.
Como de costumbre, hay mucho de lo que todavía no podemos escribir, pero basta con decir que las negociaciones secretas destinadas a liberar a la humanidad continúan involucrando a Rusia, Irán, China y el ejército de los EE. UU. Por lo tanto, ahora es solo una cuestión de tiempo que tengamos arrestos masivos y tribunales de crímenes de guerra, así como un jubileo y un nuevo sistema político y financiero meritocrático controlado por y para el pueblo.

Corte Suprema sentencia contra soberanía aérea peruana, por Herbert Mujica Rojas


voltairenet.org

Corte Suprema sentencia contra soberanía aérea peruana, por Herbert Mujica Rojas

Herbert Mujica Rojas,

JPEG - 28.4 KB
Soberanía aérea por los suelos
Pocos días atrás tomó posesión del mando Sebastián Piñera Echenique como jefe de Estado de Chile. LATAM tiene, casi como un monopolio, más del 75% de los vuelos en Perú y hacia distintas rutas del mundo desde Lima. Es decir transporta pasajeros y carga y gana muchos miles de millones de dólares.
La Corte Suprema del Perú acaba de sentenciar que el Memorándum de Entendimiento del 2011 entre la DGAC y su par chilena y “ratificada” con resolución oficial por el MTC y su titular de entonces, Enrique Cornejo y durante el gobierno de Alan García Pérez, es un asunto aerocomercial específico y que no interfiere en temas de soberanía.
Curiosamente la sentencia no especifica, como debiera hacerlo, que las actividades aerocomerciales se realizan dentro de un territorio, en este caso el peruano, y que cuando se obsequia a LATAM la posibilidad que lleven y recojan pasajeros y carga desde Lima hacia múltiples partes del mundo y sin reciprocidad, se incurre en atentado contra la salud económica del Perú y su soberanía y los encargados de custodiarla, Cancillería y Congreso, están pintados en la pared con colores tenues cuasi inexistentes. Importante recordar que Alan García obsequió soberanía aérea del Perú a Lan https://www.facebook.com/hcmujica/v...
A partir de la fecha, salvo que el denunciante, el ex parlamentario Roberto Angulo, interponga acción ante el Tribunal Constitucional, la opinión del Congreso –tal cual preceptúa la Constitución- y la Cancillería que ratifican y estudian, respectivamente, los tratados en torno a la irrenunciable soberanía aérea del Perú, son prescindibles, inútiles, decorativos, porque así lo ha determinado la Corte Suprema en su farragoso documento que acompaña a este artículo que denuncia el estropicio.
El 2015, Cancillería, en voz de su entonces titular, Ana María Sánchez, ante una pregunta específica de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ratificó que lo mal tratado y comprometido írritamente en el Memorándum de Entendimiento del 2011, concernía a soberanía y debía seguir el procedimiento habitual de discusión, planteamiento, ratificación o denegatoria a cargo del Congreso de la República. La alegre y proditora sentencia de la Corte Suprema anula, de un plumazo, todas estas facultades indispensables.
Leamos expresión de la Corte Suprema:
“IV.- DECISIÓN:
Por estos fundamentos,
CONFIRMARON la sentencia de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos diez, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda; en los seguidos por Roberto Edmundo Angulo Álvarez contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre Acción Popular;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.
Interviene como Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui;
VINATEA MEDINA,
RUEDA FERNÁNDEZ,
TOLEDO TORIBIO,
BUSTAMANTE ZEGARRA.”
No olvide amigo lector estos apellidos.
¿Entenderán los parlamentarios y los de Cancillería, en estos tiempos de corrupción calamitosa en todos los ámbitos, que este es un asunto que les concierne por mínimo decoro y decencia que, suponemos, aún no pierden?

Ex jefe del estado mayor turco estima que Estados Unidos dirige el PKK desde el encarcelamiento de Ocalan


voltairenet.org

Ex jefe del estado mayor turco estima que Estados Unidos dirige el PKK desde el encarcelamiento de Ocalan


El general Ilker Basbug, ex jefe del estado mayor del ejército turco, declaró en Washington que, en su opinión, Estados Unidos e Israel orquestaron la captura y posterior encarcelamiento en Turquía del líder histórico del PKK, Abdullah Ocalan, en 1999, para apoderarse del control de esa organización de los kurdos turcos.
El general Basbug es un kemalista que se formó en la Academia Militar de Sandhurst (Reino Unido). Al terminar la guerra fría, el general consideró que ya no había razón para que Turquía se mantuviese en la OTAN y, preocupado por diversificar las alianzas de su país, se puso en contacto con el estado mayor de las fuerzas armadas de la República Popular China. Pero fue arrestado en 2013, junto con los demás militares turcos que habían participado en los contactos, y acusado de ser miembro de la red Ergenekon de la OTAN. Al cabo de 6 meses de reclusión fue liberado y las autoridades anularon todo el proceso conocido como Ergenekon [1].
Según el general Basbug, el PKK fue manipulado por los servicios secretos sirios mientras Ocalan estuvo exilado en Damasco –desde 1979 hasta 1999– pero se convirtió poco a poco en un instrumento de Estados Unidos a partir del encarcelamiento en Turquía de ese líder comunista.
Las instancias dirigentes del PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán fundado en Turquía en 1978, se trasladaron de Siria a Dinamarca, hasta 2010, y reaparecieron en 2013 en el norte de Siria, en territorio ocupado por fuerzas de Estados Unidos.
Durante los últimos años, el PKK abandonó su doctrina marxista-leninista y adoptó la ideología anarquista del estadounidense Murray Bookchin. El PKK, antes de extrema izquierda, se convierte así en una organización de derecha y colabora con la OTAN [2].
Varios ex miembros del PKK han asegurado a la Red Voltaire que Abdullah Ocalan, quien sigue preso en Turquía, es ajeno al viraje de 180 grados de la organización política que lo eligió como líder en 1978.

