Plataforma Distrito Cero

jueves, 29 de noviembre de 2018

Procesos contra gobernadores, muestra de impunidad

Los escándalos de corrupción y los procesos judiciales contra los gobiernos estatales son uno de los principales síntomas de un sexenio en el que no se combatieron las causas de la corrupción.
Un estudio de Fundar, Centro de Investigación y Análisis, sobre la saliente administración, señala que durante estos seis años no se atacaron los orígenes sistémicos que permiten la corrupción y solo se intentó deslindar al Ejecutivo de esos actos ilícitos.
“Aunque existían denuncias en su contra desde la primera mitad del sexenio, los procesos contra estos exgobernadores no avanzaron sino hasta la mitad de la gestión, cuando la PGR comenzó a girar órdenes de aprehensión contra algunos gobernadores o sus allegados cercanos.
“Este cambio de actitud se puede leer más como un intento por deslindar al Ejecutivo Federal de estos escándalos que por un compromiso real con el combate a la corrupción”, sentencia el informe “Fue un mal año. No, menos, como 6”, presentado ayer por Fundar.
Hasta el momento se contabilizan al menos 15 procesos abiertos contra exgobernadores por delitos del fuero federal, como enriquecimiento ilícito, desvío de fondos públicos, vínculos con el crimen organizado, peculado e incremento exponencial de la deuda pública en sus entidades federativas, entre otros.

La mayoría de los gobernadores a quienes se les siguen procesos judiciales pertenecían al PRI

En contraste, en este sexenio solo hubo dos condenas: la de Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, a 11 años de prisión por el delito de peculado y el desvío de 196 millones de pesos del Seguro Popular; y la de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, a quien se le acusó de haber desviado miles de millones de pesos pero que solo recibió una condena de 9 años de prisión y una multa de 58 mil pesos.
La mayoría de los gobernadores a quienes se les siguen procesos judiciales pertenecían al PRI. Fundar hace referencia a que, incluso, el presidente Enrique Peña Nieto se había referido a ellos como “el nuevo PRI” antes de tomar posesión de la Presidencia. La historia resultó ser muy distinta.
La persecución a los exgobernadores por delitos del fuero federal no significa que se esté combatiendo efectivamente la corrupción.
Así lo señala el análisis de Fundar, que menciona en los casos de los exmandatarios estatales han sido investigados por haber cometido ilícitos federales; todo ello sin atacar los mecanismos que permiten que, sea quien sea el gobernador, se cometan actos de corrupción.
“Las investigaciones se han centrado en los exgobernadores, así como en un círculo muy pequeño de colaboradores, sin que haya evidencia de que se atenderán las causas estructurales e institucionales que permitieron la creación de estas redes de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada”, considera el estudio de Fundar.

Los acusados

Fundar cita los casos de diversos gobernadores que fueron acusados de distintos delitos, así como el estatus de sus casos
Ángel Aguirre Rivero
Exgobernador de Guerrero por el PRD (2011-2014). Aguirre enfrenta un proceso abierto por desvío de recursos. En el 2014 renunció a su cargo luego de la desaparición en Iguala de los 43 Normalistas de Ayotzinapa.
Miguel Alejandro Alonso Reyes
Exgobernador priista de Zacatecas (2010-2016). Fue investigado por abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas. Los procesos en su contra no han prosperado, y se encuentra libre.
Roberto Borge Angulo
Exgobernador de Quintana Roo por el PRI (2011-2016). Se encuentra detenido, todavía sin una sentencia, el exmandatario priista fue acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
César Horacio Duarte Jáquez
Exgobernador de Chihuahua por el PRI (2010-2016). Está prófugo. Es buscado por la Interpol desde marzo del 2017, acusado de peculado electoral y desvío de recursos a nivel federal; y de peculado, por su entidad.
Javier Duarte de Ochoa
Exgobernador de Veracruz, por el PRI (2010-2016). Está en prisión, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, entre otros delitos.
Marcelo Ebrard Casaubón
Exjefe de Gobierno del DF por el PRD (2006-2012). Fue acusado en el fuero federal de ejercicio indebido del servicio público; y a nivel local de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Será canciller.
Andrés Granier Melo
Exgobernador de Tabasco, por el PRI (2007-2012). Está preso. Fue condenado a 11 años por los delitos federales de defraudación y lavado de dinero; a nivel estatal por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito
Eugenio Hernández Flores
Exgobernador de Tamaulipas, por el PRI (2005-2010). Se encuentra preso, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero; en Estados Unidos se le busca también por lavado de dinero.
Fidel Herrera Beltrán
Exgobernador de Veracruz por el PRI (2004-2010). Está libre, aunque fue investigado por el delito de desvío de recursos públicos presuntamente cometidos durante su gestión.
Jorge Herrera Caldera
Exgobernador de Durango por el PRI (2010-2016). Se encuentra libre, pero se le sigue una investigación por los delitos de desvío de recursos, derivado de irregularidades no solventadas ante la ASF.

Salvador Jara Guerrero
Exgobernador interino de Michoacán por el PRI, (2014-2015). Se le investiga por malversación de fondos públicos tanto a nivel federal como en el estado que gobernó durante unos meses.
Rodrigo Medina de la Cruz
Exgobernador de Nuevo León, por el PRI (2009-2015). Fue acusado de peculado, ejercicio indebido de funciones, entre otros. Fue absuelto de los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado.
Humberto Moreira Valdez
Exgobernador de Coahuila por el PRI (2005-2011). Absuelto por la justicia española y por la Fiscalía de su estado. Fue acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero; en EEUU se le acusa de tráfico de drogas.
Guillermo Padrés Elías
Exgobernador de Sonora por el PAN (2009-2015). Se encuentra preso; fue acusado por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal, entre otros. Fue absuelto del delito de delincuencia organizada.
Luis Armando Reynoso Femat
Exgobernador de Aguascalientes por el PAN (2004-2010). Fue absuelto por una Sala Penal de su entidad en el 2017 por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Jesús Reyna García
Exgobernador interino de Michoacán por el PRI (2013). Se encuentra en prisión, acusado de mantener vínculos con la delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud.
Flavino Ríos Alvarado
Exgobernador interino de Veracruz por el PRI (2016). Fue acusado de encubrir y obstruir la justicia para ayudar a Javier Duarte a escapar. Sin embargo, obtuvo un amparo y se revirtió su vinculación a proceso.
Egidio Torre Cantú
Exgobernador de Tamaulipas por el PRI (2011-2016). Es investigado por encubrimiento, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa, tráfico de influencias y cohecho, entre otros. Se encuentra libre.
Fausto Vallejo Figueroa
Exgobernador de Michoacán por el PRI (2012-2014). Es investigado por los ilícitos de peculado, desvío de recursos públicos, abuso de atribuciones y fraude. Se encuentra libre.
Tomás Yarrington Ruvalcaba
Exgobernador de Tamaulipas por el PRI (1999-2004). Fue detenido en Italia y extraditado a EEUU, donde se le acusa de lavado de dinero. En México se le imputan delitos contra la salud.

Diputados, buenos para faltar

Para la mayoría de los ciudadanos no presentarse en el trabajo o ausentarse durante la jornada laboral es motivo de llamadas de atención por parte de los patrones o de descuentos que se ven reflejados en los pagos de nómina.
Pero esto no es así para los diputados. Estos legisladores con el permiso de la Mesa Directiva o con una justificación pueden faltar varias veces sin que haya repercusiones en sus salarios que superan al mes los 90 mil pesos.
Lo anterior es evidente en la 64 Legislatura, la cual inició apenas en septiembre pasado y en la que hay diputados que constantemente se apartan de su curul bajo cualquier pretexto o encargo y no se presentan o se retiran.
También hay congresistas que llegan a pasar lista, pero al momento de votar reformas no están. Es decir, salen del pleno de sesiones a atender otros asuntos sin poner atención a su principal labor que es legislar.

Lo que resulta más inverosímil de que los diputados falten a sus labores es que no deben presentarse todos los días, debido a que en San Lázaro se abren de dos a tres sesiones por semana

Reporte Indigo revisó las listas de asistencia de 14 sesiones ordinarias en San Lázaro entre el 1 de septiembre y el 11 de octubre, mismas que se encuentran de manera pública en el portal web de la Cámara baja.
En dichos reportes se constató que 206 de los 500 diputados se han ausentado en al menos una ocasión y que los de la bancada de Morena resultan ser los más faltistas. También se comprobó que en promedio 21 diputados faltaron por sesión.
Lo anterior difiere con la encomienda máxima que ha impuesto el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, el diputado también integrante de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien ha buscado que los diputados “dignifiquen el Congreso”.
Los legisladores no han guardado la compostura y cometen actos como llegar tarde o faltar.
Como muestra, está el video publicado en Twitter por el mismo Muñoz Ledo, de la sesión ordinaria del 30 de octubre, en la que lamentó que no hubo quórum suficiente para iniciar el ejercicio.

