Brasilia, Brasil. Salvo que serán 13 los candidatos
presidenciales y alrededor de 146 millones 800 mil los votantes
registrados, nada más parece seguro para los próximos comicios generales
en Brasil.
Serán las elecciones más imprevisibles de las que se vivieron en
Brasil, afirmó recientemente el teólogo de la liberación Frei Betto,
quien admitió no tener tampoco la esperanza de que el Congreso surgido
de la votación de octubre “sea menos conservador que el actual”.
A la incertidumbre que antecede al sufragio en las urnas electrónicas
el venidero 7 de octubre ha contribuido en mucho lo que el cientista
político y coordinador del Observatorio de las Elecciones, Leonardo
Avritzer, considera un activismo judicial que nunca fue tan decisivo
como ahora.
Ésta será la disputa más judicializada de la historia; mucho más de
la que tuvimos en 2014, pues “parte del Poder Judicial parece dispuesta a
sustituir la soberanía del elector”, aumentando así el riesgo de que
sea electo un presidente débil, además de gobernadores sin legitimidad,
sostuvo.
La manifestación más evidente del criterio de Avritzer es, sin duda,
la exclusión de la contienda –como consecuencia de sucesivas decisiones
judiciales– del líder absoluto en todas las encuestas de intención de
voto: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde el
pasado 7 de abril.
Condenado a 12 años y 1 mes de cárcel por “actos indeterminados”, sin
presentar una sola prueba material que sustentara la acusación y en un
acelerado proceso en los tribunales de primera y segunda instancia que
abogados de su defensa y peritos internacionales consideraron plagado de
irregularidades y viciado de origen, Lula fue imposibilitado de
competir en las urnas con base en la llamada Ley de Ficha Limpia.
El dispositivo legal, promulgado en 2010, estableció nuevas hipótesis
de inelegibilidad, entre éstas la de que ningún reo condenado en
segunda instancia pudiera contender por cargos políticos.
Una regla que, sin embargo, no se aplicó nunca en otros 1 mil 500
casos de candidatos que de entonces a esta parte concurrieron a las
elecciones sub-júdice (aguardando determinación judicial), y gracias a
cuya omisión en 2016 un total de 145 candidatos a alcalde disputaron los
comicios, 98 de ellos fueron electos y hoy ejercen su mandato.
La decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de impedir a Lula
disputar las venideras elecciones presidenciales, además de defraudar a
la mayoría del electorado brasileño desacató la decisión proferida el 17
de agosto último por el Comité de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas (ONU).
El órgano de la ONU indicó al Estado brasileño que debía garantizar a
Lula el pleno ejercicio de sus derechos políticos, incluso los
inherentes a su candidatura presidencial, “hasta que todos los recursos
pendientes de revisión contra su condena sean completados en un
procedimiento justo”.
Al dictaminar la exclusión forzosa de Lula, candidato favorito en
todas y cada una de las encuestas de intención de voto realizadas hasta
finales de agosto, el TSE dejó a Brasil ante las elecciones más
indefinidas de su historia.
Éste era uno de los posibles cinco escenarios dibujados 2 meses atrás
por el asesor de Movimientos y Pastorales Sociales e integrante del
grupo de reflexión Nuevos Paradigmas, Roberto Malvezzi, según el cual la
conclusión a que habían llegado era que “nada está seguro, todo está
incierto”.
Con Lula impedido de concurrir, dijo, gran parte de la población va a
votar en blanco o nulo, como indican las pesquisas. Y quien va a asumir
(la Presidencia de la República) estará siempre con la pecha de
ilegítimo, de subcandidato que sólo ganó porque Lula fue prohibido.
La previsión de Malvezzi fue corroborada por el portal Poder 360,
según el cual el no voto (blancos, nulos y abstenciones) puede ser
mayoritario en las próximas elecciones en Brasil ante la ausencia del
fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) entre
los presidenciables.
Cuando en la disputa por ocupar el Palacio de Planalto se excluye el
nombre de Lula, el no voto crece en 23 de los 26 Estados de la
Federación y en el Distrito Federal con relación a los comicios
presidenciales de 2010 y 2014, anticipó la fuente después de cruzar los
resultados de estos y las encuestas de intención de voto para 2018.
De acuerdo con la publicación, si los pronósticos se cumplieran el no
voto llegaría este año a alcanzar la cifra de 57.8 millones de
electores, muy superior a las de 2014 (38.8 millones) y a la de 2010
(34.2 millones).
En entidades como Río Grande del Norte los sufragios inválidos
podrían llegar al 51 por ciento del total, mientras en Sergipe y
Pernambuco alcanzaría el 44 por ciento; en Alagoas ascendería hasta el
42 por ciento y hasta el 40 en Paraíba.
Las mayores cantidades de votos blancos, nulos y abstenciones en la
elección anterior se registraron en Bahía y Río de Janeiro, en ambos
casos con 31 por ciento del total, y 4 años antes Maranhao (32) y
Alagoas (31).
Por otra parte, más allá de la preferencia del electorado, hasta
ahora manifiesta apenas en los sondeos de intención de voto, mucho
tendrán que ver en el desempeño y resultado final de los presidenciables
las nuevas reglas de financiamiento para campañas y de tiempo de
propaganda en radio y televisión vigentes para la actual contienda.
