Congelan reestructura en la PGR
La Procuraduría espera a que el Congreso defina las
leyes secundarias de la Reforma Política para definir el rumbo de su
rediseño y modernización
La PGR no pudo concretar la creación de Subprocuraduría de Operación Territorial. Foto: Especial
Altos mandos ministeriales confirmaron que las reformas aprobadas, entre ellas la política, obligan a replantear todo el proyecto para la institución, cuando sólo faltan 24 meses para que se ponga en marcha el nuevo sistema penal acusatorio.
La transformación de la PGR en una nueva Fiscalía General de carácter autónomo, es uno de los factores determinantes que obligaron a detener gran parte del proceso. La ley que reglamentará cómo quedará configurado este cambio, será discutida hasta febrero del 2014 en el Congreso.
En el primer año de este sexenio, de acuerdo con los planes originales del procurador Jesús Murillo Karam, se contemplaba el rediseño de las tareas de investigación, con la puesta en marcha de la nueva Agencia de Investigación criminal (AIC) y de la Subprocuraduría de Operación Territorial.
De lo anterior sólo la AIC está trabajando aunque no al cien por ciento, sino con equipos de investigación específicos. Es por ello que la PGR no ha podido presentarla oficialmente, ni tampoco la imagen que tendrá ni sus mandos, situación que por ley debe hacerse a más tardar en enero.
La Subprocuraduría de Operación Territorial, que coordinará la operación de todas las delegaciones estatales de la PGR en el esquema de regionalización diseñado por el Gobierno Federal, sigue aún en el papel y no arrancará hasta que se conozcan las modificaciones que traerá la reforma.
El plan desde hace meses es que pongan en marcha cinco unidades regionales ministeriales coordinando a los estados pero éstas no alcanzarán a estar listas en lo que resta del año.
Otro pendiente es la conformación de nuevas unidades especializadas para la investigación de delitos de alto impacto como narcotráfico o trata de personas, así como modificaciones en la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada.
El problema radica en que el proyecto del procurador Murillo Karam, de acuerdo con las fuentes consultadas, requiere de diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría, que es la norma que rige el funcionamiento legal de la institución.
Sin embargo, la reforma política plantea una transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República, de carácter autónomo, separada del Ejecutivo, y por lo tanto requerirá de una nueva Ley Orgánica.
Por ejemplo, la reforma al artículo 107 de la Constitución requiere la conformación obligatoria de una Fiscalía Anticorrupción dentro de la Fiscalía General. Dependiendo de su concepción tendría que ser de mayor alcance que la unidad para investigar delitos de servidores públicos que es lo que existe actualmente dentro de una subprocuraduría, no como fiscalía.
“Todo esto requiere un replanteamiento de la transformación que hay que realizar en la PGR pero no podemos hacerlo hasta que conozcamos las leyes secundarias para no caminar en una dirección equivocada. Es imperativo conocer cómo será la nueva estructura”, dijo un alto funcionario ministerial.
Incertidumbre con nuevo sistema
De acuerdo con el Programa Nacional de Justicia 2013-2018 dado a conocer la semana pasada, la PGR tiene un avance de apenas 15% en su “plan maestro” para adaptar la institución al nuevo sistema penal acusatorio, luego de que ya transcurrieron 6 de los 8 años del plazo para que este entre en funcionamiento.
El plan establece que se alcanzará el cien por cierto para el 2016, lo cual es una obligación legal.
En su última evaluación sobre la implementación del sistema en el país, el CIDAC enfatizó sus dudas respecto al trabajo real de lo que está haciendo la Procuraduría.
“Cuatro años después de aprobada la reforma dicha dependencia dio apenas visos de comenzar con el proceso. Pero de ahí a la fecha, no se tiene un plan o información de que están haciendo”, indicó.
DATO
Tres frentes abiertos
Este sexenio la PGR deberá afrontar tres procesos: su depuración y modernización para mejorar la eficacia ministerial, las modificaciones y capacitación por la reforma penal, y el cambio a una Fiscalía autónoma
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