“Di inicio a la sesión a las 11:00 en punto. Al no haber quórum otorgué 15 minutos de tolerancia. Manifiesto mi profunda tristeza al ver la mayoría de las curules vacías. Hemos llegado aquí para dignificar al Congreso, no para seguirlo fingiendo”
- Porfirio Muñoz Ledo
Presidente de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del 30 de octubre

Además de las casi 300 faltas, en las listas hay registros de 38 “asistencias por cédula” que quiere decir que los diputados llegaron después de que dio inicio la sesión.

Los más faltistas

Aún cuando una falta sin justificación puede derivar en un descuento a su salario, los diputados tienen precaución para que eso no suceda y excusan sus ausencias o piden permiso para no ver una disminución en sus dietas mensuales.
Pese a que la Cámara de Diputados publica periódicamente las listas de asistencia, en estas no se explica a detalle el motivo por el cual los legisladores no acuden a las sesiones. Solamente el listado cuenta con los nombres y a un lado se leen las leyendas: inasistencia, permiso de la Mesa Directiva, falta justificada, “no presente en la mitad de las votaciones” o señala cuando acuden a algún acto oficial de sus comisiones.
La diputada de Morena por Quintana Roo, Carmen Patricia Palma Olvera, es la que más ausencias reunió entre septiembre y el 11 de octubre.
De 14 sesiones revisadas en ese periodo, la diputada sólo estuvo presente en siete; reúne seis faltas con permiso de la Mesa Directiva y una más justificada.
El segundo y el tercer lugar también son para los diputados de Morena, Gabriela Cuevas Barrón y Zoé Robledo Aburto.
Gabriela Cuevas se ha ausentado en seis ocasiones de las sesiones de la Cámara de Diputados; cinco de ellas fueron entre el 18 y 27 de septiembre. En ese periodo, la expanista realizó una gira de trabajo por Europa en donde acudió al evento “Mujeres de países del G20”. La falta restante tuvo permiso de la Mesa Directiva para justificar sus inasistencias.
Por su parte, Zoé Robledo Aburto, quien recientemente solicitó licencia para desempeñarse como subsecretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, faltó a seis sesiones, de las cuales cuatro fueron inasistencias injustificadas, una más estuvo justificada y en la restante tuvo que realizar labores de su comisión.
La diputada de Morena por Tabasco, Laura Patricia Ávalos Magaña, tampoco asistió al Pleno en seis ocasiones, en su caso obtuvo los seis permisos por parte de la Mesa Directiva.
En una situación similar está la legisladora del PAN Antonia Natividad Díaz Jiménez, quien faltó a cinco sesiones entre el 1 de septiembre y el 2 de octubre, con el aval de la Mesa Directiva. El 5 de octubre, el Pleno le otorgó licencia para despegarse de su cargo como diputada federal.

Con permiso para ausentarse

De acuerdo con el análisis de los datos, entre septiembre y el 11 de octubre se han registrado 295 faltas en el Pleno de San Lázaro, de las cuales 179 se justificaron, en 82 los legisladores recibieron el permiso de la Mesa Directiva para ausentarse, 27 fueron inasistencias sin justificación y en 7 los congresistas no estaban a la hora de votar.
295 faltas se han registrado en la Cámara baja
El reglamento de la Cámara de Diputados señala en su artículo 45 que los diputados deberán registrar su asistencia al inicio de las sesiones mediante el sistema electrónico. No obstante, hay diversas maneras para no quedarse a trabajar o para salir a realizar otras tareas.
206 diputados de 500 han faltado alguna vez a San Lázaro
Una manera para justificar faltas es entregando una constancia de enfermedad u otros motivos de salud avalada por los servicios médicos de la Cámara baja; por maternidad o paternidad; o por el cumplimiento de encomiendas autorizadas previamente por el Pleno, la Junta de Coordinación Política o la Mesa Directiva.
91,507 pesos mensuales es lo que ganan al mes
Pero los diputados pueden ausentarse si obtienen el permiso de su coordinador parlamentario o de un representante de la Mesa Directiva, según el artículo 48 del reglamento del órgano legislativo.
En la normativa también se detalla que “en ningún caso podrán justificarse más de seis inasistencias en un mismo periodo de Sesiones ordinarias”, por lo que hasta el 11 de octubre, algunos diputados ya estaban por extinguir su número permitido de faltas.
3,050 pesos se les descontaría por cada falta
En febrero pasado, la Cámara baja informó mediante un oficio que había descontado 372 mil 335 pesos a 57 diputados federales de la 63 Legislatura por haber faltado entre septiembre de 2015 y diciembre de 2017. En ese momento, el descuento por ausencia de los diputados rondaba los 3 mil 500 por día.
Los diputados acordaron en septiembre ganar un salario mensual de 91 mil 507 mensuales, por lo que una falta significaría un descuento cercano a los 3 mil 50 pesos.

La hora de Sheinbaum

En seis días la Ciudad de México tendrá una nueva etapa política después de 20 años de gobierno del partido del Sol Azteca.
A las once de la mañana del 5 de diciembre, el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subirá a tribuna para atestiguar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno.
Hasta el momento no se prevé que tomé la palabra porque no lo ha decidido él, según explican los organizadores.
En el presídium acompañarán a Sheinbaum, además del presidente en funciones para ese momento, el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Martín del Campo y el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Álvaro Augusto Pérez Juárez.

Este jueves, la lista de invitados especiales que acudirán a la toma de protesta de la jefa de gobierno electa será depurada a fin de ajustar el espacio del recinto cuya capacidad es de 300 personas con el total de personas que ingresarán

De acuerdo a la logística, además de los 320 espacios del pleno y las corraletas que rodean, se pretende colocar pantallas en los salones Luis Donaldo Colosio y Heberto Castillo para que los interesados que no consigan un espacio puedan atestiguarlo por transmisión.
El equipo de la jefa de gobierno electa ya hizo llegar con antelación las respectivas invitaciones al cuerpo diplomático que opera en la Ciudad de México, a los gobernadores de los estados de la República y a los presidentes de los diversos partidos políticos.
Hasta al frente, en primera fila se colocarán veinte sillas en las que se prevé colocar a los 16 alcaldes electos; en la segunda existen 40 espacios más para los invitados especiales.
Las fuentes que forman parte la organización explicaron además que alrededor de 90 personas más estarán dentro de las corraletas, que son los espacios que están detrás de las curules de los diputados locales

De acuerdo con lo programado y acordado con los grupos, un diputado de cada fracción parlamentaria pasará a tribuna para dar un posicionamiento; posteriormente se tocará el himno nacional y procederá la entrega de la constancia de mayoría que emitió el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como el resolutivo del tribunal que la acredita como la nueva jefa de gobierno

Posteriormente se dará lectura al Bando por el que es declarada jefa de gobierno de la Ciudad de México y finalmente la toma de protesta, al cabo de esta, Sheinbaum Pardo emitiría un breve mensaje.

¿El fin de las vallas?

Hacia el exterior del recinto legislativo está a discusión el tipo de operativo de seguridad que se pondrá en marcha para ese día.
La apuesta es porque sea una zona libre de las clásicas vallas amarillas que flanquean el paso de los políticos invitados mientras que, detrás de estas, miles de simpatizantes lanzan porras y gritos de apoyo.
Morena puso sobre la mesa que ese día no se pongan vallas, sin embargo, está a discusión, ya que en dicho evento estará el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que obliga a endurecer los controles.

“Se está analizando porque la intención es una zona libre de vallas, sin embargo, se está haciendo el análisis que corresponde para garantizar el comienzo de una forma de gobernar diferente. Sí está sobre la mesa que no existan vallas, pero es la primera vez que acude un Presidente de la República para atestiguar una toma de protesta”, explica uno de los organizadores de Morena

En todo caso, abunda, un operativo con discreción que no trastoque la de por sí conflictiva vialidad de la zona del centro histórico.

Celebración con el pueblo

Para la bancada más grande del Congreso de la Ciudad de México, la de Morena, la toma de protesta es vista como la coronación de un movimiento social cuya fuerza se reflejó el 1 de julio.
Es por eso que luego del evento protocolario en el recinto de Donceles, Centro Histórico, los morenistas preparan otro evento masivo en el teatro Esperanza Iris donde se hará uso de los mil 100 lugares que dispone ese espacio para celebrar con todos aquellos actores que hicieron posible el triunfo de Morena en la capital con trabajo de campo.
Para el teatro, los espacios ya se están distribuyendo para dar cabida a invitados especiales y militantes de Morena de todo el territorio de la Ciudad de México, entre estos, a cada uno de los 16 alcaldes en funciones se les entregaron diez boletos.
Además, para esta toma de protesta alterna y de celebración, se contempla que acudan aquellos liderazgos territoriales que encabezaron las brigadas de Morena cuyo trabajo se tradujo en la votación masiva que obtuvo ese partido en julio pasado.
Para cuando llegue el 5 de diciembre, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México prevé resolver dos temas pendientes dentro del recinto: el relevo en el área de Comunicación Social, que sigue siendo manejada por los titulares de la pasada legislatura; y hacer los cambios correspondientes en el área de Contraloría.
Esta semana que termina, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum Pardo se ha reunido con los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios para conversar en corto algunas inquietudes, líneas de trabajo y de cómo será la comunicación entre los poderes ejecutivo y legislativo de la ciudad.
Dichas reuniones ya estaban previstas desde antes que Ernestina Godoy abandonara la bancada del congreso capitalino para sumarse como procuradora de justicia al gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo.