Instituido a partir de sendas reformas del sistema electoral hechas
en 2015 y 2016, el nuevo ordenamiento limita las formas de
financiamiento de las campañas (que además acorta) al suprimir la
posibilidad de recibir recursos de parte de las empresas y establecer un
Fondo Especial de 1 mil 700 millones de reales (más de 410 millones de
dólares) para ser desigualmente distribuidos entre los 35 partidos
registrados en el país.
Sólo 2 por ciento de esa suma se repartirá a partes iguales entre
todas las fuerzas; mientras, 48 por ciento beneficiará a los partidos de
acuerdo con la proporción de representantes en la Cámara de Diputados
que tenían el 28 de agosto de 2017; 35 por ciento entre aquellos con al
menos un representante electo para esa Casa en 2014, y el restante 15
por ciento según la proporcionalidad en el Senado federal.
La nueva legislación electoral vigente, sin embargo, no establece
límites para el llamado “autofinanciamiento”, con lo cual un aspirante
con alto poder adquisitivo podrá financiar la totalidad de los gastos de
su campaña electoral, algo que pudiera crear –de cierta forma– algunos
“supercandidatos”.
Tales serían los casos, por ejemplo, de Joao Amoedo, del Partido
Nuevo (Novo) y del representante del gobernante Movimiento Democrático
Brasileño (MDB) Henrique Meirelles), quienes concentran el 96 por ciento
de todo el patrimonio declarado por los 13 presidenciables.
Los bienes declarados por Amoedo suman 425 millones de reales (más de
100 millones de dólares) y 377 millones de reales (unos 91 millones de
dólares) los del banquero Meirelles.
El reparto del espacio de televisión también perjudicará a los
partidos menores, pues éste responde al tamaño de las bancadas en el
Congreso.
Así, el exgobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin, quien representa a
la coalición Para unir a Brasil compuesta por nueve fuerzas políticas,
dispondrá de más del 44 por ciento del tiempo establecido para estos
fines (11 minutos y cuatro segundos), mientras el candidato de la
extrema derecha Jair Bolsonaro dispondrá de apenas 16 segundos.
Según los últimos estimados dados a conocer, 146.8 millones de
brasileños están aptos para votar en los comicios de octubre próximo,
cuando además del presidente y vicepresidente de la República serán
electos los 27 gobernadores, 54 senadores y 513 diputados federales.
Con vistas a optar por esos puestos fueron inscriptos 28 mil 125
candidatos, 7.5 por ciento más que los 26 mil 162 registrados para los
comicios de 2014.
Entre los 35 partidos políticos que aspiran a ocupar alguna de las 1
mil 654 plazas que se pondrán en disputa, seis inscribieron más de 1
millar de aspirantes: el Partido Social Liberal (PSL) encabeza la
relación con 1 mil 487 candidatos, seguido por el Partido Socialismo y
Libertad (PSOL), con 1 mil 319.
Después le siguen el Partido de los Trabajadores (PT), con 1 mil 283;
Patriota (1 mil 142); el gobernante Movimiento Democrático Brasileño,
MDB (1 mil 082) y el Partido Republicano del Orden Social, PROS (1 mil
059).
Del total de candidatos que solicitaron registro, 13 aspiran a la
Presidencia de la República; 199 a una de las 27 plazas de gobernador;
321 a ocupar alguno de los 54 escaños en disputa para el Senado Federal,
y 8 mil 274 pugnarán por uno de los 513 asientos en la Cámara de
Diputados.
Para cubrir los 1 mil 35 curules de diputado estadual hay 17 mil 413
aspirantes y 960 para ser electo uno de los 24 diputados distritales.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Divulgación de
Candidaturas, la mayor parte son hombres: 19 mil 475, lo cual representa
el 69.24 por ciento del total. La participación femenina (8 mil 650
postulantes) en las venideras elecciones será superior a la de 2014,
cuando concurrieron 8 mil 124 mujeres.
También la mayoría de los pretendientes (52.63 por ciento) se
autodeclararon blancos, mientras 10.82 por ciento dice ser de raza negra
y apenas 0.47 por ciento, o sea 131 candidatos, se denomina indígena.
Entre los inscriptos predominan los ciudadanos de entre 45 y 49 años
de edad (16.11 por ciento), seguidos por los de entre 50 y 54 años
(15.93). Los más jóvenes –de 21 a 24 años– representan 1.72 por ciento
del total y un 0.20 por ciento los que cuentan con entre 80 y 84 años de
edad.
Según el grado de instrucción, predominan los de nivel superior
completo (49.28 por ciento del total) y los que terminaron el nivel
medio (29.11). Mientras, 261 (0.93 por ciento) sólo saben leer y
escribir.
Las elecciones de 2018 en Brasil tendrán otra novedad y será el
acompañamiento, por primera vez, de observadores de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
Una avanzada de la misión, encabezada por la expresidenta
costarricense Laura Chinchilla, estuvo ya en Brasilia y suscribió con el
canciller Aloysio Nunes Ferreira un Acuerdo de Privilegios e
Inmunidades.
El convenio es uno de los dos que establecen las condiciones bajo las
cuales la representación de la OEA realizará su trabajo “con
independencia y autonomía”, dijo en una nota el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Recordó que en diciembre de 2017 fue suscrito el primero de los
convenios, el de Procedimientos para la Observación Electoral, en este
caso entre la OEA y el Tribunal Superior Electoral (TSE).
