En la reestructuración de la deuda argentina la realidad
supera la ficción. Billions, la serie disponible en Netflix donde Bobby
“Axe” Axelrod acumula riquezas con su agresivo fondo de inversión, se
queda corta en comparación con los métodos con que negocian la
reestructuración de deuda los lobos de Wall Street [1]. El mexicano
Gerardo Rodríguez Regordosa fue el primer negociador frente al equipo
económico argentino en representación de BlackRock, el principal fondo
especulativo del mundo. Fue quien amenazó meses atrás al ministro de
Economía, Martín Guzmán: afirmó que si ellos querían podían cambiar a
los directivos del FMI y esperar a que él no esté más para obtener
mejores condiciones.
Finalmente, Rodríguez Regordosa fue reemplazado por la abogada
Jennifer O´Neil luego de la intermediación de jugadores interesados, tal
es el caso de otro mexicano, David Martínez, socio del Grupo Clarín y
dueño del fondo de inversión Fintech, uno de los acreedores de
Argentina. Los modales cambiaron: O’Neil es una negociadora más amable.
No obstante, las amenazas siguen en pie. BlackRock lidera el “Grupo Ad
Hoc”, que también integran los fondos Fidelity y Ashmore. El rechazo de
esta parte de los especuladores es la principal traba que parece tener
por delante la reestructuración de deuda argentina. Aparentemente, la
diferencia reside en detalles contractuales. No obstante, los
trascendidos indican que BlackRock presiona para que Alberto Fernández
se vea obligado a realizar una negociación directa con Donald Trump y el
Tesoro de los Estados Unidos, donde, además de cuestiones financieras,
se discutan aspectos geopolíticos.
Martín Guzmán mantuvo firmes sus buenos modales, su tono moderado en
la argumentación, su estilo sencillo y humilde, al tiempo que
flexibilizó todos sus principios: su idea de “última oferta”, enarbolada
en abril, está enhebrada en un álgebra móvil que cede cada vez más
dólares a los acreedores. El lunes 6 de julio el Gobierno formalizó
frente a la Security and Exchange Commission (SEC, la Comisión de
Valores de los Estados Unidos) una nueva oferta para la reestructuración
de deuda: propone pagar U$S 53,5 por cada U$S 100 adeudados [2]. El
efecto de la reestructuración es que los especuladores ganen menos de lo
que tenían planificado. Pero ninguno pierde. En realidad la quita de
capital es insignificante: 1,9 % promedio ponderado para las distintas
series de bonos [3]. De abril a julio, el ministro de Economía pasó de
ofrecer U$S 40 a ofrendar U$S 53,5: según varios analistas financieros,
esto implica unos U$S 15 mil millones adicionales de pagos de deuda en
relación a los cálculos de hace tres meses atrás. En la negociación,
Guzmán fue dejando de lado otros principios. El 1 de junio, a pedido del
ministro, el FMI hizo un estudio de sostenibilidad que afirmaba que
existía muy poco margen para mejorar la oferta, que en ese entonces se
ubicaba en U$S 47. Con la nueva propuesta es muy probable que se esté
vulnerando el marco de sostenibilidad en el que tanto énfasis hizo
Guzmán. No solo eso. El FMI, que siempre falla en sus mal intencionados
pronósticos, realizó aquél análisis con los escenarios económicos de
marzo, antes que la pandemia del coronavirus dejara expuestas todas las
debilidades previas de la economía mundial y la Argentina. Toda la
historia económica reciente muestra lo falaz de estos estudios, por lo
rápido que la deuda pasa de ser supuestamente “sostenible” e
evidenciarse como una hipoteca impagable: el documento del FMI es
directamente ciencia ficción.
Los bonos en manos de los especuladores cotizaban a U$S 30 dólares
antes de que se iniciaran las negociaciones gracias al default virtual y
el derrumbe económico que dejó Mauricio Macri. En la actualidad,
cotizan encima de U$S 40 dólares. Quienes acepten el canje van a obtener
U$S 53,5, lo cual implica una recuperación patrimonial significativa en
relación a fines del año pasado. Por la naturaleza de la especulación
financiera, no hay información pública sobre a qué valor compró cada
tenedor el bono. Si bien muchos tenedores pueden haber comprado U$S 100,
U$S 80 o en una amplia gama de cotizaciones intermedias, existen
algunos acreedores que compraron justamente a U$S 30, cuando esos bonos
se devaluaron y estaban a “precios de remate”. En esos casos, las
ganancias patrimoniales son gigantescas: casi del 80 %. Tanto que,
incluso, el Gobierno apuesta a que este sector sea el que le permita un
canje exitoso.