Mexicanos rechazan reconocimiento a Kushner

El presidente Enrique Peña Nieto despide su administración con un acto que despierta el disgusto de los mexicanos. El mandatario otorga el mayor honor del país para los extranjeros a Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente Donald Trump, el viernes en Buenos Aires en el contexto de la Cumbre del G20.
La decisión desató la furia en redes sociales por el resentimiento que hay en el país hacia Trump debido a sus opiniones contra los mexicanos. El republicano calificó de ladrones y violadores a los migrantes de México en diversas ocasiones.
“El reconocimiento a Kushner logró lo que creíamos imposible, la unión de este país ante el desprecio de la decisión”, publicó en Twitter el periodista Javier Risco.
Con el galardón que se llama Orden Mexicana del Águila Azteca, el gobierno de Peña Nieto pretende reconocer el papel de Kushner en impulsar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con un comunicado gubernamental.
“Darle el Águila Azteca es una actitud suprema de humillación y cobardía”, escribió el historiador Enrique Krauze en Twitter y recordó que Trump llamó asesinos y violadores a los mexicanos durante su campaña.
En el mismo sentido, el actor Gael García Bernal dijo en la red social que la decisión de honrar a Kushner es una vergüenza.
“Qué nivel de humillación autoinfligida, demerita cualquier valor agregado que esa condecoración pudiera tener”, compartió el también director.
El analista político Juan Pablo Galicia comenta que la entrega del galardón al yerno de Trump es un pago de favores porque la relación de este con el canciller Luis Videgaray permitió que el gobierno mexicano lograra proteger sus intereses en las negociaciones del T-MEC.
“Para el gobierno mexicano Kushner resultó una ayuda valiosa porque si no se hubiera logrado negociar un nuevo acuerdo se ponía en riesgo inversiones y el trabajo de muchas personas. Más que agachar la cabeza en presencia de alguien que representa a Estados Unidos, es un signo de agradecimiento del gobierno”, asegura Galicia.
Al contrario, la doctora en relaciones internacionales Arlene Ramírez Uresti argumenta que quienes deberían recibir un reconocimiento son el titular de la Secretaría de Economía Alfonso Guajardo y su equipo porque ellos hicieron todo el entramado jurídico para obtener el acuerdo que se firma este viernes.

Gobierno defiende su decisión

En su gira de trabajo por Culiacán, Sinaloa, Peña Nieto fue cuestionado este martes respecto a la condecoración y explicó que quiere reconocer a Kushner porque lo considera un aliado del país.
“Quiero hacer un reconocimiento a quien ha sido un gran aliado de México y contribuido realmente a que logremos el acuerdo. Ha sido un actor importante en el propósito de tener un buen entendimiento con el nuevo gobierno que entró hace dos años y por eso hoy estamos reconociendo la labor”, puntualizó.
En el mismo sentido, Videgaray afirmó que las críticas por la entrega de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Kushner obedecen a que se conoce poco de la contribución del asesor de la Casa Blanca en la negociación del T-MEC.
“Mucho de lo que hizo (Jared Kushner), lo hizo lejos de los reflectores y eso le dio mayor efectividad, una tarea que no se podía realizar a la luz pública y por lo tanto fue discreta, pero de altísimo impacto”, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Orden Mexicana del Águila Azteca rinde honores a los extranjeros por su servicio al país. Cuando Kushner sea galardonado mañana se sumará a una lista que incluye a la reina británica Isabel II, al rey español Felipe VI, a Nelson Mandela, Bill y Melinda Gates, Gabriel García Márquez, así como historiadores, científicos y el músico filántropo Bono.

Los ejes del G-20

La fecha ha llegado. Del 30 de noviembre al 1 de diciembre, jefes de Estado y gobierno de 19 naciones más la Unión Europea (UE) se reunirán en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de alcanzar un entendimiento que les permitan trazar la ruta para enfrentar los actuales desafíos en materia económica y geopolítica.
La importancia de las decisiones del bloque de los países más poderosos del mundo radica en que, de manera conjunta, representan el 85 por ciento de la economía a nivel global, de acuerdo con datos oficiales.
Pero su fortaleza va más allá de la contribución que tienen al Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Las naciones que integran el foro creado en 1999 también son las más grandes en población, y al sumarlas equivalen al 60 por ciento de los habitantes de todo el planeta.

Asimismo, los 19 países y la UE representan 75 por ciento del comercio internacional y el 80 por ciento de las inversiones a nivel global

Los miembros permanentes del grupo son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, más el bloque europeo.
Eva Bamio, líder de proyectos en la consultoría argentina Abeceb, considera que el foro se ha posicionado como una plataforma que permite a las naciones priorizar temas que tienen un impacto directo sobre el crecimiento mundial ya que les ayuda a coordinar políticas macroeconómicas.

“La riqueza del G-20 está en que los gobiernos y el sector privado pueden compartir ideas y, a diferencia de otros foros, es más inclusivo porque tiene un mayor número de miembros que permiten una mejor coordinación global”
- Eva Bamio
Líder de proyectos en la consultoría argentina Abeceb

El crecimiento interanual del Grupo de los 20 se mantuvo estable durante el segundo trimestre de 2018, con un ligero avance de 1 por ciento, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En el mismo periodo, India registró el mayor crecimiento, con 8 por ciento, en tanto que Sudáfrica fue el más débil, con 0.5 por ciento.
Aunque la agenda oficial comienza el viernes 30 de noviembre, desde el pasado lunes, los sherpas, quienes asesoran y representan a sus respectivos jefes de Estado, mantienen encuentros preparatorios entre ellos.

Trump, el líder incómodo

En los siguientes días, los representantes de las distintas naciones tocarán temas que para algunos resultan espinosos, como el empoderamiento de las mujeres; la seguridad alimentaria o el cambio climático, pero habrá otros que se espera sean prioritarios en la agenda, entre los que destacan el comercio, migración y combate a la corrupción.
Marcelo Elizondo, fundador de la organización Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI) con sede en la ciudad de Buenos Aires, comparte que los frentes comerciales abiertos por el presidente Donald Trump, en especial, la disputa arancelaria con China, podría convertirse en uno de los asuntos más polémicos.
“Es muy relevante que se encuentren los líderes porque el mundo atraviesa por un momento de rediscusión en el marco de referencia de la globalización económica y todo lo que ocurra con las dos mayores potencias económicas afecta al resto”, precisa el consultor en negocios internacionales.

Algunos de los temas más importantes que discutirán las naciones son el empoderamiento de las mujeres, la seguridad alimentaria, el cambio climático, el comercio, la migración y el combate a la corrupción

Los especialistas coinciden en que la actitud del inquilino de la Casa Blanca es un factor que podría afectar la integración del G-20 por las posturas proteccionistas que ha implementado desde su llegada a la presidencia en enero de 2017. Por tal motivo considera que los avances serán nulos.
Donald Trump comenzó una guerra comercial con 35 países a raíz de la imposición de aranceles en un intento de proteger la economía estadounidense. Pero si esta situación se mantiene, los acuerdos para que promuevan el libre mercado estarían en riesgo.
La guerra comercial orquestada desde la Casa Blanca involucra, además de China, a México, Canadá, Japón, Irán, Rusia, Corea del Sur y los 28 países que integran la Unión Europea (UE).
Eva Bamio comparte que, al menos por ahora, es difícil saber si se podrá llegar a una solución durante el G-20, pero la reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos manda una señal positiva al resto de los asistentes a la cumbre.
“Donald Trump es una actor difícil de leer porque nunca se sabe hacia dónde avanzará. El tema del comercio es complejo, pues el proteccionismo va surgiendo de distintas maneras en todos los mercados”, declara la especialista de Abeceb.
Para México la reunión entre líderes cobra relevancia por la actual coyuntura política que vive el país. Por principio, porque será la última cumbre en la que participará Enrique Peña Nieto como presidente de México y también porque se firmará el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

La última parada del T-MEC

El tratado comercial, anteriormente conocido como TLCAN, finalmente será firmado por los tres socios comerciales en el marco de la cumbre de líderes del G-20 el 30 de noviembre.
Si bien la última parada será el foro, para que pueda entrar en vigor es necesaria la ratificación del poder legislativo de cada uno de los países.
Victor Valdivia, presidente de Kratos Consultores, explica que la conclusión de este tema ayudará a que el nuevo gobierno dé un poco de certidumbre a los mercados frente a la actual inestabilidad que ha provocado que el peso acumule una pérdida de 2.99 por ciento frente al dólar desde la elección presidencial del 1 de julio.
“La firma del T-MEC es un tanque de oxígeno no sólo para la administración saliente, sino para la que está por entrar. La mayor presión en este momento es que alguno de los legislativos pida hacer revisiones, entonces eso echaría para atrás todo el tiempo invertido en su modernización”, detalla el economista.