El factor Lula
Excluido de la contienda en las urnas como consecuencia de una
obcecada persecución judicial, el exdignatario Luiz Inácio Lula da Silva
continúa siendo factor determinante en las elecciones presidenciales de
Brasil, el próximo 7 de octubre.
“Lula todavía es el centro de esa elección, el centro de las
atenciones; aquél que determina la marcha y el comportamiento de la
misma”, reconoció en recientes declaraciones a la prensa el director del
instituto de pesquisas Datafolha, Mauro Paulino.
A juicio del experto, el rumbo de las presidenciales dependería en
mucho de lo que sucediera con Lula, del momento en que sería lanzada la
campaña de su reemplazante, el exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, y
de cómo actuaría el Partido de los Trabajadores (PT) para lograr
convertirlo en un candidato con credibilidad.
El desenlace sobre la candidatura de Lula llegaría pocos días después
de las valoraciones de Paulino, en la madrugada del 1 de septiembre,
cuando por mayoría de votos el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió
rechazar su registro y además dar 10 días de plazo al PT para
reemplazar el nombre de Lula en la fórmula presidencial.
No por esperada, la determinación del TSE dejó de sorprender, pues
desacató abiertamente una decisión del Comité de Derechos Humanos de la
ONU que demandó del Estado brasileño respeto a los derechos políticos de
Lula y su candidatura “hasta que todos los recursos pendientes de
revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo”.
Ya desde comienzos de julio último, y en una carta al pueblo
brasileño dada a conocer por intermedio de la presidenta nacional del
PT, Gleisi Hoffmann, el exdignatario afirmaba no tener razones para
creer que tendría justicia.
El comportamiento público de algunos de los ministros del Supremo
Tribunal Federal (STF) –subrayó Lula entonces– “es una mera reproducción
de lo que pasó en la primera y segunda instancias” judiciales, donde
fue condenado a 12 años y 1 mes de prisión sin que fuera presentada una
sola prueba para demostrar su presunta culpabilidad.
Las decisiones de un solo magistrado han sido usadas para escoger el
colegiado que momentáneamente parece ser más conveniente, como si
hubiera algún compromiso con el resultado del juzgamiento. Son
concebidas como estrategia procesal y no como instrumento de justicia,
denunció.
“No estoy pidiendo favores; estoy exigiendo respeto”, recalcó el
líder histórico y fundador del PT antes de afirmar que “si no quieren
que sea presidente, la forma más sencilla de conseguirlo es tener la
valentía de practicar la democracia y derrotarme en las urnas”.
Una derrota que, de acuerdo con la última encuesta de intención de
voto realizada antes que el TSE lo excluyera de la contienda en las
urnas, sería prácticamente imposible infligirle.
Si los comicios fueran hoy, el expresidente conseguiría alrededor de
54 millones de boletas, lo que sería la mayor votación registrada en el
primer turno desde la redemocratización del país, destacó entonces el
portal www.lula.com.br.
El estimado surgió del cruzamiento de los resultados de los sondeos
que realizaron entre el 13 y el 24 de agosto el Instituto Brasileño de
Opinión Pública y Estadística (Ibope) y el Instituto Datafolha de Minas
Gerais, y según los cuales Lula contaría con 37 por ciento de las
intenciones de voto, más del doble que el segundo colocado, el candidato
ultraderechista Jair Bolsonaro (18).
La pesquisa reveló además que con la presencia del nombre del
exdignatario brasileño en las urnas el porcentaje de votos blancos o
nulos sería de 16 por ciento, mientras si éste fuera excluido de la
contienda ese porcentual se elevaría hasta 29 por ciento.
El no voto (blancos, nulos y abstenciones), alertó a comienzos de
este septiembre el portal Poder 360, puede ser mayoritario en las
próximas elecciones ante la ausencia de Lula.
Cuando en la disputa por ocupar el Palacio de Planalto se excluye el
nombre del exdignatario, el no voto crece en 23 de los 26 estados de la
federación y en el Distrito Federal con relación a los comicios
presidenciales de 2010 y 2014.
De acuerdo con la publicación, si los pronósticos se cumplieran el no
voto llegaría este año a alcanzar la cifra de 57.8 millones de
electores, muy superior a las de 2014 (38.8 millones) y a las de 2010
(34.2 millones).
Reemplazar a Lula en la fórmula presidencial de la coalición El
pueblo feliz de nuevo, que forman el PT, el Partido Comunista de Brasil
(PCdoB) y el Partido Republicano del Orden Social (PROS), constituye el
mayor reto enfrentado por Haddad, un académico y político de 55 años de
edad que gobernó la ciudad de Sao Paulo entre 2013 y 2016.
Designado por Lula como su portavoz, Haddad tuvo también a su cargo
la coordinación del programa de gobierno Brasil feliz de nuevo, que pone
énfasis en la recuperación de la economía y la soberanía, e incluye la
realización de un proceso constituyente y una reforma política con
participación popular, entre otros.
Son cinco los ejes sobre los cuales se estructura el proyecto, el
primero de los cuales es la reafirmación del legado de los gobiernos
petistas y la revocación de las medidas puestas en práctica por el
gobierno golpista de Michel Temer, surgido del golpe
parlamentario-judicial perpetrado en 2016 contra la presidenta
constitucional Dilma Rousseff.
De cualquier modo, para poder llevar a vías de hecho el programa es
necesario primero conseguir imponerse en las urnas y para ello el PT
confía en el potencial de transferencia de votos de Lula para Haddad,
quien fuera además exministro de Educación.
