Inician procedimiento contra juez que protegió al ‘El Zar de los Casinos’

La Redacción
5 de marzo de 2014

MONTERREY, N.L. (apro).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del juez de distrito Ricardo Hiram Barbosa Alanís, quien otorgó suspensiones provisionales definitivas a propietarios de casas de apuestas de Nuevo León, entre ellos Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos.
El CJF señaló que este caso está ligado con el del juez Luis Armando Jerezano Treviño, conocido como el juez casinero, quien fue suspendido en 2011 por entregar indebidamente amparos a la empresa Emociones y Atracciones Vallarta, que operaba el Casino Royale, donde el 25 de agosto de ese año fueron asesinadas 52 personas en un ataque incendiario.
Jerezano, a quien se le abrió un procedimiento en enero de este año, es también investigado en Estados Unidos por lavado de dinero.
Mediante un comunicado difundido este miércoles, el órgano del Poder Judicial de la Federación también emprendió acciones en contra de los secretarios de Hiram Barbosa: Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González.
Todos fueron suspendidos sin goce de sueldo mientras se resuelve su situación jurídica en la indagación que se les sigue por favorecer a las casas de apuestas, al habérseles encontrado en sus cuentas bancarias beneficios obtenidos de manera ilícita.
Barbosa Alanís fue denunciado en 2011 por el entonces alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, por haber entregado indebidamente un amparo a Entretenimiento de México, propiedad de El Zar de los Casinos y su hermano Arturo Rojas Cardona.
El exedil acusó a Barbosa de haber concedido un amparo amañado a los hermanos Rojas para que retiraran los sellos de clausura del casino Sportzone, ubicado en ese municipio.
El juez fue suspendido el 1 de junio de ese año, pero hasta ahora se le abrió un procedimiento administrativo.
El boletín emitido hoy señala que debido a diversas quejas presentadas en contra del juzgador por el probable otorgamiento indebido de suspensiones provisionales y definitivas a casas de apuestas, el CJF ordenó que fuera efectuada una visita de inspección al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en Nuevo León.
En el boletín se advierte que, “como resultado de esa actuación, se obtuvieron datos relevantes sobre las posibles irregularidades en el trámite y resolución de diversos juicios de amparo del conocimiento de dicho juzgador, en conjunto con sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González”.
El comunicado publicado en la página de la Judicatura Federal señala que “este órgano colegiado, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento a su obligación de velar por el acatamiento de los principios de justicia, transparencia, profesionalismo y excelencia en el desempeño judicial, emprendió una serie de actuaciones requiriendo información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a las áreas de Contraloría”.
Para la investigación también se pidieron referencias al órgano de “Vigilancia, Información y Evaluación del CJF, con el fin de indagar sobre la situación bancaria y patrimonial de los citados servidores públicos, a fin de obtener datos pormenorizados acerca de los beneficios ilícitos que pudieron haber obtenido”.
Y concluye así: “El CJF reitera a la sociedad que cuenta con los elementos técnicos y recursos institucionales para garantizar una justicia federal cuyo único compromiso sea con la Constitución y la ciudadanía”.
El 23 de enero, el CJF anunció que había iniciado ese día un procedimiento disciplinario en contra de Luis Armando Jerezano, al habérsele encontrado “elementos que presumen conductas irregulares durante su desempeño como juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Saltillo, Coahuila”.
Con él fue suspendido Gerardo Tiscareño Mercado, quien trabajaba como su secretario.
Jerezano Treviño fue suspendido el 20 de septiembre de 2011, cuando se detectó que había entregado indebidamente un amparo a la empresa EAV, propiedad de Raúl Rocha, para que operara casas de juego en el país.
El órgano federal precisó que el caso de Jerezano está vinculado al de Barbosa Alanís, suspendido en mayo del 2011 por haber entregado permisos irregulares para que se abrieran casinos en San Pedro.
“Como es del dominio público, sobre esos funcionarios judiciales suspendidos pesan cuestionamientos respecto de su actuación en juicios de amparo vinculados con la operación de establecimientos de juegos y sorteos”, expuso entonces el Consejo.
Jerezano es también mencionado en una indagatoria que sigue la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos federales cometidos por operadores del casino La Fortuna, localizado en esta capital, establecimiento que actualmente se encuentra clausurado y bajo resguardo de la Subprocuraduría Investigadora Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).
Un fiscal del condado de Hidalgo, Texas, también lo investiga por contrabandear y depositar por lo menos 108 mil dólares en el banco IBC, de McAllen.