La firma del antes llamado TLCAN ayudará a que el nuevo gobierno dé un poco de certidumbre a los mercados frente a la actual inestabilidad

En caso de que el texto no tenga el visto bueno de todos los involucrados, el también presidente de Diligencia e Inteligencia Empresarial (DIE) adelanta que el mayor perdedor sería el mandatario estadounidense.
En primera instancia porque su actual nivel de aprobación es de 42.4 por ciento entre los estadounidenses y, en segunda, porque los resultados de las elecciones intermedias no le favorecieron del todo debido a que el partido republicano ya no cuenta con mayoría en la Cámara de Representantes.
En días pasados, un grupo de 12 senadores republicanos solicitaron al presidente estadounidense, Donald Trump, enviar una copia del acuerdo final del pacto comercial trilateral antes del 30 de noviembre con el propósito de acelerar su aprobación.
No obstante, Kenneth Smith, jefe negociador del tratado, declaró que era inviable que se lograra la ratificación del texto antes de que la actual legislatura estadounidense abandone sus curúles el próximo 3 de enero.
Descontando las fechas en el calendario, Marcelo Elizondo, quien también se desempeña como investigador del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), celebra el resultado obtenido por la región de Norteamérica.

“Los socios lograron modernizar un acuerdo que ya era exitoso, pero fueron más allá porque consiguieron reformular una institución del siglo XX y adaptarla a las necesidades del siglo XXI y eso por sí sólo ya es un gran logro”
- Eduardo Rosales
Internacionalista y académico de la FES Acatlán

El pilar del comercio

La firma del tratado pondrá punto final a meses de negociaciones y tensiones que en algún momento pusieron en duda el futuro del documento. Además, marcará el cierre del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
La ceremonia está programada a realizarse el viernes a las 9 de la mañana hora local, y contará con la participación de los protagonistas de la negociación: el secretario de Economía Ildefonso Guajardo; el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer, y la ministra de asuntos exteriores Chrystia Freeland.
Asimismo, se espera que acudan los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con el canciller mexicano, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.
A pesar de las críticas que se le han hecho al T-MEC, la realidad es que el acuerdo ha ayudado a mejorar la competitividad de la región. Las cifras no mienten. Durante el periodo comprendido entre 1994 y el 2000, el comercio entre los socios creció 128 por ciento, es decir, pasó de 297 mil millones de dólares a 676 mil millones, revelan cifras de la Secretaría de Economía (SE)

Los integrantes del acuerdo intercambian cerca de 2 mil 600 millones de dólares en productos al día, cifra que equivale a aproximadamente 108 millones por hora

Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, opina que con la firma de este pacto comercial la relación entre México con sus pares puede tener un segundo aire.
En especial porque la economía mexicana es considerada como un satélite de las políticas económicas estadounidenses, derivado del nivel de intercambio comercial entre ambos países, aunque descarta que las decisiones que tome el gobierno mexicano durante la cumbre de líderes tendrán una gran repercusión.

La firma del tratado el próximo 30 de noviembre pondrá punto final a meses de negociaciones y tensiones que en algún momento pusieron en duda el futuro del documento, sin embargo, para que éste entre en vigor todavía falta que sea aprobado por el poder legislativo de cada nación

“México ha tenido posiciones progresistas, pero el país no tiene la capacidad para que éstas provoquen cambios sustanciales, en consecuencia, su peso político y económico dentro del G-20 es menor”, explica.

El adiós de un presidente

El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto se despedirá de sus homólogos con su participación en el foro económico con sede en Argentina.
El abogado por la Universidad Panamericana cerrará su ciclo en la silla presidencial el viernes 30 de noviembre, tras finalizar su intervención en el G-20.
El político de 52 años, quien tomó las riendas del país en diciembre de 2012, compartió con los líderes del G-20 seis reuniones, contando la edición de 2018, algunas de ellas en China, Rusia y Turquía.
Aunque la participación del político priista en los foros no fue protagónica, Eva Bamio, líder de proyectos en la consultoría Abeceb, opina que sí logró impulsar temas de México entre los líderes mundiales.
Durante las cumbres, el mandatario sostuvo reuniones bilaterales que llevaron a México a estrechar relaciones con otros países, como sucedió el año pasado con Emmanuel Macron, presidente de Francia.
“El papel de México no ha sido malo a lo largo de la discusión del grupo, ya que ha logrado colocar temas relevantes en la agenda mundial”, refiere la especialista argentina.
Durante los foros en los que Peña Nieto ha participado se han alcanzado acuerdos que permiten homologar a todos los miembros del grupo sus políticas en torno a tópicos como crecimiento económico, comercio internacional y hasta terrorismo.
De cara al cambio de régimen político en México, Victor Valdivia, presidente de Kratos Consultores, reconoce que la mayor preocupación sobre la mesa es que el siguiente presidente muestre poco interés en esta clase de eventos y prefiera enviar a otros representantes en su lugar.

Enrique Peña Nieto se despedirá de su cargo como presidente de México el próximo viernes al finalizar su intervención en el G-20

“Sería un desperdicio y un error porque estos encuentros no sólo sirven para tomar una foto, lo más importante son las reuniones privadas entre jefes de Estado, porque es ahí donde verdaderamente se logran cerrar acuerdos bilaterales”.

Caso Ayotzinapa: la CIDH detecta más indicios de federales y militares en ataque a normalistas⁩

A cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, perpetrada entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y dos años después de que se instalara el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso, este órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe final de labores, en el que analiza las principales anomalías, deficiencias y omisiones detectadas en la investigación realizada por el gobierno mexicano.