Los detalles técnicos son difíciles de ponderar para la mayoría del
pueblo trabajador que va a sufrir la hipoteca que significa la deuda,
pero los respaldos del exministro de Finanzas macrista, Luis Caputo, y
de Domingo Cavallo dan cuenta de la generosidad de la oferta del Guzmán.
Además, la propuesta del actual ministro contiene una cesión de
soberanía, en tanto se emite con prórroga de jurisdicción: esto
significa que, frente a cualquier litigio, las reglas y los árbitros son
extranjeros. De esta forma, queda abierta la puerta a que en el futuro
aparezcan nuevos Thomas Griesa, el fallecido juez neoyorquino que
impuso, con el beneplácito del Congreso Nacional, pagar una millonada a
los fondos buitre.
Mientras BlackRock esgrime todas sus armas extorsivas para defender
sus intereses, el Gobierno de Alberto Fernández busca destrabar la
negociación con el lobby del Papa Francisco y de economistas que luego
de haber servido al capital financiero hicieron un mea culpa por los
“daños colaterales” causados por el neoliberalismo, como Joseph
Stiglitz, quien fuera asesor del presidente yanqui, Bill Clinton, y
economista jefe del Banco Mundial. Estos respaldos se confrontan con la
misma tragedia del ministro de Economía de Raúl Alfonsín, Juan Carlos
Pugliese, quién le habló al corazón de los “mercados” que, insensibles,
le contestaron con el bolsillo.
La propuesta de Guzmán también recibió el respaldo del FMI, el G-20 y
el Club de París. El gobierno postergó los pagos de este año con el
Club de París y pidió una rebaja de la tasa de interés desmedida que
acordó Axel Kicillof en 2014 para pagar una deuda con origen en la
dictadura. Si logra cerrar un acuerdo con los acreedores privados, lo
cual todavía no tiene asegurado, el próximo paso de Guzmán será negociar
con el FMI, quien no acepta ninguna quita y vela por asegurarse el
cobro del préstamo más grande de su historia. Un acuerdo con el Fondo
es, a la vez, exigido por el Club de París. Así se entienden mejor esos
apoyos “bien” intencionados. El resultado final de la reestructuración
sigue abierto [4]. La oferta argentina estará vigente hasta el 4 de
agosto.
En su reciente informe de estabilidad financiera [5], el FMI
advierte que “tanto en las economías avanzadas como en las de mercados
emergentes, la carga de la deuda de empresas y hogares podría tornarse
inmanejable”. Según el FMI, otro foco de inestabilidad se encuentra en
los que denomina mercados emergentes (países dependientes,
semicoloniales, según los marxistas) que, a pesar de cierta distensión
en relación a los primeros meses de la pandemia, siguen enfrentando
riesgos para cubrir sus necesidades de financiamiento. En este contexto
crítico, con un mundo que acumula una montaña de deudas de empresas,
familias y Estados (deudas que alimentaron las ganancias financieras
exorbitantes desde la salida de la crisis de 2008/2009), el resultado de
la reestructuración de deuda argentina puede actuar como una suerte de
“paritaria testigo” a escala global para esa montaña de deudas que,
eventualmente, puede ingresar en un proceso de reestructuración en medio
de la crisis global [6].
Asociación ilícita
El Banco Central indica que “El conjunto de políticas económicas que
se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales
por más de USD 86.000 millones” [7]. La mayor parte del endeudamiento
macrista financió la fuga de capitales; en particular el préstamo del
FMI se esfumó casi todo en fuga. Casi el 30 % de toda la salida de
capitales de la era macrista la realizaron 100 agentes sobre los cuales
la entidad financiera no ofrece detalles. La información sí fue
difundida por Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna:
Telefónica, Pampa Energía, Western Union, American Express, General
Motors, Shell, Cervecería y Maltería Quilmes, Telecom, Cohen Sociedad de
Bolsa e YPF están en el top ten de fugadores [8].