Los petistas encomendaron al Instituto Vox Populi al menos tres
encuestas sobre el asunto y las mismas revelaron que entre 20 y 32 por
ciento de los votos de Lula podrían ser adjudicados a Haddad en el
primer turno de las presidenciales.
Estos resultados, puntualizó el diario digital
Brasil 247,
son similares a los registrados por órganos como el Instituto Brasileño
de Opinión Pública y Estadística (Ibope) y Datafolha: dos tercios de los
que se declaran electores de Lula dicen que votarían con seguridad por
otro candidato indicado por él.
Electores, que como el primero y uno de los más renombrados
especialistas en gerenciamiento de crisis de Brasil, Mario Rosa, sin
dudas perciben que la elección con Lula sería completamente diferente.
Sin Lula, la elección no parece una decisión, sino un entrenamiento.
Es algo desanimado, sin gracia. Puede hasta haber goles, pero no
arrebatan; parece que no valen. La “torcida” no se levanta, el estadio
no grita; la bola rueda en el campo, pero no entusiasma, opinó Rosa,
autodeclarado amante de la política y el fútbol.
Con Lula, no. El graderío iba a permanecer de pie; las banderas irían
a agitarse frenéticas. No faltaría el palabrón; el juego sería jugado y
con garra. Iba a tener marcación cerrada, confusión, falta, cartones…
Pero qué juegazo!, remató.
“Del modo en que está es un pleito que llama más la atención por una
ausencia de lo que por todas las presencias reunidas. La elección sin
Lula es la final de un campeonato estadual. Con él, sería una final de
Copa del Mundo”, concluyó.
Jair Bolsonaro, el más controvertido candidato a gobernar Brasil
Legislador federal de larga data y escasos resultados, el candidato
de la extrema derecha Jair Messias Bolsonaro disputará la Presidencia de
la República en octubre próximo, tres décadas después de incursionar en
la vida política brasileña.
Electo miembro de la Cámara Municipal de Río de Janeiro en 1988 por
el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y dos años después diputado
federal, el controversial excapitán del Ejército está por agotar su
séptimo período en la Cámara baja, donde de 147 proyectos de autoría
propia presentados apenas uno llegó a convertirse en ley.
En esos 27 años de mandato legislativo transitó por ocho partidos
políticos, al último de los cuales, el Social Liberal (PSL) se afilió
este año para postularse como candidato presidencial de la coalición
Brasil encima de todo,
Dios encima de todos, integrada además por el Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB, por sus siglas en portugués).
Bolsonaro, de 63 años, nunca ocupó un cargo que lo destacara en la
Cámara; no encabezó ninguna comisión legislativa ni una bancada, y si
tuvo alguna visibilidad fue por su carácter autoritario, sus discursos
agresivos, sus posiciones extremas y sus comentarios racistas y
homofóbicos.
Por el contrario, tiene en su haber el hecho de ser recordista
absoluto en procesos abiertos en el Consejo de Ética, con cuatro
instaurados desde que fuera instalado ese órgano en 2001, y es también
reo ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en dos acciones penales, en
las cuales es acusado de injuria y apología del estupro.
Autodefinido como “católico fervoroso”, Bolsonaro es tratado por sus
seguidores, en buena parte jóvenes instruidos, como un “mito” y como el
único capaz de acabar con la inseguridad que golpea al país, aun cuando
la receta fundamental que el presidenciable propone para ello es la
cuestionada flexibilización de la tenencia de armas de fuego.
De cualquier modo, se trata de un electorado fiel y que le ha
permitido mantenerse como segundo colocado en todas las encuestas de
intención de voto en las que aparecía además entre los candidatos el
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ya impedido de concurrir a la
contienda en las urnas por decisión del Tribunal Superior Electoral
(TSE).
Según el más reciente sondeo realizado por el Instituto Datafolha, y
cuyos resultados fueron revelados el 10 de septiembre, Bolsonaro –quien
se recupera de un ataque con arma blanca sufrido durante un acto de
campaña en Minas Gerais– ganaría en el primer turno (ya sin Lula) con 24
por ciento de respaldo entre los potenciales electores.
Sin embargo, continúa siendo el candidato más rechazado (43 por
ciento no votaría por él en hipótesis alguna) y de verse obligado a
disputar una segunda vuelta perdería con tres de sus principales
adversarios: Ciro Gomes, Marina Silva y Geraldo Alckmin, y solo quedaría
en un empate técnico con Fernando Haddad, el reemplazante de Lula.
Meses atrás, y refiriéndose a la entonces precandidatura del
excapitán del Ejército, la depuesta presidenta constitucional Dilma
Rousseff negó que éste fuera “una ficción” y tampoco “un producto
militar”. Las Fuerzas Armadas –sostuvo– no tienen nada que ver con
Bolsonaro.
A juicio de la exmandataria, la relevancia conseguida por el
parlamentario carioca es solo parte del proceso de intolerancia, racismo
y misoginia desatado por el golpe contra la democracia perpetrado en
2016 por el Congreso de la Nación con el consentimiento del Poder
Judicial y que creó un fuerte antagonismo dentro de Brasil.
Más que un programa para el país, el llamado Proyecto Fénix,
presentado por Bolsonaro ante el Tribunal Superior Electoral como plan
de gobierno, parece una carta de intenciones, comentó el periódico
Brasil de Fato
al reseñar el documento de 81 páginas, el cual contiene algunas
sugerencias inconstitucionales que laceran los derechos humanos y la
libertad de expresión.