La conclusión es drástica: “A pesar de todas las diligencias contenidas en un expediente de más de 618 tomos, las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral (…) muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, sobre todo, cuando se trata de indagatorias relacionadas con la participación de agentes del Estado en el ataque a los normalistas.
A continuación, te presentamos un resumen de estas irregularidades y omisiones en la investigación, destacadas por la CIDH.Imágenes editadasEl informe del “Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa” de la CIDH analiza diversas irregularidades relacionadas con la operación del Centro de Control y Comando C4 de Iguala, en el que operaban de manera coordinada representantes de todas las instancias de seguridad, tanto locales, como federales, incluyendo al Ejército.
Desde el C4, señala el informe, se controlaban las cuatro únicas cámaras de vigilancia en vía pública que se encontraban en operación el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, de las cuales, se extrajeron “10 archivos con fragmentos de video, con una duración muy corta”.
Hasta la fecha, sin embargo, la PGR no ha investigado por qué sólo se preservan versiones editadas de los videos captados esos días por dichas cámaras, ni quién los editó, aún cuando en la misma indagatoria han evidencias que permitirían responder esas interrogantes.
“De acuerdo con la declaración de la funcionaria del C4 (de Iguala) encargada de telecomunicaciones –señala el informe de la CIDH–, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional se encargaba de monitorear las cámaras del C4 y de resguardar los videos. Y agregó que después de la desaparición de los estudiantes normalistas, el C4, incluidos los servidores y equipos de cómputo, quedaron bajo resguardo del personal militar.”
El resultado de que los videos hayan sido fragmentados y editados, lamenta el informe de la CIDH, es que “muchas de las imágenes no se aprecian con claridad, lo que imposibilita su análisis”.
Luego del ataque a los normalistas, el C4 de Iguala quedó formalmente a cargo de la Policía Federal y del Ejército, y cuando agentes de la PGR acudieron a dichas instalaciones para intentar extraer los videos originales del servidor de cómputo, fueron notificados “que se descompuso el servidor del C4 donde se almacenaba la información”.
Vigilancia militar
Tal como reconoció la misma Secretaría de la Defensa Nacional días después de la agresión a los normalistas, los hechos fueron monitoreados presencialmente por dos integrantes de lo que el Ejército denominó como “Òrganos de Búsqueda de Información”, que son elementos de Inteligencia vestidos de civil.
Ambos elementos no sólo fueron reportando en tiempo real lo sucedido al mando militar de Iguala (información que llegaba simultáneamente a la Ciudad de México), sino que, al menos uno de ellos también recabó imágenes fotográficas con su teléfono celular.
De dichas imágenes, el Ejército no entregó los archivos originales, y en la averiguación previa de la PGR sólo existe una copia editada, integrada a una presentación en formato Power Point.
La PGR tardó tres años en acudir al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para recuperar dichos archivos originales de la computadora en la que fueron descargados. No obstante, al llegar, el Ejército le notificó que “el disco duro se descompuso y fue reemplazado”.
Tal como revelan registros oficiales incluidos en la averiguación previa por la desaparición de los normalistas, el Ejército vigilaba a los normalistas desde el 25 de septiembre de 2014, es decir, un día antes de los ataques.
Según la declaración de un mando militar, el Ejército actuaba bajo la lógica de que los normalistas buscaban “la confrontación con autoridades a través de la provocación sistemática”, por lo que el objetivo de la vigilancia era poder prevenir a sus Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, sobre posibles ataques de los estudiantes a instalaciones estratégicas, tanto militares como civiles.
En su análisis de la indagatoria realizada por la PGR, el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH recupera la declaración de quien fungía en el momento de los hechos como secretario de seguridad pública estatal, según la cual, en el contexto de los ataques a los normalistas sí fue puesta en alerta una Base de Operaciones Mixtas Urbanas, sin que la PGR haya aclarado hasta la fecha si este hecho implicó la puesta en marcha de operaciones militares en coordinación con el ataque a los estudiantes.
Además de la presunta alteración de las imágenes captadas durante el ataque a los normalistas, la CIDH advierte en su informe final sobre el “Asunto Ayotzinapa” que dos años después de los ataques, en 2016, el Ejército destruyó 16 rifles y nueve fusiles H&K, pertenecientes a policías municipales de Iguala y Huitzuco, ente los que se encontraban armas usadas en la agresión contra los alumnos de la normal rural.
Al respecto, la CIDH concluyó que “la destrucción de evidencia balística de personas que se encuentran privadas de libertad podría constituir una grave falta en el cuidado de las evidencias y de las pruebas que implican a los responsables”.
Con relación al Ejército, por último, el informe de la CIDH también destaca que “obran en el expediente diversas declaraciones ministeriales que hacen referencia a algunos miembros del Ejército, relacionados en parentesco con líderes del crimen organizado”, específicamente con los hermanos Casarrubias Salgado, a quienes la Procuraduría General de la República atribuye el liderazgo del grupo criminal que participó, junto con autoridades, en los ataques a los normalistas.
Aunque se han realizado interrogatorios a estos militares, la CIDH advirtió que “persisten dudas sobre el posible involucramiento de militares, incluso algunos del 27 Batallón en Iguala, con Guerreros Unidos (grupo criminal presuntamente liderado por la familia Casarrubias Salgado)”, por lo que “esta situación requiere una mayor profundidad en la investigación”.
Implicación de la Policía Federal
Tal como concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso Ayotzinapa, hasta la fecha la PGR “no ha indagado a profundidad sobre la posible presencia de la Policía Federal en dichos escenarios”, aún cuando en la averiguación previa sí han sido recabadas evidencias de que elementos de esta corporación mintieron sobre las actividades, lugares y circunstancias en las que estuvieron involucrados entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La CIDH llegó a la conclusión de que es necesario “contrastar algunas de las declaraciones de los policías federales con las bitácoras de sus patrullas y sus registros telefónicos”, ya que entre ambos registros hay incongruencias.
“De acuerdo a la bitácora y a la declaración –destaca el informe de la CIDH–, el 26 de septiembre, entre las 23:00 y 23:08 horas, un policía federal se encontraba en la caseta de Iguala. Su desplegado telefónico, por otro lado, contiene información que indica que en ese horario él mantuvo comunicaciones desde las cercanías del Palacio de Justicia y cerca del Periférico Norte”, es decir, los dos puntos en donde se consumó la privación de la libertad de los 43 normalistas desaparecidos.
Irregularidades similares se detectaron en los movimientos de al menos otro de los policías federales presentes en Iguala.
Policías municipales
El informe final del Mecanismo de Seguimiento advierte sobre una irregularidad más en la operación del C4, atribuible no al Ejército, sino a la Policía Municipal de Iguala: la aparente eliminación de los informes ciudadanos que durante la noche del ataque a los normalistas se fueron recibiendo en este centro de coordinación de seguridad pública.
En la carpeta de investigación por la desaparición de los normalistas, señala el informe de la CIDH, sólo existen trece papeletas con reportes ciudadanos emitidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, y registrados por el C4, en los cuales se advertía de la agresión a los estudiantes.
Según las declaraciones del personal del C4, el día de los hechos, todos los reportes relacionados con el ataque a los normalistas fueron canalizados, para su registro, al operador Alejandro Tenescalco.
Sin embargo, cuando el jefe de este operador fue consultado por las autoridades en torno al número de papeletas entregadas por su subordinado, este funcionario alertó a las autoridades que “no son todos (los reportes ciudadanos atendidos esa noche), pues yo recibí muchísimas llamadas” canalizadas al operador Tenescalco.
De todas ellas, Telescano sólo entregó trece.
Al investigar al operador Alejandro Tenescalo, también se encontraron pruebas de que el día de los ataques se comunicó con policías de Taxco, Teloloapan, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, corporaciones de las que también participaron en el ataque a los normalistas, según indicios recabados por la autoridad, aunque no investigados a cabalidad.
La CIDH puso de relieve, por ejemplo, que la PGR tardó cuatro años en solicitar a estos cuerpos de policía municipal sus bitácoras de actuación, y las listas de personal, patrullas y armamento usados el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El resultado de esa tardanza fue, por ejemplo que mucha de la información no se preserve, o no se presente con pretexto del tiempo transcurrido, “Tal como sucedió en el municipio de Taxco de Alarcón, que se encuentra ubicado a 36 kilómetros al norte de Iguala (…) al solicitar información, la PGR fue informada que dicho municipio no contaba con las hojas de vida de los policías municipales en la fecha de los hechos, ni de los recorridos que hicieron”.
En otros casos, como en Tepecoacuilco, la policía municipal sí entregó sus bitácoras, pero a partir de los movimientos de los teléfonos celulares de los agentes de esa localidad, se pudo comprobar que la información era falsa, y que se buscaba ocultar la participación de dichos elementos en el ataque contra los normalistas en Iguala.
El informe de la CIDH destaca que “según información que obra en el expediente, la noche del ataque a los estudiantes, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública de Tepecoacuilco realizó un viaje a la ciudad de Iguala por la tarde, dato que no ha sido profundizado por parte de la PGR”.
Además, una patrulla de Tepecoacuilco pudo ser identificada en las cercanías de Sábana Grande, un punto carretero en el que personas armadas, no identificadas, instalaron un retén luego de los ataques a los normalistas. Este retén, no obstante, nunca fue reportado por los tripulantes de dicha patrulla.
Según las bitácoras, una patrullero más se reportó a las 23:00 horas del 26 de septiembre de 2014 en la comandancia de Tepecoacuilco luego de, supuestamente, tomar un curso durante las horas previas. No obstante, los registros de su teléfono celular lo ubican en el centro de Iguala, entre las 8 y las 10 de la noche, evidencias sobre las que la PGR no ha realizado ninguna indagatoria.
Por otra parte, la CIDH destacó también el caso del municipio de Pilcaya, cuyo jefe de policía también fue ubicado por sus elementos en Iguala, el día de los hechos, sin que se investigara la razón.
Hasta la fecha, tampoco no ha quedado esclarecido por qué el Ejército desarmó a la policía de Pilcaya luego del ataque a los normalistas, ni se ha investigado a dos elementos que renunciaron a esta corporación un día después de los hechos, y luego salieron de México.
Cárcel oculta
Entre las evidencias incluidas en la averiguación previa, puestas a la luz por el informe final del Mecanismo de la CIDH, destaca la existencia de un centro de detención en Iguala, en el que, hasta ahora, no se ha puesto la suficiente atención: el Centro de Operaciones Estratégicas ubicado en el municipio de Iguala, instalaciones en las que operaban de manera coordinada agentes del Ministerio Público de Guerrero, de la Policía Municipal, de las policía Ministerial y de Seguridad Pública del Estado, así como de la PGR y el Ejército.
Tal como quedó en evidencia a partir de declaraciones de diversos funcionarios estatales y municipales, las instalaciones del Centro de Operaciones Estratégicas de Iguala funcionaba como un centro de detención, en el momento en que los estudiantes fueron atacados.
Tal como consta en el informe de la CIDH, un día después del ataque a los normalistas, el 28 de septiembre de 2014, un policía investigador de la Fiscalía de Guerrero y un perito en criminalística acudieron al Centro de Operaciones Estratégicas, cuyo titular era un funcionario de la PGR, con la intención de buscar ahí a los estudiantes desaparecidos.
“Sin embargo –señala la CIDH, con base en las pruebas reunidas por el gobierno mexicano– su acceso no fue permitido.”
De hecho, las autoridades encargadas de la búsqueda de los normalistas sólo pudieron acceder a este centro de detención hasta julio de 2017, tres años después de la desaparición de los estudiantes, momento para el cual no pudo ser detectado ningún elemento que pudiera ser útil para su localización.