A fines de mayo, en el Congreso, se reunió la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Deuda Externa con el objetivo de pedir al Banco
Central que detalle los nombres de los que fugaron capitales (los mismos
que difundió Verbitsky) y al Ministerio de Economía que indique cómo
fue la elección de bancos colocadores de deuda durante el macrismo. En
esa reunión se denunció de todo: Oscar Parrilli (Frente de Todos)
explicó que en los últimos tres años de Macri se fugaron capitales a
guaridas fiscales para pagar menos impuestos; Maurice Closs (FdT) señaló
que el gobierno anterior le daba garantía a los fondos especulativos y
bancos internacionales para que hicieran ganancias del 40 % en dólares:
Luis Tailhade (FdT) dijo que J.P. Morgan se llevó millones de dólares
del Banco Central en abril de 2018 provocando la devaluación del peso
argentino; Carlos Heller (FdT) se preguntó cuánto de lo fugado califica
cómo ilícito y cuánto se explica por la famosa “bicicleta financiera”, a
la vez que cuestionó que siga vigente la Ley de Entidades Financiera de
la dictadura militar que contiene una filosofía: los bancos hacen lo
que quieren. Fernanda Vallejos (FdT) unió cabos: contó que el Congreso
investigó 4040 cuentas bancarias activas durante 2006 y 2007 a través de
las cuales HSBC organizó la evasión de impuestos y fuga de capitales de
los más ricos del país a Suiza; que recientemente AFIP abrió una causa
sobre otras 950 cuentas bancarias localizadas en el exterior de sujetos
que evadieron impuestos; que hay otra la lista de quienes compraron
dólares durante la crisis de 2008 y 2009; y otra lista más de la fuga de
2011; a lo que se suma la información que surge de los Panamá Papers.
¿Cuál es el hallazgo? Vallejos indicó que se repiten los nombres de los
fugadores en todas las listas [9].
Ricardo Buryaile (UCR-Cambiemos) dijo que había que ir más atrás en
la investigación: investigar, por ejemplo, los canjes de 2005 y 2010. No
le faltan razones. El actual director del Banco Central, Claudio
Lozano, es su libro La deuda ilegítima [10] dice que el canje de 2005
fue inconstitucional e ilegal en tanto sirvió para regularizar la deuda
del “blindaje” y del “megacanje”, operaciones sospechadas de
fraudulentas, realizadas por el Gobierno de la Alianza. Buryaile metió
el dedo en la llaga: dijo que a la vez que la Bicameral comprobó que el
HSBC es responsable del lavado de activos, es una de las entidades que
eligió Martín Guzmán para llevar adelante la reestructuración de deuda.
Es paradójico: HSBC, a través de su exCEO, Gabriel Martino, fue uno
de los principales socios en los negociados de la deuda durante la
gestión Cambiemos, tanto que fue quien ofició de celestino entre el
fondo especulativo Franklin Templeton y el expresidente. Hay que prestar
atención a este dato porque parece increíble, pero es real: Guzmán
contrató al HSBC para que “solucione” la crisis de la deuda argentina.
En ese debate parlamentario, el cruce de denuncias mutuas expuso la
asociación ilícita que actúa detrás de la deuda y la fuga de capitales:
se trata de dos engranajes de un mecanismo de vaciamiento donde el
empresariado nacional es socio menor del gran capital internacional. El
sistema bancario es el instrumento de la fuga. No es un hecho novedoso.
La investigación del Congreso sobre la fuga de capitales de 2001
concluyó que el 75 % de los montos fugados se canalizaron a través del
Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés,
Banca Nazionale del Laboro y, otra vez, el HSBC [11]. Esto ocurría
mientras al pequeño ahorrista lo encerraban en el “corralito”. La fuga
no se detuvo en los gobiernos kirchneristas. De hecho, es lo que surge
del detalle de las listas que mencionó Vallejos, que abarcan casi dos
décadas: más de U$S 100 mil millones se fueron del país en los gobiernos
de Néstor y Cristina, solo que en ese momento se financió la fuga con
divisas del superávit del comercio exterior gracias a los precios
extraordinarios de las materias primas de exportación.