Sanders: EEUU apoya la guerra saudí contra Yemen



Sanders: EEUU apoya la guerra saudí contra Yemen
Bernie Sanders, el senador demócrata estadounidense.

Poco se sabe en Estados Unidos sobre el apoyo de Washington a la guerra lanzada por Arabia Saudí contra Yemen y el papel negativo que juega en agravar la crisis humanitaria yemení, opina el senador demócrata Bernie Sanders, criticando la política exterior del presidente, Donald Trump. “Muchos estadounidenses no son conscientes de que el pueblo de Yemen está sufriendo hoy una guerra devastadora ni que las fuerzas de EE.UU. están involucradas activamente en respaldar a la coalición saudí en tal guerra”, escribió Sanders el martes en su cuenta de Twitter.
A este respecto, el legislador diseñó el 1 de marzo un proyecto de ley, junto a otros dos senadores, que pretendía acabar con el papel de Washington en el conflicto de Yemen.
La brutal ofensiva (liderada por los saudíes) contra Yemen, que se inició en marzo de 2015 en un intento por restaurar en el poder al fugitivo expresidente yemení Abdu Rabu Mansur Hadi, ha gozado desde su comienzo del apoyo político y militar de EE.UU. y de sus aliados europeos.
La agresión ha acabado hasta el momento con la vida de 12.000 muertos y miles de heridos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que además estima que 17 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria de urgencia, siete millones de los cuales están al borde de la hambruna. También ha causado ciertas epidemias, entre otros casos.
Muchos estadounidenses no son conscientes de que el pueblo de Yemen está sufriendo hoy una guerra devastadora ni que las fuerzas de EE.UU están involucradas activamente en respaldar a la coalición saudí en tal guerra”, ha tuiteado el senador demócrata Bernie Sanders, criticando la política exterior del presidente de EE.UU, Donald Trump.
El país norteamericano ha sido uno de los principales vendedores de armas a Arabia Saudí. Esta monarquía árabe se convirtió en 2014 en el primer importador de armas del mundo.
El año pasado, Donald Trump firmó acuerdos de venta de armas a la monarquía de Al Saud por valor de 110.000 millones de dólares. Desde entonces, han aumentado las arremetidas contra Yemen.
Pese a la preocupación y las críticas mundiales por la crisis humanitaria que amenaza al pueblo yemení, el conflicto en este país continúa debido a los apoyos de Estados Unidos junto con algunos países europeos.
hispantv
 

La FIFA, en pánico por un posible boicot al Mundial de Rusia


laverdadoculta.com.ar

La FIFA, en pánico por un posible boicot al Mundial de Rusia


La FIFA, en pánico por un posible boicot al Mundial de Rusia
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (dcha.) y el presidente ruso, Vladimir Putin (izda.) durante una reunión en Moscú, 12 de febrero de 2018.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha entrado en pánico ante la creciente presión internacional para boicotear la Copa Mundial Rusia 2018 en relación con la crisis provocada por el asesinato en el Reino Unido del exespía ruso Serguéi Skripal, del que acusan a Moscú. La organización guarda silencio oficial, pero en privado algunos de sus dirigentes reconocen que “el envenenamiento del coronel Skripal ha sido la gota que ha colmado el vaso. La tensión está al límite”.
El vacío a la Copa Mundial puede escenificarse en el primer partido del torneo, que enfrentará a dos países que precisamente están bajo la lupa de todos los demás: Rusia y Arabia Saudí.
El Reino Unido ha iniciado conversaciones con sus aliados occidentales para dejar solo al presidente ruso, Vladímir Putin, en el palco del estadio Luzhniki el próximo 14 de junio, en la ceremonia inaugural del Mundial. Estados Unidos apoya el boicot.
El Gobierno británico ha concluido que es “muy probable” que Rusia sea responsable del ataque con gas nervioso contra el exespía Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury, en el sur del territorio británico.
El diario británico The Daily Mail informó el martes del posible boicot del Reino Unido al Mundial después de que la primera ministra británica, Theresa May, acusara a Rusia de ser responsable del incidente.
Por su parte, Estados Unidos se ha sumado a las protestas de su aliado, espoleado a su vez por las presuntas injerencias cibernéticas de Rusia en sus últimas elecciones presidenciales.
El temor a las fábricas rusas de noticias falseadas y ejércitos de trol para influir en los votantes se ha extendido a países como España y Francia. Rusia, como en el caso del espía Skripal, niega todas las acusaciones y ha retado a los acusadores a presentar pruebas.
Los conflictos bélicos de Siria y Ucrania, incluida la anexión a Rusia de Crimea, son otros asuntos de la larga lista de conflictos que mantienen Occidente y sus aliados con Moscú, a los que se suman los casos de dopaje del deporte ruso.
Con este panorama, la FIFA está preocupadísima. Más que eso: ha entrado en pánico ante el riesgo de un extenso boicot a la Copa del Mundo, con la amenaza de renuncia de varios países.
hispantv