El lunes se creará la comisión especial para Ayotzinapa, adelanta Alejandro Encinas

El primer lunes del nuevo gobierno, el próximo 3 de diciembre, se creará una comisión especial para investigar lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en Iguala en 2014.
El anuncio será a las 10 de la mañana en Palacio Nacional, en una ceremonia con los padres de los jóvenes, adelantó el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Destacó que horas antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe del caso, en el que desacreditó la investigación oficial y pidió cambiar la línea de investigación sobre que los cadáveres de los normalistas fueron quemados en Cocula, lo que el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, llamó “la verdad histórica”, y apunta a investigar a los militares del 27 Batallón.
Encinas prometió que se van a atender todas las recomendaciones que se han hecho en el caso, tanto de la Comisión de Derechos Humanos, del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y no se harán diferencias en a quién hay que investigar.
“Sea presidente municipal, sea una autoridad federal, sea un elemento de las Fuerzas Armadas, porque no va a haber aquí solapamiento de ninguna autoridad en los actos ilícitos en los que se haya incurrido, en Ayotzinapa y en cualquier otro”, afirmó.
Encinas hizo el anuncia al recibir las observaciones finales del Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada, emitidas tras reunirse con funcionarios mexicanos en Ginebra, Suiza, a principios de este mes, en las que el organismo concluyó que la desaparición de personas sigue siendo generalizada en México.
Rainer Huhle, integrante del Comité, señaló que entre las principales preocupaciones sobre la situación en México, que ahora quedarán en manos del nuevo gobierno, está la impunidad en los casos.
“No solo porque de por sí es una grave violación de la Convención (para la protección de todas la Personas contra la Desaparición Forzada), sino porque también creemos que la impunidad es un eje central que permea muchos otros problemas, que es la base, el fundamento sobre el cual se hace posible lo que criticamos”, dijo.
Lamentó además que cuando preguntaron al Estado mexicano cuántas sentencias firmes por desaparición forzada había, la respuesta fue que menos de 50 y que ninguna había partido de averiguaciones del Estado, sino después de amparos promovidos por las víctimas.

Gobiernos de izquierda / ¿Por qué no nos interesa la justicia? / Lucha de poderes