El documento presenta lo que considera una nueva forma de gobernar
bajo el slogan “Más Brasil, menos Brasilia” y promete realizar los
ajustes necesarios para garantizar crecimiento con inflación baja,
generar empleos y enfrentar “los grupos de intereses ocultos que casi
destruyeron al país”.
Insiste asimismo en facilitar el porte de armas, reducir hasta los 16
años la mayoría de edad penal, y en tipificar como actos de terrorismo
las invasiones de propiedades rurales y urbanas, en un claro intento por
criminalizar los movimientos sociales que luchan por tierra y vivienda.
Anuncia además la intención de abrir colegios militares en todas las
capitales del país; cambiar los métodos de enseñanza y modificar los
contenidos para evitar el “adoctrinamiento y la sexualización precoz”, y
“expurgar la ideología de Paulo Freire”, pedagogo brasileño considerado
uno de los pensadores más notables de la historia.
Al ser proclamado oficialmente candidato presidencial, en julio
pasado, Bolsonaro evitó ofrecer muchos detalles de su programa de
gobierno, pero dejó claro que la agenda económica, de la cual se encarga
Paulo Guedes, fundador del banco Pactual, busca el liberalismo y
reordenar las estructuras federales disminuyendo el número de
ministerios.
Mientras, en recientes declaraciones a la prensa afirmó que de ser
electo retiraría la Embajada de Palestina de Brasil; buscaría ampliar el
diálogo con Israel, Estados Unidos y Europa, y abogó por “dar la debida
estatura” al Mercosur, pues no se puede ser un país con el PIB del
tamaño de casi toda América Latina y estar subordinado a éste.
De cualquier modo, el Proyecto Fénix es apenas una propuesta que el
candidato del Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en
portugués), Ciro Gomes, confía en que no llegue a aplicarse, pues
Bolsonaro –consideró– no llegará a ganar la elección.
El éxito de Bolsonaro en las encuestas es impulsado por los ricos,
blancos, machos… básicamente ese lado más truculento y egoísta de la
sociedad, señaló Gomes y apuntó que él (Jair) sabe que más o menos uno
de cada cinco brasileños es homofóbico, misógino, racista y tiene horror
al pobre.
Sin embargo, dijo creer que el pueblo brasileño “no cometerá ese
suicidio colectivo” que sería proclamar a Bolsonaro vencedor en las
urnas.
Geraldo Alckmin: el candidato del golpe de 2016
En su segunda tentativa de ocupar el sillón presidencial del Palacio
de Planalto, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho tendrá que cargar el
pesado fardo que supone ser identificado como el ““candidato del
golpe””.
Y es que fue justamente el Partido de la Social Democracia Brasileña
(PSDB), presidido por él, el encargado –al día siguiente de la elección
de 2014– de cuestionar los resultados de la votación, primero, y luego
impulsar un proceso de
impeachment devenido golpe parlamentario–judicial contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff.
Como para confirmar su condición de postulante de los golpistas, el
exgobernador de Sao Paulo, médico de profesión y ya con 66 años de edad,
aglutinó en torno suyo para lanzarse a la carrera presidencial a la
casi totalidad de los partidos políticos involucrados en el atropello en
que se convirtió el juicio político contra Rousseff.
Así, bajo el paraguas de la coalición Para unir a Brasil quedaron
cobijados el PSDB, los Demócratas (DEM), Solidaridad (SDD), y los
partidos Laborista Brasileño (PTB), Progresista (PP), de la República
(PR), Popular Social (PPS), Republicano Brasileño (PRB) y Social
Democrático (PSD).
En conjunto, las nueve fuerzas lograron una sustancial ventaja
inicial: quedarse con casi la mitad del llamado Fondo Especial
Electoral, al obtener 828 millones de reales (más de 200 millones de
dólares) del total de 1 mil 720 millones de reales (unos 420 millones de
USD) de las arcas públicas asignados con ese propósito.
Además de disponer de poco más del 44 por ciento del tiempo total de
propaganda en la radio y la televisión, con 11 minutos y cuatro
segundos; suficiente para colocar al aire 434
spots diarios.
Mas, hasta ahora la preeminencia en estos dos aspectos no se traduce
en resultados y Alckmin, que dejó el cargo de gobernador paulista en su
más bajo nivel de aprobación (28 por ciento), patina en todas las
encuestas de intención de voto con un respaldo que oscila entre un seis y
un 11 por ciento de los potenciales electores. Ya desde abril último el
periódico digital
Brasil 247 hacía notar que el escenario se
presentaba mucho más áspero para Alckmin en esta campaña que en la de
2006, cuando por primera vez se lanzó detrás del sillón presidencial.
Doce años atrás su gestión al frente del gobierno paulista alcanzaba
una valoración positiva del 66 por ciento, casi 40 puntos más que cuando
la abandonó esta vez para intentar ocupar el Palacio de Planalto. Y
para sus aspiraciones presidenciales, remarcó el diario, la receptividad
de su candidatura por el electorado de Sao Paulo resulta vital.
En 2006, Alckmin tenía cerca de 20 por ciento de las intenciones de
voto y aparecía en segundo lugar, detrás del entonces presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección. Hoy llega, cuando más,
al 11 por ciento y se abraza en un empate técnico con al menos otros
tres aspirantes.