En aquella reunión de Comisión Bicameral del mes de mayo, Romina del
Plá y Nicolás del Caño, que participaron del debate con un planteo de
desconocimiento soberano de la deuda, estaban en condiciones de decir:
“señor juez, no más preguntas”. Es evidente que el endeudamiento
argentino califica como deuda odiosa, en tanto fue contraído contra los
intereses de las mayorías populares. También es evidente que BlackRock
es solo el “Al Capone” de una mafia mundial conformada por los fondos de
inversión, el sistema bancario y los organismos internacionales como el
FMI. No obstante, todo el régimen político capitalista se prepara para
convalidar este saqueo. Quizás allí resida el apoyo de Luis Caputo a la
propuesta de Guzmán, quien luego de haber estafado al país con un bono a
cien años debe estar pensando lo bueno que es hacer borrón y cuenta
nueva.
El
Congreso y el Banco Central hasta el momento solo han realizado un
simulacro de investigación, sin ninguna consecuencia para los que vacían
el país, que siguen ganando como siempre. El sistema bancario sigue
ganando mucho: $ 74 mil millones entre enero y abril, el equivalente a $
25 millones por minuto. Una buena parte de su rentabilidad proviene del
negocio de las Leliq, cuyos intereses paga el Banco Central. La banca
ni siquiera cumple el rol que le está supuesto en el capitalismo:
canalizar recursos para promover el crédito. El desconocimiento soberano
de la deuda, es decir un no pago a BlackRock y el resto de los
especuladores impulsado por la movilización popular debe ir acompañado
del planteo de nacionalización de la banca, que en manos privadas es un
instrumento más del vaciamiento del país.
Un Caballo de Troya para la “reconstrucción”
La deuda es un mecanismo de dominación que atraviesa toda la
historia del país. Pero, evidentemente, pegó un salto de calidad y
cantidad en un esquema amplio de ataque a las condiciones de vida regido
por el neoliberalismo. Desde la dictadura cívico-militar, iniciada el
24 de marzo de 1976, hasta la actualidad el balance es claro: la pobreza
de ser menor al 10 % en los ’70 alcanzó un nuevo piso histórico de al
menos un cuarto de la población para expandirse a más del 50 % en
momentos de crisis profundas, como en 2001-2002 (un nivel que podría
alcanzar nuevamente este año), el desempleo se consolidó en alrededor un
décimo de la población activa (es decir, la que busca o tiene trabajo;
sin contar la que se cansó de patear sin encontrar empleo) y trepó a más
del 20 % en 2002. A lo que se suma una distribución de la riqueza más
desigual. De la mano del sometimiento que implica la deuda avanzaron las
privatizaciones, que desde los ’90 dejaron en manos privadas los
servicios públicos. Desde 2011, el país alcanza casi una década de
estancamiento económico y retroceso del PIB per cápita.
La restricción externa, es decir la crónica escasez de dólares para
el crecimiento y el desarrollo económico, brota de una estructura
económica atrasada que para sostener su actividad requiere de dólares
para importar bienes intermedios y maquinaria para la industria, e
incluso también para el sector agropecuario desde que su “modernización”
de las últimas décadas requiere cada vez más insumos y tecnología
importada. Pero esa escasez de dólares es acentuada por la fuga de
capitales, los pagos de la deuda y los envíos de ganancias a sus casas
centrales que hacen las empresas extranjeras. La mayor extranjerización
del aparato productivo es otra de las consecuencias de las políticas
económicas de las últimas décadas: el capital imperialista explica el 78
% del Valor Bruto de la Producción (VBP) entre las 500 grandes empresas
del país [12].