Gobiernos de izquierda
A días de que por primera vez en México tome el mando del país un Gobierno de Izquierda, la expectativa respecto a cómo manejará Andrés Manuel López Obrador el poder que millones de mexicanos le confirieron; si bien, en el mundo hay ejemplos tanto positivos como negativos de gobiernos de izquierda y de derecha, lo que es cierto es que ninguna administración, sin importar su inclinación política, ha logrado ir en contra de las leyes de la economía. En el Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, escribe que: “hemos visto buenos y malos gobiernos de izquierda… y de centro y de derecha. No tiene mucho sentido juzgar a los gobiernos por su orientación política, solo por su capacidad para gobernar […] Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia de México este primero de diciembre, se ha presentado a veces como un político de izquierda, aunque otras como liberal, que no es lo mismo. ¿Será buen o mal Presidente? Los ideólogos de uno u otro lado tienen ya opiniones definidas, a pesar de que no ha empezado siquiera su gobierno, pero el verdadero juicio no se podrá hacer sino hasta dentro de seis años o quizá más. Hay muchas formas de distinguir entre un buen gobierno y uno malo, pero la ideología no es buen instrumento […] ¿Qué tipo de gobernante será López Obrador? En un momento en que Ricardo Monreal desde el Senado manda amenazas a los bancos y se queja de la mano invisible del mercado, provocando desplomes de la Bolsa y depreciaciones del peso, López Obrador se muestra respetuoso de los mercados. Ésta es una buena señal. Ningún gobernante ha tenido buenos resultados cuando ha tratado de ir en contra de las leyes de la economía […] El respeto a la ley es muy importante. Ninguna economía prosperará sin él. Por eso la cancelación del aeropuerto de Texcoco, con cientos de contratos firmados, generó tanta incertidumbre. Ningún gobernante puede garantizar las inversiones ni los rendimientos, pero sí dar certeza de que la ley se aplicará de manera justa. Si López Obrador cumple, todos nos veremos beneficiados. Si se une a las amenazas contra la mano invisible del mercado, la crisis financiera será inevitable”.
¿Por qué no nos interesa la justicia?
En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe acerca del diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo respecto a la procuración de justicia en México, misma que ha sido omisa en casos de suma importancia: “ayer la (CNDH) ha puesto por escrito en más de un millón de hojas algo que de alguna manera sabíamos: la Procuraduría General de la República está devastada. Ayer fue el caso Iguala, pero han sido muchos otros desde hace mucho tiempo. Esta es la Procuraduría General de la República de La Paca y Muñoz Rocha. La misma. Y desde entonces una y otra vez, en casos pequeños y grandes, fracasa en su misión. Es la Procuraduría General de la República que no ha hecho justicia en múltiples casos de graves violaciones a los derechos humanos de muchos mexicanos. ¿Por qué, si hace tanto tiempo no funciona, no ha cambiado? […] Años de fracasos no han culminado en una institución que procure justicia. Es para mí un misterio. Dijo ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: ‘Es indispensable que se generen instituciones con recursos y capacidades suficientes, así como autonomía real del poder político, que permitan la real y efectiva investigación de los delitos […] Requerimos mecanismos concretos de supervisión de las acciones del poder público que detecten situaciones de debilidad institucional, prevengan que la corrupción y la impunidad […]Lo sucedido en Iguala no debe verse como un caso aislado, sino como un reflejo de la situación por la que atraviesan diversas regiones del país y en las que la posibilidad de que se vuelva a generar un episodio de dimensiones y características similares es un riesgo latente’. Creo que tiene razón. Hasta hoy, no parece que la fiscalía sea una de las prioridades de la 4T, como no lo ha sido de los últimos gobiernos. Y es ahí donde revientan tragedias como lo que ha sucedido con el caso Iguala”.
Lucha de poderes
Las reformas impulsadas por Morena tales como la reducción salarial a altos funcionarios públicos no tienen muy contentos a muchos, por lo que de cara a la toma de posesión de AMLO ya preparan acciones para contrarrestar estas medidas. Al respecto en El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: ” 48 horas del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzó una batalla jurídica y constitucional para defender su independencia y autonomía ‘de los intentos de Morena por intervenir en la organización interna y en su funcionamiento’ que consideran violatorios a la división de poderes consagrada en la Constitución y en los Tratados y Convenciones internacionales de las que forma parte el Estado mexicano […]. En lo que representa una estrategia conjunta de todo el Poder Judicial federal […] lo que se busca es dar la batalla contra los otros Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena, porque según ministros, jueces y magistrados, lo que hay detrás de esas iniciativas ‘es un intento de sometimiento y control al Poder Judicial’. La primera acción de esa defensa son los amparos en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos que obliga a disminuir y poner tope a los ingresos salariales de los ministros, magistrados, jueces y otros funcionarios judiciales […]. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación presentó otra gran demanda colectiva de amparo, para lo cual esa asociación civil ha circulado entre sus miles de integrantes en todo el país una ‘demanda de amparo modelo’ que elaboró una comisión redactora, en la que se propone combatir diversas leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión y de diversos legisladores por estimarlas violatorias de la independencia y autonomía del Poder Judicial […]. Una vez que todos esos recursos lleguen finalmente a la Suprema Corte de Justicia, que ya atrajo el primer amparo otorgado a una magistrada de Sinaloa para resolver el fondo del tema de la constitucionalidad, se decretaría la suspensión de la aplicación de la legislación que empezaría a aplicarse a partir del inicio del 1 de diciembre […] lo cual significa que se suspendería la reducción de salarios y la aplicación de sanciones penales a aquellos funcionarios que ganen más de 108 mil pesos mensuales […]. Y ya en un caso extremo, si hubiera una intervención directa del Ejecutivo o el Legislativo, que buscará desconocer o atentar contra la Corte con una disolución o vulnerar la independencia de los jueces, el asunto podría ser llevado con denuncias hasta instancias internacionales de la ONU para exigir respeto a la autonomía de los jueces y acusando al gobierno mexicano de violar tratados y convenios internacionales, dice la ruta trazada por los jueces, ministros y magistrados en la batalla por defender su independencia”.
Sin locuras, por favor
En el Excélsior, la periodista Yuriria Sierra, habla acerca de dos “caprichos” políticos que han tenido tanto la administración saliente de Peña Nieto, con al condecoración a Jared Kushner, así como con la invitación del equipo de López Obrador a Nicolás Maduro para que asista a la toma de protesta del tabasqueño: “condecorar a Jared Kushner antes de irte o invitar a Nicolás Maduro a tu toma de protesta. Demenciales decisiones en un país que debería estar resistiendo para no ser arrastrado por el tsunami de demencias que azota al mundo en nuestros días. Condecorar al yerno del autoritario populista de derecha que desprecia a todos los seres humanos que viven fuera de su territorio. O invitar al autoritario populista de izquierda que desprecia a todos los seres humanos que viven dentro de su territorio. Ambos, caprichos políticos de los unos y los otros que lo único que han generado es avivar el clima de polarización en un país que no puede darse el lujo de prender hogueras donde, afortunadamente, ya no hubo incendio […] ‘Se las metimos doblada (…) Si algo conquistamos este último julio fue llamar a las cosas por su nombre: los ladrones, ladrones; los traidores, traidores; los enmascarados, enmascarados, los culeros, culeros. Ya, lenguaje y claridad’, palabras del próximo encargado de despacho del Fondo de Cultura Económica. ‘Se las metimos doblada’, pura claridad (y elegancia) en el lenguaje del próximo director de la editorial más importante de toda Hispanoamérica, ¿era necesario? Digo, sólo encargado por ahora, porque la ley le impide la titularidad ipso facto, por capricho o deseo de quien será Presidente […] Para locuras, hemos visto muchas, se acumularon por montones, por eso la opción de guardarlos bajo la alfombra. Es momento de parar. Ni la cultura ni las formas merecen extinguirse […] entre los chirriantes premios y la falta de autocrítica de los que se van; así las desafinadas invitaciones e insensateces de los que llegan. Ambos lados estiran una cuerda que no habría motivo para tensar de más. Sobre todo cuando la nuestra, con todos los bemoles que le queremos poner, es todavía la decimoquinta economía del mundo; cuando el nuestro, con sus todavía par de pendientes, es uno de los sistemas electorales más sólidos e imperturbables; cuando las reformas estructurales (sobre todo la fiscal y la energética) empezarán a rendir los primeros frutos. Y claro que están los gigantescos pendientes en materia de combate a la pobreza y la reducción de la brecha de desigualdad, en materia de legalidad, Estado de derecho, combate a la corrupción y la impunidad y, sobre todo, en materia de seguridad y pacificación del país. Pero que esos pendientes no sean motivo, en momento alguno, para desafiar a las leyes de la cordura y la sensatez”.
Ya casi: ¡adiós, Peña!
En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe que: “en bronce estatuario, con 2.20 metros de altura, Enrique Peña Nieto quedará a disposición no sólo de la historia sino, de manera que podría ser literalmente contundente, de la opinión y acción de los viandantes que ahora podrán recorrer los arbolados caminos de la que a partir de este sábado dejará de ser la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Peña Nieto aprovechó su último día efectivo todavía al mando (es un decir) de la nación, para despedir y despedirse del Estado Mayor, que ahora se reintegra a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue el adiós a Los Pinos […] Peña Nieto viajará a Argentina para participar el viernes en la reunión del G-20, atestiguar la firma del nuevo tratado comercial trumpista y entregar la condecoración de la Orden del Águila Azteca al yerno Jared Kushner. Luego, regresará a México para asistir el sábado al Palacio Legislativo de San Lázaro a la ceremonia de transmisión de poderes […] En las premuras de cierre del ciclo peñista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Luis Raúl González Pérez, se atrevió a última hora a dar a conocer su recomendación sobre el caso Iguala-Ayotzinapa. En esencia, señala las diversas facetas de irresponsabilidad, distorsión y encubrimiento en que incurrieron personajes de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), sobre todo en cuanto a la Procuraduría General de la República. El valor de una postura así queda opacado por el evidente acomodo a las horas finales del peñismo para lanzar, desde la onerosa y, en general, ineficaz instancia oficial de defensa de los derechos humanos, señalamientos que desacreditan totalmente la verdad histórica y abundan en lo que instancias independientes ya han señalado respecto al caso. La recomendación de la citada comisión recibió una respuesta a la altura de las circunstancias cronológicas. Peña Nieto ayer cerró virtualmente su ejercicio como ocupante de la silla presidencial, pero aún así, con solemnidad tragicómica, el todavía secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que el gobierno federal acepta la recomendación, estudia su contenido y verá si con ello se trastoca la tal verdad histórica. La maniobra buscará limpiar al peñismo de última hora de la mancha dejada por Jesús Murillo Karam y habilitar al obradorismo para nuevas indagaciones. En su postrimería, Peña Nieto entraría en razón e, imbuido de espíritu justiciero, podría declararse engañado por el malévolo fabulador Murillo Karam. Y López Obrador, viendo hacia adelante, podría retomar la recomendación de la CNDH y avanzar e indagar hasta donde le sea posible”.
Deja la introducción, lo ‘doblada’
En Milenio, el periodista Joaquín López Dóriga, escribe que: “a nadie que lo haya escuchado puede sorprender el modo de hablar de este Paco Ignacio Taibo. Él así es. Por eso no me asombra que en la presentación en la FIL de Guadalajara de su novela El olor de las magnolias, se haya expresado de cómo la mayoría parlamentaria de Morena está doblando la ley para eliminar el impedimento jurídico del mexicano por nacimiento, y pueda asumir la dirección general del Fondo de Cultura Económica (FCE) de la 4T […] Aquí el punto para mí no es la expresión ordinaria, cada quien habla como es, sino el fondo: aseguró que si para el lunes no ha sido aprobada por el pleno (sic) la reforma a la ley, va a haber un edicto del presidente (López Obrador) nombrándome encargado del despacho mientras sale la ley. O sea, sea como sea ¡se las metimos doblada, camaradas!, resumió. El lenguaje, aceptó que pasado de lépero, no es lo grave, la soberbia, sí y la ignorancia, también: si no es por la ley será por edicto presidencial, afirmó. Insisto, lo peor no es lo soez, es la falta de respeto a la ley y la imposición ya acordada con el Presidente electo al que nunca le he escuchado en privado y mucho menos en público, expresarse, ni de lejos, como lo hace su designado director del Fondo de Cultura Económica. Pobre Constitución Moral con estas introducciones dobles. Y ya solo una duda: ¿A quién o a quiénes se las metieron doblada, camaradas? No vaya a resultar un autoasalto”
En San Lázaro no pudieron “meterla doblada”
En el Excélsior, el periodista especializado en temas parlamentarios, Francisco Garfías, escribe que: “los morenos no se la pudieron ‘meter doblada’ (el copyright es de Paco Ignacio Taibo II) a sus ‘camaradas’ de la oposición en la Cámara de Diputados. Fallaron en su intención de eliminar, a medias, el fuero; y se vieron obligados a aplazar, ayer, la aprobación del dictamen sobre consulta popular y revocación de mandato. Son reformas constitucionales que requieren de una mayoría calificada (dos tercios de los presentes) que los morenos no tienen y que no han conseguido aún. Según el diputado del PAN Ricardo Villarreal, el dictamen sobre revocación de mandato está diseñado al gusto del próximo Presidente de la República y su mayoría guinda.
Si le conviene al Presidente, en el segundo año de su gobierno se convoca, pero si hay desgaste y riesgo de que lo pierda, lo pueden evadir. Lo que sí lograron los morenos, en su novatez como grupo mayoritario, fue cohesionar al PAN, al PRI, al PRD y a MC. Para acabarla de amolar, cinco diputados del PES votaron, en lo general, contra la propuesta de sus aliados de Morena para eliminar el fuero. A la cúpula parlamentaria guinda le faltó colmillo y le sobró soberbia. Es en lo que coinciden los opositores en San Lázaro. Mario Delgado, coordinador de la bancada del presidente electo en San Lázaro, no supo avanzar hacia el consenso. Pudo haber decretado un receso y llamar a negociaciones para lograr la mayoría calificada. No lo hizo. Subió a la tribuna no para intentar conciliar, sino para “mentarnos la madre”, agrega el panista.
Frenan a Morena
En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “si algo quedó claro con el relajo que se armó en la Cámara de Diputados alrededor de la iniciativa para eliminar el fuero es que sí se le puede poner freno a la avalancha Morena en el Legislativo. Y es que no sólo los legisladores del PAN, PRI, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano lograron ponerse de acuerdo para hacerle frente a la mayoría, también contaron con apoyo de diputados del PT, el PES… e incluso morenistas que decidieron romper el bloque. En el fondo, el asunto es que muchos legisladores quieren evitar que se pierda la inmunidad procesal con la primera sentencia condenatoria, pues esas se consiguen muuuy fácilmente de entidades donde los mandatarios estatales tienen jueces que actúan bajo la vieja consigna de: ‘lo que usted diga, Señor Gobernador’. De ahí que piden que la protección se extienda hasta que se trate de sentencias ya revisadas por otras instancias como tribunales colegiados o incluso la Suprema Corte. Y aunque no han ganado la guerra, con esa batalla, sentaron precedente”.
Intelectuales dicen no a Maduro
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “en las próximas horas un grupo de 30 intelectuales y representantes empresariales, encabezado por el escritor Federico Reyes-Heroles, firmará un desplegado en el que condena la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ‘que es una ofensa para los mexicanos por razones éticas, jurídicas y hasta económicas’. Entre los abajofirmantes figuran Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar, Jorge Castañeda y Luis de la Barrera”.
Resúmenes satisfactorios
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “es hora de agradecimientos y despedidas. De eso está llena la agenda de los actuales funcionarios, así haya un desorden en la transición real, es decir, en la entrega de oficinas para el arribo de los nuevos equipos. Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, aprovechó para felicitar a su equipo y reconocer que la Policía Federal es una corporación sólida, robusta, capacitada y confiable, que está lista para seguir trabajando en favor de los mexicanos. ‘Los elementos que integran la Policía Federal y laboran para garantizar las libertades de los ciudadanos merecen el reconocimiento y la gratitud, porque han hecho a la mejor policía de México”’ dijo. No hace falta sino reflexionar lo que sería el país sin ellos, los héroes que dan la vida por los demás. ¿Deber cumplido o le faltó, señor Renato Sales?”.
La primera semana de AMLO en la Presidencia
Por su parte en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “nos dicen que desde ayer comenzaron a arribar a México los invitados de Andrés Manuel López Obrador a la toma de posesión del próximo sábado. Algunos invitados especiales de don Andrés Manuel, como Silvio Rodríguez o Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, se pasearon con él por la zona arqueológica de Palenque y nos dicen que hasta se quedaron a descansar en la finca del tabasqueño, La Chingada. Don Andrés Manuel hace bien en descansar, pues después de las ceremonias y festejos por su toma de posesión a lo largo de la semana, los próximos sábado 8 y domingo 9 tiene en la agenda reuniones privadas y viajes a Nayarit y a Tabasco. En este último estado visitará los terrenos donde se construirá la refinería en el municipio de Paraíso”.