Para analistas aquí, la que lleva adelante el candidato del golpe se
muestra como una campaña errática en la cual se dedica más tiempo a
atacar los adversarios que a mostrar un futuro programa de gobierno.
Quien sea capaz de citar una propuesta de Geraldo Alckmin gana un
viaje a Venezuela, ironizó el diario Folha de Sao Paulo al comentar una
de las tantas apariciones del “tucano” en la televisión, en este caso
para tratar de explicar como pretendía fortalecer la Fuerza Nacional.
En los debates presidenciales transmitidos en cadena nacional, así
como en entrevistas organizadas por diferentes medios, Alckmin ha dicho
que quiere ser el presidente del cambio para transformar a Brasil. “Si
no fuera para eso, no vale la pena”, asegura.
De ahí que entre sus principales banderas enarbole las de las
reformas política, pues “no es posible tener 35 partidos”; del Estado,
tributaria y del sistema de pensiones, las cuales pretende llevar
adelante en los primeros seis meses de gobierno para recuperar la
confianza en el país, dice.
También promete que los salarios crecerán más que la inflación; que
atraerá inversión e impulsará la industria de la construcción, en tanto
ésta constituye uno de los sectores capaces de generar más rápidamente
empleo y renta; y que tendrá como prioridad elevar la calidad de la
educación básica.
Alckmin aboga asimismo por reducir lo que llama el “costo Brasil”
para aumentar la competitividad y fomentar el comercio exterior, así
como por desregular y abrir el sistema bancario, aunque –afirma– sin
privatizar el Banco de Brasil ni la Caixa Económica Federal.
Primero el titular de la Secretaría de Gobierno del Palacio de
Planalto, Carlos Marun, y luego el propio presidente Michel Temer
–principal usufructuario del golpe de Estado de 2016– arremetieron
contra Alckmin en pleno apogeo de su campaña electoral.
Alckmin critica la salud y su candidata a vicepresidenta, la senadora
Ana Amélia, es del PP, partido que gestiona esa área en el gobierno;
enjuicia la educación y el coordinador de su coalición es presidente del
DEM, también el partido que controla esa cartera, apuntó Marun en
declaraciones al portal
Poder 360.
El ansia de vencer en octubre está transformando a Alckmin en “la más
completa personificación de la hipocresía de que se tenga noticia en
esta elección”, remató.
Como para no ser menos que su subordinado, el titular del Ejecutivo
difundió un video en el cual dice dirigirse a Alckmin “por todas las
falsedades que ha colocado en su programa electoral”, cuyas piezas
comienzan afirmando que “el Brasil de Dilma y Temer es así”, antes de
mostrar algunos de los males que hoy aquejan al país.
El mandatario no electo de Brasil dice recordar que el candidato del
PSDB era diferente las veces cuando él lo apoyó en su afán de
convertirse en gobernador de Sao Paulo y también cuando concurrió a la
contienda presidencial de 2006, y le recomienda no atender solo lo que
le dicen sus publicistas.
En el mensaje, de dos minutos de duración, Temer deja claro que él y
Alckmin representan el mismo proyecto y tienen los mismos aliados.
Un proyecto que –según reconoció en declaraciones formuladas Tasso
Jereissati, expresidente del PSDB y titular del Instituto Teotonio
Vilela, su órgano de formación política– resultó un fracaso.
El partido cometió un conjunto de errores memorables, el primero de
los cuales fue cuestionar el resultado electoral (de 2014), algo que no
pertenece a nuestra historia ni a nuestro perfil, porque respetamos la
democracia, dijo.
El segundo yerro fue votar contra principios básicos del PSDB, sobre
todo en la economía, sólo para ir en contra del Partido de los
Trabajadores (PT). Pero el más grande desacierto, y buena parte del
partido se oponía a eso, fue entrar en el gobierno de Temer, reconoció
el senador Jereissati.
Los 12 pasos de Ciro Gomes
Por tercera vez en más de siete lustros de vida pública, Ciro Gomes
figurará en octubre próximo entre los 13 candidatos que disputarán la
Presidencia de Brasil, ahora como abanderado de la coalición Brasil
soberano.
Natural del municipio paulista de Pindamonhangaba, Gomes creció y fue
criado en la ciudad de Sobral, en el nordestino Estado de Ceará, donde
desarrolló una carrera política que incluye el tránsito por siete
partidos y su elección para diputado estadual (1982), alcalde de
Fortaleza (1988) y gobernador (1990).
Fungió además durante cuatro meses como ministro de Hacienda en la
recta final del gobierno de Itamar Franco (1994) y en 2003 asumió la
cartera de Integración Nacional en el primer mandato del expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Su último encargo político transcurrió entre
2007 y 2011 como diputado federal en la Cámara baja.
Su debut en la carrera por el sillón ejecutivo del Palacio de
Planalto se produjo en 1998, dos años después de incorporarse al recién
fundado Partido Popular Socialista (PPS), por el cual volvió a disputar
la elección en 2002.
En su primera incursión como presidenciable, Gomes terminó tercero
con más de siete millones 400 mil votos y aventajado solo por Fernando
Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y
por Lula, fundador del Partido de los Trabajadores (PT).
Cuatro años después, en su segundo intento por ceñirse la banda
presidencial, finalizó en el cuarto puesto con más de 10 millones 170
mil votos, pero esta vez detrás de Lula, José Serra (PSDB) y Anthony
Garotinho, del Partido Republicano Progresista (PRP).
