CIPOP y Fundar coinciden: en Puebla se pretende inhibir la libertad de expresión

Por : Martín Hernández Alcántara

2012-10-25 04:00:00

Organizaciones y especialistas en libertad de
expresión, transparencia, acceso a la
información y opinión pública condenaron la
actitud del gobernador Moreno Valle por haber
ordenado que se demandara civilmente a dos
periodistas y exigir que pidan perdón. En la
imagen, fotoperiodistas exigiendo su derecho de
expresarse

Organizaciones y especialistas en libertad de expresión, transparencia, acceso a la información y opinión pública condenaron la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por haber ordenado que se demandara civilmente a dos periodistas y exigir que pidan perdón.
Rosaura Hernández Villanueva, directora del Centro de Investigaciones de Propaganda y Opinión Pública (CIPOP), expresó: “es en verdad preocupante lo que está pasando en Puebla. Nosotros venimos observando ese estado desde que se logró la alternancia en el Poder Ejecutivo, y lo que hemos observado es que no hay una tendencia progredistas hacia las libertades y garantías democráticas, sino un retroceso a estados autoritarios que recuerdan el estado de cosas que había en México cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era un partido hegemónico”.
La doctora en Comunicación Pública expresó que esta parece ser “la primera expresión represiva derivada de las reformas que el año pasado se hicieron al Código de Defensa Social de Puebla, con el supuesto propósito de despenalizar la calumnia y la difamación, lo cual, por supuesto, fue sólo un estratagema discursivo, porque lo que se hizo fue permutar la pena corporal, es decir, el castigo con cárcel, por una indemnización económica”.
Para la representante del CIPOP, si la administración morenovallista hubiera tenido la verdadera intención de derogar los llamados “delitos de prensa”, “los hubiera eliminado y ya, como sucedió con el Gobierno del Distrito Federal,  pero en los hechos lo que sucede es que el periodista queda expuesto a pagar una fuerte suma económica en caso de ser sentenciado a hacerlo, así que puede perder su patrimonio y si aun así no pudiera pagar la multa, entonces sí iría a la cárcel”.
Hernández Villanueva coincidió con la presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, capítulo Puebla (Amedi), Lilia Vélez Iglesias, en el sentido de que el decreto que concede al vocero del gobierno estatal para tramitar demandas a nombre de funcionarios presuntamente agraviados en derechos personales, es inconstitucional.
“Si consideramos que la demanda será notoriamente improcedente y que además el gobernador ha dicho que no quiere una indemnización sino sólo que los periodistas le pidan perdón, pues estamos en una situación verdaderamente complicada en la que no es difícil que se antoje suponer que lo único que se busca con este tipo de acciones es inhibir la libertad de prensa y la libertad de expresión”.
En un similar se pronunció Miguel Pulido Jiménez, director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, quien en declaraciones al periódico e–consulta, manifestó que las demandas contra periodistas poblanos que presentó el gobierno de Puebla, que encabeza Rafael Moreno Valle, por supuesto daño moral en contra de funcionarios estatales, son un precedente negativo para la libertad de expresión,
El especialista agregó que el paquete de demandas anunciado por el vocero del gobierno del estado, Sergio Ramírez, no puede ser apoyado, ya que en los países con mayor democracia han desaparecido las figuras jurídicas.
En sociedades transparentes los servidores públicos son capaces de aceptar las inconsistencias, los errores e incluso se abstienen de cuestionar los supuestos abusos que puede cometer la prensa, recalcó.
Para Fundar lo lamentable es que algunos gobiernos han usado las figuras de difamación y calumnia como inhibitorias de la libertad de expresión. Las demandas a periodistas, ya sea por la vía penal o civil con sanciones muy altas o con indemnizaciones sumamente costosas no conviven con estándares internacionales de derechos humanos.
El uso de la figura de reparación de daño moral por difamación o calumnia es intimidatorio y nadie en su sano juicio podría poner en duda que es difícil someter el poder político con una sola crítica.
Las demandas presentadas por el gobierno de Puebla dan un precedente complejo que se debe analizar a detalle, ya que si los medios de comunicación actúan fueran de los márgenes del profesionalismo, debe ser la competencia y la pluralidad de medios quienes deben hacer la delimitación y no el gobierno con métodos jurídicos.
Sin embargo, es el propio gobierno el que ha marcado un sector muy reducido en los medios informativos; es por ello que con poco mercado y con poca competencia cuesta que el lector decida libremente a quienes elige.
Ante ello el directivo de Fundar consideró necesaria una transformación radical de la cultura política del país, ya que los gobiernos sólo han puesto énfasis en el discurso y no en proteger los derechos de los ciudadanos.
Hoy Ernesto Villanueva Madrid, coordinador del Área de Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicará las inconsistencias de las demandas tramitadas por el gobierno contra periodistas. La charla está programada a las 17 horas en el Mesón de La Sacristía, con domicilio en la 6 Sur 304, colonia Centro.