La derecha acusa perversamente a un supuesto populismo de la
decadencia histórica del país, cuando es la clase social capitalista que
domina los resortes estratégicos de la economía la responsable. El
gobierno rechaza los postulados neoliberales, e incluso exhibe tensiones
fuertes con un sector del capital financiero por la reestructuración de
la deuda, pero anuncia que prepara la “reconstrucción” de la mano de
esa misma clase social que dejó al país en las condiciones actuales. En
la celebración del 9 de julio, Alberto Fernández convocó a Olivos al
Grupo de los Seis (G-6): Miguel Acevedo y Carolina Castro (Unión
Industrial Argentina), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Eduardo
Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio), Javier Bolzico (Asociación de
Bancos Argentinos), Néstor Szczech (Cámara Argentina de la Construcción)
y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina). El anunció de un
impuesto a las grandes fortunas se posterga infinitamente mientras se
envía un proyecto al Congreso para establecer una moratoria impositiva
que beneficiará, fundamentalmente, al gran capital. El oficialismo
propone un nuevo blanqueo de capitales para que los fugadores seriales
aporten a la reconstrucción. Un desatino.
En otro plano, la deuda es un Caballo de Troya que pone límites
estrechos a cualquier plan keynesiano, “mini” Marshall, o plan de
reconstrucción, según el “marketing” que hace el oficialismo de la idea
de superar la actual crisis. La negociación de Guzmán comprende la deuda
emitida bajo jurisdicción extranjera: apenas un 20 % del total. Sí, es
cierto, es el tramo más complejo de negociar: allí está BlackRock como
testimonio. Pero resta reestructurar otro 80 %. Una parte es más
sencilla, aunque no menos onerosa: se trata de deuda emitida bajo
jurisdicción local (¡milagro! rige la ley argentina). Y, como si fuera
poco, falta negociar la deuda con el FMI.
Antes de ser ministro, Guzmán afirmaba que Argentina necesitaba de
tres a cuatro años de gracia para volver a crecer y poder pagar. El
plazo de gracia de Guzmán se fue achicando hasta casi hacerse
imperceptible: el año próximo comienzan los pagos. Es cierto, que de ser
exitosa la reestructuración, los pagos con acreedores privados serán
reducidos en 2021 y 2022. No ocurre lo mismo con los pagos con
organismos internacionales, como el FMI, el BID y el Banco Mundial, a
los cuales el año próximo habrá que pagar U$S 7.400 millones. En 2022 y
2023, los pagos al Fondo y organismos internacionales se elevan por
encima de los U$S 20 mil millones cada año. ¿Cómo hará el oficialismo
para juntar esos dólares en medio de una crisis económica, sanitaria y
social de dimensiones históricas? Por fuera de la magia, es difícil
encontrar la respuesta. ¿Negociará con el FMI un acuerdo de facilidades
extendidas para postergar los pagos? La historia indica que con el Fondo
nada es gratis: a cambio de ese tipo de acuerdos exige reformas
regresivas en los ámbitos previsional, laboral e impositivo.
Hasta el FMI reconoce que, en escenarios irrealmente optimistas, en
el mediano plazo entre el 3 % y el 5 % del PIB (lo que produce Argentina
cada año) se tendrían que destinar a pagos de deuda. Es decir, es la
proporción de la riqueza creada por las manos de las trabajadores y
trabajadoras argentinas que se llevarán los especuladores en las
siguientes décadas.
De la dictadura hasta la actualidad se pagaron más de U$S 600 mil
millones. La deuda no paró de crecer: pasó de ser U$S 8 mil millones en
1976 a elevarse a U$S 321 mil millones cuando se fue Macri. La deuda,
como mecanismo de dominación, comprende el mismo castigo de Sísifo que,
según la mitología griega, tenía que empujar cuesta arriba por una
montaña una piedra que, previo a llegar a la cima, volvía a
desbarrancarse hacia abajo. Sísifo repetía el frustrante y absurdo
procedimiento una y otra vez.
Como fue desarrollado en el manifiesto programático publicado por el
PTS en el Frente de Izquierda-Unidad, para poner fin a la dominación
del país y a la decadencia nacional, es necesario imponer el
desconocimiento soberano de la deuda, la nacionalización de la banca y
el monopolio estatal del comercio exterior, propuestas integradas en un
programa para que la crisis la paguen los capitalistas. La clase
trabajadora tiene la tarea de terminar con la irracionalidad capitalista
reorganizando la estructura económica en función de atender las
necesidades sociales.
* Pablo Anino, licenciado en Economía con Maestría en
Historia Económica. Es docente en la UBA (Universidad de Buenos Aires.
Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es
columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La
Izquierda Diario.
Notas
[1] Se les dice así en referencia a El lobo de Wall Street, la
película de Martin Scorsese donde el desenfrenado corredor de bolsa
Jordan Belfort lleva una vida de lujos y excesos.
[2] Este número resulta de un cálculo técnico que estima lo que se
llama valor presente neto de los desembolsos futuros, donde dicho sea de
paso se utiliza una tasa de “exit yield” (una tasa de rendimiento
“teórica” del canje) del 10 % que favorece a los acreedores. Si se
aplica una “exit yield” menor, el valor presente neto es mayor y el
descuento menor.
[3] La oferta oficial contiene una tasa de interés creciente que
parte en 0,125 % y se eleva progresivamente hasta 4,125 %. Argentina
ofrece tasas menores que las draconianas pagadas por Mauricio Macri,
pero elevadas en un mundo de rendimientos por el suelo: el bono a diez
años de los Estados Unidos tiene un rendimiento menor al 1 %. Alemania,
Francia, Suecia, Bélgica, Holanda o Suiza pagan tasas de interés
negativas. No solo eso: España que hace pocos años vivió una crisis de
deuda, hoy paga 0,5 %; Grecia, todavía siente descargas por su
monumental crisis y reestructuración de su deuda, pero paga 1,5 %. En
América del Sur, Perú paga 3,5 %.
[4] Existe otro “Grupo de Tenedores de Bonos del Canje”, liderado
por Monarch, que no está claro en este momento si está con BlackRock o
se está acercando a una postura de aceptación. El “Comité de Acreedores
de Argentina”, que lidera Greylock, representa unas 30 empresas y fondos
de inversión, consideró “razonable” la oferta oficial. Otro grupo
manifestó aceptación es el representado por el UBS (Unión de Bancos
Suizos) que negocia en nombre de Gramercy y Fintech. Este último fondo,
como se mencionó, es propiedad del mexicano David Martínez, un socio del
Grupo Clarín.
[5] Actualización del Informe sobre la Estabilidad Financiera
Mundial (Junio 2020), titulado “Las condiciones financieras se han
distendido, pero las insolvencias son un riesgo predominante”.
[6] Recientemente, en Ecuador una reestructuración de deuda con U$S
60 de valor presente neto. Ese país también enfrenta una larga crisis,
que se agudizó en octubre de 2019 por las protestas desatacadas por los
planes acordados con el FMI. Pero el endeudamiento argentino tiene una
escala muy superior.
[7] Banco Central de la República Argentina (Mayo 2020), “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”.
[8] Los 100 de Macri. Disponible en: https://www.elcohetealaluna.com/los-100-de-macri/.
[9] La sesión completa de la Comisión se puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=uhy4XB_fPIk .
[10] Claudio Lozano (2019), La deuda ilegítima. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Autonomía.
[11] Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre
Fuga de Divisas de la Argentina durante el año 2001. (2005). Fuga de
divisas en Argentina 2001 / Informe final. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Siglo XXI Editores Argentina / Flacso, p. 66.
[12] El dato corresponde a 2018 y surge de la última Encuesta Nacional a Grandes Empresas que elabora Indec. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/enge_01_207610BFF62A.pdf
Ideas de Izquierda
correspondenciadeprensa.com/2020/07/13/argentina-la-mafia-de-la-deuda/
El
Congreso y el Banco Central hasta el momento solo han realizado un
simulacro de investigación, sin ninguna consecuencia para los que vacían
el país, que siguen ganando como siempre. El sistema bancario sigue
ganando mucho: $ 74 mil millones entre enero y abril, el equivalente a $
25 millones por minuto. Una buena parte de su rentabilidad proviene del
negocio de las Leliq, cuyos intereses paga el Banco Central. La banca
ni siquiera cumple el rol que le está supuesto en el capitalismo:
canalizar recursos para promover el crédito. El desconocimiento soberano
de la deuda, es decir un no pago a BlackRock y el resto de los
especuladores impulsado por la movilización popular debe ir acompañado
del planteo de nacionalización de la banca, que en manos privadas es un
instrumento más del vaciamiento del país.