Para la puja del 7 de octubre venidero el ahora candidato del Partido
Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) –la agrupación
que conforma junto a Avante la coalición Brasil soberano– parece
destinado a rendir un desempeño similar a los conseguidos antes.
En la casi totalidad de las encuestas de intención de voto realizadas
hasta la fecha aparece colocado del tercero al quinto lugar, unas veces
en solitario y otras en un empate técnico con el exgobernador de Sao
Paulo y aspirante del PSDB, Geraldo Alckmin, y con la excandidata
presidencial Marina Silva (Red Sustentabilidad).
Los dos más recientes sondeos, cuyos resultados fueron difundidos
esta semana, colocan al presidenciable del PDT en el pelotón de avanzada
e incluso le conceden mayores posibilidades de triunfo en una eventual
participación en el segundo turno.
De acuerdo con la pesquisa realizada por CNT/MDA, en un escenario
estimulado (donde al entrevistado se le sugieren los nombres de los
contendientes) Gomes se ubica tercero con el respaldo de un 10.8 por
ciento de los potenciales votantes.
En tal caso accederían a la segunda vuelta el aspirante de la extrema
derecha Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) con 28.2 por
ciento de las intenciones de voto y Fernando Haddad, el reemplazante de
Lula en la coalición El pueblo feliz de nuevo, con 17.6 puntos
porcentuales.
Mas, de lograr avanzar al segundo turno (el 28 de octubre), Gomes batiría a todos sus contrincantes, incluyendo a Bolsonaro.
Un levantamiento hecho por FSB Pesquisa, y contratado por el banco de
inversiones BTG Pactual, arrojó resultados similares e incluso un poco
más halagüeños, pues mientras Bolsonaro consigue el apoyo de 33 por
ciento de los posibles electores en primera vuelta, Haddad y Gomes lo
escoltan con un empate técnico a 16 puntos.
En este caso, el aspirante del PDT también representaría la mayor
amenaza para Bolsonaro en un segundo turno, en la cual –atendiendo al
margen de error del muestreo– pudieran alcanzar cada uno 42 por ciento
de los votos.
Un proyecto de gobierno con 12 pasos para cambiar a Brasil fue
presentando en julio último por Ciro Gomes a la Convención Nacional del
PDT, que en la ocasión lo proclamó oficialmente candidato presidencial.
Se trata, explicó el propio pedetista, de “líneas generales, deseos,
ideas y pasos que consideramos fundamentales para hacer de nuestro
Brasil un país verdaderamente justo, solidario, unido, fuerte y
soberano”.
Con los llamados 12 pasos se pretende incentivar la generación de
empleo; recuperar y modernizar la infraestructura; propiciar el
desarrollo con respeto al medio ambiente; impulsar la ciencia,
tecnología e innovación; invertir sólidamente en la educación; y mejorar
la atención en el sector salud.
También, combatir la corrupción y el crimen y proteger a los jóvenes;
crear, mantener y ampliar los programas sociales; potenciar la cultura
como afirmación de identidad nacional; respetar a todos los brasileños
“en un país tan desigual” mediante políticas específicas y afirmativas; y
preservar la soberanía nacional.
Anticipa asimismo que el complejo industrial de defensa tendrá como
objetivo desarrollar tecnologías de vanguardia no solo para preservar la
soberanía nacional, sino también para propiciar el desarrollo de
innovaciones aplicables al resto del sector productivo, todo ello sin
aceptar la compra de activos por capitales extranjeros.
Mas, advierte que para poder llevar adelante el programa lo primero
será poner en orden las cuentas del gobierno, lo cual supone reformar el
sistema de pensiones (sin afectar los derechos adquiridos, asegura);
reducir gastos; modificar la composición de la carga tributaria; y tener
una tasa de interés baja y una tasa de cambio competitiva.
Blanco de críticas por su temperamento, agresivo y autoritario a
veces, Gomes ha insistido en que de ganar la elección revocaría la
Propuesta de Enmienda Constitucional impulsada por el gobierno de Michel
Temer y que colocó un techo a los gastos públicos por 20 años,
afectando en lo fundamental la educación, salud pública y los programas
sociales.
Abogado de profesión, profesor universitario e investigador visitante
en la universidad estadounidense de Harvard, el candidato presidencial
del PDT en 2018 dice ser visto, “desde el pensamiento más conservador,
como una persona más de izquierda, incluso buscando ser moderado,
equilibrado, que gusta de producir resultados”.
Marina Silva, en carrera desacelerada
Candidata de vasta experiencia en la vida política brasileña, Marina
Silva está envuelta por tercera vez consecutiva en una carrera
presidencial, aunque en esta ocasión la galopada transcurre en franca
desaceleración.
La más reciente encuesta de intención de voto del Instituto Datafolha
revela que en tres muestreos realizados entre el 10 y el 19 de
septiembre por esa entidad, la preferencia de los potenciales electores
por la fundadora del partido Red de Sostenibilidad decreció en cuatro
puntos, de 11 a 7 por ciento.
De otro lado, Silva ocupa la segunda posición entre los
presidenciables más rechazados, con 32 por ciento de desaprobación, y es
aventajada solo por el ultraderechista Jair Bolsonaro (43 por ciento)
del Partido Social Liberal (PSL) y quien encabeza la coalición Brasil
encima de todo, Dios encima de todos.