Por Redacción / Sin Embargo

Niños en México: miles desaparecidos, cientos detenidos y millones en la miseria

Los menores en México han vivido en total desprotección, desde la llamada guerra contra el narcotráfico: más de 6 mil 300 menores desaparecidos, 20 millones en condiciones de pobreza y 281 detenciones de niños migrantes

Más de 6 mil 300 niños y niñas han desaparecido en México. El 73.9 por ciento del total de las desapariciones ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El desdén de la administración federal que recién concluyó, ante los menores de edad del país, se resume en un dato: nunca se le asignó presupuesto a un sistema de protección integral de la niñez que se creó en 2014.
Por tercera ocasión, el Estado mexicano reprueba el Examen Periódico Universal (EPU) en materia de protección a la infancia y las juventudes. Las cifras evidencian el abandono gubernamental para este sector de la población: más de 6 mil 300 menores se encuentran desaparecidos; más de 20 millones en la pobreza, y se realizaron 281 mil detenciones de niños migrantes no acompañados.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS) se han encargado de documentar y exponer ante la Organización de las Naciones Unidas la grave crisis de violación a los derechos humanos que afecta a esta población en el país, una población mayor a los 39 millones, a través del Informe Colaborativo Examen Periódico Universal, México 2018.
Mónica Yerena, de enlace institucional de la organización Educando en los Derechos y la Solidaridad (Educadys), en entrevista con Contralínea comenta que las recomendaciones van enfocadas a la exigencia de que el Estado garantice un efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) –creado en 2014 con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes–, sistema al que no se le ha asignado presupuesto público desde ese año.
Entre las recomendaciones hechas por las organizaciones se encuentra la de “diseñar una política pública en materia de protección que incorpore la perspectiva de derechos de la niñez. Además, “a lo largo de los siguientes 4 años, incorporar la perspectiva de derechos de las juventudes en el diseño e implementación de las políticas públicas, particularmente, en materia laboral y de acceso a la justicia en violaciones graves a los derechos humanos”.
Esta situación, también ha provocado que países miembros de la ONU emitan 34 recomendaciones a la administración saliente de Enrique Peña Nieto, como el Reino Unido que solicitó: “Tomar medidas para garantizar que los niños estén completamente protegidos contra los castigos corporales y otras formas de violencia o explotación”. Argelia: “Asegurar una mejor protección de los niños y adolescentes contra la violencia relacionada con el crimen organizado”. Filipinas: “Reforzar las medidas para proteger y brindar asistencia a las víctimas de la trata de personas”.
Carlos Ventura Callejas, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en entrevista con Contralínea explica que en el EPU los Estados parte tienen la posibilidad de hacer recomendaciones al Estado revisado sobre situaciones “preocupantes” y emitir recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos. “Es un mecanismo de la sociedad civil organizada pero, en general, es para que toda la población pueda usarlo como un mecanismo internacional de exigibilidad de los derechos, y dar a conocer a la comunidad internacional los retos que tenemos como país”.

Pobreza, desaparición y homicidios

De acuerdo a la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2015, en México habitan 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17, que representan el 32.8 por ciento de la población total en ese año (119 millones 530 mil 753 de personas).
En tanto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018, indica que la pobreza es uno de los problemas sociales más preocupantes. “Una de las razones por las cuales la atención a la pobreza infantil es prioritaria es porque existe un mayor número de probabilidad de que se vuelva permanente y sus consecuencias negativas e irreversibles en la niñez”. Según el organismo, más de 20.7 millones de menores viven en hogares que experimentan algún nivel de pobreza.
La defensora de derechos Humanos Mónica Yerena agrega que en México, ocho de cada 10 hogares indígenas se encuentran en pobreza. “¿Cómo se posibilita que un país pueda garantizar una vida y un desarrollo adecuado para la población?”, cuestiona.
Yerena indica que entre los puntos más preocupantes expuestos es el vivido en los últimos 2 sexenios y que ha incrementado las cifras en desapariciones: “esta lógica de enfrentar un conflicto a través de la llamada guerra contra el narcotráfico”.
En el contexto de las recomendaciones a México, en el marco del EPU, Argelia solicita al gobierno mexicano: “garantizar el acceso efectivo de todos los niños a la educación, en particular los niños migrantes e indígenas, y tomar medidas eficaces para combatir su exclusión del sistema educativo”.

Desapariciones, en aumento

Natalia lleva más de 2 semanas desaparecida. Se ha emitido la Alerta Amber a nivel nacional. Ella es una niña de 11 años que desapareció en la alcaldía de Gustavo A Madero, en la Ciudad de México. Fue vista por última vez el 7 de noviembre de 2018, “sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, dice el reporte AAMX1070, del mecanismo de búsqueda.
Al respecto, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas registra 6 mil 330 menores de edad desaparecidos en el país, de las cuales 3 mil 675 son niñas y adolescentes. El informe colaborativo de las organizaciones, presentado para el EPU indica que el 73.9 por ciento de las desapariciones de infancia y adolescencia han ocurrido durante el mandato de Enrique Peña Nieto, “pues desde el 1 de diciembre de 2012 han desaparecido 4 mil 677 menores de edad”.
En tanto, en materia de homicidios, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) documenta que a la violencia en México ha provocado que diariamente desaparezcan cuatro niños y/o adolescentes mexicanos. En su Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México, agrega que, otros tres son asesinatos ocurren diariamente.
“La epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno”, menciona el documento (Contralínea 578).
Tenemos que remover obstáculos para acceder a la justicia, la reparación, la atención de las víctimas y combatir la impunidad, dice Ventura Callejas, quien añade que “el cómo” es una de las grandes interrogantes que tienen las organizaciones, “dado que está en ciernes imaginar o concretizar un mecanismo efectivo para revertir la situación de crisis de derechos humanos. Se ha hablado de iniciar un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo cual nos está colocando en un escenario de mucho trabajo directo con las víctimas.
“No hay una persona en México que alcance a entender la dimensión de la crisis con solamente pensar en las cifras que nos arrojan los registros, subregistros; se debe pensar en todas las personas que no denuncian por miedo”, dice el defensor del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

En el contexto del EPU, Suiza recomendó a México: “Tomar medidas para garantizar que los niños estén totalmente protegidos contra el castigo corporal y otras formas de violencia o explotación”.
Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), agrega que en México se está pasando una situación grave de vulneración a derechos humanos en general, “tendríamos que partir de ese escenario. Sin embargo, el Estado tiene una obligación de protección especial para los niños, niñas y adolescentes, lo que hace que cuando se vulnera esta población sea todavía más grave. Este tipo de violaciones las vemos en todos los escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.

Sistema vacío

El informe colaborativo también emite una serie de recomendaciones al Estado, respecto de la Ley creada para la protección de los menores, y para que se lleve a cabo el fortalecimiento Sipinna, a modo de que sean respetado este sector de la población:
“Asignar presupuesto progresivo a las diferentes estancias que conforman el Sipinna, niños y adolescentes, a nivel estatal y federal…
“Cumplir con la distribución de competencias asignadas en la Ley al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a nivel municipal y estatal, referidas a proteger los derechos de la niñez, cuando estos son restringidos o vulnerados…
“Aumentar el conocimiento sobre la perspectiva de derechos de la niñez entre los actores sociales y los servidores públicos que conforman el Sipinna, en el nivel municipal, estatal y federal…
“Incentivar la participación de la sociedad civil y del Sipinna, a nivel federal, estatal y municipal, en la definición, instrumentación y evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de la niñez, mediante la asignación de presupuesto y la creación de mecanismos trasversales y permanentes”.

Retos para el próximo gobierno

Mónica Yerena comenta que ante la llegada de una nueva administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, en materia de derechos humanos uno de los primeros pasos que se tienen que dar es reconocer el estado en el que nos encontramos. Aceptar: “Nos encontramos en un contexto estructural de crisis profunda y necesitamos pasos profundos. Reconocer el lugar en el que han estado las personas que han enfrentado estas situaciones graves”.

Un segundo elemento que han compartido entre organizaciones, en el marco de lo que ha sido el EPU, “es esta falta de voluntad política, a pesar de tener un marco normativo, no tenemos una realidad que sea acorde con él.
“Cada cambio de gobierno es una oportunidad para repensar las estrategias, el enfoque, la forma en cómo la política pública se instrumenta, pero si se reconoce que el problema es un problema estructural de fondo, donde hay causas que no han sido atendidas, es ahí donde podría estar la clave entre tener un cambio real y no simplemente de nombres [de partidos políticos], colores y/o, nomenclaturas”, añade la defensora de los derechos de la infancia.
Érika Ramírez
[INVESTIGACIÓN][SOCIEDAD][SEMANA][D]

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jueves, 29 de noviembre de 2018

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