Precisamente con Bolsonaro y con el Cabo Daciolo es que Marina –cuya
postura ultraconservadora respecto al matrimonio igualitario y el aborto
es bien conocida– disputa el discurso evangélico en la actual campaña
rumbo a la conquista del Palacio de Planalto.
La meta para ella, sin embargo, parece bien distante. Semanas atrás
el cientista político Humberto Dantes anticipó que Marina no tiene
potencial de crecimiento en las elecciones.
Para mí, su candidatura tiende a encogerse, evaluó Dantes y
puntualizó que la aspirante de la coalición Unidos para transformar
Brasil desaparecería en el horario electoral, con apenas 42 segundos de
exposición en la radio y la televisión; además de estar en un partido
pequeño, no tener el apoyo financiero de 2014 y tampoco fuerte presencia
en las redes sociales.
Profesora de la red pública de enseñanza, concejala, diputada
estadual, senadora entre 1995 y 2010 y ministra de Medio Ambiente
(2003-2008) durante parte de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva,
Marina Silva nació hace 60 años en el Estado de Acre.
De origen pobre, aprendió a leer y escribir a los 16 años e inició su
carrera política en el sindicato de caucheros. Fue fundadora de la
Central Única de Trabajadores (CUT) y del Partido de los Trabajadores
(PT) en Acre, y en septiembre de 2015 logró el registro de su nuevo
partido Red de Sostenibilidad.
Su primera incursión en las elecciones presidenciales se produjo en
2010, cuando representó al Partido Verde (PV), el cual abandonó ese
mismo año, y la segunda en 2014 reemplazando al candidato del Partido
Socialista Brasileño (PSB) Eduardo Campos, fallecido en un accidente
aéreo a sólo semanas de la porfía en las urnas.
Silva, quien analistas señalan que transita en el centro pero
coquetea con sectores de la izquierda y de la derecha, causó revuelo en
enero pasado cuando sugirió que las cuatro mayores organizaciones
políticas del país –el PT, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el
Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y los Demócratas–
deberían tomarse cuatro años sabáticos y quedar fuera de la elección de
octubre venidero.
De cualquier modo, y de cara a la ya cercana contienda en las urnas,
tejió en muchos Estados alianzas con las fuerzas que ella fustiga con
vehemencia, lo cual le generó fuertes críticas por la manifiesta
incoherencia política de su partido.
Asimismo, es puesta en duda su capacidad de gobernar sin contar con
apoyo en el Congreso (tiene solo un senador y dos diputados federales), a
lo cual replica que pretende llevar adelante un gobierno programático
que incentive una nueva política, combata la corrupción y mantenga un
diálogo permanente con los partidos.
En ese sentido, manifiesta la decisión de mantener un diálogo
permanente con el Poder Legislativo a partir de un programa que exprese
las agendas de interés público, con absoluta transparencia, así como de
establecer una relación de colaboración con Estados y municipios,
independientemente del partido político que los gobierne.
Precisa que será “un gobierno abierto y digital”, que valiéndose de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación procurará
asegurar servicios públicos más eficientes y de mejor calidad.
Prevé también establecer un sistema de metas e indicadores para todas
las políticas que posibiliten la ampliación del control social sobre la
gestión gubernamental, así como la creación de un Consejo Nacional de
Transparencia Activa, que reglamentará y fiscalizará la publicación de
todos los datos de interés público.
En otra de sus partes, el programa anuncia que en el inicio mismo de
su mandato el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional una propuesta de
reforma enfilada a rescatar la confianza en el sistema político.
Señala asimismo como prioridades la institución de una Política
Nacional Integrada para la Primera Infancia, que ponga fin a la
situación de millones de niños que hoy viven en Brasil en situación de
pobreza y son excluidos de recibir servicios públicos de calidad.
Enfatiza también el compromiso de implementar el Plano Nacional de
Educación (PNE); fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), al cual
cataloga como el mayor programa de asistencia gratuita y universal del
mundo y que hoy está sobrecargado por las características de un país de
dimensiones continentales y muy desigual.
Otro de los propósitos de un hipotético gobierno de Marina Silva será
definir políticas específicas para superar las desigualdades que
afectan a mujeres, negros, pueblos y comunidades tradicionales, personas
con deficiencia, Lgbti, a la juventud y a los ancianos.
“Promoveremos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales respetando su universalidad, indivisibilidad e
interdependencia, por medio de políticas transversales”, puntualiza.
Desarrollar ciudades saludables y sustentables; liderar la
transformación hacia una economía de carbono neutro e implantar una
política externa comprometida con el medio ambiente y el desarrollo
sustentable, la promoción de la paz y de la cooperación internacional,
forman parte también de las promesas de gobierno de Marina Silva, que
por ahora va desacelerando en su carrera por llegar al Palacio de
Planalto.
Relegados ya por las encuestas de intención de voto al papel de meras
figuras decorativas en el escenario electoral, ocho de los 13
candidatos inscritos conforman el segundo escalón de los presidenciables
brasileños.
Quizás el caso más notorio entre todos ellos sea el del representante
impuesto por el presidente Michel Temer al gubernamental Movimiento
Democrático Brasileño (MDB), su exministro de Hacienda Henrique
Meirelles, cuyo nivel de respaldo entre el electorado no logró hasta
ahora rebasar el tres por ciento.
Mosiés Pérez Mok/Prensa Latina
